JALISCO
Comunidad Indígena de Mezquitán: Exigen a la presidenta Sheinbaum cumplir con indemnización por sus tierras
Por Raúl Cantú //
El caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan, Jalisco, refleja una deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas, marcada por el incumplimiento de acuerdos de indemnización por la ocupación de 26.93 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río (carretera a Saltillo) desde 2004.
A continuación, se ordena cronológicamente el texto proporcionado, destacando los periodos de los presidentes de México responsables por omisión o acción del incumplimiento de los convenios firmados con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT, antes SCT), y se contextualizan las políticas indigenistas de cada administración para subrayar la negligencia institucional. La información se complementa con datos de fuentes externas cuando es relevante, citadas conforme a las guías establecidas.
CONTEXTO HISTÓRICO Y LEGAL
Año 1690: La Comunidad Indígena de Mezquitán fue constituida mediante un Título Virreinal, reconocido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y respaldado por una resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Este título acredita a la comunidad como propietaria legítima de las tierras afectadas, que han defendido por más de 335 años.
1999 (Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000, PRI):
Evento: La SRA inicia pláticas y trabajos de campo para el proyecto de ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.
Contexto: Durante el gobierno de Zedillo, se promovió la modernización de infraestructura, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron limitadas, enfocándose más en reformas neoliberales que en la protección de derechos territoriales. No se registra un incumplimiento directo en este periodo, ya que las negociaciones apenas comenzaban, pero se sientan las bases para el proyecto que derivaría en el conflicto.
Periodos presidenciales con incumplimientos (2004-2025)
Vicente Fox Quesada (2000-2006, PAN):
Eventos clave:
5 de noviembre de 2003: La SRA sugiere iniciar el trámite expropiatorio y el pago por las tierras ocupadas para la ampliación de la carretera.
3 de marzo de 2004: Se firma el primer Convenio de Ocupación Previa entre la Comunidad Indígena de Mezquitán y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), comprometiendo el pago del 50% del monto indemnizatorio tras un avalúo de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Incumplimiento: La SCT no realizó el pago acordado ni gestionó el avalúo.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de Fox priorizó el desarrollo de infraestructura, pero su política indigenista fue criticada por su falta de acción concreta tras el levantamiento zapatista. La SCT, bajo su administración, firmó el convenio inicial, pero no cumplió, iniciando una cadena de dilaciones que afectó a las 333 familias de la comunidad, integrada mayormente por mujeres y adultos mayores. Este incumplimiento marcó el inicio de una deuda histórica.
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012, PAN):
Eventos clave:
7 de mayo de 2007: Se firma un Convenio de Depósito en Garantía, estableciendo un avalúo de $39,065,272.13 (aproximadamente $145 por metro cuadrado) por 26.93 hectáreas. La SCT paga $4,000,000 (10% del total) y se compromete a gestionar el 40% restante para completar el 50% acordado. Incumplimiento: No se gestionaron los recursos ni se completó el pago.
28 de diciembre de 2007: Se firma un segundo Convenio de Depósito en Garantía, con un pago parcial adicional de $1,639,268.52 (4% del avalúo). La SCT reitera su compromiso de completar el 50% del monto indemnizatorio. Incumplimiento: Por tercera vez, no cumple con el pago ni gestiona los recursos.
Análisis del incumplimiento: La administración de Calderón se enfocó en la seguridad y el combate al narcotráfico, relegando los derechos indígenas. A pesar de los convenios firmados, la SCT utilizó tácticas dilatorias, limitándose a pagos parciales insignificantes (14% del total acordado) y dejando a la comunidad en un limbo burocrático. Este periodo consolidó la percepción de racismo institucional, ya que, como señala el abogado Luis Antonio Rocha, la SCT no habría actuado con tal negligencia frente a una empresa privada.
Enrique Peña Nieto (2012-2018, PRI):
Eventos clave:
2012-2017: La comunidad sostiene entrevistas con funcionarios de la SCT, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y otras dependencias federales, sin obtener soluciones ni avances en el pago de la indemnización acordada en 2004 y 2007. Incumplimiento: Ninguna autoridad mostró voluntad de cumplir con los convenios .
29 de enero de 2017: La Asamblea de la Comunidad Indígena de Mezquitán aprueba iniciar demandas y juicios para exigir el cumplimiento de los convenios de 2004 y 2007.
