JALISCO
Controversia del uso del celular en escuelas: Piden mayor involucramiento de los padres

Por Francisco Junco //
Mientras la iniciativa que prohíbe el uso de celulares en planteles de educación básica sigue generando controversia en Jalisco, tres organismos civiles salieron a fijar postura, coincidiendo en que no se trata solo de prohibir, sino de proteger, educar y prevenir.
Pero lo cierto, y más allá de controversias, es que la Alianza de Maestros de Jalisco (ALMA), la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y el Frente Nacional por la Familia (FNF) coincidieron en la urgencia de actuar frente al uso desmedido de dispositivos móviles por parte de niños y adolescentes.
Cada organismo, desde su enfoque, plantea rutas distintas, unos hablan de protocolos y autorregulación, otros de restricciones claras y otros más de respaldo legal. Pero todos convergen en un mismo diagnóstico, que la situación actual es grave, de “alerta roja”, que afecta el aprendizaje, promueve la violencia escolar y ha superado la capacidad de respuesta de las escuelas.
URGE CONTENER UNA SITUACIÓN DIFÍCIL
Israel Sánchez Martínez, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), alertó sobre el impacto del uso excesivo de celulares en los niños, un problema que se ha agravado desde 2017.
De acuerdo al presidente de la UNPF, el consumo diario de celulares ha pasado de cuatro horas durante la pandemia a cerca de nueve horas en la actualidad, afectando el rendimiento escolar y generando problemas como ciberacoso y bullying. “Esto se disparó a nivel nacional, especialmente en zonas urbanas como Jalisco, donde el uso descontrolado del celular, sin regulación en las escuelas, genera bajo rendimiento y conductas de acoso”, afirmó a Conciencia Pública.
El problema, señaló, ya no es solo de prevención, sino de contención, afectando todos los niveles educativos. Si bien en 2023 el ciberacoso era más evidente en secundaria y preparatoria, en 2024 ya se observa en primaria. Los docentes, desbordados, enfrentan dificultades para manejar estas conductas, ya que los protocolos contra la violencia escolar resultan insuficientes.
Además, el uso excesivo de celulares en las aulas genera malestar entre los alumnos cuando se les retira el dispositivo. “Es más perjudicial tener celulares en las aulas que no tenerlos. No hay evidencia de que su uso mejore el rendimiento escolar”, explicó Sánchez, respaldado por estudios pedagógicos.
En Jalisco, el impacto es tangible: uno de cada diez estudiantes de secundaria ha sufrido violencia escolar, derivada del ciberacoso o acoso directo. Sánchez subraya la necesidad de regulaciones claras para mitigar estas problemáticas.
EL CELULAR: UN INSTRUMENTO MAL UTILIZADO
Jaime Cedillo Bolívar, coordinador de cabildeo del Frente Nacional por la Familia, apoya la iniciativa de la diputada Brenda Cabrera para prohibir el uso de celulares en escuelas. “El celular es un instrumento del que se ha abusado, generando adicciones graves en las nuevas generaciones”, señaló a Conciencia Pública. En adolescentes, la falta de criterio para manejar la tecnología agrava problemas como la ansiedad por notificaciones o el uso indebido para grabar o acosar a compañeros.
Cedillo reconoce que el celular es útil para la seguridad, como herramienta de geolocalización o contacto con los padres, pero en las aulas su abuso distrae a los estudiantes. “La medida busca minimizar la pérdida de atención durante clases y evitar problemáticas como el ciberacoso”, afirmó.
Además, destacó los efectos en la salud mental, como ansiedad, depresión y baja autoestima, asociados a la exposición en redes sociales. “Los chicos viven más en la virtualidad que en la realidad”, apuntó.
Prohibir no implica cerrar el diálogo, según Cedillo. Una escuela que implementó la prohibición reportó beneficios, como menor ansiedad entre los estudiantes y mayor enfoque en actividades alternativas. Citó a un psicólogo estadounidense que recomienda no usar smartphones antes de los 14 años, redes sociales antes de los 16 y prohibir celulares en escuelas. “Es más fácil manejar excepciones desde una restricción que dejarlo al libre albedrío”, afirmó, instando a padres, maestros y sociedad a involucrarse en proteger a la niñez.
