REPORTAJES
Cada día desaparecen en Jalisco a siete personas: Es el estado númeo uno en el país

Por Mario Ávila //
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), denunció la impunidad total que se registra en Jalisco en graves delitos como es la desaparición y la tortura. En el caso de las desapariciones, del 1 de enero del 2008 al 30 de junio del 2019 se contabilizan 9 mil 080 personas desaparecidas y a la fecha únicamente se cuenta con 3 sentencias condenatorias (0.03%); en tanto que en materia de tortura, de 1997 al 30 de septiembre del 2019 la CEDHJ recibió un total de 1 mil 530 quejas, de las que se desprenden más de 2 mil víctimas sin que haya una sola sentencia, es decir con un 100% de impunidad.
La gravedad del problema de las desapariciones en Jalisco, queda en evidencia con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en donde se revela que en 2018 había 40 mil hogares con una víctima de desaparición forzada en el país. Jalisco ocupó el primer lugar con más de 7 mil 117 carpetas de investigación por desaparición forzada, que equivalen a 17.75% del total de las que ocurren en el país.
Hasta el momento, el total de personas desaparecidas en Jalisco durante la administración de Enrique Alfaro es de 1 mil 951, según datos del propio titular del Poder Ejecutivo, lo que significa casi 7 desapariciones por día.
Del total de desaparecidos, el mandatario destacó que durante los primeros 10 meses de la administración, se han localizado 2 mil 153 de las cuales 1 mil 920 han sido con encontradas con vida y 233 ya fallecidas. Informó además que el 72% de las personas localizadas corresponden a mujeres.
En este escenario crítico y con algunas discrepancias en las estadísticas, Alfaro Ramírez, anunció nuevas estrategias para atender el dilema, entre las que destacó haber enviado al Congreso del Estado la Ley de personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, la Ley para la Declaración Especial de Ausencia y la Ley de Atención a Víctimas. Al mismo tiempo prometió que en 2020 estará diseñado el Programa de Personas Desaparecidas y habrá un Incremento del 20% en el presupuesto de todo el sistema.
Justo en este punto del presupuesto, el CEPAD externó una inconformidad, por las diferencias importantes entre el presupuesto que Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco, anunció el 7 de octubre del 2019 en el marco de la presentación de la segunda etapa de la Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, presentado al Congreso del Estado el pasado 1 de noviembre.
Se detalla en un comunicado mediante el que se expresa la molestia, que “a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas prometió que serían asignados 121 millones de pesos, pero en el proyecto de presupuesto de egresos aparecen solo 93 millones 384 mil 905 pesos; al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se comprometió a dotar con 250 millones 300 mil pesos y en el presupuesto se asignó una cifra de 247 millones 43 mil 800 pesos.
“Al mismo tiempo, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas prometió 35 millones 300 mil pesos, pero en el proyecto de presupuesto fueron asignados solo 24 millones 220 mil 661 pesos, incluso esta cifra es menor al presupuesto asignado en el 2019 lo que resulta violatorio al principio de progresividad y no regresión de los derechos humanos consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política del país”.
Y se establece de manera contundente: “Considerando lo anterior, es necesario que a cada institución pública se le asignen los recursos suficientes a fin de que los procesos de búsqueda, investigación, atención a víctimas e identificación forense, tengan una capacidad real de responder de manera eficaz a la problemática de desaparición de personas en Jalisco, y que realmente se materialicen las partidas presupuestarias correspondientes que correspondan a la gravedad del contexto, garantizando a su vez el compromiso público del gobernador Alfaro Ramírez respecto a los recursos dedicados a este tema”.
LANZAN UN LLAMADO A LOS DIPUTADOS DE LA LXII LEGISLATURA
Con el fin de fundamentar su exigencia de asignar mayores recursos a las instituciones que tienen que ver con la atención del problema de los desaparecidos, el CEPAD sentencia que “resulta fundamental asignar el presupuesto necesario a fin de que las iniciativas de Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, de Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y de Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco, mismas que fueron enviadas por el Ejecutivo al Congreso de Jalisco el pasado 9 de octubre para su dictaminación, puedan ser debidamente implementadas y aplicadas tras su aprobación, y que la ausencia de recursos no sea nuevamente de familiares de personas desaparecidas en el estado”.