22 de agosto de 2017: La comunidad presenta una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 (expediente 222/16/2017), contra la SCT, la Presidencia de la República y la SEDATU.
3 de abril de 2018: La SCT, la SEDATU y la Presidencia (Peña Nieto) responden a la demanda con argumentos improcedentes, según la comunidad, en lugar de cumplir con los convenios.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de Peña Nieto promovió reformas estructurales, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron superficiales, con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) teniendo un rol limitado. La falta de acción para resolver el caso de Mezquitán, a pesar de las reuniones con funcionarios, y la respuesta evasiva a la demanda reflejan una continuidad en las tácticas dilatorias. La comunidad se vio obligada a litigar, enfrentando una burocracia que perpetuó la marginación de sus derechos.
Andrés Manuel López Obrador (2018-2024, Morena):
Eventos clave:
28 de octubre de 2021: El Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 emite una sentencia parcialmente favorable, ordenando a la SICT pagar las cantidades acordadas en los convenios, pero condiciona la actualización del monto a un decreto expropiatorio. La comunidad presenta un Recurso de Revisión (125/2022) para exigir un avalúo actualizado por el INDAABIN sin necesidad de expropiación.
3 de marzo de 2022: El Tribunal Superior Agrario admite el Recurso de Revisión. Las autoridades federales (SICT, SEDATU) promueven un Juicio de Amparo Directo, considerado improcedente por no agotar el principio de definitividad, retrasando el proceso por casi dos años.
16 de febrero de 2023: El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito desestima el amparo por unanimidad, confirmando su improcedencia.
22 de noviembre de 2023: El Tribunal Superior Agrario resuelve el Recurso de Revisión a favor de la comunidad, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.
26 de diciembre de 2024: La Consejería Jurídica Federal promueve otro amparo (expediente 30/2024), que es declarado improcedente por el Séptimo Tribunal Colegiado, notificándose el 5 de enero de 2025.
Protestas y manifestaciones: Durante este periodo, la comunidad realiza bloqueos intermitentes de la carretera a Saltillo (2018, 2021, 2024) y de la avenida Lázaro Cárdenas (2024, 2025) para exigir el pago.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de López Obrador promovió una narrativa de apoyo a los pueblos indígenas, con la creación del INPI y proyectos como el Tren Maya, pero en el caso de Mezquitán, la SICT continuó con tácticas dilatorias, incluyendo amparos improcedentes que retrasaron el proceso. A pesar de sentencias favorables en 2021 y 2023, la falta de acción para ejecutar el avalúo y el pago perpetuó el incumplimiento, afectando a más de 300 familias. Las protestas de la comunidad reflejan su frustración ante la falta de voluntad política, a pesar de los avances legales.
Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2025, Morena):
Eventos clave:
26 de diciembre de 2024: El amparo promovido por la Consejería Jurídica Federal es declarado improcedente, confirmando la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior Agrario de noviembre de 2023.
31 de enero de 2025: La comunidad presenta un escrito ante el Tribunal Superior Agrario solicitando la ejecución de la sentencia.
6 de febrero de 2025: El Tribunal Superior Agrario acuerda instruir a su Dirección de Asuntos Jurídicos para verificar si existe un amparo pendiente, a pesar de que la sentencia es firme.
6 de mayo de 2025: El Tribunal Superior Agrario ordena devolver los expedientes al Tribunal Unitario Agrario 16 para la ejecución de la sentencia, conforme al artículo 191 de la Ley Agraria. Sin embargo, los expedientes no han llegado al tribunal.
14 de mayo de 2025: La SICT informa que no ha recibido requerimiento del Tribunal Unitario Agrario 16 para que el INDAABIN realice el avalúo, manteniendo el retraso.
16 de mayo de 2025: Se reporta que el Tribunal Unitario Agrario 16 llevará a cabo la ejecución de la sentencia, ordenando al INDAABIN realizar el avalúo, pero el proceso sigue pendiente.