PROHIBIR NO BASTA, EDUCAR ES LA CLAVE
La Alianza de Maestros (ALMA) propone un enfoque diferente. María del Carmen Palomino López, delegada en Jalisco, sostiene que prohibir el uso de celulares no es la solución, sino educar para su uso responsable. “No se trata de satanizar la tecnología, sino de crear protocolos en las escuelas, junto con los padres, para regular su uso”, explicó a Conciencia Pública.
Palomino, con experiencia en secundaria, reconoce que el celular puede ser una herramienta pedagógica, pero requiere estrategias claras para evitar distracciones y fomentar su uso educativo.
ALMA aboga por un enfoque colaborativo que involucre a padres, directivos y maestros. “Lejos de prohibir, debemos unir esfuerzos para la autorregulación. No podemos desconectar a los alumnos de la tecnología, pero sí enseñarles a usarla con criterio”, afirmó.
En escuelas de Querétaro y Jalisco, la prohibición total ha mostrado resultados positivos, pero Palomino advierte que sin alternativas educativas, los estudiantes no desarrollarán habilidades para enfrentar la violencia o el rezago educativo.
La clave, insiste, es el acompañamiento familiar y escolar. Sesiones informativas con especialistas sobre los riesgos de la tecnología han demostrado ser efectivas en secundaria, donde los adolescentes responden bien a figuras de autoridad que explican las consecuencias del mal uso. “Los jóvenes ven las reglas como retos, pero con diálogo y orientación, muestran nobleza y disposición al cambio”, señaló Palomino.
ESCUELAS PIDEN REGLAS CLARAS
Docentes en el aula coinciden en que prohibir no es suficiente; se necesita regulación. Tomás Torres de León, director de la Secundaria Técnica 47, con 51 años de experiencia, considera que el celular puede ser una herramienta valiosa para descargar información, pero su mal uso, sin reglas claras, lo convierte en un problema. “Los niños lo usan sin límites, y eso genera distracción y conflictos”, afirmó.
Karen Mabelle Alarcón Jiménez, directora de la Primaria María Magdalena Vidaurri de Cosío, añade que el celular puede ser tanto beneficioso como perjudicial. “En México, aún no estamos preparados para integrarlo en las aulas sin violar derechos como la privacidad”, explicó. Los estudiantes, dijo, lo usan más para redes sociales que para fines educativos, lo que agrava problemas sociales.
Ambos directivos enfatizan la responsabilidad de los padres. “No le dejemos todo a la escuela. Los padres deben asumir el control y establecer límites claros”, señaló Torres. Alarcón coincide: “Sin la guía de los padres, el celular no logrará un objetivo educativo”. Los conflictos con padres que defienden el derecho de sus hijos a usar el celular complican la labor docente, generando ambientes tensos en las aulas.
La solución, concluyen, no es aislar a los estudiantes de la tecnología, sino enseñarles a usarla con criterio. “Necesitamos lineamientos claros y la responsabilidad compartida de padres, maestros y directivos para que la tecnología sea una herramienta educativa, no un distractor”, afirmó Alarcón.
CONCLUSIÓN
Tres perspectivas convergen en un diagnóstico común: el uso desmedido del celular en las escuelas causa daños profundos, desde bajo rendimiento hasta problemas de salud mental y violencia. La UNPF pide contención y regulación, el Frente Nacional por la Familia apoya la prohibición, y ALMA aboga por la educación y autorregulación. Docentes en el aula refuerzan la necesidad de reglas claras y colaboración con los padres. El reto es decidir si la solución pasa por prohibir, regular o combinar ambos enfoques, siempre con el respaldo del hogar y una legislación que priorice el bienestar de los estudiantes.
ENTREVISTAS
Es hora del drenaje profundo, plantea el CICEJ

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
La solución integral de fondo a los problemas de las inundaciones que enfrenta y sufre la metrópoli cada temporal de lluvias es la implementación de un drenaje profundo, un proyecto de infraestructura magna que manejaría exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado de drenaje actual.
