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JALISCO

La elección 2021, plagada de chapulines y camaleones: Acaparan Morena y MC a tránsfugas

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Por Mario Ávila //

Bien se dice que la elección del 6 de junio del 2021 será la más grande de la historia, y esto obedece particularmente al número récord de votantes potenciales que se habrán de incluir en el listado nominal y en el padrón electoral, lo que impactará en el número de casillas a instalar y en la cantidad de funcionarios que se habrán de requerir para realizar el proceso electoral. Sin embargo, bien podría presumirse también esta elección, como la de mayor cantidad de chapulines y camaleones en los 13 partidos políticos que inundarán las boletas electorales.

Particularmente en el caso de Jalisco, en las elecciones de alcaldes y diputados, habremos de ver las mismas caras con otros logotipos y los mismos partidos con otros rostros. Es decir, los personajes de la política serán los mismos que ya hemos visto en repetidas ocasiones, solo que portarán un disfraz diferente, darán un salto de un cargo público a otro, pero también habrán de transformarse en su apariencia, en su imagen, cual camaleones.

Muy atrás quedaron los tiempos en que los principios, los valores, el arraigo y la ideología, generaban un compromiso entre un militante y un partido político; hoy día eso no importa y lo que buscan es mantenerse en la nómina del erario público, defendiendo en una elección los colores de un partido y a la siguiente cual camaleones cambiando de piel, se dicen dispuestos a ofrendar sus vidas por el que antes era su partido adversario.

Y aunque se pueda pensar que lo más común es que la gente emigre de los partidos que van en declive en las preferencias ciudadanas, a los partidos que tienen un ascenso en las simpatías de los votantes, no necesariamente es esa la constante, ya que en todos los partidos vemos fichajes sorpresivos, de gente que se va de partidos que están en el gobierno, a instituciones que se encuentran en ciernes y que pocas o nulas posibilidades tienen de tener éxito, pero seguramente en el escenario de estos aventurados, se encuentra el hecho de que se les facilitaría más una candidatura con partidos chicos, pero en donde garantizarían al menos la posibilidad de alcanzar un premio de consolación, es decir una regiduría o una diputación por la vía plurinominal o de representación proporcional.

También podría pensarse que un político emigrara de un partido político a otro que tenga una ideología algo similar o muy cercana en lo que se considera el espectro político, pero también vemos sorpresivamente que a los políticos de hoy no les importa saltar de la extrema derecha a la extrema izquierda o viceversa, si de garantizar una candidatura se trata.

Claramente lo dijo el ex alcalde de Guadalajara y ex candidato a gobernador por el PRI, Eugenio Ruiz Orozco, que para él, cambiar de partido político, era como cambiar de equipo (en alusión al futbol) o como cambiar de sexo. Pero el pez por su boca muere y en su misma familia tuvo que ver un suceso de esta naturaleza, ya que Mónica Reynoso Romero, esposa de su sobrino, José Luis Orozco Sánchez Aldana y que se desempeñó durante tres años como titular del DIF durante el gobierno de su marido en Zapotlán el Grande, hoy dejó al PRI y emigró al naciente partido Hagamos, para convertirse en candidata a alcaldesa.

Esta es pues la elección en la que más gente habremos de ver con una máscara diferente a la que portó en la elección inmediata anterior y esta es la elección en la que seremos testigos de la mayor cantidad de cambio de identidad, de ideología, como si se tratara de un simple cambio de camisetas.

En las elecciones de munícipes veremos en todo el estado este fenómeno que denigra moral e ideológicamente a los partidos y a los candidatos y que a la vez seguramente habrá de confundir a los votantes.

