REPORTAJE
Alfaro somete al Poder Judicial
Por Mario Ávila //
Cuando en democracia lo lógico es que un candidato venza y convenza, en el caso del mandatario jalisciense Enrique Alfaro Ramírez, en calidad de titular del Poder Ejecutivo y en su lucha contra el Poder Judicial, pero utilizando al Poder Legislativo, lo que ha hecho es vencer y amenazar.
Con un trabajo intenso, Alfaro Ramírez logró hacer que en casi tres meses, el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, cambiara su postura y en lugar de cumplir con la encomienda consensada el pasado 9 de julio, en el sentido de ir por la Controversia Constitucional para defenderse en los tribunales de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en sesión extraordinaria del pasado 2 de octubre, se toma la determinación de dejar sin efecto el pasado acuerdo y acatar las enmiendas legales entre las que se encuentran someterse cada 4 años a pruebas de control de confianza y eliminar el “haber de retiro”.
Sin embargo, a los que magistrados que se mantuvieron fieles hasta el final en el sentido de rechazar la iniciativa generada desde el Poder Ejecutivo y que podrían ir por el amparo de manera individual, pese a perder finalmente la votación se les lanzan desde Palacio de Gobierno, advertencias y amenazas: «Que cada quien asuma su lugar en la historia, quienes no tengan vergüenza que le sigan, los que quieran seguir usando de manera indebida el dinero de los jaliscienses que lo intenten».
Ello en alusión franca y directa a los magistrados que «reventaron» la sesión ordinaria del STJJ y faltaron a la sesión extraordinaria donde finalmente se aprobó la revocación de la controversia, todos ellos vinculados al Grupo Político de la UdeG que encabeza Raúl Padilla López y quienes presionaron hasta el final para que se presentara la Controversia.
Y por si esto no fuera suficiente, en la misma semana desde el Poder Ejecutivo y a través de la Contraloría del Estado, se revela que tras una revisión especial a lo que fuera el Patronato Fiestas de Octubre, se detectó un daño patrimonial de casi 83 millones de pesos, en el organismo dirigido de 2013 a 2017 por Fernando Favela Camarena, una de las personas allegadas al líder udegeísta, Raúl Padilla López.
Por cierto, esta podría considerarse como una estrategia muy parecida a la que utilizó apenas unos días atrás el propio Alfaro Ramírez, en contra de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, en donde se dudaba de apoyar la creación del nuevo Constituyente y utilizando a la Fiscalía se procedió a encarcelar al ex presidente del PAN, Antonio Gloria Morales, ligándolo con la compra a sobre precio de la Casa Jalisco en Chicago. Después del hecho, salvo dos legisladores albiazules, el grueso de la fracción se volcó en apoyo a las reformas para dar el primer paso a la creación de una nueva Constitución en Jalisco.
Obvio es que Alfaro Ramírez en todas sus declaraciones ha negado insistentemente toda participación en el caso del cambio de postura de algunos magistrados del STJJ y por supuesto de la injerencia o la intromisión de poderes.
A pregunta expresa, Enrique Alfaro dijo no haber tenido nada que ver con e cambio de postura del Poder Judicial y aseguró: “No, yo no ofrezco nada a cambio, eso es lo que está cambiando, lo que ya no hay es una relación de complicidades y de controles, a mí no me interesa tener injerencia en el Poder Judicial, me interesa que el Poder Judicial funcione bien y recuperar la credibilidad en la impartición de justicia», manifestó.
Además, rechazó haber ejercido presión a magistrados para dar reversa en la presentación de la Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el contrario, dijo, “con ello se manda un ejemplo a nivel nacional que el Poder Judicial de Jalisco, no se aferra, no se agarra de argumentos jurídicos para tratar de defender lo que éticamente es insostenible».
LA VERSIÓN OFICIAL DEL STJJ: DICE QUE SE TRATA DE UNA EVOLUCIÓN
Mediante un comunicado oficial, sobre el cambio de postura el propio STJJ relata así los hechos: “De manera unánime el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ), tomó la decisión, responsable y consciente, de dejar sin efecto el acuerdo que ordenaba la presentación de una controversia constitucional en contra de la reforma al Poder Judicial del Estado (PJEJ).
“Lo anterior, sucedió en el desarrollo de la sesión Plenaria Extraordinaria llevada a cabo este miércoles 02 de octubre de 2019, en la que participaron 18 de los 27 magistrados que integran al día de hoy el STJEJ, cantidad necesaria para que exista el quórum requerido por la ley, como se indica en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se establece que es necesaria la presencia de las dos terceras partes del total de magistrados en funciones.
