REPORTAJE
Tres ex secretarios de Aristóteles: Se dicen perseguidos políticos; ven mano negra de Hugo Luna

Por Mario Ávila //
Para el ex titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) del Gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, Salvador Rizo Castelo, es Hugo Luna, jefe de gabinete del actual mandatario Enrique Alfaro Ramírez, el autor de la campaña de persecución en contra de él y los otros dos ex secretarios de la Sedis, querella en la que se involucra también a Miguel Castro Reynoso y Daviel Trujillo Cuevas, a quienes se les sigue un proceso a través del que se les endilgaron medidas precautorias de arraigo domiciliario y que tendrá un receso de tres meses.
El argumento que se esgrime para dar pie a la persecución política en su contra, para Rizo Castelo es el haber iniciado un proceso de impugnación en contra de la primera y la más cuantiosa licitación que ha hecho Alfaro Ramírez en los 10 meses que van de su administración, el programa “A Toda Máquina”, en el que se invirtieron 3 mil 600 millones de pesos.
![]() Hugo Luna, jefe de gabinete del Gobierno del Estado de Jalisco |
El pasado lunes 14 de octubre, al reanudarse la audiencia de vinculación a proceso para los ex titulares de la Sedis, por presuntas ilegalidades en 60 convenios para dotar de recursos a asociaciones civiles, que involucran más de 14 millones de pesos, Salvador Rizo transmitió un mensaje a través de sus redes sociales, dirigido de manera directa a Hugo Luna, Jefe de Gabinete.
En el video se aprecia a Rizo Castelo a bordo de su automóvil y explicando: “Hola buen día, voy a declarar a la Fiscalía, porque pues yo le avisé a Hugo Luna que iba a iniciar una impugnación contra una licitación y me hizo el favor de denunciarme con una sarta de mentiras en un programa de organizaciones de la sociedad civil de cuando fui secretario de Sedis”.
Miguel Castro Reynoso, ex titular de la Sedis |
“Estoy muy tranquilo, y las organizaciones de la sociedad civil saben que nos condujimos con absoluta transparencia, el que nada debe, nada teme; pero Hugo, si quieres recuperar esos 14 millones de pesos que dices, pues mejor echa para atrás la licitación “A toda Máquina” y vas a tener para resolver lo de las Villas, una campaña contra el dengue y todos los demás problemas como el de seguridad que tiene el Estado”.
“Por cierto, ya te ví con los de Cabsa. Quieres metropolizar el tema de la basura. Oye, primero habla con los presidentes municipales y no con la empresa que te interesa coordine la metropolización. Saludos”, expone el ex secretario de la Sedis denunciado, Salvador Rizo Castelo.
La misma frase utilizada por Rizo Castelo en el sentido de que “El que nada debe, nada teme”, fue un recurso utilizado por el también ex secretario de la Sedis, Miguel Castro Reynoso, quien fuera candidato del PRI al Gobierno del Estado en la elección del pasado 1 de julio del 2018 y quien dijo estar seguro de que saldrá delante de este proceso judicial, “con la frente en alto y la dignidad intacta”.
“Tengan la certeza -dijo-, de que me he desempeñado con rectitud en los cargos públicos. Tengo mi conciencia tranquila. Por increíble que parezca, estoy siendo acusado por cumplir con mi deber. Se me acusa de apoyar a Organismos de la Sociedad Civil, de hacer efectiva la decisión de un Comité integrado por universidades, instituciones y expertos del sector social”.
“Me he formado -abundó-, en la cultura del esfuerzo y del trabajo. Jamás he actuado en forma indebida, por el contrario, me he empeñado en proteger y cuidar los recursos públicos de quienes ven a la corrupción como parte de sus planes. Hoy soy acusado, no por violar la ley, sino por mi manera de señalar y actuar frente a las injusticias y las equivocaciones del gobierno. Enfrento este proceso con integridad y decencia, porque lo que más valoro es la honestidad y seré breve: “El que nada debe, nada teme”.