Se advierte también que “frente al incremento de graves violaciones a los derechos humanos que se cometen de manera generalizada en Jalisco y al estado de impunidad en el que se mantienen, es de suma importancia que la LXII Legislatura dote a las instituciones públicas estatales con los recursos económicos suficientes y adecuados para atender la crisis de desaparición de personas y la práctica de tortura en la entidad, así como garantizar el pleno cumplimiento de los derechos a la verdad, acceso a la justicia y reparación integral a todas las víctimas.
“En Jalisco, de acuerdo con datos proporcionados por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco, entre el 1 de enero del 2008 al 30 de junio del 2019, se contabilizan 9 mil 080 personas desaparecidas, y a pesar de que el delito de desaparición forzada se tipificó en el Código Penal desde octubre de 2013, a la fecha únicamente se cuenta con 3 sentencias condenatorias en la materia”, se estableció.
LA TORTURA, PROHIBIDA
Por lo que respecta al tema de tortura, el comunicado de inconformidad del CEPAD, expresa: “La delicada situación se puede constatar en el número de quejas presentada ante la Comisión Estatal de los derechos Humanos de Jalisco, misma que en el período comprendido de 1997 al 30 de septiembre del 2019 recibió un total de 1 mil 530 quejas, de las que se desprenden más de 2 mil víctimas de esta grave violación de derechos humanos, sin contar a sus familias, quienes también han sufrido los impactos.
“La situación en torno a la práctica de la tortura, se agrava si se considera que desde 1993, fecha en que se creó el primer marco legal que prohíbe la práctica de la tortura en Jalisco, no se ha dictaminado ninguna sentencia por este delito, por lo que hablamos de un 100% de impunidad.
“Por ello resulta indispensable contar con instituciones que respondan a la gravedad de la situación de la tortura en Jalisco, lo cual no sucederá si las instituciones encargadas de la investigación de este delito, como lo es la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, institución encargada de realizar los peritajes y la Unidad Interdisciplinaria Especializada en Dictaminación de Casos de Tortura del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no cuentan con los recursos económicos, humanos y materiales suficientes.
“Además, es importante recordar a los legisladores la obligación que tienen de implementar adecuadamente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y degradantes, lo cual deberá traducirse en la dotación de presupuestos adecuados y suficientes”, se sentencia.
Por lo anterior, dada la magnitud y la gravedad de la desaparición de personas y la práctica de tortura en Jalisco, El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD) lanzó la exigencia a los legisladores para que doten a las diferentes instancias de gobierno, de los recursos suficientes y adecuados para la correcta implementación de las nuevas leyes propuestas por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 811: Jalisco ante el desafío judicial: ¿Diálogo o revanchismo político?
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:

Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/


Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
JALISCO
Reforma Judicial en Jalisco, alertan de riesgo con proceso acelerado: Plantea Pablo Lemus un parlamento público

– Por Francisco Junco
La reciente sesión extraordinaria del Congreso del Estado para abordar la Reforma Judicial en Jalisco ha puesto bajo la lupa a los legisladores, donde universidades, organismos académicos y actores sociales y los propios representantes legislativos coinciden en la necesidad de un debate abierto, transparente y técnicamente sólido.
Académicos, periodistas e instituciones coinciden en que cualquier cambio al Poder Judicial en Jalisco debe construirse con participación amplia y con respeto al pluralismo que define al estado.
Las universidades han subrayado que la reforma judicial no puede limitarse a una maniobra legislativa, por ejemplo la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) expresó su preocupación por la falta de un debate público y amplio, y exhortó a que los legisladores escuchen a la sociedad civil y a expertos académicos antes de aprobar cambios transcendentes.
Por su parte, académicos de la Universidad Panamericana (UP) señalaron que varias recomendaciones técnicas quedaron fuera del dictamen, y enfatizaron que los procesos de selección de jueces deben incluir criterios de transparencia, profesionalización y participación ciudadana.