Este sistema, inspirado en proyectos exitosos como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans), requiere una inversión estimada de 20,000 a 25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12 a 15 años.
La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés, así lo precisa en entrevista con Conciencia Pública y señala que el CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo ya el pago de estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
“Esto no es algo nuevo, el estudio lo hizo en 2017 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya hay incluso los análisis de las cuencas, los análisis de dónde podría ser drenaje semiprofundo, en dónde puede ser profundo, ya hay un análisis completo”.
“Entonces, lo que hay que hacer es animarse a dar el paso, porque creo que recursos siempre vamos a necesitar, pero alguien se tiene que animar a dar el primer paso. Como sociedad y como ciudad no nos merecemos esta infraestructura, pero también no nos merecemos la falta de toma de decisiones”, precisa Mirna Avilés, experta en temas hidráulicos.
El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica; no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que también permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrenta cada temporal de lluvias un desafío recurrente: inundaciones que generan pérdidas humanas, daños al patrimonio y caos en la vida cotidiana de sus más de 5 millones de habitantes.
La combinación de una infraestructura hidráulica obsoleta, con tuberías de hasta 70 años, y un crecimiento urbano desordenado ha convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.
La ingeniera Mirna Avilés, ha señalado que este problema no radica en la escasez del agua, sino en una gestión deficiente que requiere soluciones integrales y de largo plazo.
La normalización de las inundaciones, con 570 puntos críticos identificados por la Universidad de Guadalajara y 363 por el Imeplan, evidencia la urgencia de actuar para evitar que la ciudad colapse ante lluvias atípicas agravadas por el cambio climático.
El CICEJ, bajo el liderazgo de Avilés, propone un enfoque transformador que trasciende las soluciones parciales, como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, que, a pesar de inversiones millonarias, no han resuelto el problema de raíz.
La solución del CICEJ no se limita a la infraestructura. Avilés aboga por una gestión hídrica integral que combine infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, con la rehabilitación de colectores obsoletos y la regulación del crecimiento urbano.
La urbanización descontrolada, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración, ha aumentado la velocidad de los escurrimientos, saturando los drenajes.
El CICEJ propone incorporar soluciones basadas en la naturaleza, priorizando al ciudadano y al medio ambiente, para recuperar el equilibrio del ciclo urbano del agua. Este enfoque requiere una visión metropolitana, ya que las acciones aisladas por municipio no abordan la interconexión de las cuencas y subcuencas de la ZMG.
El CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Este modelo, desarrollado en colaboración con gobiernos, universidades y organismos operadores, busca superar la falta de continuidad en las políticas hídricas, que reinician cada sexenio o trienio. Avilés destaca la necesidad de personal técnico en la toma de decisiones y la búsqueda de financiamiento internacional, dado que los temas hídricos son prioritarios a nivel global.
La ZMG, como la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural, no puede seguir postergando decisiones que garanticen su resiliencia frente a las lluvias.
La propuesta del CICEJ, encabezada por Mirna Avilés, representa una oportunidad histórica para transformar la ZMG en una ciudad preparada para los retos del cambio climático y el crecimiento demográfico.
El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica. Con el respaldo del gobierno estatal, federal, municipal y fondos internacionales, este proyecto podría garantizar agua, seguridad y desarrollo sostenible, evitando que las lluvias sigan siendo una amenaza para los ciudadanos. El CICEJ, comprometido con esta visión, no quitará el dedo del renglón hasta que estas soluciones se materialicen.
¿Qué plan integral a mediano y largo plazo proponen los expertos para enfrentar esta problemática y evitar que el caos se agudice?
CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli cercana a los 6 millones de habitantes.
¿Se tiene estimado cuánto sería la inversión?
En 2017, el estudio del IMTA estimó una inversión de 18,000 millones de pesos, pero debe actualizarse debido a la urbanización de zonas verdes y cambios en subcuencas. La inversión podría alcanzar 20,000-25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12-15 años, similar a proyectos internacionales como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans, 18-20 años).
Mirna Avilés precisa con plena convicción: “Es esencial iniciar, aunque sea por fases, para evitar soluciones aisladas que no resuelven el problema estructural”.