Vale la pena mencionar que justamente Miguel Castro Reynoso es el tercer ex candidato a gobernador de Jalisco por el PRI, que habiendo competido el pasado 1 de julio del 2018 en contra del mandatario Enrique Alfaro Ramírez, hoy se ve denunciado penalmente y con riesgo de pisar la cárcel. Lo mismo ha ocurrido con Carlos Lomelí Bolaños de Morena y Salvador Cosío Gaona, del Partido Verde Ecologista de México.
Daviel Trujillo, ex titular de la Sedis |
SALE EL PRI EN DEFENSA DE SUS MILITANTES INVESTIGADOS
La dirigencia de PRI Jalisco también salió en defensa de los tres acusados que ocuparon la titularidad de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) en el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval y de manera oficial se manifestó su respaldo a sus compañeros Salvador Rizo Castelo, Miguel Castro Reynoso y Daviel Trujillo Cuevas.
Mediante un comunicado oficial, el CDE del PRI Jalisco advierte: “La rendición de cuentas, la transparencia y el cumplimiento de la ley, son condiciones irreductibles para la función pública. En el PRI estamos convencidos de que nuestro sistema político tiene una gran deuda con la sociedad: erradicar la impunidad y la corrupción”.
“Con relación al proceso que se sigue en contra de nuestros compañeros Salvador Rizo Castelo, Miguel Castro Reynoso y Daviel Trujillo Cuevas, queremos manifestar que tenemos plena certeza y confianza en su honorabilidad y honestidad, de la que queda constancia en los actos de su vida privada y a lo largo de su trabajo en los diferentes cargos públicos que han desempeñado”.
“No quisiéramos pensar que se trata de una acción de revanchismo o de persecución política. Es por ello que demandamos de la autoridad que, tanto en éste como en todos los casos, se actúe con estricto apego a la legalidad y que no se incurra en el uso faccioso de las instituciones responsables de la impartición de justicia”.
“No estamos a favor de proteger a quienes abusan de sus cargos. Estamos convencidos de que: ¡quien la hace, la pague! Lo que no se vale es que quienes no la deben, sean los que la paguen”, se planteó en el comunicado oficial.
SI ACASO HAY SANCIÓN ADMINISTRATIVA, ADVIERTE EL EXPERTO ABOGADO HÉCTOR ROMERO FIERRO
Para conocer algunos detalles con propiedad, sobre el delito del que se les acusa y de las posibilidades de éxito de la defensa de los ex secretarios de la Sedis, hablamos con el abogado, Héctor Romero Fierro, quien aseguró que en estricto derecho ellos no solo no deberían pisar la cárcel, ni siquiera deberían haberlos citado a declarar.
Romero Fierro es Corredor Público y por tano le está impedido litigar, sin embargo, es amigo de dos de ellos y por ese hecho está coadyuvando con la defensa del caso, con algunas ideas y con su experiencia profesional.
Y detalla: “Un secretario no puede atender todo el proceso de una Secretaría y mucho menos del tamaño de la Sedis, por eso hay tramos de control y para eso hay responsables en cada área; además la ley es muy clara al señalar que las organizaciones que se acerquen a pedir recursos, deben hacerlo de buena fe y deben acreditar que no tienen a funcionarios públicos como empleados, situación que olímpicamente ignoró la Fiscalía y por eso ahora pide plazo de tres meses para probar eso y ahora ya va ir al Registro Público de la Propiedad, cuando se les abrieron los ojos”.
“Ellos pretenden aclarar que los socios son funcionarios al momento de la entrega de recursos, pero solo con las actas constitutivas y algunas de ellas de 10 años antes, eso no prueba que tengan socios al momento en el que recibieron los recursos, simplemente prueba que se constituyó en aquella época con esos socios, pero pueden cambiar”, planteó.
Sobre si hechos de esta naturaleza logran que se pierda la confianza en la Fiscalía Anticorrupción, Romero Fierro explicó: “Mira yo creo que cuando el gobernador o un alto funcionario del Gobierno del Estado te pide determinada conducta y no te queda otra, pues no es un tema de la Fiscalía, de los que perdemos la confianza de haber actuado así es del Gobierno del Estado.
