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JALISCO

Centro de Conciliación Laboral de Jalisco: Conciliadores denuncian arbitrariedad en convocatoria

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Por Raúl Cantú //

La reciente decisión de Elker Tepper, directora del Centro de Conciliación Laboral de Jalisco, de publicar una convocatoria para contratar “nuevos conciliadores” ha desatado un profundo malestar entre los trabajadores actuales, quienes enfrentan la inminente finalización de sus contratos en agosto. La medida, que parece destinada a reemplazarlos sin ofrecerles la oportunidad de ratificación, ha sido calificada por los afectados como una “determinación de horca y cuchillo” que ignora su esfuerzo, capacitación y derechos laborales.

UNA CONVOCATORIA CUESTIONADA

La convocatoria, emitida de manera sorpresiva, ha generado indignación entre los conciliadores, quienes consideran que no solo se les excluye injustamente, sino que también se violan principios establecidos en la Ley de los Servidores Públicos y los lineamientos internos del Centro. Según los afectados, la disposición obliga a los nuevos conciliadores a cubrir sus propios gastos de traslado, incluso si son reubicados a otros municipios, junto con los costos asociados a sus familias, lo que contradice la normativa que estipula que dichos gastos deben ser asumidos por el Estado.

“Es una clara violación a nuestros derechos laborales”, afirmó uno de los conciliadores, quien prefirió mantener el anonimato. “Hemos invertido tiempo, esfuerzo y recursos personales en capacitaciones, muchas de ellas fuera del horario laboral, con la promesa implícita de una ratificación. Ahora, nos dejan en la incertidumbre sin explicaciones claras”.

INVERSIÓN SIN RECOMPENSA

Los conciliadores denuncian que, a pesar de haber recibido múltiples capacitaciones —incluyendo tres certificaciones del sistema CONOCER avaladas por la Secretaría de Educación Pública—, su esfuerzo parece no ser valorado. “Tengo más de 50 constancias de cursos que tomé para dar lo mejor en el Centro. Algunos implicaron dobles turnos o sacrificar mi hora de comida, todo con la esperanza de consolidar mi puesto”, relató otro trabajador afectado. “¿Para qué se invirtió tanto dinero y tiempo si ahora parece no tener valor?”.

Los primeros meses de operación del Centro fueron particularmente extenuantes, con jornadas que se extendían más allá del horario laboral sin compensación por horas extras. “Aunque ahora hay más organización, los inicios fueron caóticos. Trabajamos bajo presión extrema para sacar adelante este proyecto, y ahora nos descartan sin considerar nuestro desempeño”, añadió.

FALTA DE CLARIDAD Y RESPUESTAS

Uno de los puntos más criticados es la ausencia de lineamientos claros sobre el proceso de ratificación. Los conciliadores aseguran que, a pesar de su disposición a someterse a evaluaciones, no se les ha comunicado cómo ni cuándo se definirá su continuidad. “Estoy dispuesto a poner mis números sobre la mesa. Sé que estoy entre los mejores, pero no nos dan ni la oportunidad de demostrarlo”, señaló un conciliador.

La situación plantea interrogantes sobre la gestión de Elker Tepper y la postura del gobierno estatal, encabezado por el gobernador Pablo Lemus. Hasta el momento, ni la Secretaría del Trabajo ni las organizaciones obreras han emitido un posicionamiento oficial, lo que aumenta la incertidumbre y el descontento entre los trabajadores.

UN PRECEDENTE PREOCUPANTE

La decisión de reemplazar a los conciliadores sin un proceso de ratificación no solo afecta a los trabajadores directamente involucrados, sino que también envía un mensaje desalentador sobre la valoración del esfuerzo y la estabilidad laboral en el sector público. Los conciliadores, quienes han desempeñado un rol clave en la resolución de conflictos laborales en Jalisco, consideran que esta medida mina la confianza en las instituciones y desincentiva la profesionalización.

“¿Cómo inviertes en capacitar a abogados, los preparas durante meses y luego los descartas sin más? Esto no solo es injusto, sino que pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio que ofrecemos”, cuestionó otro afectado.

UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN

La controversia en el Centro de Conciliación Laboral pone en el centro del debate la necesidad de políticas laborales justas y transparentes. Los conciliadores exigen que se respete su trayectoria, se les brinde la oportunidad de ratificación basada en méritos y se esclarezcan las razones detrás de la convocatoria. Mientras tanto, la falta de respuestas por parte de las autoridades y la aparente arbitrariedad de la decisión de Tepper amenazan con escalar el conflicto, afectando no solo a los trabajadores, sino también a la credibilidad del proyecto de conciliación laboral en Jalisco

EL CCLEJ NACIÓ EN OCTUBRE DEL 2022 CON GRANDES EXPECTATIVAS

Fue el 3 de octubre del 2022 cuando fue inaugurado el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco (CCLEJ), cuyo primer director fue Enrique Flores y se creó con la meta de conciliar el 80% de las solicitudes prejudiciales de conflictos laborales en un máximo de 45 días, según destacó Flores en entrevista con Conciencia Pública.

Este organismo público descentralizado, ubicado en la Ciudad Judicial de Guadalajara, comenzó operaciones como parte de la tercera etapa de la Reforma Laboral en Jalisco. Con autonomía técnica y de gestión, el CCLEJ tiene la facultad exclusiva de mediar en conflictos laborales de competencia estatal, promoviendo soluciones rápidas y equitativas.

Cuando el CCLEJ empezó operaciones se dijo que buscaría transformar la resolución de conflictos laborales al garantizar celeridad, gratuidad y accesibilidad. Los procedimientos se desahogan en 45 días, no requieren abogado y exigen la presencia personal de las partes, lo que fomenta un diálogo directo entre empleadores y trabajadores.

El conciliador propone soluciones justas para alcanzar un convenio con efecto de sentencia ejecutoria. Si no hay acuerdo, se emite una constancia de no conciliación, permitiendo a las partes acudir a los juzgados laborales del Poder Judicial.

Enrique Flores subrayó la importancia de la capacitación de los conciliadores y el uso de tecnología para garantizar transparencia y evitar prácticas irregulares, como la corrupción. El Centro inicia con “carga cero”, ya que la Secretaría del Trabajo resolvería los casos pendientes hasta el 30 de septiembre de 2022. Este enfoque permite al CCLEJ concentrarse en nuevos conflictos, con 23 conciliadores distribuidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (16), Puerto Vallarta (2) y una conciliador por cada delegación en Autlán de Navarro, Colotlán, Ocotlán, Zapotlán El Grande y Lagos de Moreno.

Un avance clave es la humanización del proceso: el modelo promueve que empleadores y trabajadores se vean como personas, reconociendo el esfuerzo del empleado y la inversión del empresario. La conciliación personal elimina intermediarios, reduciendo el riesgo de prácticas corruptas y fortaleciendo la confianza en el sistema. “Hoy tenemos la oportunidad de mantener limpio algo que nace limpio”, afirmó Flores, destacando la transparencia como pilar del CCLEJ.

El CCLEJ representa una apuesta por una justicia laboral ágil, transparente y equitativa en Jalisco. Al priorizar la conciliación prejudicial, busca reducir la carga de los juzgados laborales, garantizar acuerdos justos y fortalecer las relaciones laborales en el estado, marcando un precedente en la implementación de la Reforma Laboral a nivel nacional.

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JALISCO

Pensiones consumirán 2.3 billones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2026

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– Por Raúl Cantú

La propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026, presentada el 8 de septiembre de 2025 por el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, a la Cámara de Diputados, confirma que el gasto en pensiones y jubilaciones alcanzará los 2.3 billones de pesos, representando aproximadamente el 22.7% del gasto neto total estimado, que asciende a 10.193 billones de pesos.

Esto implica un incremento de alrededor del 4.5% en términos nominales respecto a los 2.2 billones aprobados para 2025, impulsado principalmente por el envejecimiento poblacional y la expansión de programas sociales no contributivos. 