“Esto ocurrió luego de que en la sesión de ayer martes 01 de octubre, los magistrados Daniel Espinosa Licón, Guillermo Valdés Angulo, Roberto Rodríguez Preciado y Armando Ramírez Rizo, presentaron un escrito, solicitando dejar sin efecto el acuerdo tomado por el Pleno el pasado 09 de julio, en donde se ordenó presentar controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a la Reforma al PJEJ; solicitud que no pudo ser votada en virtud de no existir el quórum requerido”.
“En dicho documento, los suscritos argumentaron que en la Ley Orgánica aprobada, se contempla que los exámenes de control de confianza quedarán a cargo del PJEJ y se respeta el haber de retiro para jueces, además, de tener la oportunidad histórica de que la institución evolucione, por lo que no existe una intromisión por parte de otro Poder Público del Estado”.
“Así mismo, los magistrados expusieron la urgencia de recuperar el liderazgo en materia de impartición de justicia. Sumado a que, diversos estudios de dominio público, señalan que la falta de credibilidad en el Poder Judicial del Estado va en aumento; por lo tanto, resulta imperante, redoblar esfuerzos y ser aún más determinantes en recuperar la confianza de la sociedad jalisciense en su Poder Judicial”.
“En la sesión del día de hoy, luego de someter a votación la decisión de no presentar la controversia, en la que los 18 magistrados presentes votaron a favor, el magistrado Valdez Angulo expresó que este es un “acuerdo trascendente, que fue motivado por la convicción […] de abonar a la tranquilidad, a la mejora de las relaciones republicanas de los poderes, y sobre todo, a que este tribunal esté en condiciones de modernizar su actuar, y servir de mejor manera a la sociedad jalisciense”.
Por su parte, el Magistrado Presidente, Ricardo Suro Esteves, expresó que “hoy más que nunca, la ciudadanía necesita un Poder Judicial cercano a la gente, cercano a la legalidad, por lo que jueces, consejeros y magistrados, hemos trabajado toda nuestra vida, y lo seguiremos haciendo de esa manera; podrá haber diferencias, las hay como cualquier órgano colegiado, pero todo el Poder Judicial está comprometido con la impartición de justicia de manera ética, pronta y expedita, pero sobre todo cercana a la gente”.
“Además del Magistrado Presidente, a la sesión se dieron cita los magistrados: Guillermo Valdez Angulo, Daniel Espinosa Licón, Tomás Aguilar Robles, Antonio Flores Allende, Francisco Castillo Rodríguez, Jorge Mario Rojas Guardado, José de Jesús Covarrubias Dueñas, Consuelo del Rosario González Jiménez, Gonzalo Julián Rosa Hernández, José Carlos Herrera Palacios, Felipe Sánchez Montes de Oca, Roberto Rodríguez Preciado, Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, Antonio Fierros Ramírez, Federico Hernández Corona, Armando Ramírez Rizo y Espartaco Cedeño Muñoz.
“Por otro lado, los ausentes a la sesión plenaria fueron los magistrados: Carlos Óscar Trejo Herrera, María Eugenia Villalobos Ruvalcaba, Luis Enrique Villanueva Gómez, Marcelo Romero G. de Quevedo, Arcelia García Casares, Manuel Higinio Ramiro Ramos, Celso Rodríguez González, Lucía Padilla Hernández y Rogelio Assad Guerra”, sentencia la crónica oficial de un día importante en la vida del Poder Judicial.
LA HISTORIA DIFERENTE: CASI TRES MESES ATRÁS…
También mediante un comunicado oficial dirigido a la sociedad en general, el propio STJJ informaba casi tres meses atrás: “Este Supremo Tribunal de Justicia (STJEJ) informa que, al margen de conocer, de manera oficial, la reforma constitucional hecha al Poder Judicial del Estado de Jalisco, y una vez publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE), el día de hoy, martes 09 de julio de 2019, el Pleno del STJEJ, en sesión plenaria ordinaria, acordó, por mayoría de votos (16 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención), presentar una controversia constitucional ante la eventual entrada en vigor de dicha reforma.