“Peor aún, cuando en asuntos tan graves como el de ‘A Toda Máquina’, no vemos que avancen en nada, no vemos ningún responsable, no vemos nada y en un asunto en donde insisto que ni delito hay, te avientan toda la carga desde la Fiscalía y mandan a sus mejores gentes a los juicios y demás… aquí es donde estamos parados en Jalisco”, expuso.
Sobre la posibilidad de que se trate de una reacción desde el poder Ejecutivo en contra del PRI por haber votado toda la fracción en el Congreso del Estado, en contra de la creación del nuevo Constituyente, el Corredor Público, Héctor Romero, reflexionó: “Estas denuncias son más viejas, no es coincidente, pero definitivamente sí hay una persecución contra funcionarios de la administración anterior. En este caso me queda claro que es una persecución política, pero en otros casos de funcionarios de la pasada administración, si hay delito, pues que los claven hasta el último rincón y qué lástima que cerraron las Islas Marías porque se merecían estar allá, pero todavía contra ellos no vemos ninguna consignación también”.
“No necesita uno ser brujo -dijo-, para entender que esto es una persecución contra tres gentes que en realidad no tienen delito alguno, eso no es querer precisamente cumplir con la Ley Anticorrupción; hay los elementos para presumir que es un tema político, tan es así que los delincuentes entran y salen de la cárcel y acá se pretendía por una cosa que ni siquiera es delito y que en todo caso pudiera consistir en una sanción administrativa, detenerlos y hasta aplicarles la prisión preventiva oficiosa”.
“Y lamentablemente -abundó-, los someten a unas medidas cautelares que para mi son exageradas, entonces tendrán ellos que interponer un medio de defensa y lo más seguro es que al primer amparo que interpongan les darán la razón, porque ni siquiera por el tipo de acusación que se les hace, deben ser sujetos a una medida precautoria”.
Finalmente se le cuestionó si este caso podría correr la misma suerte que el del panista Antonio Gloria Morales y la respuesta fue contundente: “Sin duda alguna… nada más que el caso de Antonio Gloria fue más grave porque acuérdate que era un delito viejo, entonces le aplicaron las reglas del proceso penal antiguo; en este caso afortunadamente la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez, y aquí sí lo tengo que decir abiertamente, entendió que no podía aplicarles la prisión preventiva oficiosa y entonces los dejaron con estas medidas, pero la petición de las gentes del Gobierno del Estado, era la prisión preventiva oficiosa”.
JALISCO
Comunidad Indígena de Mezquitán: Exigen a la presidenta Sheinbaum cumplir con indemnización por sus tierras

Por Raúl Cantú //
El caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan, Jalisco, refleja una deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas, marcada por el incumplimiento de acuerdos de indemnización por la ocupación de 26.93 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río (carretera a Saltillo) desde 2004.
A continuación, se ordena cronológicamente el texto proporcionado, destacando los periodos de los presidentes de México responsables por omisión o acción del incumplimiento de los convenios firmados con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT, antes SCT), y se contextualizan las políticas indigenistas de cada administración para subrayar la negligencia institucional. La información se complementa con datos de fuentes externas cuando es relevante, citadas conforme a las guías establecidas.
CONTEXTO HISTÓRICO Y LEGAL
Año 1690: La Comunidad Indígena de Mezquitán fue constituida mediante un Título Virreinal, reconocido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y respaldado por una resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Este título acredita a la comunidad como propietaria legítima de las tierras afectadas, que han defendido por más de 335 años.
1999 (Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000, PRI):
Evento: La SRA inicia pláticas y trabajos de campo para el proyecto de ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.
Contexto: Durante el gobierno de Zedillo, se promovió la modernización de infraestructura, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron limitadas, enfocándose más en reformas neoliberales que en la protección de derechos territoriales. No se registra un incumplimiento directo en este periodo, ya que las negociaciones apenas comenzaban, pero se sientan las bases para el proyecto que derivaría en el conflicto.
Periodos presidenciales con incumplimientos (2004-2025)
Vicente Fox Quesada (2000-2006, PAN):
Eventos clave:
5 de noviembre de 2003: La SRA sugiere iniciar el trámite expropiatorio y el pago por las tierras ocupadas para la ampliación de la carretera.
