JALISCO
Indignación popular cimbra a gobierno alfarista: Marchas, incendios, levantones en Guadalajara…72 horas de brutalidad y violencia
Por Mario Ávila //
Jalisco da muestras evidentes en un lapso de 72 horas, de ser víctima de la brutalidad en sus más variadas expresiones, desde la brutalidad policiaca con el asesinato del joven Giovanni López por haber cometido una fata administrativa al no portar cubrebocas estando en la calle, hasta la brutalidad política ya que justamente a un año de distancia de los procesos electorales del 2021, los dos partidos con mayor representatividad en la entidad, radicalizan su postura y se enfrascan en una guerra sin cuartel, que parece tener como escenario, un callejón sin salida.
Pasando también por la brutalidad en la procuración de justicia, al apostar por un arreglo entre las partes para resolver el delito, antes que procesar legalmente a los delincuentes y proteger a los ofendidos, como se debe hacer desde la Fiscalía del Estado y con el apoyo de la Coordinación General de Seguridad Pública del Gobierno del Estado.
Ni qué decir de la brutalidad con la que actuaron un grupo de manifestantes la tarde del jueves 4 de junio, quienes incendiaron patrullas y motocicletas; penetraron a las oficinas de Palacio de Gobierno y destrozaron mobiliario; pintaron la fachada del edificio histórico, quebraron vidrios, dañaron el mobiliario urbano y hasta le prendieron fuego a un elemento policiaco.
La seguidilla de asuntos brutales continuó con la reacción de los agentes de la Fiscalía, al actuar al más puro estilo de los cárteles del narcotráfico, con clásico “levantón” (secuestro o privación ilegal de la libertad) la tarde del viernes 5 de junio, en contra de casi un centenar de jóvenes en los alrededores de la Calle 14, donde se encuentran las oficinas centrales de la Fiscalía y en donde se había citado a una segunda manifestación exigiendo justicia por el asesinato de Giovanni, muerto en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, un mes atrás.
La brutalidad verbal también salió a relucir desde la cuenta de Facebook del gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, al lanzar una acusación directa en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como autor de la estrategia de la manifestación violenta en Palacio de Gobierno. Señalamiento del que al día siguiente tuvo que desdecirse para dejar solo la imputación del hecho a los miembros de su partido (Morena) con una instrucción tomada desde los sótanos de poder de la Ciudad de México.
Y la cereza del pastel y lo que tiene pasmada a la sociedad, fue el señalamiento del propio mandatario estatal, que con el fin de eximir de toda responsabilidad al Fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez, dijo que la violencia contra los jóvenes en las inmediaciones de la Fiscalía, vino de un grupo de la Fiscalía que obedecieron órdenes de gente del crimen organizado, desatendiendo con ello la instrucción de respetar el derecho a la libre manifestación, que habían dado tanto el gobernador como el Fiscal.
Todos éstos, son hechos nunca antes vistos en la historia de Jalisco y que tienen hundida en la zozobra a la ciudadanía, en espera de que la situación se pueda poner peor en los próximos días, ya que por un lado la autoridad estatal cree haber cumplido la tarea al tomar el control de la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, al capturar a tres elementos policiacos municipales y al haber citado a declarar al alcalde Eduardo Cervantes, que faltó al citatorio del viernes y este lunes tiene otro citatorio para comparecer ante la Fiscalía.
Sin embargo, la exigencia ciudadana va mucho más allá, en efecto la bandera principal es de justicia para Giovanni, pero además han planteado entre sus demandas la destitución del Fiscal, del Coordinador del Gabinete de Seguridad y hasta la renuncia del gobernador.
LOS HECHOS SON DE UN MES ATRÁS
Los trágicos acontecimientos ocurridos un mes atrás, se hacen del dominio público el miércoles 3 de junio, cuando el portal de internet LatinUs, presenta un video y una nota firmada por la reportera Tania Rosas, en donde se advierte en el encabezado “Jalisco: Por no usar cubrebocas, policía lo detiene y lo regresan muerto”.