Para profundizar en estas apreciaciones, el periodista y académico Gabriel Torres aseguró que lo ocurrido en el Congreso del Estado, no es sólo un episodio legislativo, sino un reflejo de un modo de gobernar que ha renunciado a la política como arte de la negociación.
Desde su visión, el Ejecutivo ha asumido que “el Congreso es un accesorio irrelevante, un espacio al que basta con convocar para solamente levantar la mano y convalidar lo ya decidido”.
Gabriel Torres subrayó que la reforma “retrata la ausencia de interlocutores políticos capaces de leer el contexto de pluralismo expresado en las pasadas elecciones, y construir los puentes de diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso”.
El periodista observó que, paradójicamente, la falta de operación política del oficialismo propició la convergencia de rivales históricos. “Cuando al fin voltearon a buscar a la oposición, descubrieron que no llegaba… porque ya estaba ahí, hecho bloque, aguardando en silencio su turno en la reforma”, señaló, describiendo la estrategia pasiva de la oposición como respuesta al desdén del partido en el poder.
Para él, la torpeza en la operación política fue “el pegamento de esa alianza inédita” entre PAN, PRI y Morena, además sostuvo que el resultado de la sesión fue contrario a lo esperado por el oficialismo.
“Frente a la imposición, la oposición decidió ejercer lo que la Constitución les confiere, retomar su condición de legisladores de Jalisco, su función de contrapeso constitucional del poder”.
En su análisis, la reforma judicial no solo es un asunto técnico, sino una prueba de la salud de la democracia local y de la capacidad de diálogo entre poderes.
Y es que el pasado 7 de octubre los legisladores fueron convocados para la sesión extraordinaria, convocada para la primera lectura del dictamen previamente aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales.
El Pleno recibió las siete iniciativas relacionadas con la reforma, entre ellas la presentada por el gobernador, los grupos parlamentarios y el propio Poder Judicial. La sesión permitió que todos los legisladores conocieran el contenido del dictamen y remitieran sus comentarios a la Comisión de Seguridad y Justicia.
Durante la sesión, Movimiento Ciudadano denunció un “madruguete”, cuestionando la rapidez del trámite y la supuesta falta de parlamento abierto.
Por su parte, las fracciones de Morena, PAN, PRI, PT, Hagamos y Futuro defendieron que el procedimiento cumplía con la normativa interna, y destacaron que Jalisco llevaba un retraso significativo en la armonización de su reforma judicial respecto a otras entidades federativas.
El bloque opositor hizo notar la importancia de la negociación y la construcción de consensos, recordando que la mayoría relativa no garantiza hegemonía política.
Las fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de fortalecer el Poder Judicial, pero marcaron distancia respecto al modo en que se había gestionado la convocatoria y el debate.
Un elemento destacado fue el documento conjunto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dirigido al gobernador Pablo Lemus Navarro, donde los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias, subrayaron la necesidad de diálogo directo y respetuoso con todas las fuerzas políticas.
En el texto, se precisa que los presidentes de los Grupos Parlamentarios suscribientes “manifestamos nuestra plena coincidencia con la necesidad de que Jalisco cuente con un Poder Judicial que dé respuesta a las legítimas demandas sociales de justicia y aplicación del Estado de derecho”.
El documento recuerda que el Congreso recibió siete iniciativas y que el dictamen se encuentra en la etapa final del proceso legislativo, por lo que cualquier discusión sobre su contenido debe canalizarse entre la primera y segunda lectura, respetando la división de poderes y el conducto formal de la Jucopo.
Durante los días posteriores, los partidos mantuvieron posiciones diferenciadas. Movimiento Ciudadano insistió en que la reforma no podía aprobarse sin un parlamento abierto y sin consultas técnicas adicionales. PAN, PRI, PT, Morena, Hagamos y Futuro defendieron que el dictamen es resultado de consensos previos en comisiones y que el procedimiento cumple con los plazos legales, aunque admitieron que la discusión pública sigue siendo relevante para legitimar el proceso.
