REPORTAJES
Día Internacional de los Derechos Humanos: El uso político de Yuawi, ejemplo de violación a derechos
Por Mario Ávila //
El uso de la imagen del niño indígena Yuawi en la campaña de promoción de la marca de la ciudad “Guadalajara-Guadalajara”, gestada durante el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez y que se ligó posteriormente con una intensa campaña política en favor de Movimiento Ciudadano que los llevó a ganar el Gobierno del Estado, sirvió como ejemplo de violación a los derechos humanos de los derechos de los pueblos indígenas.
De ello quedó constancia en el panel “Avances y retrocesos en materia de derechos humanos”, organizado por Eva Araceli Avilés Álvarez, regidora presidenta de la comisión edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Ayuntamiento de Guadalajara, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Particularmente en la ponencia de la maestra Dolores Pérez Lazcano, con el tema Derechos de los pueblos indígenas, se habló del caso del niño indígena, particularmente de la comunidad wirárika, Yuawi, cuando la ponente preguntó: “…alguien se acuerda de la campaña ‘Guadalajara-Guadalajara’ de la administración pasada. Qué bonita, un niño indígena, un niño wirárika que está con su sombrerito, que cantaba y bailaba para contagiar a todo mundo… y en qué acabó esa campaña, quisiera yo saber. Cuál es esa marca “Guadalajara, Guadalajara” en donde “utilizaron” a las personas de origen indígena porque se ven bonito, porque son políticamente correctos, hoy nadie se acuerda de eso, no sé cuánto costaría, pero hoy nadie habla de eso. Aquí solo se les utilizó”, dijo.
Luego abundó: “Vemos que en campaña los candidatos se ponen los trajes tradicionales y van y ofrecen hacer y deshacer… y vean estas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval):
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Se calcula que en México hay 11 millones de personas que pertenecen a un pueblo originario, pero el Banco mundial ha dicho que ya la mayoría se está yendo a las grandes urbes por falta de oportunidades en sus lugares de origen.
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De esos 11 millones, el 72% que equivale a 8.3 millones de personas padecen pobreza.
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De esos, 3.2 millones de personas no tienen la capacidad económica para adquirir una canasta básica.
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Casi el 20% de las personas de 20 a 64 años no saben leer ni escribir.
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El 53% de las personas de 65 años y más no saben leer ni escribir.
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El rezago educativo alcanza en esta población, el 82.4%.
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El 77.6% de personas indígenas no cuenta con una seguridad social, entre ellas las empleadas domésticas que no tienen derecho ni siquiera a un nombre propio, porque son “mis muchachas” o “la sirvienta”, cuando es un ser humano, que tienen derecho a tener una identidad y tienen un nombre.
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El 20% de esta población carece de agua potable.
Afirmó la maestra Dolores Pérez Lazcano que la mejor muestra de que todos los días se violentan los derechos de los pueblos indígenas, está en el hecho de que ningún municipio de la Zona Metropolitana, ha implementado política pública alguna para atender a las personas de los pueblos originarios que habitan en esta metrópoli.
Sin embargo, en aras de mostrarse propositiva, Pérez Lazcano también planteó: “Yo lo que propongo es que necesitamos políticas públicas desde el municipio, porque somos multiculturales, pero mientras no se realice un diálogo intercultural, sepamos quiénes son, cuáles son sus necesidades.
“Necesitamos una instancia municipal o metropolitana de integración de estas personas, porque no se trata que toda la vida sean sujetos a que les den, entre otras cosas permiso para que vendan sus artesanías. Lo que se necesita es crear una oficina que los integre, que vaya a ellos, aprovechando que se creó el puesto de gerente de la ciudad y las gerencias de zona, ya están más cerca de ellos, ver de dónde vienen, integrarlos, abrir el ayuntamiento a ellos y promocionar su independencia económica, son seres humanos que necesitan oportunidades”, expuso la investigadora experta en el tema de los pueblos originarios.
CON DISCRIMINACIÓN, POBREZA Y EXCLUSIÓN, JAMÁS HABRÁ PAZ
En un ejemplo por demás optimista, la maestra Pérez Lazcano planteó que “si el día de mañana se acaban los asesinatos en el Estado, no puede haber paz, la paz no será posible porque mientras exista discriminación, pobreza y exclusión, y mientras que los derechos humanos de todos los mexicanos no se respeten, no podemos decir que vivimos en paz”.
Mencionó que en el país tenemos un rezago con las comunidades indígenas de más o menos 500 años o un poquito más, porque las comunidades y pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía, la libre determinación, a conservar su cultura, su forma de vestir, sus tradiciones, todo lo que llamamos usos y costumbres.
Pero en nuestro país -dijo-, lo que ha sucedido es reconocerles su autonomía, pero no se ha hecho mucho en cuestión de que prevalezca esa necesidad que ellos tienen de conservar su cultura, su lengua, su vestimenta, porque los no indígenas hemos desarrollado esa capacidad de no verlos, de discriminación y de exclusión. La grave situación en la que se han visto en sus comunidades los ha obligado a venir a las ciudades. En Jalisco se reconocen a cuatro grupos: la comunidad wirárika en la zona norte, la comunidad náhuatl en el sur, los indígenas migrantes que viven en la Zona Metropolitana de Guadalajara y los indígenas jornaleros que trabajan en los campos de cultivo, la nueva y moderna esclavitud del siglo 21. Y aunque se llamen empresas socialmente responsables, ellos no se hacen responsables de la seguridad social de los indígenas que vienen a trabajar en las enormes extensiones de invernaderos y viven en galerones sin tener derecho a una vivienda digna, alimentación, educación y muchos de ellos son monolingües.
