JALISCO
Obsoleto el modelo mexicano de gestión del agua: La obra del Zapotillo debe ser cancelada y desmantelada, señala la activista María González Valencia
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Por Diego Morales //
El modelo de gestión del agua que existe en el país es obsoleto y desde luego Jalisco no es ajeno a la situación, bajo esta premisa, si se quiere tener una política homogénea, proyectos como el Zapotillo deben ser cancelados y desmantelados, es la visión que expuso en “Los Sótanos del Poder” María González Valencia, activista y defensora de Derechos Humanos e integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC).
Uno de los temas que más se han debatido en la historia reciente de Jalisco es la construcción de la Presa El Zapotillo, en el cual María González resaltó la lucha digna que han tenido los pueblos por más de 15 años, en donde espera que impere la razón y tengan la justicia que merecen.
“Hablar de la Presa El Zapotillo es de muchos años que se ha querido imponer, son 15 años, es una presa proyectada en 2005 y que de manera ilegal, irregular, violando derechos humanos se echó a andar su construcción en 2009. Es el modelo de gestión de agua obsoleto que existe en México pero que desde luego existe en Jalisco, una alternativa como esta gran obra de infraestructura que sería la construcción de una presa que significa la inundación de más de 4 mil 500 hectáreas de tierra fértil, productiva, que significan el desplazamiento de tres comunidades campesinas milenarias, Temacapulin, Acasico y Palmarejo, que significa que el agua de la cuenca del Río Verde, uno de los últimos libres y limpios en Jalisco, sea represado con una serie de impactos ambientales, sociales y económicos muy altos”.
Agregó: “A 15 años, las comunidades han logrado detener la construcción de la presa, es importante que cuando hablamos del Zapotillo es un sistema que incluye un gran acueducto de 140 kilómetros que llevaría el agua de Jalisco hacia la Zona Metropolitana de León, es el vaso de la presa El Zapotillo y una especie de tinaco que sería la Presa el Purgatorio que estaría en la ciudad de Guadalajara. Es importante recalcar que a 15 años el avance total de este sistema va a un 40 por ciento, es un elemento esencial cuando las autoridades han querido imponer un falso argumento que la presa casi ya está, sin embargo, está a menos de la mitad, le falta muchísimo al sistema para que pueda operar y las comunidades le han llamado la presa de la corrupción”.
El Zapotillo, que 15 años después de su proyecto original ha incrementado su costo en un 350 por ciento es totalmente inviable, resaltó la activista en derechos humanos, quien propone a la vez escuchar a las comunidades afectadas, quien han buscado alternativas viables que no afecten su patrimonio y su dignidad.
“El caso del Zapotillo su costo original era de casi 8 mil millones de pesos cuando inició la obra, su costo actual en 2019 va en 35 mil millones de pesos, es un proyecto al 40 por ciento, en el cual se han incrementado 350 por ciento el costo original. La vida útil de una obra de infraestructura como una presa es de entre 25 y 30 años, esta presa ya lleva casi la mitad de lo que una presa tendría de vida útil sin haber funcionado. Son 15 años de irregularidades, de violación de derechos, de insistir las comunidades, comprobar que las presas en el mundo son una tecnología obsoleta, en Europa y Estados Unidos está prohibido en las legislaciones y lo que se está haciendo es desmantelar las presas, volver a reconstruir, a recuperar y regenerar los cauces de los ríos, esta tecnología es como si a nuestras venas les ponen dos ligas y tienen impactos gravísimos”.
Añadió: “En las comunidades en este momento ya no está la discusión de la altura de la cortina, si 80 metros, si 105, si se salvan los tres pueblos, si ponen diques o no, la historia es larga, es una historia de violación de derechos humanos y de irregularidades técnicas. El Zapotillo ha tenido estudios a modo, están documentados, son oficiales, la estrategia de las comunidades ha sido ejemplar, muy integral, las comunidades tienen el legítimo decir no a ese mega proyecto, porque los desplazaría de su territorio, porque es su cultura y su identidad. Sin embargo, las comunidades han tenido que demostrar y meterse a articularse con investigadores, académicos, mostrar alternativas, que existen, más económicas que el Zapotillo, alternativas para que este proyecto sea cancelado”.
LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DEL AGUA
A lo largo de su trayectoria y trabajo, María González expresó que ha realizado investigaciones para saber cuál es el principal problema del agua en Jalisco, la cual la ha llevado a una conclusión: su contaminación. Por ello, insistió en dejar atrás el modelo de gestión de agua que ha imperado, por considerarlo obsoleto y dar paso a la tecnología que abone no solo a mejorar las condiciones del vital líquido, sino a la captación y distribución del mismo.
«Desde nuestra investigación y trabajo, para nosotros la principal problemática en Jalisco es la calidad del agua que tiene graves problemas, su contaminación, de problemas de salud pública dramáticos, pandemias, es lo más grave que existe en Jalisco», dijo González Valencia.
«Hay otro tema que es el acceso y abastecimiento, pero el problema de fondo es que en realidad estamos empeñados en seguir empujando un modelo de gestión del agua obsoleto, desde una óptima tecnológica y científica, el modelo de agua que promueve Jalisco en los gobiernos pasados y el actual, y a nivel nacional, es un modelo deficiente, no funciona, no sabemos cuánta agua hay, el desperdicio de las tuberías porque es obsoleta, que no hay alternativa que se promueva. En este estado solo se promueven plantas de tratamiento, macro plantas de tratamiento, colectores y presas, punto», añadió la activista.
Agregó: “En el caso del acceso y abastecimiento, quién tiene el agua en Jalisco. Efectivamente hay población, se habla de un millón de personas, o se abastecen por pipas, tandeos, pero en dónde están esas personas, en las zonas más marginadas. El agua del Zapotillo no vendría a esas personas, la última investigación que hicimos, es que en Jalisco los 50 acaparadores del agua son refresqueras, cerveceras, las empresas farmacéuticas que están matando a la gente en el Río Santiago y algo que nos pareció alarmante, es que en su mayoría también son las empresas inmobiliarias, está comprobado que el agua del Zapotillo vendría para la industria que contamina, que no está regulada, porque la propuesta de revivir al Río Santiago no toca a la industria”.
Hay estimaciones que afirman que para que se termine el Zapotillo se necesitan por lo menos 35 mil millones de pesos más, agregando lo que se ha invertido, una fortuna que no solucionaría las problemáticas de fondo, por ello, hay propuestas de comunidades y colectivos con proyectos que con menos presupuesto otorgarían resultados más fructíferos en todos los sentidos.
“Todo el sistema costaría si va en tiempo, que lo vemos complicado, 70 mil millones de pesos. Los pueblos, la ciudadanía tienen derecho a decir no a todo proyecto que atente contra sus derechos. Las comunidades están proponiendo otras alternativas para sustituir el Zapotillo y llevar agua a León y Guadalajara, plantean todo un sistema integral de pozos, están articulados con universidades de Estados Unidos, que permitiría que viniera agua a Guadalajara, al Zapotillo y a Los Altos de Jalisco. Además, están trabajando con investigadores de la UNAM, de la UVM, todo un sistema de detección de fugas y reparación de tuberías, que son viejísimas, que producen enfermedades. Comprobaron que con una especie de tecnología digitalizada, sensores, puedes detectar cuando hay una fuga”.
Subraya: “En la captación de agua de lluvia, se tiene que cambiar la política pública, tenemos que ayudar a captar a los centros comerciales, obligar a captar a los grandes industriales, se hizo un estudio de los 37 centros comerciales que existen en Zona Metropolitana de Guadalajara, cuánto captarían, podrían abastecer a más de 9 mil personas en el temporal, está comprobado que es mucho más barato. En captación de agua de lluvia la experiencia más novedosa es la Ciudad de México, que está en la ley, están obligados los grandotes a captar. Pero en Jalisco, es realmente preocupante porque 15 años después, el gobierno de Enrique Alfaro creó una secretaría de gestión integral del agua, que no tiene de integral absolutamente nada. Ha creado una alianza con el gobernador de Guanajuato para imponer el Zapotillo”.