Las universidades continuaron con sus llamados. La UP enfatizó que ciertos mecanismos como la “3 de 3” para jueces no estaban contemplados, mientras que la UNIVA reiteró la importancia de foros académicos que permitan debatir las reformas en términos de transparencia y participación ciudadana.
La UdeG aportó análisis comparativos con buenas prácticas nacionales e internacionales, insistiendo en la profesionalización y evaluación de quienes imparten justicia.
Por su parte, el gobernador Pablo Lemus respondió formalmente a los coordinadores de Jucopo, señalando que el Congreso es el conducto del diálogo y que cualquier propuesta será analizada entre la primera y segunda lectura.
En su comunicación, subrayó que Jalisco debe contar con un Poder Judicial que atienda demandas sociales y refuerce el Estado de derecho, y se muestra dispuesto a acudir al Palacio Legislativo para continuar las conversaciones.
“Quiero lanzar un mensaje muy claro a todas las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado. Abrir una mesa de diálogo con su servidor…e iniciar una especie de parlamento público de discusión en torno al Poder Judicial…que no solamente estén incluidos el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo, sino también la sociedad en general, las universidades y los colegios de abogados”, señaló el mandatario.
Y agregó que una de sus propuestas es que “las universidades públicas y privadas de nuestro estado puedan evaluar y aplicar el examen a las y los candidatos, y que obtengan una calificación mínima de ocho”.
Organismos como Coparmex Jalisco y Jalisco Cómo Vamos han insistido en que el debate debe ser transparente, técnico y participativo. Han señalado que la reforma debe fortalecer la independencia judicial y la profesionalización, evitando tintes políticos que puedan minar la confianza ciudadana.
Lo cierto es que la reforma judicial en Jalisco enfrenta una encrucijada, avanzar con rapidez en un escenario político plural, o retrasar el trámite para garantizar la legitimidad y la participación de todos los actores. La convergencia inédita de partidos históricos refleja que la política de oposición puede emerger como contrapeso cuando la operación política oficial falla.
La soberbia del partido en el gobierno, señaló Gabriel Torres, de los operadores que no le ayudan en absoluto al gobernador, “terminó por revitalizar a sus adversarios. Y que, al final, un Congreso tratado como accesorio decidió, saludablemente, recordarle al Ejecutivo que sigue siendo un poder constitucional independiente y con la facultad de resolver, sin tutelas externas, una reforma que ya acusa atraso importante en Jalisco”.
Las universidades, los organismos civiles y los partidos esperan que la discusión no se limite a maniobras políticas, sino que sea un ejercicio de construcción colectiva de justicia.
MUNDO
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez

– Por Raúl Cantú
Oaxaca, Oaxaca. Octubre 12. En el marco del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial Hacia Ciudades más Seguras, Alma Chávez Guth, presidenta de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI) y de Víctimas de Violencia Vial AC, lanzó un emotivo llamado a la acción contra lo que describió como una «pandemia» silenciosa que azota a miles de familias en México y la región.
Fundadora de varias organizaciones clave en movilidad segura, Chávez Guth enfatizó el costo humano de los siniestros viales, recordando que detrás de las cifras hay vidas irreparables y un dolor que une a víctimas de todo el continente.
Alma Chávez Guth, quien asumió la presidencia de FICVI en mayo de 2023, es una figura central en el activismo vial mexicano. Miembro fundador de los Observatorios Ciudadanos de Movilidad y Transporte de Jalisco, presidenta de Reacción por la Vida y parte de la Coalición Movilidad Segura –que impulsó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial–, ha dedicado su labor a visibilizar a las víctimas.
«La violencia vial representa un escalofriante drama que sufren cada año miles de familias en nuestro país y en este estado. Es una pandemia que todavía no ha encontrado la solidaridad y el apoyo de las instituciones», afirmó ante autoridades, especialistas y familias afectadas reunidas en Oaxaca.