El video filmado por Christian, hermano del ahora occiso, se advierte el forcejeo de un grupo de elementos policiacos en contra de Giovanni y en la discusión con los uniformados, en la que participa su tía Isabel, se hace referencia al reclamo de haberlo detenido por estar en la vía pública sin cubrebocas.
Los hermanos, se refiere, estaban sentados enfrente de su casa y en espera de que la tía los llamara para entrar a cenar, cuando llegó la patrulla con los uniformados y arremetió en contra de Giovanni, quien se resistió al arresto y por ello se hace uso de la violencia, que a todas luces resultó excesiva.
Incluso a sabiendas de la brutalidad de la que tienen fama para hacer las detenciones los policías de Ixtlahuacán de los membrillos y de la que ha quedado constancia en algunas quejas presentadas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en el video Christian le advierte al comandante que hablará con el alcalde y le exige que le entregue a su hermano vivo.
En posteriores declaraciones Christian ha relatado que el propio alcalde les dijo en una llamada telefónica que al día siguiente se los entregaría, por ello la tía se apersonó a la Comisaría tal como había quedado con el munícipe y ahí le dijeron que no estaba, que lo habían trasladado al hospital Civil. En el Civil no lo encontraron y fue después cuando finalmente le señalaron que había muerto y que pasara por el cadáver al IJCF, en donde recogieron el cuerpo con visibles huellas de tortura y con un balazo en un pie.
En la nota periodística hay un párrafo que cobra mucha relevancia y en el que se señala puntualmente: “Christian cambió de domicilio ante las amenazas, pero su familia no. Afirma que a través de un tercero, el presidente municipal le ofreció a su tía 200 mil pesos para que no difundiera el video en redes sociales, pero también les dijo que los mataría si la grabación se daba a conocer”.
Finalmente, la grabación salió a la luz pública el pasado miércoles 3 de junio y de ahí en adelante se han venido 72 horas de una grave crisis política y de gobierno, como nunca se había visto en los escenarios de mayor confrontación en la historia moderna de Jalisco.
RELEVANCIA INTERNACIONAL COBRA ABUSO POLICIACO
Una vez publicado en las redes sociales, el hecho cobró relevancia internacional y a ello siguieron expresiones de enojo y hasta de rabia, en donde destacaron publicaciones como la de Instagram en la cuenta de Salma Hayek, en donde sentencia: “Pedimos al gobierno de México JUSTICIA para Giovanni y para todas las personas afectadas por la brutalidad y la corrupción de algunos miembros de la policía Mexicana. Y ruego a los responsables de la seguridad pública que encuentren en sus corazones la fortaleza, humanidad y honorabilidad para proteger a nuestra gente que está tan necesitada de héroes y de esperanza. Cambiemos. #MeduelesMexico #justiciaparagiovanni.
El cineasta Guillermo del Toro expresó en sus redes sociales: “A más de un mes no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato”. Incluso al día siguiente al conocer los primeros 26 arrestos de jóvenes que se manifestaron frente a Palacio de Gobierno la tarde del jueves, Del Toro ofreció pagar la multa de los detenidos.
El actor Gael García Bernal, expuso con indignación: “Giovanni no murió, lo mató la policía. Giovanni no murió, lo mató la policía”.
La banda Molotov también hizo un pronunciamiento, que incluso es parte de una de sus canciones más representativas: “La policía te está asesinando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando”.
También hubo, claro está, reacciones en el terreno político. El pronunciamiento de Claudia Sheinbaum, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, fue: “En la ciudad no se permite y no se tolera, bajo ninguna circunstancia el abuso policial”; en tanto que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell planteó: “Enviamos nuestras condolencias. No estamos a favor de militarizar la salud pública”.
NO HUBO FLAGRANCIA EN LA MUERTE DE GIOVANNI, POR ESO TARDÓ UN MES
Macedonio Tamez, Coordinador del gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado.