“Tal y como lo expresamos en marzo pasado, durante las mesas de trabajo en las que por dos días consecutivos participamos magistrados y jueces, por invitación del Congreso del Estado junto a legisladores; representantes del Poder Ejecutivo; académicos; juristas, organismos y demás miembros de la comunidad jurídica jalisciense; estamos convencidos de que nuestro Estado exige y merece una mejor justicia, por lo que es de suma importancia reformar al Poder Judicial; mejorar los procesos de selección de jueces y magistrados; contar con esquemas de evaluaciones más eficaces, transparentes y abiertos a la sociedad; ampliar su presupuesto; así como optimizar, de manera aún más responsable, el uso del recurso público; todo lo anterior bajo un firme objetivo en común, que aún compartimos con los otros dos poderes públicos de la entidad: consolidar el Estado de derecho, ganar credibilidad y recuperar la paz social en Jalisco.
“El STJEJ, y su Presidente, refrendan su compromiso con la sociedad de que no exista duda, en que todos los que integramos el Poder Judicial del Estado de Jalisco (PJEJ), estamos comprometidos en dar mejores resultados y recobrar la confianza de todos los jaliscienses, por lo cual, sí debemos evolucionar, pero debemos hacerlo, dentro de la legalidad y el marco normativo vigente; sin que medie fin distinto, al de fortalecer la impartición de justicia”, se planteaba.
VE RAMIRO HERNÁNDEZ LA MANO DEL EJECUTIVO SOBRE EL JUDICIAL
Entrevistado sobre este hecho, el presidente estatal del PRI, Ramiro Hernández García, lamenta que se vuelva a los tiempos que se creían superados, con el dominio de un poder sobre los otros y admite con cierta dosis de humildad que con ello se está cumpliendo la sentencia bíblica que reza: “Con la vara que midas serás medido”.
Pregunta. ¿Qué sabor de boca le deja la determinación del Poder Judicial de retractarse de ir por la Controversia Constitucional?
Respuesta. Ese es un caso que nos llama la atención desde el momento en el que efectivamente surge desde el Poder Judicial una propuesta a partir de las decisiones que se toman en el Congreso, y después se modifica. Evidentemente sabremos con el tiempo qué fue lo que pasó, si hubo alguna reconsideración por razones de convicción en cuanto a no temer a los procesos control de confianza o si hubo de por medio otro tipo de presiones.
Pregunta. ¿Cuál de las dos cosas pudo haber ocurrido, usted qué lectura le da?
Respuesta. Sería muy aventurado decirte un juicio porque estaría entrando en una especulación y sobre todo cuando se trata de dos poderes, lo que es un hecho es que se ve la mano del Gobierno, de que hay una intervención de fuerza que hace cambiar la opinión y la posición de algunos de los magistrados que se habían manifestado en contra.
Pregunta. ¿Alfaro intervino?
Respuesta. Te digo Mario, lo sabremos al tiempo, pero también creo que lo fundamental para el Estado y para los ciudadanos es cómo tener un mejor sistema de impartición de justicia, no se trata de si un poder somete o doblega a otro, sino de cómo logra que los sistemas de impartición de justicia cada vez respondan más a lo que la gente nos está demandando. Si nosotros observamos para el común de los ciudadanos el que haya sucedido este acontecimiento de que hayan cambiado de opinión los magistrados en el proceso de inconstitucionalidad que estaban impulsando, es algo que al ciudadano poco le interesa, al ciudadano lo que le interesa es si el sistema de impartición de justicia funciona o no y creo que en este momento el reclamo de los ciudadanos es que no hay un sistema de impartición de justicia que sea expedito, imparcial y eficiente, que responda al reclamo de los ciudadanos que quieren vivir en paz y que quieren que se imparta justicia de manera oportuna y eficiente.
Pregunta. ¿Volvemos a un Poder sobre los demás y con ello se cumple la sentencia bíblica que reza: “con la vara que midas serás medido”?
Respuesta. Yo creo que venimos de tiempos en donde efectivamente la predominancia la tenía el Poder Ejecutivo y pensábamos que eran tiempos superados, a partir del desarrollo democrático y del respeto a la división de poderes, las señales que estamos viendo es que estamos viviendo cosas muy parecidas a las que parecía que habíamos superado.
JALISCO
Comunidad Indígena de Mezquitán: Exigen a la presidenta Sheinbaum cumplir con indemnización por sus tierras
Por Raúl Cantú //
El caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan, Jalisco, refleja una deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas, marcada por el incumplimiento de acuerdos de indemnización por la ocupación de 26.93 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río (carretera a Saltillo) desde 2004.