Fundada en Medellín, Colombia, en febrero de 2010, FICVI agrupa a organizaciones de toda Iberoamérica unidas por el dolor compartido. Chávez Guth destacó la presencia virtual y presencial de aliados como PIDO Urgente (Brasil), Fundación de Miles (Chile), A Convivir (Costa Rica), ESTOS Accidentes (España), Pacífico Guatemala, Fundación Mónica Nicola y Reconocer (Panamá), RED de Unión (Uruguay), Mano Vive (Perú), Gabi Bici Blanca (Oaxaca), Víctimas de Violencia Vial (Jalisco), y nuevas incorporaciones como Gabi (Paraguay), Ángel Río (Colombia), Karina Winfield y Alejandro (Argentina), entre otros.
«En distancia estamos unidos, pero estos eventos son importantísimos», expresó, rindiendo homenaje a Jean Picard, fundadora española que, tras perder a su hijo Santiago, «quiso abrazarnos hace 15 años y formarnos esa guía de esperanza: si bien nuestros seres queridos no regresan, sí podemos evitar el sufrimiento en otras familias».
El impacto de los siniestros viales es devastador, según datos citados por la presidenta: más de 110,000 muertes anuales en América Latina y el Caribe, cinco millones de lesionados –muchos con discapacidades permanentes–, primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años y segunda en jóvenes adultos. En México, representa el 2.6% del PIB.
«Cada número en la estadística representa una vida, una historia, un ser humano querido. Detrás de la cifra están las personas, nuestra memoria. Las familias quedan rotas y con los brazos vacíos; no podemos abrazar más a nuestros hijos, padres o hermanos», lamentó, reconociendo la labor de colaboradores como Héctor de Agostina (consultor y padre víctima) y su equipo técnico.
«En medio de la adversidad hay una fuerza inquebrantable que nos impulsa a buscar soluciones y luchar por un cambio real», concluyó Chávez Guth, invitando a convivir en el dolor y el amor colectivo. «Nadie sufre en paz lo que hemos vivido.
Los abrazamos desde el FICVI del corazón». Su mensaje resuena como un urgente recordatorio para instituciones y gobiernos: la movilidad segura no es opcional, sino un derecho humano que exige solidaridad inmediata para prevenir más tragedias.
En el mismo evento, Esther Soto, vicepresidenta de FICVI y coordinadora del Colectivo Gabi Bici Blanca –víctima directa tras perder a su hermana Gabriela en 2020–, agradeció el apoyo de Fundación Mapfre, Semovi Oaxaca y la Fiscalía local, enfatizando la invisibilización histórica de las víctimas y el compromiso cívico para redesignar ciudades más humanas.
El foro, organizado por Gabi Bici Blanca, busca propuestas concretas hacia una «Visión Cero» en muertes viales, alineada con agendas globales de sostenibilidad.
PATRICIA MERCADO
En su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, recordó que en los últimos siete años le ha tocado trabajar con organizaciones de la sociedad civil por la movilidad segura, y como parte de ellas, con víctimas de siniestros viales.
“Con un modelo de diálogo permanente con autoridades, grupos parlamentarios, organismos expertos, logramos la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Ahora ese modelo ayuda a ir por nuevos objetivos, como quedó claro en el 8vo Foro iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial, realizado en Oaxaca”, publicó Patricia Mercado en sus redes.
UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN
En la apertura del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial hacia Ciudades mas Seguras y Humanas organizado por el colectivo Gabi Bici Blanca, miembro de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, se abrió el foro internacional con un llamado a reflexionar sobre seguridad vial, movilidad sostenible y justicia para víctimas de siniestros.
Autoridades, especialistas y familias se reunieron para proponer acciones que salven vidas y humanicen las calles.
EL COMPROMISO DE FUNDACIÓN MAPFRE EN MÉXICO
La moderadora presentó a Mónica Aguirre, representante de Fundación Mapfre en México –licenciada en administración de empresas, con 13 años en la institución y experta en iniciativas sociales– quien enfatizó el compromiso compartido.
En su mensaje destacado, Mónica Aguirre expresó: «Es un honor representar a Fundación Mapfre, donde compartimos el objetivo de una movilidad más segura, justa y sostenible. Hemos trabajado con firme compromiso social para prevenir siniestros viales mediante programas educativos, campañas de concienciación y herramientas innovadoras”.
