Cada día desaparecen en Jalisco a siete personas: Es el estado númeo uno en el país

Por Mario Ávila //

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), denunció la impunidad total que se registra en Jalisco en graves delitos como es la desaparición y la tortura. En el caso de las desapariciones, del 1 de enero del 2008 al 30 de junio del 2019 se contabilizan 9 mil 080 personas desaparecidas y a la fecha únicamente se cuenta con 3 sentencias condenatorias (0.03%); en tanto que en materia de tortura, de 1997 al 30 de septiembre del 2019 la CEDHJ recibió un total de 1 mil 530 quejas, de las que se desprenden más de 2 mil víctimas sin que haya una sola sentencia, es decir con un 100% de impunidad.

La gravedad del problema de las desapariciones en Jalisco, queda en evidencia con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en donde se revela que en 2018 había 40 mil hogares con una víctima de desaparición forzada en el país. Jalisco ocupó el primer lugar con más de 7 mil 117 carpetas de investigación por desaparición forzada, que equivalen a 17.75% del total de las que ocurren en el país.

Hasta el momento, el total de personas desaparecidas en Jalisco durante la administración de Enrique Alfaro es de 1 mil 951, según datos del propio titular del Poder Ejecutivo, lo que significa casi 7 desapariciones por día.

Del total de desaparecidos, el mandatario destacó que durante los primeros 10 meses de la administración, se han localizado 2 mil 153 de las cuales 1 mil 920 han sido con encontradas con vida y 233 ya fallecidas. Informó además que el 72% de las personas localizadas corresponden a mujeres.

En este escenario crítico y con algunas discrepancias en las estadísticas, Alfaro Ramírez, anunció nuevas estrategias para atender el dilema, entre las que destacó haber enviado al Congreso del Estado la Ley de personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, la Ley para la Declaración Especial de Ausencia y la Ley de Atención a Víctimas. Al mismo tiempo prometió que en 2020 estará diseñado el Programa de Personas Desaparecidas y habrá un Incremento del 20% en el presupuesto de todo el sistema.

Justo en este punto del presupuesto, el CEPAD externó una inconformidad, por las diferencias importantes entre el presupuesto que Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco, anunció el 7 de octubre del 2019 en el marco de la presentación de la segunda etapa de la Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, presentado al Congreso del Estado el pasado 1 de noviembre.

Se detalla en un comunicado mediante el que se expresa la molestia, que “a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas prometió que serían asignados 121 millones de pesos, pero en el proyecto de presupuesto de egresos aparecen solo 93 millones 384 mil 905 pesos; al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se comprometió a dotar con 250 millones 300 mil pesos y en el presupuesto se asignó una cifra de 247 millones 43 mil 800 pesos.

“Al mismo tiempo, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas prometió 35 millones 300 mil pesos, pero en el proyecto de presupuesto fueron asignados solo 24 millones 220 mil 661 pesos, incluso esta cifra es menor al presupuesto asignado en el 2019 lo que resulta violatorio al principio de progresividad y no regresión de los derechos humanos consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política del país”.

Y se establece de manera contundente: “Considerando lo anterior, es necesario que a cada institución pública se le asignen los recursos suficientes a fin de que los procesos de búsqueda, investigación, atención a víctimas e identificación forense, tengan una capacidad real de responder de manera eficaz a la problemática de desaparición de personas en Jalisco, y que realmente se materialicen las partidas presupuestarias correspondientes que correspondan a la gravedad del contexto, garantizando a su vez el compromiso público del gobernador Alfaro Ramírez respecto a los recursos dedicados a este tema”.

LANZAN UN LLAMADO A LOS DIPUTADOS DE LA LXII LEGISLATURA

Con el fin de fundamentar su exigencia de asignar mayores recursos a las instituciones que tienen que ver con la atención del problema de los desaparecidos, el CEPAD sentencia que “resulta fundamental asignar el presupuesto necesario a fin de que las iniciativas de Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, de Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y de Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco, mismas que fueron enviadas por el Ejecutivo al Congreso de Jalisco el pasado 9 de octubre para su dictaminación, puedan ser debidamente implementadas y aplicadas tras su aprobación, y que la ausencia de recursos no sea nuevamente de familiares de personas desaparecidas en el estado”.

Se advierte también que “frente al incremento de graves violaciones a los derechos humanos que se cometen de manera generalizada en Jalisco y al estado de impunidad en el que se mantienen, es de suma importancia que la LXII Legislatura dote a las instituciones públicas estatales con los recursos económicos suficientes y adecuados para atender la crisis de desaparición de personas y la práctica de tortura en la entidad, así como garantizar el pleno cumplimiento de los derechos a la verdad, acceso a la justicia y reparación integral a todas las víctimas.

“En Jalisco, de acuerdo con datos proporcionados por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco, entre el 1 de enero del 2008 al 30 de junio del 2019, se contabilizan 9 mil 080 personas desaparecidas, y a pesar de que el delito de desaparición forzada se tipificó en el Código Penal desde octubre de 2013, a la fecha únicamente se cuenta con 3 sentencias condenatorias en la materia”, se estableció.

LA TORTURA, PROHIBIDA

Por lo que respecta al tema de tortura, el comunicado de inconformidad del CEPAD, expresa: “La delicada situación se puede constatar en el número de quejas presentada ante la Comisión Estatal de los derechos Humanos de Jalisco, misma que en el período comprendido de 1997 al 30 de septiembre del 2019 recibió un total de 1 mil 530 quejas, de las que se desprenden más de 2 mil víctimas de esta grave violación de derechos humanos, sin contar a sus familias, quienes también han sufrido los impactos.

“La situación en torno a la práctica de la tortura, se agrava si se considera que desde 1993, fecha en que se creó el primer marco legal que prohíbe la práctica de la tortura en Jalisco, no se ha dictaminado ninguna sentencia por este delito, por lo que hablamos de un 100% de impunidad.

“Por ello resulta indispensable contar con instituciones que respondan a la gravedad de la situación de la tortura en Jalisco, lo cual no sucederá si las instituciones encargadas de la investigación de este delito, como lo es la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, institución encargada de realizar los peritajes y la Unidad Interdisciplinaria Especializada en Dictaminación de Casos de Tortura del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no cuentan con los recursos económicos, humanos y materiales suficientes.

“Además, es importante recordar a los legisladores la obligación que tienen de implementar adecuadamente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y degradantes, lo cual deberá traducirse en la dotación de presupuestos adecuados y suficientes”, se sentencia.

Por lo anterior, dada la magnitud y la gravedad de la desaparición de personas y la práctica de tortura en Jalisco, El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD) lanzó la exigencia a los legisladores para que doten a las diferentes instancias de gobierno, de los recursos suficientes y adecuados para la correcta implementación de las nuevas leyes propuestas por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.