A continuación, se ordena cronológicamente el texto proporcionado, destacando los periodos de los presidentes de México responsables por omisión o acción del incumplimiento de los convenios firmados con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT, antes SCT), y se contextualizan las políticas indigenistas de cada administración para subrayar la negligencia institucional. La información se complementa con datos de fuentes externas cuando es relevante, citadas conforme a las guías establecidas.
CONTEXTO HISTÓRICO Y LEGAL
Año 1690: La Comunidad Indígena de Mezquitán fue constituida mediante un Título Virreinal, reconocido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y respaldado por una resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Este título acredita a la comunidad como propietaria legítima de las tierras afectadas, que han defendido por más de 335 años.
1999 (Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000, PRI):
Evento: La SRA inicia pláticas y trabajos de campo para el proyecto de ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.
Contexto: Durante el gobierno de Zedillo, se promovió la modernización de infraestructura, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron limitadas, enfocándose más en reformas neoliberales que en la protección de derechos territoriales. No se registra un incumplimiento directo en este periodo, ya que las negociaciones apenas comenzaban, pero se sientan las bases para el proyecto que derivaría en el conflicto.
Periodos presidenciales con incumplimientos (2004-2025)
Vicente Fox Quesada (2000-2006, PAN):
Eventos clave:
5 de noviembre de 2003: La SRA sugiere iniciar el trámite expropiatorio y el pago por las tierras ocupadas para la ampliación de la carretera.
3 de marzo de 2004: Se firma el primer Convenio de Ocupación Previa entre la Comunidad Indígena de Mezquitán y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), comprometiendo el pago del 50% del monto indemnizatorio tras un avalúo de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Incumplimiento: La SCT no realizó el pago acordado ni gestionó el avalúo.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de Fox priorizó el desarrollo de infraestructura, pero su política indigenista fue criticada por su falta de acción concreta tras el levantamiento zapatista. La SCT, bajo su administración, firmó el convenio inicial, pero no cumplió, iniciando una cadena de dilaciones que afectó a las 333 familias de la comunidad, integrada mayormente por mujeres y adultos mayores. Este incumplimiento marcó el inicio de una deuda histórica.
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012, PAN):
Eventos clave:
7 de mayo de 2007: Se firma un Convenio de Depósito en Garantía, estableciendo un avalúo de $39,065,272.13 (aproximadamente $145 por metro cuadrado) por 26.93 hectáreas. La SCT paga $4,000,000 (10% del total) y se compromete a gestionar el 40% restante para completar el 50% acordado. Incumplimiento: No se gestionaron los recursos ni se completó el pago.
28 de diciembre de 2007: Se firma un segundo Convenio de Depósito en Garantía, con un pago parcial adicional de $1,639,268.52 (4% del avalúo). La SCT reitera su compromiso de completar el 50% del monto indemnizatorio. Incumplimiento: Por tercera vez, no cumple con el pago ni gestiona los recursos.
Análisis del incumplimiento: La administración de Calderón se enfocó en la seguridad y el combate al narcotráfico, relegando los derechos indígenas. A pesar de los convenios firmados, la SCT utilizó tácticas dilatorias, limitándose a pagos parciales insignificantes (14% del total acordado) y dejando a la comunidad en un limbo burocrático. Este periodo consolidó la percepción de racismo institucional, ya que, como señala el abogado Luis Antonio Rocha, la SCT no habría actuado con tal negligencia frente a una empresa privada.
Enrique Peña Nieto (2012-2018, PRI):
Eventos clave:
2012-2017: La comunidad sostiene entrevistas con funcionarios de la SCT, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y otras dependencias federales, sin obtener soluciones ni avances en el pago de la indemnización acordada en 2004 y 2007. Incumplimiento: Ninguna autoridad mostró voluntad de cumplir con los convenios .
29 de enero de 2017: La Asamblea de la Comunidad Indígena de Mezquitán aprueba iniciar demandas y juicios para exigir el cumplimiento de los convenios de 2004 y 2007.
22 de agosto de 2017: La comunidad presenta una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 (expediente 222/16/2017), contra la SCT, la Presidencia de la República y la SEDATU.