“Nuestro labor se centra en formación, comunicación, cooperación e innovación. Creemos que la educación vial debe iniciar en la infancia con propuestas didácticas sencillas que simulen situaciones reales, formando ciudadanos seguros y responsables desde temprana edad. Gracias por incluirnos en este foro.»
LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD EN OAXACA
Jesenia Nolasco Ramírez, titular de Semovi Oaxaca, saludó en el foro a aliados como Patricia Mercado y Fundación Gabi Bici Blanca, agradeciendo la invitación y reconociendo el espacio para reflexionar sobre movilidad sustentable y ciudades seguras.
Desde el gobierno de Salomón Jara Cruz, enfatizó la movilidad multimodal como sistema integrador (peatonal, ciclista, público y motorizado) seguro y accesible. En Oaxaca, impulsan el Sistema Integrado de Transporte BinniBus (7 rutas operativas de 35, beneficiando 24,000 usuarios, culminando en enero); Senderos de Paz (manual para 570 municipios); Oaxaca Camina (calles peatonales en centro histórico); y Calles para la Paz, fomentando vialidades humanas.
«Que este encuentro promueva diálogo iberoamericano y provecho para todos; disfruten Oaxaca», puntualizó.
MENSAJE DE ESTHER SOTO: “LA VIOLENCIA VIAL ES EVITABLE, NO ES UN ACCIDENTE”
Esther Soto, creadora del Colectivo Gabi Bici Blanca, presentó un mensaje muy emotivo al iniciar los trabajos del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial Hacia Ciudades más Seguras.
“En la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial y en Gabi Bici Blanca, trabajamos desde la experiencia más dura: la pérdida. Yo estoy segura que cada persona que hoy nos acompaña de alguna manera ha conocido de cerca el dolor de ver una vida apagada en segundos, y sé también de la lucha diaria para que esa historia no se repita.
Hoy estamos aquí porque compartimos una certeza: la violencia vial es evitable. No es un “accidente”, no es una casualidad. Es el resultado de decisiones —o de la falta de ellas— que se toman cada día en nuestros gobiernos, en nuestros congresos, en las oficinas donde se diseñan las calles… y también en nuestras manos, como sociedad.
Este foro nace inspirado en la 8ª Semana Mundial de la Seguridad Vial de la ONU, que este año se celebró del 12 al 18 de mayo de 2025 bajo el lema «#CaminaSeguramente #CiclismoSeguro», centrándose en la creación de calles seguras para peatones y ciclistas.
Hoy damos continuidad a esa semana, no solo con un nombre, sino con un compromiso: que nuestras calles sean más seguras, más justas y más humanas.
Y antes de comenzar con la jornada de trabajo, quiero que nos detengamos un momento para recordar por qué estamos aquí: Estamos aquí por cada hijo, hija, hermana, madre, padre, amigo o amiga que salió de su casa y nunca regresó a causa de la violencia vial. Sus vidas importaron, y siguen importando. Su alegría, sus sueños, sus luchas, hoy son también nuestras.
Y porque la memoria no debe ser silencio, sino fuerza y energía, les invito a que honremos a todas las víctimas con lo que ellas mismas nos dieron en vida: alegría, amor y esperanza.
Les pido ponernos de pie y regalarles un fuerte aplauso, para que el eco de sus nombres siga vivo en este foro, y para que nunca olvidemos que su ausencia es nuestro mayor motivo de acción.
(— Minuto de aplausos —)
Gracias.
Comencemos la jornada de trabajo que nos convoca a todas y todos: víctimas, familiares, activistas, académicos, autoridades y ciudadanía. Aquí no hay jerarquías más importantes que la vida misma. Aquí, lo que nos une es una sola convicción: ninguna muerte vial es aceptable, ninguna familia debería pasar por este dolor. Por eso este foro es un llamado urgente a la acción. Queremos calles que no sean trampas mortales, queremos gobiernos que pongan la vida en el centro de cada decisión, queremos una sociedad que entienda que la movilidad no es un privilegio, sino un derecho humano.