3 de marzo de 2004: Se firma el primer Convenio de Ocupación Previa entre la Comunidad Indígena de Mezquitán y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), comprometiendo el pago del 50% del monto indemnizatorio tras un avalúo de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Incumplimiento: La SCT no realizó el pago acordado ni gestionó el avalúo.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de Fox priorizó el desarrollo de infraestructura, pero su política indigenista fue criticada por su falta de acción concreta tras el levantamiento zapatista. La SCT, bajo su administración, firmó el convenio inicial, pero no cumplió, iniciando una cadena de dilaciones que afectó a las 333 familias de la comunidad, integrada mayormente por mujeres y adultos mayores. Este incumplimiento marcó el inicio de una deuda histórica.
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012, PAN):
Eventos clave:
7 de mayo de 2007: Se firma un Convenio de Depósito en Garantía, estableciendo un avalúo de $39,065,272.13 (aproximadamente $145 por metro cuadrado) por 26.93 hectáreas. La SCT paga $4,000,000 (10% del total) y se compromete a gestionar el 40% restante para completar el 50% acordado. Incumplimiento: No se gestionaron los recursos ni se completó el pago.
28 de diciembre de 2007: Se firma un segundo Convenio de Depósito en Garantía, con un pago parcial adicional de $1,639,268.52 (4% del avalúo). La SCT reitera su compromiso de completar el 50% del monto indemnizatorio. Incumplimiento: Por tercera vez, no cumple con el pago ni gestiona los recursos.
Análisis del incumplimiento: La administración de Calderón se enfocó en la seguridad y el combate al narcotráfico, relegando los derechos indígenas. A pesar de los convenios firmados, la SCT utilizó tácticas dilatorias, limitándose a pagos parciales insignificantes (14% del total acordado) y dejando a la comunidad en un limbo burocrático. Este periodo consolidó la percepción de racismo institucional, ya que, como señala el abogado Luis Antonio Rocha, la SCT no habría actuado con tal negligencia frente a una empresa privada.
Enrique Peña Nieto (2012-2018, PRI):
Eventos clave:
2012-2017: La comunidad sostiene entrevistas con funcionarios de la SCT, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y otras dependencias federales, sin obtener soluciones ni avances en el pago de la indemnización acordada en 2004 y 2007. Incumplimiento: Ninguna autoridad mostró voluntad de cumplir con los convenios .
29 de enero de 2017: La Asamblea de la Comunidad Indígena de Mezquitán aprueba iniciar demandas y juicios para exigir el cumplimiento de los convenios de 2004 y 2007.
22 de agosto de 2017: La comunidad presenta una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 (expediente 222/16/2017), contra la SCT, la Presidencia de la República y la SEDATU.
3 de abril de 2018: La SCT, la SEDATU y la Presidencia (Peña Nieto) responden a la demanda con argumentos improcedentes, según la comunidad, en lugar de cumplir con los convenios.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de Peña Nieto promovió reformas estructurales, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron superficiales, con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) teniendo un rol limitado. La falta de acción para resolver el caso de Mezquitán, a pesar de las reuniones con funcionarios, y la respuesta evasiva a la demanda reflejan una continuidad en las tácticas dilatorias. La comunidad se vio obligada a litigar, enfrentando una burocracia que perpetuó la marginación de sus derechos.
Andrés Manuel López Obrador (2018-2024, Morena):
Eventos clave:
28 de octubre de 2021: El Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 emite una sentencia parcialmente favorable, ordenando a la SICT pagar las cantidades acordadas en los convenios, pero condiciona la actualización del monto a un decreto expropiatorio. La comunidad presenta un Recurso de Revisión (125/2022) para exigir un avalúo actualizado por el INDAABIN sin necesidad de expropiación.
3 de marzo de 2022: El Tribunal Superior Agrario admite el Recurso de Revisión. Las autoridades federales (SICT, SEDATU) promueven un Juicio de Amparo Directo, considerado improcedente por no agotar el principio de definitividad, retrasando el proceso por casi dos años.