Desglose del gasto en pensiones

El rubro de pensiones se divide en dos categorías principales: contributivas (derivadas de cotizaciones en el IMSS, ISSSTE y otras instituciones de seguridad social) y no contributivas (programas universales de bienestar). Según la propuesta, el total de 2.3 billones incluye:

  • Pensiones contributivas: Aproximadamente 1.68 billones de pesos, con un crecimiento moderado del 0.5% real, enfocado en jubilaciones de trabajadores formales. Este monto cubre obligaciones históricas y reformas previas al sistema de pensiones.
  • Pensiones no contributivas: Alrededor de 619.743 millones de pesos, con un aumento del 13.2% respecto a 2025, lo que refleja la priorización de los programas sociales del gobierno federal. Dentro de este subrubro destacan:
    • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 526.508 millones de pesos (8.9% más que en 2025), beneficiando a 14.2 millones de personas de 65 años o más con un monto bimestral de 6,000 pesos.
    • Pensión Mujeres Bienestar (para mujeres de 60 a 64 años): 56.969 millones de pesos.
    • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 36.266 millones de pesos.

Este desglose subraya la presión fiscal de las pensiones no contributivas, que han crecido significativamente en los últimos años debido a su carácter universal y constitucional, pasando de 359 mil millones en 2023 a cifras cercanas a 620 mil millones en 2026.

Contexto en el presupuesto general

El PEF 2026 proyecta un gasto neto total de 10.193 billones de pesos, un 5.9% más que el estimado para 2025, financiado por ingresos públicos de 8.7 billones (principalmente 5.8 billones en impuestos como ISR e IVA, y 1.2 billones petroleros) y un endeudamiento neto de hasta 1.8 billones. Sin embargo, el 81.4% del presupuesto (unos 8.4 billones) se considera «ineludible», comprometido en rubros como:

Rubro Monto estimado (billones de pesos) % del gasto total
Pensiones y jubilaciones 2.3 22.7%
Pago de deuda (costo financiero) 1.642 16.1%
Sueldos y salarios de burócratas 1.267 12.4%
Transferencias a estados y municipios 2.583 25.3%
Programas sociales prioritarios (adicionales a pensiones) 0.835 (para 17 programas, incluyendo becas y salud) 8.2%

Esto deja un margen limitado para inversión en infraestructura (1.25 billones, o 12.3%) y salud (996 mil millones, o 9.8%), áreas que, sumadas, apenas igualan el gasto en pensiones. Analistas destacan que pensiones, deuda y apoyos a Pemex y CFE absorben más del 50% del presupuesto, reduciendo el espacio para prioridades como educación y seguridad.

Implicaciones y retos

  • Presión fiscal creciente: Las pensiones representarán cerca del 6.5% del PIB proyectado (alrededor de 35 billones), un nivel superior al promedio de la OCDE (7-8%), pero con una recaudación tributaria baja (15.1% del PIB). El déficit fiscal se estima en 4.1% del PIB, financiado por deuda que pasaría del 3.9% al 4.3% del PIB, lo que podría elevar el costo de la deuda a 4.1% del PIB.
  • Sostenibilidad: Expertos advierten que, sin reformas estructurales (como aumentar la edad de retiro o mejorar la cotización), el gasto en pensiones podría llegar al 7.8% del PIB para 2030. El gobierno enfatiza la «responsabilidad fiscal» y el combate a la evasión para generar 183 mil millones adicionales vía nuevos impuestos (IEPS a refrescos, tabaco, apuestas y plataformas digitales), pero no se prevén alzas generalizadas.
  • Beneficios sociales: El enfoque en pensiones busca reducir la pobreza (que bajó al 36.3% en 2024) y apoyar a 82% de las familias mexicanas, alineado con el «humanismo» del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, críticos señalan que prioriza gasto corriente sobre inversión productiva, lo que podría limitar el crecimiento económico (proyectado en 1.8-2.8%).