¿Cómo se implementaría un proyecto integral para abordar las inundaciones recurrentes en la ZMG, considerando los más de 500 puntos críticos identificados por la UdeG y los más de 300 por el Imeplan?
La solución debe ser integral, analizando los flujos de agua en la cuenca metropolitana, identificando trayectorias, puntos de captación y desahogo. Las discrepancias entre los 570 puntos críticos (UdeG) y 363 (Imeplan) reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que requiere un plan unificado.
La presidenta de CICEJ, explica que muchos puntos críticos no solo son por escurrimientos, sino por fallas en la infraestructura actual (fugas, socavones por reblandecimiento de suelos).
Las lluvias atípicas por el cambio climático podrían colapsar la ciudad si no se actúa. Un plan metropolitano debe priorizar la rehabilitación de infraestructura y la gestión integral de cuencas.
La ZMG debe equilibrar el ciclo urbano, evitando desechar el agua de lluvia rápidamente y promoviendo su infiltración local para mantener el ciclo natural, afectado por la urbanización y el cambio climático.
¿Por qué se ha priorizado el transporte, como el macrobús, sobre la infraestructura hídrica en la ZMG, y cómo pueden las autoridades darle mayor atención a la problemática del agua, que ha sido relegada frente a otros temas?
La infraestructura hídrica ha sido relegada porque no es visible y “no da votos”, a diferencia de proyectos como el macrobús. Sin embargo, la falta de soluciones ahora “quita votos” al poner en riesgo vidas y patrimonios.
Las lluvias se han convertido en una amenaza para la ciudadanía, lo que exige decisiones a largo plazo, aunque impliquen un costo político.
El gobierno estatal, con líderes como Pablo Lemus, Ernesto Marroquín, Antonio Juárez Trueva y Mario López, muestra disposición a escuchar y entender el problema, lo que representa una oportunidad para actuar.
¿Quién debe dar el primer paso para implementar estas soluciones?
El gobierno estatal debe liderar, con apoyo federal, municipal, de la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel mundial, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar proyectos de gran escala.
El CICEJ participa en un plan estatal hídrico 2024-2030 con visión a 25 años, que evitará reiniciar cada sexenio o trienio, marcando una ruta clara.
¿Espera que las autoridades tomen decisiones pronto, especialmente ante eventos como el Mundial?
Se espera que las autoridades diseñen un plan integral, no solo paliativos para el Mundial, sino una infraestructura duradera que beneficie a la ciudadanía a largo plazo.
El CICEJ no cejará en su labor de impulsar soluciones, trabajando con gobiernos y ciudadanos, ya que los profesionistas, como ciudadanos, también viven estas problemáticas.
PUNTOS FUNDAMENTALES: SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO
- Modelo de gestión hídrica: El CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
- Estudios previos: En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
- Toma de decisiones: Es urgente que las autoridades den el primer paso, respaldadas por personal técnico que entienda las necesidades y soluciones.
- Colaboración intersectorial: El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
- Financiamiento: Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli de 6 millones de habitantes.
JALISCO
Es hora del drenaje profundo

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Guadalajara, una metrópoli que merece infraestructura de vanguardia.
La Zona Metropolitana (ZMG), con más de 5 millones de habitantes, es un referente cultural y económico de México, hogar del mariachi y el tequila, y candidata a ser sede de eventos globales como el Mundial de Fútbol.
Sin embargo, cada temporal de lluvias revela una verdad incómoda: su infraestructura hidráulica está al borde del colapso. Socavones, inundaciones y pérdidas patrimoniales son síntomas de un sistema obsoleto que no resiste el crecimiento urbano ni el cambio climático.
¿Es hora de pensar en grande, con una obra magna como el drenaje profundo que transformó la Ciudad de México entre 1967 y 1975 o el proyecto Jikans de Tokio? La respuesta es un rotundo sí.
En entrevista con Conciencia Pública, Mirna Avilés Mis, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), presenta una propuesta técnica y ambiciosa: un drenaje profundo para gestionar exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado actual.
