Por Mario Ávila //

El grave y creciente problema de las personas desaparecidas en Jalisco, fue atendido a medias por el Poder Legislativo, luego de que en los últimos días se aprobaron dos nuevas leyes de carácter protocolario, la Ley de Declaración de Ausencia y la Ley de Personas Desaparecidas, dejando pendiente solo la que tiene que ver con el presupuesto, con recursos públicos para el pago de la reparación del daño, es decir la Ley de Víctimas.

Prácticamente con cuatro años de retraso, Jalisco hace su aportación legislativa en la materia, luego de que desde el 17 de noviembre del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La adaptación estatal a este proceso jurídico había quedado pendiente desde la legislatura anterior y por ello además de tener como marco reglamentario la legislación federal, los diputados de la LXII Legislatura local, tuvieron que echar mano de iniciativas que se habían presentado en el pasado, como la que la diputada María del Refugio Ruiz Moreno había presentado el 10 de octubre del 2017, una iniciativa titulada Ley para Prevenir, Investigar Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares en el Estado de Jalisco.

A este trabajo de análisis se sumaron los documentos que el titular del Poder Ejecutivo presentó en tres iniciativas diferentes y la que el 21 de junio del 2018 el diputado Salvador Caro Cabrera, presentó mediante la denominada iniciativa de Ley Estatal de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

A estos trabajos habrá que reconocer la manera intensa en la que se sumaron los miembros de los colectivos de familias de personas desaparecidas, como es el caso de FUNDEJ y Por Amor a Ellas, que acompañaron de manera constante la elaboración del proyecto, asistiendo a todas las reuniones de trabajo y los foros, celebradas de manera presencial, lo mismo que a las reuniones efectuadas de manera virtual, en tiempos de la pandemia del virus SARS-CoV-2.

La Ley para la Declaración de Especial de Ausencia por Desaparición de Personas en el Estado de Jalisco, consta de 33 artículos, 8 transitorios y uno de los principios plasmados en ella, en especial en el artículo cuarto de la ley, habla de la buena fe, la celeridad, enfoque diferencial y especializado, gratuidad, igualdad y no discriminación, inmediatez, interés superior de la niñez, máxima protección y perspectiva de género, Pero resalta el tema de la presunción de vida, en donde se deja en claro: “En las acciones, mecanismos y procedimientos para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, las autoridades involucradas en el procedimiento, deben presumir que la persona desaparecida está con vida”.

La nueva ley habla de la reducción del tiempo para iniciar el procedimiento de Declaración de Ausencia, protección al patrimonio, radicación de juicios en el lugar donde sea más conveniente para los familiares, esclarecimiento de hechos y presunción de la vida.

Además de regular quienes serán los sujetos encargados de pedir la declaratoria, entre los que están los familiares directos, las personas que tengan relación afectiva inmediata con la víctima, el representante legal y la Procuraduría Social, también obliga a la Comisión de Búsqueda iniciar la localización de la persona con los datos que las personas legitimadas proporcionen sin que sea obligatorio un reporte previo, siempre y cuando el interesado declare de buena fe y prevea medidas cautelares y de protección para las víctimas, entre otras.

En el uso de la voz, la legisladora Sofía Berenice García Mosqueda dijo que: “durante muchos años las familias de los desaparecidos en Jalisco han enfrentado la indiferencia de las autoridades y de la sociedad, parece que la empatía y solidaridad llega cuando viven en carne propia la tragedia de perder a un ser querido”; hoy venció la solidaridad y responsabilidad social de este Pleno”, y añadió que hasta el 8 de diciembre del 2020 la entidad tenía el mayor número de desaparecidos con un total de 11 mil 269 casos, por lo que pidió atender a los familiares de las víctimas con mayor sensibilidad y eficacia.

La diputada Mariana Fernández Ramírez se pronunció a favor de dar apoyos a los familiares directos de policías desaparecidos y aseveró: “cuando un policía desaparece en el estado, es despedido de su dependencia porque se da por entendido que abandonó el trabajo, al día de hoy hay 60 elementos desaparecidos y las familias no han recibido un solo peso, queremos más meses de sueldo para servidores públicos a cargo de la seguridad, hoy damos una luz de esperanza a las familias de estos servidores”.

En su turno la legisladora Priscilla Franco Barba, hizo lo propio y destacó las bondades de la recién aprobada norma, la cual señaló fue realizada bajo un “fructuoso ejercicio de parlamento abierto”; agregó que: “la esencia de la ley es proteger el patrimonio de la persona que desaparece”.

Finalmente, el diputado Jorge Eduardo González Arana en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, agradeció la participación de colectivos y organismos gubernamentales en la redacción de la misma.

LEY DE PERSONAS DESAPARECIDAS

También con la aprobación unánime del pleno, recibió el visto bueno la nueva Ley de Personas Desaparecidas de Estado de Jalisco, que consta de 126 artículos, 21 artículos transitorios y 4 capítulos en los que se habla de la implementación del programa nacional de búsqueda, del programa nacional de exhumaciones e identificación forense, de los derechos de las víctimas, de las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral, así como de las disposiciones generales, de la programación, de la capacitación y de las responsabilidades administrativas.

El objetivo de la nueva legislación fue establecer un Sistema Estatal de Búsqueda que coordine las acciones entre los poderes y organismos públicos estatales; participación activa de los familiares en el proceso de investigación; esclarecimiento de hechos y presunción de la vida son algunas de las nuevas disposiciones que contiene la Ley de Personas Desaparecidas de la entidad.