Veremos por primera vez a Alberto Uribe contendiendo por la alcaldía de Morena en Zapopan, cuando fue un abanderado de primera línea de Movimiento Ciudadano; a Mariana Fernández, una de las militantes distinguidas del PRI, compitiendo por Morena a una regiduría en Guadalajara; a José María Martínez, un histórico del PAN, buscando una diputación por Morena; a una regidora de Morena en Tlaquepaque como Ana Silvia Gutiérrez, contendiendo por Hagamos para la alcaldía; al veterano de muchas batallas y muchos partidos Jorge Montoya, de ser funcionario en el gobierno de MC a candidato a la alcaldía de Tlaquepaque, de Futuro; a Sergio Chávez, ex alcalde de Tonalá por el PRI, ahora contendiendo para el mismo cargo, pero por Morena y también en Tonalá, a Juan Carlos Villarreal, diputado federal con licencia por Movimiento Ciudadano, compitiendo ahora por Hagamos.

REGISTRO DE CANDIDATURAS

Los movimientos de esta naturaleza, son infinitos, en un universo político electoral en el que, para la elección local en primera instancia fueron registrados ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 788 candidatos a presidentes municipales, de 13 partidos políticos y candidatos independientes, los que presentaron documentación completa y otros 880 están contrarreloj tratando de reunir todos los requisitos para obtener formalmente la candidatura a un puesto de elección popular.

El partido que más planillas completas presentó fue el Movimiento Ciudadano con 124 completas y una por completar; el PAN con 118 y 7 incompletas ó faltantes; el PRI 112 contra 13 y Hagamos con 111 por 14 incompletas ó faltantes.

Sigue la lista con Fuerza por México con 57 completas y 68 incompletas; el Partido del Trabajo con 47 completas y 78 por completar, el Partido Verde Ecologista de México 41 completas y 84 incompletas; Morena 36 completas y 89 por completar y lo mismo Futuro Jalisco.

El Partido Encuentro Solidario (PES) tiene 30 completas y 95 por completar, el Partido Redes Progresistas (RSP) con 28 completas y 97 por completar; el partido Somos, aparece con solo 6 candidaturas con documentación completa y 119 por completar, y el Partido de la Revolución Democrática con 26 planillas completas y 99 faltantes o incompletas.

Respecto a los candidatos independientes a un puesto de elección popular en la elección local, se anotaron 43 en total, pero solo 18 cumplieron con las planillas completas y hay 25 con planillas faltantes o incompletas.

LOS PRINCIPIOS SON RELATIVOS

Una leyenda urbana atribuye a Groucho Marx, uno de los grandes genios del humor y la comedia, la frase «Éstos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros». En realidad, apareció en un periódico de Nueva Zelanda en 1873, en la forma «Éstos son mis principios, pero si no les gustan, yo los cambio».

Esta parece ser la frase con la que los políticos que emigran de un partido a otro, se podrían identificar plenamente, dígalo si no la historia particular de cada uno de los que hoy dan un salto repentino y aparecen en el cuadrilátero de la política, no solamente en la esquina rival, sino con una nueva máscara, si se tratara del espectáculo de la lucha libre.

Maricela de Lourdes Meza Servín, nace el 15 de mayo de 1977 en Guadalajara, Jalisco y tiene su domicilio en la colonia Ladrón de Guevara, una zona habitacional de clase media alta, que tradicionalmente ha sido dominada por los candidatos del Partido Acción Nacional, de ahí que no era de extrañarse que al momento de llegar a la mayoría de edad, eligiera enrolarse a las filas albiazules para hacer política.

Durante más de 20 años abrevó de la ideología de Maquío, de Castillo Peraza y hasta de Diego Fernández de Cevallos y entregó sus mejores años al servicio de su partido como presidenta del Subcomité de su colonia, capacitadora estatal, representante general de distrito, secretaria de Acción Juvenil, coordinadora estatal de Comunicación y obtuvo algunas candidaturas como titular y suplente a puestos de elección popular.

Y su partido le pagó con creces, ya que su integración a la nómina en los gobiernos municipal, estatal y federal, fue constante desde que se desempeñó como asistente de la sala de regidores, hasta alcanzar rangos como Directora General Adjunta del Instituto Nacional de Pesca, pasando por el Registro Agracio Nacional y múltiples encargos en los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan.

Pero su experiencia en la política le dijo que el PAN iba en picada desde el año 2012, después de haber perdido identidad al fusionarse veladamente con la fuerza política que representaba Enrique Alfaro Ramírez, al menguar su credibilidad en el 2015 y al entregarse el partido por completo en cuerpo y alma en el 2018. Y no le quedó otra, que buscar cobijo en la expresión política que iba a la alza: Morena.