3 de abril de 2018: La SCT, la SEDATU y la Presidencia (Peña Nieto) responden a la demanda con argumentos improcedentes, según la comunidad, en lugar de cumplir con los convenios.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de Peña Nieto promovió reformas estructurales, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron superficiales, con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) teniendo un rol limitado. La falta de acción para resolver el caso de Mezquitán, a pesar de las reuniones con funcionarios, y la respuesta evasiva a la demanda reflejan una continuidad en las tácticas dilatorias. La comunidad se vio obligada a litigar, enfrentando una burocracia que perpetuó la marginación de sus derechos.
Andrés Manuel López Obrador (2018-2024, Morena):
Eventos clave:
28 de octubre de 2021: El Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 emite una sentencia parcialmente favorable, ordenando a la SICT pagar las cantidades acordadas en los convenios, pero condiciona la actualización del monto a un decreto expropiatorio. La comunidad presenta un Recurso de Revisión (125/2022) para exigir un avalúo actualizado por el INDAABIN sin necesidad de expropiación.
3 de marzo de 2022: El Tribunal Superior Agrario admite el Recurso de Revisión. Las autoridades federales (SICT, SEDATU) promueven un Juicio de Amparo Directo, considerado improcedente por no agotar el principio de definitividad, retrasando el proceso por casi dos años.
16 de febrero de 2023: El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito desestima el amparo por unanimidad, confirmando su improcedencia.
22 de noviembre de 2023: El Tribunal Superior Agrario resuelve el Recurso de Revisión a favor de la comunidad, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.
26 de diciembre de 2024: La Consejería Jurídica Federal promueve otro amparo (expediente 30/2024), que es declarado improcedente por el Séptimo Tribunal Colegiado, notificándose el 5 de enero de 2025.
Protestas y manifestaciones: Durante este periodo, la comunidad realiza bloqueos intermitentes de la carretera a Saltillo (2018, 2021, 2024) y de la avenida Lázaro Cárdenas (2024, 2025) para exigir el pago.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de López Obrador promovió una narrativa de apoyo a los pueblos indígenas, con la creación del INPI y proyectos como el Tren Maya, pero en el caso de Mezquitán, la SICT continuó con tácticas dilatorias, incluyendo amparos improcedentes que retrasaron el proceso. A pesar de sentencias favorables en 2021 y 2023, la falta de acción para ejecutar el avalúo y el pago perpetuó el incumplimiento, afectando a más de 300 familias. Las protestas de la comunidad reflejan su frustración ante la falta de voluntad política, a pesar de los avances legales.
Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2025, Morena):
Eventos clave:
26 de diciembre de 2024: El amparo promovido por la Consejería Jurídica Federal es declarado improcedente, confirmando la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior Agrario de noviembre de 2023.
31 de enero de 2025: La comunidad presenta un escrito ante el Tribunal Superior Agrario solicitando la ejecución de la sentencia.
6 de febrero de 2025: El Tribunal Superior Agrario acuerda instruir a su Dirección de Asuntos Jurídicos para verificar si existe un amparo pendiente, a pesar de que la sentencia es firme.
6 de mayo de 2025: El Tribunal Superior Agrario ordena devolver los expedientes al Tribunal Unitario Agrario 16 para la ejecución de la sentencia, conforme al artículo 191 de la Ley Agraria. Sin embargo, los expedientes no han llegado al tribunal.
14 de mayo de 2025: La SICT informa que no ha recibido requerimiento del Tribunal Unitario Agrario 16 para que el INDAABIN realice el avalúo, manteniendo el retraso.
16 de mayo de 2025: Se reporta que el Tribunal Unitario Agrario 16 llevará a cabo la ejecución de la sentencia, ordenando al INDAABIN realizar el avalúo, pero el proceso sigue pendiente.
Análisis del incumplimiento: La administración de Sheinbaum, que declaró 2025 como el “Año de la Mujer Indígena” y promovió reformas constitucionales para los derechos indígenas, heredó un conflicto de 21 años. A pesar de la sentencia firme de 2023 y la recomendación de la Consejería Jurídica Federal para cumplir, la SICT persiste en retrasar el avalúo, argumentando falta de notificación. La comunidad, apoyada por el INPI y organizaciones civiles, exige a Sheinbaum intervenir directamente, destacando que la burocracia sigue violando los derechos de más de 300 familias, mayormente mujeres y adultos mayores.
Estado actual (mayo de 2025)
La sentencia del Tribunal Superior Agrario (22 de noviembre de 2023) es firme, sin recursos legales pendientes, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.