Análisis del incumplimiento: La administración de Sheinbaum, que declaró 2025 como el “Año de la Mujer Indígena” y promovió reformas constitucionales para los derechos indígenas, heredó un conflicto de 21 años. A pesar de la sentencia firme de 2023 y la recomendación de la Consejería Jurídica Federal para cumplir, la SICT persiste en retrasar el avalúo, argumentando falta de notificación. La comunidad, apoyada por el INPI y organizaciones civiles, exige a Sheinbaum intervenir directamente, destacando que la burocracia sigue violando los derechos de más de 300 familias, mayormente mujeres y adultos mayores.
Estado actual (mayo de 2025)
La sentencia del Tribunal Superior Agrario (22 de noviembre de 2023) es firme, sin recursos legales pendientes, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.
La comunidad denuncia tácticas dilatorias de la SICT, como la excusa de no haber sido notificada, y del Tribunal Superior Agrario, que no ha agilizado la ejecución.
El monto original de $39,065,272.13 (2007) debe actualizarse a valor comercial, lo que podría superar significativamente los $54 millones estimados en 2018, dado el valor actual de los terrenos junto a la carretera.
La comunidad, liderada por Saúl Rodríguez Barajas, ha recurrido a manifestaciones pacíficas, como bloqueos de la carretera a Saltillo y la avenida Lázaro Cárdenas, para visibilizar su lucha.
La Consejería Jurídica Federal recomienda a la SICT cumplir con la sentencia, pero el proceso sigue estancado por la falta de acción del Tribunal Unitario Agrario 16 y la SICT.
CONCLUSIÓN
Los presidentes Vicente Fox (2004-2006), Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018), and Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) son directamente responsables por el incumplimiento de los convenios de indemnización firmados en 2004 y 2007, al no garantizar que la SCT (ahora SICT) cumpliera con los pagos acordados. Sus administraciones utilizaron tácticas dilatorias, como pagos parciales insignificantes, negativas a gestionar recursos y amparos improcedentes, perpetuando una deuda de más de 21 años que afecta a 333 familias.
Claudia Sheinbaum (2024-2025) enfrenta un conflicto heredado, pero la falta de acción inmediata de la SICT y los tribunales agrarios continúa violando los derechos de la comunidad, a pesar de su compromiso declarado con las mujeres indígenas.
La Comunidad Indígena de Mezquitán, con un título virreinal de 1690 y sentencias favorables, representa un símbolo de resistencia frente al racismo institucional y la burocracia. Su lucha, respaldada por el INPI y organizaciones civiles, podría establecer un precedente para otras comunidades indígenas si se logra el pago. La comunidad solicita a la presidenta Sheinbaum intervenir para ordenar la ejecución inmediata del avalúo y el pago, conforme a la Ley Agraria y las reformas de 2025, para cerrar este capítulo de injusticia.
ATENTAMENTE
COMISARIADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
DE MEZQUITÁN, ZAPOPAN, JALISCO, MAYO DE 2025
–Por Mario Ávila
Las intensas lluvias que azotaron la tarde-noche de este martes 15 de julio, impactaron gravemente en la movilidad de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Los casos más graves se padecieron en las inmediaciones del extremo Sur de Zapopan, en particular en la zona de Tabachines y La Martinica.
Sin embargo, las consecuencias de la fuerte tormenta también se dejaron sentir en el canal de avenida Patria, por la zona del bosque de Los Colomos y en el túnel de Américas y Ávila Camacho.
-Por Francisco Junco
La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado manifestó su rechazo a la posibilidad de aplicar un mecanismo de tómbola para la elección de jueces y magistrados en la reforma al Poder Judicial de Jalisco.
Mediante un comunicado de prensa, el coordinador parlamentario de dicha bancada, José Luis Tostado Bastidas, afirmó que los nombramientos deben recaer en perfiles con experiencia y capacidad, no en decisiones aleatorias.
“Con la firme propuesta de que al proceso de elección del Poder Judicial en Jalisco lleguen las personas más capacitadas y con experiencia, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado rechaza el mecanismo de tómbola”, señaló el legislador.
Aseguró que este punto representa una posición irrenunciable en las mesas de negociación que mantienen con otras fuerzas políticas para definir los términos de la reforma, que debe concretarse a más tardar en 2027, de acuerdo con lo establecido en la Reforma Constitucional.
Tostado Bastidas sostuvo que Movimiento Ciudadano no está dispuesto a dejar al azar los nombramientos del Poder Judicial. “La posición no ha cambiado, no vamos a dejar a la suerte el nombramiento de quienes van a ser las o los jueces y magistrados”, reiteró.