16 de febrero de 2023: El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito desestima el amparo por unanimidad, confirmando su improcedencia.
22 de noviembre de 2023: El Tribunal Superior Agrario resuelve el Recurso de Revisión a favor de la comunidad, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.
26 de diciembre de 2024: La Consejería Jurídica Federal promueve otro amparo (expediente 30/2024), que es declarado improcedente por el Séptimo Tribunal Colegiado, notificándose el 5 de enero de 2025.
Protestas y manifestaciones: Durante este periodo, la comunidad realiza bloqueos intermitentes de la carretera a Saltillo (2018, 2021, 2024) y de la avenida Lázaro Cárdenas (2024, 2025) para exigir el pago.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de López Obrador promovió una narrativa de apoyo a los pueblos indígenas, con la creación del INPI y proyectos como el Tren Maya, pero en el caso de Mezquitán, la SICT continuó con tácticas dilatorias, incluyendo amparos improcedentes que retrasaron el proceso. A pesar de sentencias favorables en 2021 y 2023, la falta de acción para ejecutar el avalúo y el pago perpetuó el incumplimiento, afectando a más de 300 familias. Las protestas de la comunidad reflejan su frustración ante la falta de voluntad política, a pesar de los avances legales.
Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2025, Morena):
Eventos clave:
26 de diciembre de 2024: El amparo promovido por la Consejería Jurídica Federal es declarado improcedente, confirmando la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior Agrario de noviembre de 2023.
31 de enero de 2025: La comunidad presenta un escrito ante el Tribunal Superior Agrario solicitando la ejecución de la sentencia.
6 de febrero de 2025: El Tribunal Superior Agrario acuerda instruir a su Dirección de Asuntos Jurídicos para verificar si existe un amparo pendiente, a pesar de que la sentencia es firme.
6 de mayo de 2025: El Tribunal Superior Agrario ordena devolver los expedientes al Tribunal Unitario Agrario 16 para la ejecución de la sentencia, conforme al artículo 191 de la Ley Agraria. Sin embargo, los expedientes no han llegado al tribunal.
14 de mayo de 2025: La SICT informa que no ha recibido requerimiento del Tribunal Unitario Agrario 16 para que el INDAABIN realice el avalúo, manteniendo el retraso.
16 de mayo de 2025: Se reporta que el Tribunal Unitario Agrario 16 llevará a cabo la ejecución de la sentencia, ordenando al INDAABIN realizar el avalúo, pero el proceso sigue pendiente.
Análisis del incumplimiento: La administración de Sheinbaum, que declaró 2025 como el “Año de la Mujer Indígena” y promovió reformas constitucionales para los derechos indígenas, heredó un conflicto de 21 años. A pesar de la sentencia firme de 2023 y la recomendación de la Consejería Jurídica Federal para cumplir, la SICT persiste en retrasar el avalúo, argumentando falta de notificación. La comunidad, apoyada por el INPI y organizaciones civiles, exige a Sheinbaum intervenir directamente, destacando que la burocracia sigue violando los derechos de más de 300 familias, mayormente mujeres y adultos mayores.
Estado actual (mayo de 2025)
La sentencia del Tribunal Superior Agrario (22 de noviembre de 2023) es firme, sin recursos legales pendientes, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.
La comunidad denuncia tácticas dilatorias de la SICT, como la excusa de no haber sido notificada, y del Tribunal Superior Agrario, que no ha agilizado la ejecución.
El monto original de $39,065,272.13 (2007) debe actualizarse a valor comercial, lo que podría superar significativamente los $54 millones estimados en 2018, dado el valor actual de los terrenos junto a la carretera.
La comunidad, liderada por Saúl Rodríguez Barajas, ha recurrido a manifestaciones pacíficas, como bloqueos de la carretera a Saltillo y la avenida Lázaro Cárdenas, para visibilizar su lucha.
La Consejería Jurídica Federal recomienda a la SICT cumplir con la sentencia, pero el proceso sigue estancado por la falta de acción del Tribunal Unitario Agrario 16 y la SICT.