La comunidad denuncia tácticas dilatorias de la SICT, como la excusa de no haber sido notificada, y del Tribunal Superior Agrario, que no ha agilizado la ejecución.
El monto original de $39,065,272.13 (2007) debe actualizarse a valor comercial, lo que podría superar significativamente los $54 millones estimados en 2018, dado el valor actual de los terrenos junto a la carretera.
La comunidad, liderada por Saúl Rodríguez Barajas, ha recurrido a manifestaciones pacíficas, como bloqueos de la carretera a Saltillo y la avenida Lázaro Cárdenas, para visibilizar su lucha.
La Consejería Jurídica Federal recomienda a la SICT cumplir con la sentencia, pero el proceso sigue estancado por la falta de acción del Tribunal Unitario Agrario 16 y la SICT.
CONCLUSIÓN
Los presidentes Vicente Fox (2004-2006), Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018), and Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) son directamente responsables por el incumplimiento de los convenios de indemnización firmados en 2004 y 2007, al no garantizar que la SCT (ahora SICT) cumpliera con los pagos acordados. Sus administraciones utilizaron tácticas dilatorias, como pagos parciales insignificantes, negativas a gestionar recursos y amparos improcedentes, perpetuando una deuda de más de 21 años que afecta a 333 familias.
Claudia Sheinbaum (2024-2025) enfrenta un conflicto heredado, pero la falta de acción inmediata de la SICT y los tribunales agrarios continúa violando los derechos de la comunidad, a pesar de su compromiso declarado con las mujeres indígenas.
La Comunidad Indígena de Mezquitán, con un título virreinal de 1690 y sentencias favorables, representa un símbolo de resistencia frente al racismo institucional y la burocracia. Su lucha, respaldada por el INPI y organizaciones civiles, podría establecer un precedente para otras comunidades indígenas si se logra el pago. La comunidad solicita a la presidenta Sheinbaum intervenir para ordenar la ejecución inmediata del avalúo y el pago, conforme a la Ley Agraria y las reformas de 2025, para cerrar este capítulo de injusticia.
ATENTAMENTE
COMISARIADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
DE MEZQUITÁN, ZAPOPAN, JALISCO, MAYO DE 2025
JALISCO
Liconsa y sociedad civil unen esfuerzos en Jalisco: Convenio pretende beneficiar a 100 mil familias
Por Francisco Junco //
De gran trascendencia social resultará el acuerdo firmado entre la Unión de Asociaciones con Causa, A.C. y la paraestatal Liconsa en el Centro Internacional de la Amistad el pasado jueves 22 de mayo. Así lo aseguró el gerente nacional de abasto de Liconsa, Víctor Hugo Pérez Rojas, gerente nacional de la paraestatal, ya que se pretende llegar a más de 100 mil hogares en Jalisco con este programa social.
“Es una gran bendición aliarnos con la sociedad civil para llegar a todos los rincones de México”, afirmó Víctor Hugo Pérez Rojas, gerente nacional de Liconsa, en entrevista con Conciencia Pública.
Un convenio para el cambio social
El convenio, firmado por Rubén Ramírez Castellanos (gerente estatal de Liconsa), Pérez Rojas, y José Luis Gutiérrez Villarroel (presidente de la Unión), representa una alianza estratégica entre el gobierno federal y más de 100 organizaciones civiles.
Óscar Abrego de León, director de la Unión, destacó su objetivo: “Queremos que este programa sea permanente, beneficiando a miles de familias en Jalisco”. Con 81 años de historia, Liconsa busca expandir su impacto, pasando de 6.3 millones de beneficiarios nacionales a 10 millones para 2030, apoyando a sectores vulnerables como adultos mayores, comunidades indígenas y zonas marginadas.
Pérez Rojas subrayó la calidad del producto: “Compramos leche a 2,800 productores en 54 centros de acopio, distribuida en 12,000 lecherías a precios diferenciados”. El programa no solo nutre, sino que fortalece la economía local al apoyar a pequeños y medianos ganaderos.
Además, anunció planes para abrir plantas industrializadoras en Campeche y Michoacán, generando más oportunidades para el sector. “Invitamos a todas las asociaciones civiles a unirse para llevar este beneficio a más derechohabientes”, añadió, enfatizando el rol clave de la sociedad civil.
