Por Mario Ávila //

El uso de la imagen del niño indígena Yuawi en la campaña de promoción de la marca de la ciudad “Guadalajara-Guadalajara”, gestada durante el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez y que se ligó posteriormente con una intensa campaña política en favor de Movimiento Ciudadano que los llevó a ganar el Gobierno del Estado, sirvió como ejemplo de violación a los derechos humanos de los derechos de los pueblos indígenas.

De ello quedó constancia en el panel “Avances y retrocesos en materia de derechos humanos”, organizado por Eva Araceli Avilés Álvarez, regidora presidenta de la comisión edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Ayuntamiento de Guadalajara, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Particularmente en la ponencia de la maestra Dolores Pérez Lazcano, con el tema Derechos de los pueblos indígenas, se habló del caso del niño indígena, particularmente de la comunidad wirárika, Yuawi, cuando la ponente preguntó: “…alguien se acuerda de la campaña ‘Guadalajara-Guadalajara’ de la administración pasada. Qué bonita, un niño indígena, un niño wirárika que está con su sombrerito, que cantaba y bailaba para contagiar a todo mundo… y en qué acabó esa campaña, quisiera yo saber. Cuál es esa marca “Guadalajara, Guadalajara” en donde “utilizaron” a las personas de origen indígena porque se ven bonito, porque son políticamente correctos, hoy nadie se acuerda de eso, no sé cuánto costaría, pero hoy nadie habla de eso. Aquí solo se les utilizó”, dijo.

Luego abundó: “Vemos que en campaña los candidatos se ponen los trajes tradicionales y van y ofrecen hacer y deshacer… y vean estas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval):

• Se calcula que en México hay 11 millones de personas que pertenecen a un pueblo originario, pero el Banco mundial ha dicho que ya la mayoría se está yendo a las grandes urbes por falta de oportunidades en sus lugares de origen.

• De esos 11 millones, el 72% que equivale a 8.3 millones de personas padecen pobreza.

• De esos, 3.2 millones de personas no tienen la capacidad económica para adquirir una canasta básica.

• Casi el 20% de las personas de 20 a 64 años no saben leer ni escribir.

• El 53% de las personas de 65 años y más no saben leer ni escribir.

• El rezago educativo alcanza en esta población, el 82.4%.

• El 77.6% de personas indígenas no cuenta con una seguridad social, entre ellas las empleadas domésticas que no tienen derecho ni siquiera a un nombre propio, porque son “mis muchachas” o “la sirvienta”, cuando es un ser humano, que tienen derecho a tener una identidad y tienen un nombre.

• El 20% de esta población carece de agua potable.

Afirmó la maestra Dolores Pérez Lazcano que la mejor muestra de que todos los días se violentan los derechos de los pueblos indígenas, está en el hecho de que ningún municipio de la Zona Metropolitana, ha implementado política pública alguna para atender a las personas de los pueblos originarios que habitan en esta metrópoli.

Sin embargo, en aras de mostrarse propositiva, Pérez Lazcano también planteó: “Yo lo que propongo es que necesitamos políticas públicas desde el municipio, porque somos multiculturales, pero mientras no se realice un diálogo intercultural, sepamos quiénes son, cuáles son sus necesidades.

“Necesitamos una instancia municipal o metropolitana de integración de estas personas, porque no se trata que toda la vida sean sujetos a que les den, entre otras cosas permiso para que vendan sus artesanías. Lo que se necesita es crear una oficina que los integre, que vaya a ellos, aprovechando que se creó el puesto de gerente de la ciudad y las gerencias de zona, ya están más cerca de ellos, ver de dónde vienen, integrarlos, abrir el ayuntamiento a ellos y promocionar su independencia económica, son seres humanos que necesitan oportunidades”, expuso la investigadora experta en el tema de los pueblos originarios.

CON DISCRIMINACIÓN, POBREZA Y EXCLUSIÓN, JAMÁS HABRÁ PAZ

En un ejemplo por demás optimista, la maestra Pérez Lazcano planteó que “si el día de mañana se acaban los asesinatos en el Estado, no puede haber paz, la paz no será posible porque mientras exista discriminación, pobreza y exclusión, y mientras que los derechos humanos de todos los mexicanos no se respeten, no podemos decir que vivimos en paz”.

Mencionó que en el país tenemos un rezago con las comunidades indígenas de más o menos 500 años o un poquito más, porque las comunidades y pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía, la libre determinación, a conservar su cultura, su forma de vestir, sus tradiciones, todo lo que llamamos usos y costumbres.

Pero en nuestro país -dijo-, lo que ha sucedido es reconocerles su autonomía, pero no se ha hecho mucho en cuestión de que prevalezca esa necesidad que ellos tienen de conservar su cultura, su lengua, su vestimenta, porque los no indígenas hemos desarrollado esa capacidad de no verlos, de discriminación y de exclusión. La grave situación en la que se han visto en sus comunidades los ha obligado a venir a las ciudades. En Jalisco se reconocen a cuatro grupos: la comunidad wirárika en la zona norte, la comunidad náhuatl en el sur, los indígenas migrantes que viven en la Zona Metropolitana de Guadalajara y los indígenas jornaleros que trabajan en los campos de cultivo, la nueva y moderna esclavitud del siglo 21. Y aunque se llamen empresas socialmente responsables, ellos no se hacen responsables de la seguridad social de los indígenas que vienen a trabajar en las enormes extensiones de invernaderos y viven en galerones sin tener derecho a una vivienda digna, alimentación, educación y muchos de ellos son monolingües.

Pero vengámonos más acá -abundó-, en la ZMG en donde ni siquiera se tiene un censo actualizado de dónde están, quiénes son, de dónde vienen, a qué etnia pertenecen, pero se nos ha hecho normal que estas personas vendan fruta, vendan papitas y vendan sus artesanías, como si estuvieran destinadas a hacer eso en su vida. Y uno de los planteamientos que se hacía aquí era de cómo preservar tu cultura… son dos cosas, la preservación de su cultura una vez que han sido reconocidos tendría que estar fomentada e impulsada por los gobiernos estatal y municipales y en ningún municipio de la ZM se tiene una sola política pública para el fomento a los indígenas que han venido a vivir aquí.

En el panel Avances y retrocesos en materia de derechos humanos, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, tomaron parte también el regidor, Eduardo Almaguer Hernández, que habló sobre “Las desapariciones en Jalisco” y la activista María Guadalupe Ramos Ponce, que abordó el tema de “La violencia de género y el feminicidio”.