La propuesta ahora está en análisis en la Cámara de Diputados, con posibles ajustes antes de su aprobación en noviembre de 2025. Para más detalles, consulta el documento oficial en el sitio de la Secretaría de Hacienda.

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JALISCO

El gobernador Pablo Lemus y los alcaldes de Tlaquepaque y Tlajomulco acuden a reunión de seguridad en Palacio Nacional

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-Por Redacción Conciencia Pública

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; el titular de la Secretaría de Seguridad, Juan Pablo Hernández; el Fiscal del Estado Salvador González de los Santos; así como el alcalde de Tlajomulco Gerardo Quirino y la alcaldesa de Tlaquepaque Laura Imelda Pérez, estuvieron presentes esta mañana en Palacio Nacional para compartir las acciones que se han venido implementando en el estado en materia de seguridad.

Lemus compartió en un video que: «En coordinación con los tres niveles de gobierno, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, seguimos trabajando para que las y los jaliscienses tengan una entidad con mayor seguridad y un tejido social reforzado».

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JALISCO

Gobierno de Jalisco lamenta desinformación de diputada Gómez Pozos

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– Por Francisco Junco

El Gobierno de Jalisco lamentó lo que calificó como una campaña de desinformación encabezada por la diputada federal Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, quien afirmó que el estado contaba con una bolsa de 400 millones de pesos para rehabilitar carreteras federales.

A través de un comunicado, el Ejecutivo estatal aclaró que dicha versión es falsa, ya que el mantenimiento de estas vías corresponde exclusivamente al Gobierno Federal.

“El Gobierno de Jalisco aclara que es falso que cuente con una bolsa de 400 millones de pesos para rehabilitar carreteras federales, como de forma sorpresiva lo afirmó la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y lamenta que se haga una campaña de desinformación al respecto”, señala el documento oficial, enviado a los medios de comunicación.

Y es que la diputada federal Gómez Pozos, afirmó que el Gobierno de Jalisco no ha ejercido los 400 millones de pesos que se le asignaron desde la federación para la reparación de carreteras e incluso llamó al gobernador de Jalisco Pablo Lemus para coordinarse con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que lo ejerza antes de este año.

“Del presupuesto que estamos ejecutando este año se pudo reasignar una bolsa, desde la comisión de presupuesto, de 10 mil millones de pesos para este fin y, llama la atención que al segundo trimestre de este año sólo cuatro estados hayan ejecutado ese recurso. Entre los que no lo han hecho está el estado de Jalisco, que tiene casi 400 millones de pesos para este fin y no, pues, se ha ejecutado un solo peso”, señaló la diputada federal, al recibir el paquete económico de Hacienda para el próximo año.

La administración estatal explicó que la aplicación de esos recursos corresponde a la delegación Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por María Padilla, y no al Ejecutivo local.

“Los recursos para rehabilitar carreteras federales salen del presupuesto federal y son ejecutados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, puntualizó.

Por su parte, el secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, detalló que este año la Federación no asignó recursos concursables al estado para este rubro.

“No hay recursos para mantenimiento carretero que sean concursables. ¿A qué me refiero cuando digo que sean concursables? A que algunas entidades metamos proyectos para eso. Es más la voluntad federal la que determina en dónde sí y en dónde no, se hacen ampliaciones presupuestales, o se destinan recursos para el mantenimiento carretero”, señaló.

El Gobierno de Jalisco recordó que la entidad cuenta con 2 mil 196 kilómetros de carreteras federales, entre ellas la 70, 80, 23, 200 y 54, cuya falta de mantenimiento representa un riesgo para los usuarios.

Agregó que, recientemente, el Gobierno Federal anunció que enviaría un tren de pavimentación para rehabilitar apenas 26 kilómetros de esa red.

Como contraste, la administración estatal subrayó que en paralelo impulsa el Plan Carretero Estatal 2025-2030, con una inversión de 24 mil millones de pesos, mediante el cual se dará mantenimiento y renovación al 100% de la red carretera estatal, 4 mil 562 kilómetros, durante el sexenio, en beneficio de alrededor de 80 millones de vehículos que circulan cada año por estas vías.

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