Con esa fuerza, con esa esperanza y con esa memoria que se hace acción, queda inaugurado el 8º Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial.
NACIONALES
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto

– Por Raúl Cantú
Ciudad de México- La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para vehículos y la suspensión de licencias por conducir bajo los efectos del alcohol son medidas constitucionales, resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al fallar sobre la Acción de Inconstitucionalidad 1/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
Este fallo histórico fortalece los derechos de las víctimas de siniestros viales y marca un precedente para la seguridad vial en México.
La ministra Loretta Ortiz destacó durante la discusión que el seguro obligatorio, aunque no está directamente vinculado a la seguridad vial en un sentido estricto, garantiza la reparación del daño a quienes sufren accidentes de tránsito. “El seguro de responsabilidad civil asegura que las víctimas tengan acceso a una compensación justa por daños, lesiones o pérdidas, protegiendo sus derechos fundamentales”, afirmó Ortiz.
Este mecanismo, respaldado por el legislador local, reconoce a las víctimas como sujetos de derechos, no como daños colaterales.
El proyecto de sentencia, presentado por la ministra Lenia Batres y aprobado por mayoría, validó disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla. Entre ellas, la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y la suspensión de la licencia de conducir hasta por un año para quienes manejen en estado de ebriedad.
La resolución, discutida en presencia de familiares de víctimas y organizaciones de la Coalición Movilidad Segura, da luz verde a las entidades federativas para implementar estas medidas a nivel local, consolidando un marco de protección para conductores y víctimas.
UN RESPALDO A LA JUSTICIA SOCIAL
La Coalición Movilidad Segura, integrada por organizaciones de la sociedad civil, celebró la decisión de la SCJN. En noviembre de 2024, esta coalición presentó un amicus curiae ante la Corte, aportando argumentos jurídicos y técnicos que sustentaron la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
“Este fallo es un paso crucial para garantizar el derecho a la movilidad segura y para visibilizar a las víctimas de siniestros viales, que durante años han sido ignoradas”, señaló Alejandra Leal, codirectora de Céntrico e integrante de la coalición.
El impacto de esta resolución trasciende Puebla. Ramón Vara Pizzini, padre de Emmanuel Vara Zenteno, activista fallecido en un atropellamiento en 2018, expresó: “Este es un precedente positivo para el país. La lucha que comenzó en Puebla fortalecerá los derechos de todas las personas afectadas por siniestros viales”.
Su testimonio refleja el dolor de miles de familias que han perdido seres queridos o enfrentado las consecuencias de accidentes sin justicia ni reparación.
Elsa Guzmán, madre de Jacinto León, víctima mortal de un siniestro en Mérida, subrayó la importancia del seguro obligatorio: “Combate prácticas como la fuga de los responsables o la falta de aseguramiento, que dejan a las familias desprotegidas”.
En México, el bajo nivel de aseguramiento vehicular agrava la situación de las víctimas, quienes a menudo enfrentan gastos médicos, rehabilitación o pérdidas económicas sin apoyo.
UN CAMBIO DE PARADIGMA
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), base de estas disposiciones, representa un avance en justicia social al reconocer a las víctimas de siniestros como sujetos de derechos. “Ya no son un daño colateral, sino personas con derecho a una reparación integral”, afirmó Alejandra Leal.
El seguro obligatorio asegura una fuente confiable para cubrir gastos médicos, rehabilitación, daño moral e indemnizaciones, reduciendo la incertidumbre para las víctimas.
Armando Pliego Ishikawa, coordinador nacional de la Coalición Movilidad Segura, explicó: “El seguro de responsabilidad civil hace operable el estándar de justa reparación. Garantiza recursos oportunos para las víctimas y evita que queden desamparadas”.
Esta medida, combinada con la suspensión de licencias por conducir en estado de ebriedad, refuerza la prevención y la responsabilidad en las carreteras.
HACIA UN FUTURO MÁS SEGURO
La resolución de la SCJN no solo valida la constitucionalidad de estas medidas, sino que envía un mensaje claro: la seguridad vial y la protección de las víctimas son prioridades. Al permitir que las entidades federativas adopten el seguro obligatorio, se sientan las bases para un sistema más equitativo y humano.