La fuerza de la sociedad civil
José Luis Gutiérrez Villarroel celebró la unidad lograda: “Sin colores ni divisiones, trabajamos por una sola causa: servir”. La Unión, que reúne a asilos, guarderías, centros comunitarios y más, se ha convertido en un motor de cambio social en Jalisco. Abrego resaltó su agilidad: “Somos la institución social más dinámica del estado, gracias a la colaboración de todos”. Más de 100 organizaciones ya forman parte del convenio, con otras en proceso de incorporación tras resolver deficiencias documentales. “Es un día histórico para las organizaciones sociales y su vínculo con el gobierno”, afirmó.
Rubén Ramírez, delegado de Liconsa en Jalisco, destacó el impacto local: “Liconsa llega diariamente a 300,000 hogares jaliscienses, entregando no solo leche de calidad, sino esperanza e igualdad”. La alianza permitirá ampliar esta cobertura, priorizando a los más necesitados. “La sociedad civil es el motor de nuestro esfuerzo”, dijo, agradeciendo a líderes como Abrego y Gutiérrez por su trabajo en conectar al gobierno con la ciudadanía.
Leche del Bienestar: Un legado renovado
Con 81 años desde su fundación en 1944 bajo Manuel Ávila Camacho, Liconsa ha evolucionado, adoptando el nombre Leche del Bienestar en abril de 2025, como anunció Antonio Talamantes Geraldo, director de Operaciones. Este cambio refleja el compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum con los sectores vulnerables, fortaleciendo la producción nacional y reduciendo la dependencia de importaciones.
“Leche del Bienestar garantiza nutrición y apoya a ganaderos con precios justos”, señaló Pérez Rojas, recordando que el programa ofrece hasta 24 litros semanales por hogar a $7.50 el litro.
El convenio también fortalece la economía local. “Apoyamos a productores jaliscienses, generando un ciclo virtuoso de nutrición y desarrollo”, explicó Ramírez. La unión, por su parte, asegura que el programa llegue a comunidades marginadas, como las de Zapopan, donde proyectos similares ya fueron aprobados. Abrego anunció que iniciativas presentadas al Gobierno del Estado y Guadalajara también están en camino de ser autorizadas, consolidando a la Unión como un referente de colaboración intersectorial.
Un día histórico para Jalisco y México
La firma del convenio, con Gabriel Ruiz Huerta y Arturo Guillén como testigos de honor, simboliza un nuevo modelo de colaboración. “Solo a través de alianzas estratégicas la sociedad civil puede empoderarse”, afirmó Abrego. Para Rubén Ramírez, este acuerdo “genera esperanza y oportunidades, llevando una gota de bienestar a miles de hogares”.
Pérez Rojas lo calificó como “un día histórico para México”, destacando el papel de la sociedad civil en combatir el hambre y mejorar la economía.
El impacto del convenio trasciende Jalisco. Con más de 100,000 hogares como meta inicial, la alianza sienta un precedente para otras entidades, mostrando que la unión entre gobierno, empresarios y ciudadanos puede generar soluciones reales. Leche del Bienestar, respaldada por la Unión de Asociaciones Civiles con Causa, no solo lleva nutrición, sino también un mensaje de esperanza: juntos, es posible construir un México más justo y solidario.
RECONOCIMIENTOS A LA SOLIDARIDAD
El evento incluyó la entrega de reconocimientos a figuras destacadas por su compromiso social. José de Jesús Martínez Alcántara, de la Asociación Civil Miriam y Erick, fue galardonado por mejorar la calidad de vida de niños con parálisis cerebral. Cintia Muñoz recibió un homenaje por su defensa de los derechos humanos y la cultura de paz. Rubén Íñiguez González, director de La Voz de Jalisco, fue reconocido por su aporte al periodismo libre. Juan Manuel Estrada, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Arturo Guillén Arámbula, del Consejo Económico Empresarial de Jalisco, fueron distinguidos por su trabajo en el desarrollo social y empresarial.
Además, se realizó un reconocimiento especial por 50 años de trayectoria como cantante de la música mexicana a Valente Pastor, originario de El Grullo, Jalisco.
El máximo galardón, “Alma de la Sociedad”, se otorgó a Raúl Vázquez Nungaray, descrito por Abrego como alguien que “vive” la labor social con pasión. “Raúl no trabaja en estas causas; las experimenta de manera natural”, subrayó. Estos reconocimientos reflejan el espíritu de la Unión: unir esfuerzos para transformar vidas.