El emecista recordó que en el Congreso del Estado se han presentado siete iniciativas sobre el tema, incluyendo la enviada por el Gobierno de Jalisco, construida con la participación de especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil, y apuntó que todas las propuestas están siendo revisadas y analizadas con apertura.
“Se revisan, se analizan, se discuten las propuestas; eso es parte de dialogar; pero en ese sentido nosotros no vemos condiciones para renunciar a lo que nosotros creemos, es el mecanismo idóneo”, subrayó José Luis Tostado.
Resaltó, en su posicionamiento, que su bancada mantiene firme la postura de que el proceso debe centrarse en una evaluación rigurosa de capacidades y cualidades de los aspirantes, evitando criterios aleatorios.
Finalmente, Tostado Bastidas comparó la discusión en Jalisco con la elección federal del pasado 2 de junio, misma que consideró un ejercicio fallido, ya que los propios funcionarios del Gobierno federal o diputados federales han expresado la complejidad del ejercicio.
“El ejercicio que vimos ha fracasado. Creo que la experiencia del primero de junio lo tenemos ahí, con los resultados de todos conocidos (…) El mecanismo como se planteó en la Reforma del Poder Judicial, incluso propios funcionarios del Gobierno federal o diputados federales han expresado la complejidad del ejercicio, lo que conllevó el tema de los acordeones, ayudas o asistencias documentales para que se lleve a cabo el proceso”, puntualizó.
-Por Francisco Junco
En Jalisco hay más de 380 mil personas con alguna discapacidad, las cuales no reciben la pensión universal del bienestar, por lo que la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) y diversos colectivos alzaron la voz, para exigirle al gobernador, Pablo Lemus Navarro, firme el convenio de colaboración con el Gobierno Federal para garantizar la pensión universal a las personas con discapacidad.
“Nosotros no vamos a dar paso para atrás desde el Grupo Parlamentario a las peticiones que hacemos, nosotros no vamos a negociar prebendas a cambio de que se le garanticen sus derechos al pueblo de Jalisco, y al día de hoy lo que estamos pidiendo es que se respete el derecho de ustedes”, lanzó con voz firme Leonardo Almaguer Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario del PT.
“Hace dos meses se hizo un exhorto y se aprobó por la mayoría de los diputados y al día de hoy, no ha habido ni siquiera contestación, pero están preocupados lo que va a significar la FIFA”, ironizó, en referencia a la atención desmedida que, según dijo, se da a la preparación del Mundial de Futbol antes que a los derechos sociales.
La exigencia no es nueva. Pero la indiferencia oficial, tampoco. El diputado, Sergio Martín Castellanos, lo dejó claro y se sumó a la exigencia de pedir que se firme el convenio con la federación.
“Si el gobernador dice tener buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, aquí tiene una oportunidad de demostrarlo… es una obligación que debe cumplir. Y el porcentaje es mínimo”, apuntó.
Hoy, Jalisco es uno de los siete estados rezagados que no ha firmado el convenio con la federación. Y mientras el discurso se llena de “prioridades”, los derechos siguen esperando turno.
La activista Paula Andrade, del colectivo Equipo Fénix, habló por cientos de miles. Pero lo hizo con la dignidad de quien no se deja reducir a cifras ni discursos.
“Esta lucha no es de ayer ni de hoy, es de años… señor Pablo Lemus: por favor, firme este convenio, no somos personas que solo están para tomarse la foto. Somos personas con dignidad y derechos. ¿Por qué no colabora con el gobierno federal?», dijo en el patio central del Congreso, donde se realizó la rueda de prensa para manifestar la exigencia.
Antonio Ramírez, asesor del Grupo Parlamentario del PT, no dejó espacio para excusas y aseguró que sí se puede realizar esta firma, y comparó el estado de Jalisco con el Estado de México, con condiciones similares; allá, dijo, lo logró. “¿Cuánto se necesita? Mil 500 millones de pesos, que no representan ni el 1% del presupuesto total del estado”, explicó.
“¡Firme, gobernador!”, fue el eco de la conferencia de prensa, dijo el diputado Sergio Martín, porque esto va más allá de banderas, partidos o protagonismos; hay 380 mil vidas esperando no un discurso, sino un acto concreto de justicia.
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