Organizaciones como la Coalición Movilidad Segura instan a los gobiernos locales a implementar estas disposiciones con celeridad, asegurando que los derechos de las víctimas sean efectivos.
Este fallo histórico es un reconocimiento al esfuerzo de familias, activistas y organizaciones que han luchado por visibilizar el impacto de los siniestros viales.
Como expresó Vara Pizzini, “es un paso hacia un México donde la movilidad sea segura y las víctimas no queden en el olvido”.
La obligatoriedad del seguro y las sanciones a conductores irresponsables son herramientas clave para construir ese futuro.
MENSAJE DE LA RED REACCIONA POR LA VIDA: “HAY BUENAS NOTICIAS DE LA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”
La Suprema Corte resolvió a favor del proyecto de sentencia que valida los artículos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla sobre el seguro de responsabilidad civil obligatorio y la suspensión por un año de la licencia a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.
Por primera vez, en la SCJN se habló de seguridad vial y de víctimas desde la perspectiva por la que hemos trabajado: derechos de las víctimas, derecho a la movilidad, justicia y prevención de siniestros.
Gracias al invaluable e incansable el trabajo de las familias de víctimas de siniestros de tránsito.
A Ramón Vara y Luz del Carmen Zenteno (Manu Vive AC), quienes dieron seguimiento puntual al tema, a Elsa Guzmán (Familiares y Amigos de Jacinto León), Dinorah Alcaraz (J.A.I.M.E. Jamás Apoyaré ir Manejando Ebrio), Esther Soto (Colectivo Gabi Bici Blanca) y Alma Chávez (Víctimas de la Violencia Vial/Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial) por todos estos años de colaboración, por trabajar y darle voz a esta causa.
A las organizaciones sociales y personas que se sumaron también al amicus curiae: Andrea Ortiz de Manu Vive, Stephan Brodziak, Blanca Rodríguez, Norberto Sánchez. A Lizeth Mejorada de Manu Vive por el enlace con el equipo del ministro Arístides. A Ana Paula Muñoz y Olalla Ávila por el apoyo.
Gracias a GHAI y GRSP por su confianza y apoyo constante. Gracias a Patricia Sosa, Jake Palley, Valentina Ochoa, por creer e impulsar desde el inicio esta agenda de litigio estratégico. Gracias a Gianella Severini, Kate Konopka, Aura Guerrero, Corina Álvarez de GHAI por fortalecer la estrategia. A Álvaro Guzmán por el impulso constante.
Gracias a la Coalición Movilidad Segura, por seguir, difundir y llevar este mensaje a todo el país.
Gracias por la confianza que tuvieron en Céntrico para implementar esta estrategia
A Paola Lara, por diseñar y liderar la estrategia jurídica, siempre poniendo los derechos de las víctimas al centro, y coordinarla con el despacho Enosi, con quien elaboramos el amicus curiae.
A Alejandra Leal por coordinar la implementación de la estrategia.
A Armando Pliego, por dar seguimiento puntual y la coordinación con organizaciones de víctimas y la vinculación con la CDH Puebla.
A Xavier Treviño por elaborar el mejor sustento técnico para fundamentar los argumentos.
A Cecilia Yáñez, por su asesoría jurídica en esta etapa de discusión en el pleno.
A Agustín Martínez por su creatividad y corazón en los materiales de comunicación, a Areli por su apoyo en la difusión, y a Jorge Matalí por el desarrollo de mensajes. Junto con este equipo lanzamos la campaña #MovilidadSeguraEsMiDerecho
A Jenny Zapata por su edición y distribución de los boletines de prensa.
Este resultado muestre la fuerza de una estrategia colectiva que combina litigio, comunicación y trabajo con organizaciones, y también reafirma nuestro compromiso por seguir empujando la agenda y explorando oportunidades como el litigio estratégico para seguir avanzando en el objetivo de la garantía del derecho a la movilidad y protección de derechos de víctimas.