Finalmente, su perseverancia rindió frutos y hoy la podemos ver como integrante de la planilla del candidato de Morena a la alcaldía de Zapopan, Alberto Uribe Camacho. Y como ella, son varios los militantes de este partido, como Elías Íñiguez y José María Martínez, que inexplicablemente desde el punto de vista ideológico, dan el salto a Morena, en teoría un partido de izquierda.

En esa misma planilla de Morena a Zapopan, podemos ver en la candidatura suplente del propio candidato a alcalde, al empresario del ramo agroindustrial, José Roberto De Alba Macías, a quien identificábamos plenamente con la Confederación Nacional Campesina del PRI y después como director de Promoción Económica y Turismo en el ayuntamiento de Zapopan, en un gobierno de Movimiento Ciudadano.

Mariana Fernández: Emigra del PRI a Morena

En la planilla de Morena a Guadalajara que encabeza Carlos Lomelí Bolaños, el caso más relevante de un cambio de partido de última hora, se trata de la diputada local con licencia, Mariana Fernández, por el PRI, que apenas a 50 días de haber renunciado a su partido, lo que ocurrió el pasado 29 de enero del 2021, estuvo cerca de ser la candidata de Morena a la alcaldía de Zapopan, pero tuvo que conformarse con ser la número 2 en la planilla de Morena a Guadalajara.

En esa misma planilla se encuentran los casos de Elías Octavio Íñiguez Mejía, que renunció al PAN para integrarse como candidato a regidor de Morena en la quinta posición y en la cuarta se encuentra el nombre de María Candelaria Ochoa Ávalos, fue un activo importante de Movimiento Ciudadano y se enfrascó en la casaca de Morena.

Por lo que toca a la planilla de Pablo Lemus, candidato de MC a la alcaldía tapatía, también hay casos de chapulizanos, como el de la diputada local con licencia, Rosa Angélica Fregoso Franco, que fue electa por el Partido Verde Ecologista de México, pero a finales del año pasado optó por renunciar a su partido, extinguir a su fracción y ponerse a disposición de la bancada de MC en el Congreso del Estado.

EN TLAQUEPAQUE Y TONALÁ LOS NUEVOS PARTIDOS ABREN SUS PUERTAS A CHAPULINES

CASAS Y MONTOYA

En Tlaquepaque hay casos muy representativos de lo que es la política del chapulín y del camaleón; ahí están José Alberto Casas Reynoso, quien fuera diputado local por MC y hoy aspira a la alcaldía por el Partido Encuentro Solidario; por su parte Jorge Montoya Orozco ex militante del PRD, del PAN y después de MC, hoy aparece como candidato a presidente municipal por Futuro y Ana Silvia diputada local suplente por Morena, hoy es la candidata a la alcaldía por Hagamos.

Tonalá no se podía quedar atrás y al menos tres de sus candidatos, tenían otro origen partidista en el pasado proceso electoral: Sergio Chávez Dávalos, ex alcalde por el PRI, hoy es el candidato a presidente municipal por Morena; Juan Carlos Villarreal Salazar, un priista connotado, empresario del transporte público y presidente del Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios de Jalisco, que hoy es diputado federal con licencia por Movimiento Ciudadana, aspira a la alcaldía por Hagamos y Manuel Nájera, identificado plenamente como funcionario en gobierno del PRI, hoy busca ser presidente por el PVEM.

Fue así como los regidores de MC y de Morena en el ayuntamiento de Guadalajara, Rosalío Arredondo Chávez, y Benito Albarrán Corona, también irán por una curul al Congreso del Estado por el Partido Encuentro Solidario por los distritos 8 y 11; mientras que la ex priista, Xóchitl Elizabeth Vázquez Medel, será la candidata a la alcaldía de Guadalajara, por el nuevo PES.