CONCLUSIÓN
Los presidentes Vicente Fox (2004-2006), Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018), and Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) son directamente responsables por el incumplimiento de los convenios de indemnización firmados en 2004 y 2007, al no garantizar que la SCT (ahora SICT) cumpliera con los pagos acordados. Sus administraciones utilizaron tácticas dilatorias, como pagos parciales insignificantes, negativas a gestionar recursos y amparos improcedentes, perpetuando una deuda de más de 21 años que afecta a 333 familias.
Claudia Sheinbaum (2024-2025) enfrenta un conflicto heredado, pero la falta de acción inmediata de la SICT y los tribunales agrarios continúa violando los derechos de la comunidad, a pesar de su compromiso declarado con las mujeres indígenas.
La Comunidad Indígena de Mezquitán, con un título virreinal de 1690 y sentencias favorables, representa un símbolo de resistencia frente al racismo institucional y la burocracia. Su lucha, respaldada por el INPI y organizaciones civiles, podría establecer un precedente para otras comunidades indígenas si se logra el pago. La comunidad solicita a la presidenta Sheinbaum intervenir para ordenar la ejecución inmediata del avalúo y el pago, conforme a la Ley Agraria y las reformas de 2025, para cerrar este capítulo de injusticia.
ATENTAMENTE
COMISARIADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
DE MEZQUITÁN, ZAPOPAN, JALISCO, MAYO DE 2025
JALISCO
Liconsa y sociedad civil unen esfuerzos en Jalisco: Convenio pretende beneficiar a 100 mil familias

Por Francisco Junco //
De gran trascendencia social resultará el acuerdo firmado entre la Unión de Asociaciones con Causa, A.C. y la paraestatal Liconsa en el Centro Internacional de la Amistad el pasado jueves 22 de mayo. Así lo aseguró el gerente nacional de abasto de Liconsa, Víctor Hugo Pérez Rojas, gerente nacional de la paraestatal, ya que se pretende llegar a más de 100 mil hogares en Jalisco con este programa social.
“Es una gran bendición aliarnos con la sociedad civil para llegar a todos los rincones de México”, afirmó Víctor Hugo Pérez Rojas, gerente nacional de Liconsa, en entrevista con Conciencia Pública.
Un convenio para el cambio social
El convenio, firmado por Rubén Ramírez Castellanos (gerente estatal de Liconsa), Pérez Rojas, y José Luis Gutiérrez Villarroel (presidente de la Unión), representa una alianza estratégica entre el gobierno federal y más de 100 organizaciones civiles.
Óscar Abrego de León, director de la Unión, destacó su objetivo: “Queremos que este programa sea permanente, beneficiando a miles de familias en Jalisco”. Con 81 años de historia, Liconsa busca expandir su impacto, pasando de 6.3 millones de beneficiarios nacionales a 10 millones para 2030, apoyando a sectores vulnerables como adultos mayores, comunidades indígenas y zonas marginadas.
Pérez Rojas subrayó la calidad del producto: “Compramos leche a 2,800 productores en 54 centros de acopio, distribuida en 12,000 lecherías a precios diferenciados”. El programa no solo nutre, sino que fortalece la economía local al apoyar a pequeños y medianos ganaderos.
Además, anunció planes para abrir plantas industrializadoras en Campeche y Michoacán, generando más oportunidades para el sector. “Invitamos a todas las asociaciones civiles a unirse para llevar este beneficio a más derechohabientes”, añadió, enfatizando el rol clave de la sociedad civil.
La fuerza de la sociedad civil
José Luis Gutiérrez Villarroel celebró la unidad lograda: “Sin colores ni divisiones, trabajamos por una sola causa: servir”. La Unión, que reúne a asilos, guarderías, centros comunitarios y más, se ha convertido en un motor de cambio social en Jalisco. Abrego resaltó su agilidad: “Somos la institución social más dinámica del estado, gracias a la colaboración de todos”. Más de 100 organizaciones ya forman parte del convenio, con otras en proceso de incorporación tras resolver deficiencias documentales. “Es un día histórico para las organizaciones sociales y su vínculo con el gobierno”, afirmó.