Además, esta nueva disposición establece la creación de una Comisión de Búsqueda que impulsará operativos para encontrar a las personas no localizadas; homologación de protocolos de investigación; se prohíbe la destrucción de cadáveres no identificados o la disposición de sus pertenencias y se instruye al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses elaborar un registro del lugar donde sean colocados dichos restos humanos.

En la sesión del pleno donde se aprobó la creación de esta ley, el legislador Jorge Eduardo González Arana, dijo: “Esta ley es la columna vertebral de uno de los problemas que aqueja al país, en Jalisco todos necesitamos de todos para salir adelante. Y el gobierno está haciendo su parte para tener un mejor Estado”.

De igual manera, la diputada Priscilla Franco Barba, hizo lo propio y destacó el ejercicio de parlamento abierto “lo que propició avanzar en la inclusión de los derechos de la víctima, la verdad y la reparación del daño”.

Durante su intervención la legisladora Erika Pérez García, exclamó “sin las familias no”, posteriormente, reconoció las aportaciones de las madres involucradas en las mesas de trabajo para la redacción de la ley”. Por su parte, el diputado Edgar Enrique Velázquez González, expuso que “no deberíamos tener en el país una ley de desaparecidos porque no debería desaparecer nadie, se debe buscar que la ruta no sea tener más leyes, sino que no haya ningún familiar desaparecido”.

Para concluir, la legisladora Sofía Berenice García Mosqueda, refirió que Jalisco es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas, e hizo un llamado para “erradicar este cáncer, para que ninguna familia tenga que padecer la zozobra de no saber dónde se encuentran sus seres queridos”; a lo anterior se sumó la diputada Elizabeth Alcaraz Virgen, José de Jesús Hurtado Torres y Oscar Arturo Herrera Estrada, quienes celebraron la aprobación de la nueva normatividad bajo la consigna de “las desaparecidas y desaparecidos nos faltan a todos”.

LA TERCERA LEY SERÁ CLAVE

Sobre la tercera y última ley de este paquete de normatividad planteado en esta LXII Legislatura para atender el grave problema de la desaparición forzada, el diputado presidente de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Jorge Eduardo González Arana, admitió: “Falta la última ley que es la de víctimas, pero los dos primeros pasos importantes ya se dieron, primero la declaración de ausencia que va eslabonada con esta de desaparecidos y la que falta es la de víctimas que esperemos que si no en cuestión de semanas, aunque sea en medio del proceso electoral, ojalá y haya las condiciones para que en el inter, ojalá y el tema electoral no obstruya el trabajo de esta última ley”.

Pero sí -reconoció-, ya teníamos dos años en deuda con los jaliscienses con estos temas, puesto que aunque ya existía una ley general, no se aterrizaba del todo, especialmente en el tema de búsqueda, de la investigación, de dar certeza a los familiares de los desaparecidos, que la autoridad debe hacer lo correcto.

Detalló que con la Ley de Declaración de Ausencia, se trata de dar certeza a los familiares en los temas jurídicos, donde no dejan desprotegidas a las familias en el caso de que el jefe de familia esté desaparecido “y protegemos un poco más a las familias, ya se establecen protocolos muy claros en la búsqueda, en qué papel juegan de manera directa los familiares de las personas desaparecidas y también las sanciones que puede haber para los funcionaros que no hagan bien su trabajo, lo mismo en la Fiscalía, en Ciencias Forenses o en cualquier otra área, como podría ser ahora el municipio, que ya también se involucra de manera directa y se convierte en un coadyuvante en la búsqueda de personas desaparecidas. Con esto damos un paso importante y esperamos que al Ejecutivo le sea de gran utilidad para dar los resultados que los jaliscienses se merecen”.

Reconoció así mismo que una de las peticiones que de manera puntual hicieron los miembros de las organizaciones civiles de desaparecidos, que fue de los colectivos y de los familiares, “se refería a que se iniciara de inmediato la búsqueda, ya que anteriormente se tenía que pasar un lapso de 72 horas para que se pudiera iniciar una investigación y ahora el trabajo es de manera inmediata y con la precisión de que ahora no necesariamente debe ser un familiar directo debe presentar la denuncia, sino que ahora cualquier persona que se sea conocido, que tenga la información y que tenga la certeza de que está desaparecida la persona, se puede levantar la denuncia. Este es un buen primer paso, que sea la denuncia recibida de manera inmediata y que la búsqueda también sea de la misma manera.

“La otra parte es la que se incluye de manera directa a los familiares dentro del Consejo de la Comisión de Búsqueda, donde ellos ya están actuando de manera directa involucrándose en los temas de las búsquedas, en la investigación y en cualquier momento cualquier familiar pudiera solicitar cualquier tipo de información a cualquier ente público y la autoridad está obligada a dar esa información. Creo que esa es una parte importante que le da certeza y de que la autoridad está haciendo lo conducente y se está dirigiendo de manera correcta.

“Otra parte novedosa es que el municipio ya se involucra en el tema de la búsqueda y la investigación, porque anteriormente el municipio se lavaba las manos, con el argumento de que se trataba con la denuncia, ya de un asunto del ámbito de la Fiscalía, que le correspondía a otra instancia y que ellos ya nada tenían que ver en eso. Ahora ya con esta ley, incluso algunos municipios ya anticipándose a lo que ocurriría, han constituido su comisión edilicia en estos temas y la propuesta es que todos los gobiernos municipales de Jalisco pueda crear su comisión puesto que ya es una obligación actuar en estos temas en calidad de coadyuvantes, proporcionando información, facilitar la comunicación, etcétera, aunque se sabe que no recae directamente la responsabilidad en ellos, pero sí están ahora obligados a participar en temas de búsqueda y de investigación”, explicó el legislador de la bancada del PAN, Jorge Eduardo González Arana.