Pero vengámonos más acá -abundó-, en la ZMG en donde ni siquiera se tiene un censo actualizado de dónde están, quiénes son, de dónde vienen, a qué etnia pertenecen, pero se nos ha hecho normal que estas personas vendan fruta, vendan papitas y vendan sus artesanías, como si estuvieran destinadas a hacer eso en su vida. Y uno de los planteamientos que se hacía aquí era de cómo preservar tu cultura… son dos cosas, la preservación de su cultura una vez que han sido reconocidos tendría que estar fomentada e impulsada por los gobiernos estatal y municipales y en ningún municipio de la ZM se tiene una sola política pública para el fomento a los indígenas que han venido a vivir aquí.
En el panel Avances y retrocesos en materia de derechos humanos, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, tomaron parte también el regidor, Eduardo Almaguer Hernández, que habló sobre “Las desapariciones en Jalisco” y la activista María Guadalupe Ramos Ponce, que abordó el tema de “La violencia de género y el feminicidio”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.
JALISCO
Mensaje del gobernador en el Informe de Quirino: «Tlajomulco es un ejemplo de coordinación y visión de futuro»
– Por Redacción Conciencia Pública
Mensaje del Gobernador Pablo Lemus en el Informe del Presidente Municipal de Tlajomulco, Quirino Velázquez.
Agradezco la oportunidad de estar aquí en Tlajomulco, un municipio que ha vivido una transformación notable gracias al trabajo de varias administraciones.
Quiero reconocer especialmente al presidente municipal, Quirino Velázquez, por su compromiso, capacidad de coordinación y respeto hacia lo que se ha construido en el pasado, proyectándolo hacia el futuro. Esto me llena de orgullo.
APOYO ANTE CONTINGENCIAS
Ayer enfrentamos fuertes lluvias en la región, similares a las que afectaron previamente a Tlajomulco. Gracias al trabajo preventivo de Protección Civil estatal y municipal, así como de las fuerzas de seguridad, logramos mitigar los daños.
Hasta esta mañana, se reportan 50 viviendas afectadas. He instruido al secretario general de gobierno, Salvador Zamora, un conocido y querido tlajomulquense, para que, a través del fondo estatal, se atienda a las familias afectadas con el apoyo necesario para superar esta inundación. No están solas.
Seguridad y coordinación intermunicipal
Hoy viajaré a la Ciudad de México para reunirme con la presidenta, el secretario de Defensa y el secretario de Seguridad Pública. Invitaremos a Tlajomulco y Zapopan a participar en la mesa de seguridad nacional, junto con otros municipios clave como San Pedro Tlaquepaque y Tonalá. Esta coordinación nos permitirá seguir mejorando los índices de seguridad en Jalisco.
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
En materia de infraestructura, destaco los siguientes proyectos:
- Educación y universidad: Me entusiasma la propuesta de la Universidad de la Ciénega, presentada por la rectora. Este proyecto, ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en Tlajomulco, será una universidad técnica especializada. El terreno será donado por el ejido de El Zapote, y trabajaremos de la mano con la universidad para hacerlo realidad. Este es un compromiso claro para fortalecer la educación en el municipio.
- Transporte público y conectividad: Estamos avanzando en un sistema de transporte público intermunicipal. La carretera a Chapala se integrará al sistema de transporte masivo con un puente elevado que conectará con el Macrobús y permitirá llegar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, al centro histórico de la ciudad y a otros puntos clave. Este sistema incluirá 12 líneas de transporte público continuo, con estaciones estratégicas para facilitar la movilidad. Iniciaremos pruebas en agosto de 2026, con recursos federales de aproximadamente 3 mil millones de pesos, para conectar desde el aeropuerto hasta El Salto y otros municipios.
- Línea 4 del Tren Ligero: La construcción de la Línea 4, que conectará Tlajomulco con Guadalajara, está en marcha. Aunque hubo retrasos por la aportación federal y la renegociación de la concesión de la carretera, trabajamos con el Instituto Nacional de Movilidad para que esté operativa entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Inicialmente, funcionará con bandereros para regular el tráfico, pero estará al 100% de su capacidad para septiembre de 2026. Este es un compromiso firme.
- Carretera a Chapala y Camino Real a Colima: Estamos rehabilitando la carretera a Chapala con tres carriles por sentido, banquetas, ciclovías, luminarias y arbolado, para convertirla en una vía de primer mundo. De igual forma, el Camino Real a Colima recibirá una inversión de 200 millones de pesos para mejorar banquetas, alumbrado y vegetación, descongestionando el tráfico y mejorando la calidad de vida.
- Acceso al nuevo hospital del IMSS: Facilitaremos la conectividad al nuevo hospital regional del IMSS en Tlajomulco, con accesos viales y transporte público desde la Línea 4, para que los pacientes de cinco estados puedan llegar cómodamente.
- Aeropuerto Internacional de Guadalajara: Estamos trabajando con el presidente municipal de Guadalajara y el Aeropuerto Internacional para crear un nuevo ingreso desde Arroyo Seco hasta Las Pintas, mejorando la conectividad y reduciendo la saturación en la carretera a Chapala.
COMPROMISO CON TLAJOMULCO
Quirino, reconozco tu trabajo y el de tu equipo. Tlajomulco es un ejemplo de coordinación y visión de futuro. Agradezco también a tu familia y a la comunidad por su apoyo. Seguiremos trabajando juntos para que Tlajomulco siga creciendo con infraestructura, seguridad y oportunidades para todos.
Muchas gracias.
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