La explicación que dio el coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado, Macedonio Tamez Guajardo, al haber mantenido oculta la investigación por el asesinato de Giovanni durante un mes, fue en este sentido: “Ojalá y hubiera sino mucho más rápido, pero quiero hacer un distingo entre un delito que se comete en flagrancia cuando en ese momento se detiene al causante, se le lleva ante la justicia, es lo que todos quisiéramos ver, cuando hay un delito que no es flagrancia como este”.
“Se enteró Fiscalía el 5 de mayo, se pidió la autopsia, el 6 de mayo se publicó en el boletín que se envía a medios y desde esa semana se fue integrando el expediente como estamos obligados a hacerlo en virtud del sistema penal acusatorio, finalmente se llegó a la conclusión acusatoria, ya hay tres detenidos, ojalá y hubiese sido más pronto, pero ya se dio, por lo pronto el reclamo de justicia para Giovanni ya se está satisfaciendo a plenitud por Fiscalía, sin perjuicio de que pueda haber más detenidos y sin perjuicio de que también por múltiples irregularidades intervenimos a la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos”, expuso.
Del caso del alcalde, Eduardo Cervantes, planteó: “El presidente estaba citado hoy y no se presentó. No está imputado todavía por eso no tenía por qué tener vigilancia. Pero está citado también para el lunes, aunque son carpetas de investigación diferentes, entiendo que una de las razones por las que se intervino a la policía fue el desorden en el que estaba esa corporación, por ejemplo, de los elementos activos la mitad no tenía aprobados exámenes de control de confianza, había gente dada de alta que no era policía, un desorden que implica ese tipo de conductas tan atroces. Eso nos motivó a intervenir hoy la corporación, ya están los elementos siendo sometidos a nuevos exámenes de confianza y en la medida que los aprueben serán sometidos a capacitación”.
“Por lo menos 37 policías fueron asegurados, la plantilla es de 68, había nada más 37 entregando turno, los demás no se presentaron, fueron trasladados y ya están siendo sometidos a exámenes. Obviamente no es un traslado forzoso, se pudieron haber negado pero creo que este es el camino para su rehabilitación, que aprueben los exámenes de confianza y que sean capacitados en derechos humanos y en el primer respondiente. La seguridad del municipio está hoy a cargo de un contingente de entre 40 y 50 elementos de la Policía de Jalisco, bajo el mando del secretario de seguridad”, dijo.
LA MANIFESTACIÓN DOMINICAL, AHORA DE FAMILIARES DE POLICÍAS
La esposa del comandante “J3” de la Fiscalía, Salvador Perea, acompañada de un grupo de familiares de policías detenidos y acusados de privación ilegal de la libertad y robo hacia los jóvenes en la manifestación del viernes, en las inmediaciones de la Fiscalía en a Cale 14, fueron los que escenificaron la manifestación del domingo a las puertas de Casa Jalisco.
Exigen al gobernador que no los utilice como “chivo expiatorio”, ya que ellos solo acataron órdenes de sus superiores, “por ejemplo mi esposo, él depende del J2, del Fiscal y del propio gobernador, él estaba aquí atrás de Casa Jalisco y desde ahí los mandan a la Fiscalía, les dicen que usen lo que tengan a la mano y lo que quieran palos o lo que sea”.
– Por Francisco Junco
El Partido Acción Nacional en Jalisco pidió a los gobiernos federal y estatal reactivar los fondos de emergencia y aumentar significativamente los recursos destinados a atender desastres naturales.
El dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, acusó al gobierno federal y al estatal de “insensibilidad, negligencia y abandono” frente a las tragedias causadas por las lluvias.
“Desde el PAN no nos vamos a callar. Exigimos que se restablezca el FONDEN y que el fondo estatal funcione de verdad”, afirmó.
Durante una rueda de prensa, Juan Pablo Colín estuvo acompañado por el diputado local Julio Hurtado, la secretaria de Promoción Política de la Mujer, Annia García, y el diputado federal Miguel Ángel Monraz.
Los panistas presentaron una agenda de acción inmediata para apoyar a las familias afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en entidades como Veracruz, Puebla e Hidalgo, así como en municipios de Jalisco como Puerto Vallarta, Tototlán, Tlajomulco y Zapopan.