Una actitud parecida utilizó el Partido Verde Ecologista de México, acostumbrado a ir siempre en alianza con los partidos ganadores, hoy que las condiciones en Jalisco son para competir y medir fuerzas y representatividad, uno a uno, se quedó sin candidatos y por eso espero a recoger los que quedaran damnificados en las elecciones internas de otros partidos políticos.

SALVADOR COSÍO

Salvador Cosío Gaona, es uno de los mejores ejemplos de los chapulines más connotados: ha coleccionado camisetas del PRI; después se hizo perredista; buscó ser dirigente de Morena en Jalisco pero no le dieron entrada por su forma enredosa de hacer política; en la pasada elección a gobernador participó de candidato por el PVEM y ahora pretende la alcaldía de Zapopan por las mismas siglas.

Con esa estrategia, echó mano de lo que podría ser su carta fuerte el diputado local con licencia por Movimiento Ciudadano, Luis Munguía González, quien coqueteó con Morena para obtener la alcaldía de Puerto Vallarta, si su partido no lo postulaba y finalmente se quedó como la novia de rancho, vestida y alborotada y en eso aparece como su gran salvador e PVEM, para concederle la candidatura que tanto anhelaba de intentar convertirse en alcalde de su tierra natal.

Entre los partidos denominados peyorativamente hace 10 años por PAN y PRI, como “la chiquillada”, se puede encontrar Redes Sociales Progresistas, que en el caso de la candidatura a presidente municipal de Zapopan, echaron mano de Polo Leal León, en militante del PRI.

CHAPULINES AL POR MAYOR EN EL SUR DE JALISCO

Los municipios y el distrito 19 del Sur de Jalisco, retratan fielmente lo que ocurre en el resto del Estado, son muy pocos los que se han quedado en su lugar, los que permanecen fieles a un mismo partido, los que respetan sus propios ideales y convicciones, todos le entraron al juego infantil de las sillitas y se fueron acomodando en las candidaturas de los partidos que mejores posibilidades de triunfo les ofrecían, sin importar si había coincidencia con su forma de pensar, con sus criterios, con sus valores y con sus principios.

Y ahí está como fiel ejemplo de ello el candidato a diputado federal por Morena, Luis Carlos Leguer Retolaza, que apenas a finales del año pasado aún militaba dentro del Partido Movimiento Ciudadano y antes lo había hecho durante muchos años en las filas del PAN.

La candidata a alcaldesa de Zapotlán, Mónica Reynoso Romero, decidió dejar al PRI, para postularse por Hagamos; Jorge Silva también dejó al PRI, para abanderar la candidatura a presidente municipal por Hagamos en Zapotiltic; mismo municipio en donde contenderá con la bandera del PVEM Selene Aldana Ruelas, quien ayer militaba en el PRI y Francisco “El Güero” Álvarez, le dio la espalda al PRD y descartó una casi segura reelección como alcalde de Tamazula, para aceptar la candidatura diputado local por Hagamos.

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CARTÓN POLÍTICO

Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos

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Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos

LAS NOTICIAS PRINCIPALES:

Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez

Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción

Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU

Mensaje del gobernador en el Informe de Quirino: «Tlajomulco es un ejemplo de coordinación y visión de futuro»

Primer Informe de Gerardo Quirino en Tlajomulco: Un gobierno siempre cerca, que escucha, atiende y resuelve

Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón

Carlos Urrea rescata a un héroe olvidado, presenta el libro «General Urrea: La Independencia de México»

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ENTREVISTAS

Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez

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– Por Gabriel Ibarra Bourjac

“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.

Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.

En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.

“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.

“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.

Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.

La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.

El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.

Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.

LA ENTREVISTA

Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?

Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.

Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.

GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?

FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.

GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?

FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.

GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?

El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.

FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.

GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?

FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.

GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?

FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.

GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?

FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.

GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?

FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.

GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?

FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.

GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?

FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.

GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?

FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.

GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?

FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.

 

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JALISCO

Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU

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– Por Francisco Junco

El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).

La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.

Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.

La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.

El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.

Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.

La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.

La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.

A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.

Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.

Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.

El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.

En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.

Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.

Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.

El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.

Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.

La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.

El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.

El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.

La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.

Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.

Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.

Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.

Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.

 

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