Rubén Ramírez, delegado de Liconsa en Jalisco, destacó el impacto local: “Liconsa llega diariamente a 300,000 hogares jaliscienses, entregando no solo leche de calidad, sino esperanza e igualdad”. La alianza permitirá ampliar esta cobertura, priorizando a los más necesitados. “La sociedad civil es el motor de nuestro esfuerzo”, dijo, agradeciendo a líderes como Abrego y Gutiérrez por su trabajo en conectar al gobierno con la ciudadanía.
Leche del Bienestar: Un legado renovado
Con 81 años desde su fundación en 1944 bajo Manuel Ávila Camacho, Liconsa ha evolucionado, adoptando el nombre Leche del Bienestar en abril de 2025, como anunció Antonio Talamantes Geraldo, director de Operaciones. Este cambio refleja el compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum con los sectores vulnerables, fortaleciendo la producción nacional y reduciendo la dependencia de importaciones.
“Leche del Bienestar garantiza nutrición y apoya a ganaderos con precios justos”, señaló Pérez Rojas, recordando que el programa ofrece hasta 24 litros semanales por hogar a $7.50 el litro.
El convenio también fortalece la economía local. “Apoyamos a productores jaliscienses, generando un ciclo virtuoso de nutrición y desarrollo”, explicó Ramírez. La unión, por su parte, asegura que el programa llegue a comunidades marginadas, como las de Zapopan, donde proyectos similares ya fueron aprobados. Abrego anunció que iniciativas presentadas al Gobierno del Estado y Guadalajara también están en camino de ser autorizadas, consolidando a la Unión como un referente de colaboración intersectorial.
Un día histórico para Jalisco y México
La firma del convenio, con Gabriel Ruiz Huerta y Arturo Guillén como testigos de honor, simboliza un nuevo modelo de colaboración. “Solo a través de alianzas estratégicas la sociedad civil puede empoderarse”, afirmó Abrego. Para Rubén Ramírez, este acuerdo “genera esperanza y oportunidades, llevando una gota de bienestar a miles de hogares”.
Pérez Rojas lo calificó como “un día histórico para México”, destacando el papel de la sociedad civil en combatir el hambre y mejorar la economía.
El impacto del convenio trasciende Jalisco. Con más de 100,000 hogares como meta inicial, la alianza sienta un precedente para otras entidades, mostrando que la unión entre gobierno, empresarios y ciudadanos puede generar soluciones reales. Leche del Bienestar, respaldada por la Unión de Asociaciones Civiles con Causa, no solo lleva nutrición, sino también un mensaje de esperanza: juntos, es posible construir un México más justo y solidario.
RECONOCIMIENTOS A LA SOLIDARIDAD
El evento incluyó la entrega de reconocimientos a figuras destacadas por su compromiso social. José de Jesús Martínez Alcántara, de la Asociación Civil Miriam y Erick, fue galardonado por mejorar la calidad de vida de niños con parálisis cerebral. Cintia Muñoz recibió un homenaje por su defensa de los derechos humanos y la cultura de paz. Rubén Íñiguez González, director de La Voz de Jalisco, fue reconocido por su aporte al periodismo libre. Juan Manuel Estrada, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Arturo Guillén Arámbula, del Consejo Económico Empresarial de Jalisco, fueron distinguidos por su trabajo en el desarrollo social y empresarial.
Además, se realizó un reconocimiento especial por 50 años de trayectoria como cantante de la música mexicana a Valente Pastor, originario de El Grullo, Jalisco.
El máximo galardón, “Alma de la Sociedad”, se otorgó a Raúl Vázquez Nungaray, descrito por Abrego como alguien que “vive” la labor social con pasión. “Raúl no trabaja en estas causas; las experimenta de manera natural”, subrayó. Estos reconocimientos reflejan el espíritu de la Unión: unir esfuerzos para transformar vidas.
JALISCO
Inauguran centro de distribución de Súper ISSSTE en Jalisco: Es el segundo más grande del país

Por Diego Morales Heredia //
Con la finalidad de fortalecer el abasto en la región, el SUPERISSTE inauguró un nuevo Centro de Distribución (CEDIS) en Guadalajara, el segundo más grande del país, que servirá como punto de enlace con ciudades cercanas para garantizar productos al mejor precio para los consumidores.