Señalaron que la eliminación del FONDEN y la falta de prevención han dejado a miles de familias sin respaldo institucional.
El diputado Julio Hurtado anunció que impulsará en el Congreso de Jalisco un aumento del presupuesto del Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN), de 250 a mil millones de pesos para 2026.
Aseguró que la falta de recursos limita la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias.
“Puerto Vallarta y la zona costera son fundamentales para la economía de Jalisco. No podemos seguir improvisando cada año”, enfatizó.
Por su parte, el diputado federal Miguel Ángel Monraz adelantó que el PAN promoverá la creación de un fondo nacional de emergencias con un monto inicial de quince mil millones de pesos, y que en el Presupuesto Federal 2026 se destine el 0.4% del gasto público nacional —entre veintiocho y veintinueve mil millones de pesos— a un nuevo fondo permanente con reglas claras de operación.
“Lo importante es salvar vidas; lo urgente es tener recursos para apoyar a quienes lo perdieron todo”, sostuvo.
Con este pronunciamiento, el PAN Jalisco reafirmó su compromiso de seguir exigiendo transparencia, eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, para que se proteja la vida y el patrimonio de las familias mexicanas ante los desastres naturales y la falta de atención gubernamental.
– Por Mario Ávila
Luego de que las autoridades estatales y federales atendieron la solicitud de audiencia de los agricultores de Jalisco que reclaman un precio de garantía al maíz de 7 mil 200 pesos por tonelada, quedaron conjurados los bloqueos que durante 24 horas se realizaron en los accesos al Área Metropolitana de Guadalajara.
La representación de los campesinos quejosos, aceptó la propuesta de una reunión el próximo viernes 17 de octubre, en la que estarán presentes el delgado federal de la Secretaría de Gobernación, Antonio Pérez Garibay y el delegado federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Alfredo Porras Domínguez.
Con la representación del gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, en la negociación para levantar el bloqueo estuvieron el secretario General de Gobierno del Estado, Salvador Zamora y el secretario de Agricultura del Estado, Eduardo Ron Ramos, quienes escucharon a los agricultores que defienden su trabajo y el sustento de miles de familias.
“Desde Jalisco reconocemos su lucha y les damos nuestro total respaldo y gracias al diálogo y a la voluntad de construir, logramos establecer una mesa con la autoridad federal para atender sus demandas, y las vialidades fueron liberadas de manera pacífica”, planteó el 02 del Gobierno del Estado, Salvador Zamora Zamora.
Entre los bloqueos destacó el cierre de la caseta de cobro en Acatlán de Juárez en el kilómetro 40 de la carretera a Morelia; así como en la región de La Ciénega, en especial en la caseta de cobro de la autopista Guadalajara – Maravatío; lo mismo que en el municipio de Ocotlán.
– Por Mario Ávila
Luego de que el lunes fracasó la convocatoria a Casa Jalisco, ya que las fracciones de oposición en el Congreso del Estado desdeñaron la invitación, con excepción del PRI, la tarde del martes pudo darse «en cancha neutral» el encuentro entre el titular del Poder Ejecutivo con los legisladores de oposición.
En un restaurante de la colonia Americana se dió la reunión convocada por el gobernador Pablo Lemus, el secretario General de Gobierno, Salvador Zamora y el coordinador de la bancada de MC en el Congreso del Estado, José Luis Tostado, con los líderes opositores de Morena, PVEM, PAN PRI, Hagamos, PT y Futuro.
Poco pudo avanzarse en los acuerdos para sacar adelante la reforma al Poder Judicial, a pesar de que Jalisco es uno de los tres estados que ha incumplido con los términos de la ley federal, toda vez que el límite para reformar la ley en el Estado, venció el pasado 15 de febrero del 2025.
Movimiento Ciudadano no ha cumplido con los tiempos de ley y pese a tener en comisiones ya varias iniciativas para su estudio y dictaminación, han dejado pasar el tiempo.
Fue cuando los diputados de oposición acordaron dar primera lectura a una de las iniciativas para reformar al Poder Judicial, que la bancada naranja y el propio gobernador buscaron retomar el tema.