Este proyecto, respaldado por estudios de preinversión del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) de 2017, realizados bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval, requiere una inversión de 20,000 a 25,000 millones de pesos a ejecutarse en 12 a 15 años.
“No es algo nuevo; ya hay análisis completos de cuencas, drenajes semiprofundos y profundos”, afirma Avilés, destacando que el CICEJ lleva dos años desarrollando un modelo de gestión hídrica con 82 acciones específicas.
UNA CRISIS HÍDRICA QUE NO PUEDE ESPERAR
La ZMG enfrenta inundaciones recurrentes que afectan la movilidad, la seguridad y la calidad de vida. La Universidad de Guadalajara identifica 570 puntos críticos de inundación, mientras que el Imeplan reporta 363, evidenciando la falta de un enfoque metropolitano unificado.
Proyectos como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, impulsados por el exgobernador Enrique Alfaro con una inversión cercana a los mil millones de pesos, han sido paliativos insuficientes.
La infraestructura hidráulica, con tuberías de hasta 70 años, está rebasada por el crecimiento urbano desordenado, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración y acelerado los escurrimientos.
Recientes incidentes ilustran la gravedad del problema. En 2024, un macrosocavón en avenida López Mateos, la vía de mayor circulación de sur a norte, paralizó la ciudad. En julio de 2025, hace unos días, otro socavón en la colonia El Bethel, en el cruce de avenida Malecón y calle Sidón, midió 20 metros de largo, 8 de ancho y 5 de profundidad. El colapso de un colector pluvial de 2.44 metros de diámetro, con más de 20 años de antigüedad, arrastró tres vehículos, incluyendo uno con una familia.
Aunque no hubo víctimas fatales, la imagen de un auto volcado con las llantas al cielo, junto a un camión materialista y otro de transporte, es un recordatorio de la fragilidad de la infraestructura.
El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), responsable de estos sistemas, enfrenta una crisis financiera, administrativa y técnica que agrava la situación.
LA PROPUESTA DEL CICEJ: UNA VISIÓN TRANSFORMADORA
La solución de Avilés y el CICEJ trasciende los parches temporales. El drenaje profundo no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.
El proyecto se complementa con infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, y la regulación del crecimiento urbano para recuperar el equilibrio del ciclo hídrico. Avilés subraya que las discrepancias entre los puntos críticos identificados por la UdeG y el Imeplan reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que exige un plan metropolitano integral que analice flujos, captación y desahogo de agua.
El CICEJ propone un modelo colaborativo que involucre al gobierno estatal, federal, municipal, la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel global, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar esta obra.
El plan estatal hídrico 2024-2030, con visión a 25 años, busca superar la discontinuidad de políticas que reinician cada sexenio. Avilés insiste en que la falta de acción es inaceptable para una metrópoli de la importancia de la ZMG, que no merece una infraestructura obsoleta ni la inseguridad que generan las lluvias.
EL LIDERAZGO QUE GUADALAJARA NECESITA
El liderazgo debe recaer en el gobernador Pablo Lemus, quien, junto con alcaldes metropolitanos como Verónica Delgadillo de Guadalajara, debe priorizar la gestión hídrica. Delgadillo, durante su campaña, expresó interés en modernizar la infraestructura hidráulica, pero al asumir el cargo se enfrentó a la magnitud del problema y la escasez de recursos, lo que la llevó a postergar el tema.
Sin embargo, la crisis no puede esperar. Las inundaciones no solo causan pérdidas materiales, como en Zapopan recientemente, sino tragedias humanas, como las muertes en túneles vehiculares por corrientes imparables.
Avilés enfatiza que el drenaje profundo requiere voluntad política y decisiones técnicas, no políticas. “Alguien debe animarse a dar el primer paso”, afirma, señalando que la falta de mantenimiento sistemático y la urbanización descontrolada han convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.
La ZMG no puede seguir dependiendo de soluciones parciales que no abordan la interconexión de cuencas y subcuencas. Un llamado a la acción.
ENTREVISTAS
Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

Por Mario Ávila //
El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.
Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.
“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.
Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.
Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.
En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.
“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.
A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.
También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.
El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.
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