JALISCO
Inauguran centro de distribución de Súper ISSSTE en Jalisco: Es el segundo más grande del país
Por Diego Morales Heredia //
Con la finalidad de fortalecer el abasto en la región, el SUPERISSTE inauguró un nuevo Centro de Distribución (CEDIS) en Guadalajara, el segundo más grande del país, que servirá como punto de enlace con ciudades cercanas para garantizar productos al mejor precio para los consumidores.
Este nuevo centro está ubicado en una de las tiendas que ya cuentan con productos, en el oriente de Guadalajara. La inauguración contó con la presencia de Dunia Ludlow, directora de SUPERISSSTE, quien resaltó este avance que tendrán en estructura que les servirá para brindar un mejor servicio a todos los mexicanos.
“Inauguramos el centro de distribución que va a garantizar el abastecimiento de esta sucursal que tenemos para ir ampliando nuestro piso de venta. Ahorita utilizamos el 25 por ciento del total disponible, tenemos posibilidad de introducir a los proveedores que quieran comercializar sus productos con nosotros, este centro es importante porque incrementa las frecuencias de abastecimiento a las tiendas cercanas respecto al otro centro que tenemos en Ciudad de México”.
Dentro de los beneficios, resalta que se garantiza el mejor precio de los productos que ofertan, ya que no tienen como propósito tener utilidades como otras tiendas de servicio, además de abrir la posibilidad de que productores, proveedores y empresarios locales se sumen a este proyecto en beneficio de los jaliscienses.
“Estamos teniendo más abasto. Las familias y los habitantes de Guadalajara, estamos en una colonia popular, cerca del metro, garantizamos tener buenos precios. Nosotros buscamos garantizar el abasto a bajo costo más allá de las utilidades que buscan las cadenas comerciales. También está la posibilidad de que productores, distribuidores y empresarios locales puedan inscribirse con nosotros y puedan crecer sus compañías y hacer crecer a las tiendas del Súper ISSSTE”.
En el mismo orden de ideas, la funcionaria federal espera que se sumen empresarios a SUPERISSSTE, y que para hacer esto posible ya trabajan en coordinación con el gobierno de Jalisco y las cámaras empresariales para que cumplan con los requisitos y se conviertan en proveedores de las tiendas.
“Tenemos un portal abierto a todo el público; ahí cualquiera que cumpla con los requisitos, con la normativa, garantizando los precios que se deben tener en nuestras tiendas, puede garantizar sus productos de manera transparente, sin intermediarios. Además, entendiendo que no todos los empresarios cumplen con esta normativa hasta tener su código de barras, si necesitan otro acompañamiento, estamos teniendo acercamientos con la Secretaría de Desarrollo Económico en Jalisco y las cámaras empresariales para que, a través de ellos, puedan acercarse a estas secretarías locales para cumplir con los requisitos para ser proveedores”.
Con la apertura de este nuevo CEDIS, ahora sigue ofrecer más productos hasta llegar a la meta de poder ofertar toda la canasta básica a los ciudadanos, por ello, esperan tener pronto a la venta frutas, verduras y cárnicos.
“Nos falta mucho por hacer, nuestro compromiso es lograr optimizar y cubrir todo el piso de venta que tenemos, nos falta introducir más producto, lo que más nos importa y apremia es que todos los habitantes puedan adquirir la canasta básica completa, esperamos pronto vender frutas y verduras, cárnicos, para que puedan hacer su súper completo”.
Emocionada, Dunia Ludlow hizo un recorrido por la tienda en Guadalajara, recordando que una de sus metas es que esta tienda se popularice y sea de gran utilidad para los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
“Cuando estaba pequeña, mi mamá me llevaba a las tiendas del Súper ISSSTE. Las personas que tuvimos esta experiencia, en tiendas muy grandes, tengo esa añoranza y nostalgia. Para garantizar este derecho, es emotivo recuperar instituciones, porque recuperamos derechos que tienen las personas a un abasto a bajo costo”.
En el evento, también se firmó un convenio con el INAPAM junto con Gerardo Galicia Juárez para que las personas adultas puedan tramitar su tarjeta directamente en la sucursal de Guadalajara, otro de los beneficios que tendrán en la tienda Súper ISSSTE.
“Invito a todos los ciudadanos a venir a la tienda en Guadalajara, abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche; está cerca del Tren Ligero, tiene estacionamiento, esperamos pronto crecer esta tienda y que sea del gusto de todos los ciudadanos”, puntualizó.
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