Al parecer no hay flexibilidad de las partes para discutir a fondo el tema, ya que han antepuesto asuntos menores para iniciar el diálogo.
El titular del Ejecutivo tenía como condición que las pláticas tuvieran lugar en Casa Jalisco; mientras que los legisladores de oposición, solo aceptaban dialogar en Hidalgo 222 es decir, en la sede del Congreso del Estado.
Otra de las condiciones del Ejecutivo, era entablar el diálogo de manera particular con cada una de las fracciones parlamentarias y no con todas al mismo tiempo.
Por ello, las cuatro horas que se sentaron a la mesa este martes, no arrojaron ningún resultado, ni con la presencia del gobernador, ni cuando Lemus abandonó el restaurante y dejó el encuentro bajo la coordinación del secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora.
– Por Francisco Junco
Después de más de veinte años de espera, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo promovido por el diputado federal Alberto Maldonado Chavarín, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) instrumentar las acciones necesarias para indemnizar a la Comunidad Indígena de Mezquitán, en el municipio de Zapopan, Jalisco, por la ocupación de sus tierras en la construcción y ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.
El documento legislativo recuerda que “en 2004 la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebró un convenio con la comunidad indígena de Mezquitán para ocupar 26-93-22.80 hectáreas de sus tierras”, con el compromiso de cubrir una indemnización que nunca se cumplió.
Ante esa omisión, la comunidad emprendió procesos legales que derivaron en sentencias favorables por parte de los tribunales agrarios, mismas que no habían sido ejecutadas hasta ahora.
En su exposición de motivos, Alberto Maldonado y el grupo de legisladores firmantes sostienen que: “los diputados federales del grupo parlamentario de Morena, especialmente quienes representamos a Jalisco, solicitamos cumplir con las sentencias dictadas por los Tribunales Agrarios, bajo los principios de justicia social y respeto a los pueblos originarios”.
En el documento legislativo, añaden, la resolución busca que “se haga justicia a esa comunidad y se concluya el proceso de indemnización que por más de 21 años ha quedado pendiente, afectando la dignidad, el patrimonio y los derechos de la Comunidad Indígena de Mezquitán”.
El punto de acuerdo aprobado por la cámara establece en su parte resolutiva que “la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes deberá instrumentar las acciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias de los juicios agrario y de amparo, a fin de garantizar las indemnizaciones a favor de la comunidad indígena de Mezquitán, municipio de Zapopan, Jalisco, evitando con ello mayor afectación a su patrimonio y a sus derechos colectivos”.
Con este acuerdo, el Congreso federal reconoce formalmente la deuda histórica con la comunidad y respalda el derecho de los pueblos originarios a la reparación del daño.
En palabras del propio documento legislativo, la resolución se inscribe “bajo los principios de justicia social y respeto a los pueblos originarios, eje primordial de la Cuarta Transformación”.
La Secretaría de Administración, a través del oficio SA/1241/2025, confirmó la “liberación de recursos correspondientes a la indemnización en favor de la comunidad indígena de Mezquitán”, en cumplimiento a lo instruido por el Poder Legislativo. En dichos documentos se reitera que el procedimiento se ejecutó “de conformidad con el marco jurídico y presupuestal vigente, atendiendo lo establecido por los órganos legislativos competentes”.
El caso de Mezquitán representa un precedente de reparación y justicia para las comunidades originarias del estado. Como se consigna en el propio acuerdo legislativo presentado por el diputado Alberto Maldonado, “la atención a las comunidades indígenas es una obligación moral y legal del Estado mexicano, que debe garantizar la justicia y la reparación a quienes han sido históricamente postergados”.
PAN Jalisco exige reactivar el FONDEN
Aprobada la Ley de Amparo en Cámara de Diputados, la oposición acusa “retroactividad disfrazada”
Agricultores retiran bloqueos en accesos carreteros al Área Metropolitana de Guadalajara
En «cancha neutral» retoman el diálogo sobre la reforma al Poder Judicial
