Por Mario Ávila //

Ya sea por la vía de los amparos o incluso de una controversia constitucional, jueces y magistrados del Poder Judicial podrá combatir e impugnar la reforma que recientemente hizo el Congreso del Estado, sin el aval de la fracción parlamentaria de Morena.

Entre los temas más polémicos, que no contaron con el apoyo total de jueces y magistrados, fue la eliminación del bono que perciben al separarse del cargo por concepto de “haber de retiro”, las evaluaciones de control de confianza sobre la que se ya se ha pronunciado previamente la SCJN y el período único de 12 años sin la opción de la reelección para los magistrados.

El Congreso del Estado de Jalisco aprobó la semana pasada las reformas a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco que modifican las atribuciones del Poder Judicial y la forma en que este Poder Legislativo elige a jueces y magistrados.

La reforma se deriva de diversas iniciativas: una de ellas presentada por el Titular del Poder Ejecutivo y otras con autoría de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Morena y del legislador Salvador Caro Cabrera, así como la realización de foros de consulta realizados por el perredista, Enrique Velázquez.

El dictamen se aprobó con los votos en contra de los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena, quienes manifestaron a través de la diputada María Esther López Chávez, que era una reforma “inconstitucional” y que no contribuía a la independencia y eficiencia del Poder Judicial.

En contraparte, los legisladores Enrique Velázquez González del PRD; Mariana Fernández Ramírez, del PRI; Irma de Anda Licea, del PAN; Héctor Pizano Ramos de Movimiento Ciudadano y José de Jesús Hurtado Torres, también de Acción Nacional, elogiaron el proceso y los acuerdos alcanzados.

La reforma considera un procedimiento con mecanismos novedosos y que elimina las designaciones políticas o de grupo, dando prioridad a perfiles técnicos y probos contribuyendo a garantizar a elegir a los mejores aspirantes, así como la eliminación del haber de retiro.

Se robustece el servicio civil de carrera y la estabilidad judicial con periodos certeros en las designaciones, que incluyen evaluaciones de control de confianza; participará activamente el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, realizando evaluaciones curriculares, de aptitud e idoneidad de los aspirantes, además de aplicarles entrevistas para conocerlos más a fondo.

Las valoraciones de control y confianza que se realizarán a los jueces y magistrados habrán de aplicarse cada cuatro años, señala el Artículo 61, mismas que deberán ser incluidas en su expediente laboral, que será de carácter reservado, a excepción de la evaluación patrimonial.

Los jueces de primera instancia, menores y de paz, será electos por el Consejo de la Judicatura por un periodo de cuatro años, al vencimiento del cual podrán ser reelectos previa acreditación de las evaluaciones de control de confianza, y en dichas selecciones prevalecerá el principio de paridad de género.

Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa durarán en el ejercicio de su encargo 12 años improrrogables, contados a partir de la fecha en que rindan protesta de ley. Sin embargo, lo anterior no será aplicable a aquellos que se encuentren en funciones al momento de la entrada en vigor del presente decreto.

Se establece como causa de retiro forzoso no aprobar las evaluaciones de control de confianza. Cabe destacar que el Tribunal de Justicia Administrativa contará con un sistema de evaluación de control de confianza el cual se regirá conforme a los lineamientos que establezca la ley.

El Poder Judicial y el Tribunal de Justicia Administrativa dispondrán de un plazo de noventa días naturales a partir de la aprobación de las adecuaciones en sus respectivas leyes orgánicas, para crear el sistema de evaluación de control de confianza al que se refieren respectivamente los artículos 56 y 65 de esta Constitución.

REFORMA INCONSTITUCIONAL: MORENA

Tras anticipar su rechazo y el voto en contra de su fracción, la diputada de Morena, María Esther López Chávez, lamentó “la obstinación de un gobernador por someter al Poder Judicial a sus caprichos y que viola la Constitución Federal, así como lo mencionamos en todos los foros en donde estuvimos presentes”.

Recordó que la SCJN declaró inconstitucional los procesos de evaluación y control de confianza aplicables a los servidores públicos de la administración de justicia, por lo que Morena propuso un nombre diferente, con otros elementos diferentes y una autoridad evaluadora distinta para evitar judicializar esta reforma.

“Sugerimos -dijo-, evaluar a los aspirantes a magistrados, mediante exámenes teóricos y prácticos, entrevista, evaluación de curriculum y probidad pública, entre otros aspectos, sin embargo, por segunda ocasión el PAN vende su cariñito”.

“Son tan burdos -abundó-, que proponen aplicar los exámenes de control de confianza de manera retroactiva a los actuales funcionarios judiciales, que cinismo o que ignorantes, sólo las purgas estalinistas fueron tan soeces y absurdas”.

Ante ello López Chávez advirtió que lo que se puede esperar, es que el examen sea un instrumento de manipulación del Poder Ejecutivo, para echar a la calle al buen juzgador que actúe con rectitud pero en contra de intereses mezquinos del todopoderoso, que impedirá el acceso social a la justicia.

Insistió en que la reforma no sólo es inconstitucional, es aberrante y para ello estableció que se niega el derecho de ratificación o reelección de magistrados cuando existen criterios judiciales clarísimos, tan claros como el texto del artículo 116 de la Constitución Federal.

Propusimos el respeto a la autonomía del Poder Judicial, mediante el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura y la manera de elección de los magistrados. “Hoy nos alarma ver que sus cómplices chicos y grandes, le entregan sin miramiento y sin vergüenza el control absoluto del Poder Judicial”.

“En síntesis -planteó la legisladora-, el grupo parlamentario de Morena, preocupado por fortalecer al Poder Judicial, presentó oportunamente dos iniciativas para reformarlo de fondo con el propósito de recuperar la paz y seguridad de Jalisco. Basta de “los tableros” en el poder judicial, basta del avasallamiento del gobernador sobre el Poder Judicial, basta de la simulación y el engaño, basta ya de pasar factura al pueblo”.

LLEGARÁN LOS MEJORES: PAN

Para el legislador panista Jesús Hurtado le alienta que no haya sido solamente la iniciativa del Ejecutivo la que se valoró, lo que hubiera significado el absorber un poder a otro. “Lo mejor fue los exámenes para elegir a los mejores perfiles para que Jalisco tenga a la gente más capacitada, la más preparada, la de mejor pericia, la de mayor honorabilidad, las personas idóneas para que ocupen la responsabilidad”.

“No es una reforma perfecta, es tan solo un avance, pero un avance importante que no tiene ningún estado, porque hoy se rompe el paradigma de un poder intocado e intocable. El Poder Judicial puede ser reformado cuantas veces sea necesario para bien de la sociedad”, apuntó.

SE ABROGA EL PRI AUTORÍA DE PARIDAD

A su vez la diputada Mariana Fernández, señaló que los representantes del PRI son la única oposición real en Jalisco, no son opositodo y son muy responsables. Fue el primer grupo parlamentario que presentó una iniciativa en este proyecto que denominaron “Construyamos Justicia”.

“Desde febrero nosotros pedimos en esta serie de reformas temas importantísimos como que llegaran los mejores impartidores de justicia, que se hicieran exámenes teórico-prácticos con universidades públicas y privadas y que también le entrara el Coneval, que fueran testigos sociales y fuimos los primeros en tocar el tema de la paridad de género. El Poder Judicial es en el que más trabajo le ha costado llegar a las mujeres, no más del 25% de las mujeres llegan a ser impartidoras de justicia”.