Este nuevo centro está ubicado en una de las tiendas que ya cuentan con productos, en el oriente de Guadalajara. La inauguración contó con la presencia de Dunia Ludlow, directora de SUPERISSSTE, quien resaltó este avance que tendrán en estructura que les servirá para brindar un mejor servicio a todos los mexicanos.
“Inauguramos el centro de distribución que va a garantizar el abastecimiento de esta sucursal que tenemos para ir ampliando nuestro piso de venta. Ahorita utilizamos el 25 por ciento del total disponible, tenemos posibilidad de introducir a los proveedores que quieran comercializar sus productos con nosotros, este centro es importante porque incrementa las frecuencias de abastecimiento a las tiendas cercanas respecto al otro centro que tenemos en Ciudad de México”.
Dentro de los beneficios, resalta que se garantiza el mejor precio de los productos que ofertan, ya que no tienen como propósito tener utilidades como otras tiendas de servicio, además de abrir la posibilidad de que productores, proveedores y empresarios locales se sumen a este proyecto en beneficio de los jaliscienses.
“Estamos teniendo más abasto. Las familias y los habitantes de Guadalajara, estamos en una colonia popular, cerca del metro, garantizamos tener buenos precios. Nosotros buscamos garantizar el abasto a bajo costo más allá de las utilidades que buscan las cadenas comerciales. También está la posibilidad de que productores, distribuidores y empresarios locales puedan inscribirse con nosotros y puedan crecer sus compañías y hacer crecer a las tiendas del Súper ISSSTE”.
En el mismo orden de ideas, la funcionaria federal espera que se sumen empresarios a SUPERISSSTE, y que para hacer esto posible ya trabajan en coordinación con el gobierno de Jalisco y las cámaras empresariales para que cumplan con los requisitos y se conviertan en proveedores de las tiendas.
“Tenemos un portal abierto a todo el público; ahí cualquiera que cumpla con los requisitos, con la normativa, garantizando los precios que se deben tener en nuestras tiendas, puede garantizar sus productos de manera transparente, sin intermediarios. Además, entendiendo que no todos los empresarios cumplen con esta normativa hasta tener su código de barras, si necesitan otro acompañamiento, estamos teniendo acercamientos con la Secretaría de Desarrollo Económico en Jalisco y las cámaras empresariales para que, a través de ellos, puedan acercarse a estas secretarías locales para cumplir con los requisitos para ser proveedores”.
Con la apertura de este nuevo CEDIS, ahora sigue ofrecer más productos hasta llegar a la meta de poder ofertar toda la canasta básica a los ciudadanos, por ello, esperan tener pronto a la venta frutas, verduras y cárnicos.
“Nos falta mucho por hacer, nuestro compromiso es lograr optimizar y cubrir todo el piso de venta que tenemos, nos falta introducir más producto, lo que más nos importa y apremia es que todos los habitantes puedan adquirir la canasta básica completa, esperamos pronto vender frutas y verduras, cárnicos, para que puedan hacer su súper completo”.
Emocionada, Dunia Ludlow hizo un recorrido por la tienda en Guadalajara, recordando que una de sus metas es que esta tienda se popularice y sea de gran utilidad para los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
“Cuando estaba pequeña, mi mamá me llevaba a las tiendas del Súper ISSSTE. Las personas que tuvimos esta experiencia, en tiendas muy grandes, tengo esa añoranza y nostalgia. Para garantizar este derecho, es emotivo recuperar instituciones, porque recuperamos derechos que tienen las personas a un abasto a bajo costo”.
En el evento, también se firmó un convenio con el INAPAM junto con Gerardo Galicia Juárez para que las personas adultas puedan tramitar su tarjeta directamente en la sucursal de Guadalajara, otro de los beneficios que tendrán en la tienda Súper ISSSTE.
“Invito a todos los ciudadanos a venir a la tienda en Guadalajara, abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche; está cerca del Tren Ligero, tiene estacionamiento, esperamos pronto crecer esta tienda y que sea del gusto de todos los ciudadanos”, puntualizó.
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