EL ZAPOTILLO DEBE SER CANCELADO
Teniendo como antecedente el accionar del gobierno federal en temas como el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que fue cancelado por considerarse un proyecto lleno de irregularidades y corrupción, la afirmación que hace María González es que el Zapotillo va en esta misma ruta, por lo cual debe ser cancelado, desmantelado y se debe pensar en el bienestar de las comunidades y no de los grandes empresarios del país.
“El Zapotillo es muy parecido o totalmente igual al Aeropuerto de la Ciudad de México en irregularidades. Es decir, si se quiere tener una política homogénea debe ser cancelado y debe ser desmantelado. Los más afectados si el Zapotillo se construye somos todos porque lo vamos a pagar, porque lo estamos pagando, y por supuesto Los Altos de Jalisco, una zona altamente productiva, el 80 por ciento del huevo que se consume en Jalisco es de ahí, es decir, una región que alimenta a México. No podemos olvidar a la Zona Metropolitana de León, que es este desarrollo industrial del Bajío, un coche necesita 280 mil litros de agua para poder ser elaborado, está comprobadísimo que el agua va a la industria automotriz, a la agro exportación, y a Guadalajara el agua vendrá en bloque, agua de uso urbano, que no está regulado en el país”.
Añade: “Tenemos que entrar a una discusión y un debate, las comunidades están preparadísimas, no solamente en la lucha contra el Zapotillo, sino en la lucha que se da en Jalisco por el agua. Ahorita la lucha de las comunidades será desmantelar, y justicia, hay irregularidades, hay corrupción, los gobiernos federales y de los dos estados rescatando a las empresas, el Zapotillo la construyen dos empresas españolas, corrupción, que es Abengoa, las comunidades se oponen a intereses poderosísimos, porque es un proyecto inviable, significa privatizar el agua, represar ríos limpios en Jalisco”.
PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
El momento histórico que vive la humanidad con la pandemia generada por el COVID19 es un llamado a atender todos los temas relacionados a la salud pública y bienestar de las personas, aseveró María González, en donde hace un llamado a escuchar la voz de las comunidades del Río Santiago y la Ribera de Chapala que han demandado por años que se declare emergencia ambiental y sanitaria en la región.
“Las luchas por el agua son luchas potentes, que movilizan. Creo que en Jalisco hay una lucha por el agua en todo el estado. Creo que nos toca recuperar a la gente el control del agua. No estamos decidiendo, deciden los gobiernos y los empresarios, quién la tiene acumulada, los gobiernos y los empresarios, para qué se usa, para los negocios, a costa de nuestra salud. Me parece que no son temas añejos, la calidad del agua que usamos en toda la Zona Metropolitana afecta nuestra salud, tiene contaminantes, porque nuestro sistema de saneamiento es deficiente, no es normal que en esta ciudad y estas comunidades la gente enferme y muera de enfermedades crónicas, tiene que ver con la calidad del agua, del aire y de la tierra”.
Subrayó: “Nos toca en los barrios, escuelas y comunidades recuperar el control social del agua, cuidarla. No debemos criminalizar a la gente, por lavar mi coche no está el gran responsable del agua, en este país se tiene que hacer reparación integral, Jalisco necesita un gobierno que le entre a reconocer las problemáticas, primero la de salud pública y luego a reparar integralmente el daño. No podemos permitir en la ciudad que estos pueblos sean despojados, porque han dado una lucha valiente, es el momento, la coyuntura de la ley general de aguas y la movilización nos tiene que llevar a recuperar nuestra agua”, puntualizó.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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