OPINIÓN
Opinión: Brevísimo plantón

Por Benjamín Mora Gómez //
El ejercicio de la política es una caja de sorpresas, buenas y malas, que nadie puede prever. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los diputados no sesionar para dar lugar al diálogo con los maestros que habían tomado el Palacio de San Lázaro me pareció grave: El Estado mexicano declinaba el Estado de Derecho a caprichos gremieales, me dije. Hoy, que los maestros dialogaron y conformes y esperanzados se regresaron a sus estados, le doy la razón al presidente y reconozco a Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación, sus capacidades políticas.
Andrés Manuel –el candidato- se comprometió a abrogar la Reforma Educativa del presidente Enrique Peña Nieto; hoy, el presidente López Obrador podrá cumplir su promesa de campaña. Enrique Peña tuvo seis años para consolidar su reforma y no lo logró. Al parecer, hubo afasia en el gobierno que se fue pues no tuvo las habilidades de comunicación ni con los maestros, ni con los padres y madres de familia, ni con la mayoría social. Se negó a entender de razones y se cayó en una evidente rigidez cognitiva que le impidió ajustar su reforma a los pareceres gremiales. La soberbia de los secretarios de Educación peñista jamás quisieron salirse de su zona de confort y ahora todo lo perderá.
De siempre he criticado a quién, desde el poder político, toma decisiones unipersonales sin considerar al pueblo de quien dimana el poder mismo. Quizá fueron buenas las intenciones de Enrique Peña Nieto pero no así los métodos y actitudes de sus secretarios de Educación. Quizá Enrique Peña sí quiso hacer de nuestros niños y niñas ciudadanos universales, exitosos y felices, que tuvieran las habilidades y los conocimientos que les elevara a las posiciones de definiciones globales. Quizá, quizá, quizá, pero no lo supo concretar ni se preocupó por ganarse al pueblo para que su proyecto de nación continuara. Creyó que todo seguiría como lo dejó.
La Reforma Educativa de Peña Nieto partió de un propósito mal planteado y peor ofertado: Evaluar a los maestros para que, quienes no aprobaran en una segunda oportunidad, dejaran el aula y se fuera a hacer trabajos de oficina. ¿Quién le vendió tal imposible? La Reforma Educativa de Andrés Manuel López Obrador y Esteban Moctezuma Barragán también considera hacer evaluaciones a los maestros, pero éstas no serán punitivas.
Ayer, preguntaba a uno de mis nietos si él estaría de acuerdo en que no se le hicieran exámenes y todos, en su grupo, pasaran de grado. Me dijo: “Abu, eso estaría muy loco”. Así que ¿cómo saber el grado de las fortalezas y debilidades para la vida de los alumnos y alumnas si no se les evalúa, o cómo ayudarles si no conocemos en qué lo requieren, o cómo puede un alumno o alumna agradecer si no conoce los cambios positivos que han construido gracias al esfuerzo suyo, de sus padres y maestros, o cómo puede mirar con optimismo su futuro si no sabe con qué habilidades cuentan para la vida, o cómo podrá crecer en sus trabajos si jamás supo cómo crecer en la escuela, o cómo entenderá su bienestar laboral si jamás se preocupó por su bienestar educativo, o cómo logrará su bienestar financiero si jamás tuvo orden ni disciplina alguna, o cómo regalarse una mejor forma de vida si confundió el pensamiento crítico y disruptivo con la oposición sistémica a todo cambio, o cómo encontrar un propósito en sus vidas si todo se le regaló?
Hay, pues, mucho por hacer.
En la resistencia al cambio se descubren muchos de los males que perpetúan la pobreza: permanencia de las rutinas, enfoque de corto plazo, dependencia emocional a un líder que se perpetúa y enriquece a costa de sus “defendidos”, incapacidad para crear más de una alternativa de solución de vida así como pérdida de las habilidades de comunicación. En la inflexibilidad para pensar y aceptar lo nuevo resulta imposible la realización plena del ser humano.
Según los críticos de López Obrador, el problema de la contrarreforma educativa de su gobierno es que no toma en cuenta la realidad global que circunda a México ni se anticipa al futuro que aguarda a nuestros hijos e hijas. Si así fuere, ¿acaso será que no se entiende que la vida es siempre imprevisible por lo que exige las más grandes capacidades de improvisación, mismas que no se desarrollan en las escuelas públicas de hoy en día?
En el Tao Te King de Lao Tsé se lee: “Lo duro y lo rígido son propiedades de la muerte / Lo blando y flexible son propiedades de la vida”. Cuando el Kung Fu fue parte de mi juventud, nuestro maestro nos insistía en no oponer resistencia sino en dejar pasar como una espiga al viento.
Esteban Moctezuma, secretario de Educación, a quien conozco desde la escuela pues fui compañero de Javier, su hermano, debería tomar en cuenta, en su modelo de educación, qué caracteriza a las personas exitosas en el deporte, en la empresa, en la ciencia, en el arte: a) Saben adaptarse al cambio desde una mente abierta a las nuevas opciones y circunstancias, reconociendo que existen “otros mundos”; b) Se conocen a sí mismos, identifican sus fortalezas y debilidades y aprovechan todas las oportunidades desde una mejora continua gracias a sus ganas de triunfo, su motivación, su esfuerzo y sus habilidades; c) Aceptan lo que ocurre en su entorno y trabajan en mejorarlo; d) Aceptan lo que han hecho mal sin imponer excusas ni explicaciones vacuas.
En años recientes, la Educación en México se ha adherido a una idea equivocada de las experiencias traumáticas de ser reprobado como causa de la infelicidad de alumnos y alumnas; no parece entenderse que las evaluaciones también pueden generar emociones positivas en quienes sí se prepararon a profundidad y sentirse muy satisfechos de sus propios logros, encontrando el verdadero sentido de la vida.
En la educación, lo subjetivo y lo intrasubjetivo son más importantes que lo objetivo. Saber a detalle el nombre de todas las capitales del mundo es interesante, pero, sin duda, menos importante que la apropiación de virtudes, valores y principios humanos. Bien por una nueva Reforma Educativa si ésta mira a México y a sus niños y niñas como líderes en el concierto de las naciones de hoy y mañana.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
JALISCO
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III

– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
JALISCO
Gobierno desaparecido: La marcha que desnuda la impunidad

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS