REPORTAJES
El Zapotillo aún sin definición: López Obrador pide escuchar a la gente
Por Mario Ávila //
El contrato concedido a la empresa española Abengoa para llevar el agua de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato, es de 1.3 millones de pesos diarios y durante 25 años y como Abengoa está en quiebra, ese es el tamaño del negocio que buscan los empresarios cristalizar, si es que el Gobierno Federal acepta el convenio firmado por los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro Ramírez y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
El contrato con vigencia de 25 años en principio en favor de Abengoa, dice que se le venderá a León el agua a 4 pesos por metro cúbico y se le asigna a Guanajuato una cifra de 120 millones de metros cúbicos por año. Ello además del agua que se le venderá a los 14 municipios de la región de Los Altos de Jalisco, a 4.50 pesos el metro cúbico.
Todo esto al margen de que 2006 el costo inicial era de 7 mil 960 millones de pesos, para 2019 su costo ascendió a 35 mil 339 millones de pesos y si se le suma el plan de construir la Presa El Purgatorio y su sistema de bombeo, el costo total rondaría los 70 mil millones de pesos.
Estos negocios multimillonarios por los que se pronuncian los gobernadores, apoyados por el grupo de empresarios de Jalisco y tres colegios de ingenieros y arquitectos, que hoy se quieren hacer llamar también “colectivos” para aparentar mayor legitimidad social, contrastan con las alternativas que plantean los académicos e investigadores de universidades públicas y privadas, por los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo y por activistas defensores del medio ambiente y del recurso del agua.
Para los opositores a la presa El Zapotillo, hay múltiples opciones para dar agua a los municipios de Los Altos y a la Zona Metropolitana de Guadalajara, antes que las mega obras multimillonarias en las que se han tirado a la basura más de 25 mil millones de pesos en los últimos 25 años al fracasar los proyectos de la presa Arcediano en el fondo de la barranca de Huentitán y la presa de San Nicolás, en el poblado de San Gaspar de los Reyes en el municipio de Teocaltiche.
Alimentar los mantos fréaticos, aprovechar el agua de lluvia, reducir el desperdicio y hacer más eficientes a los organismos operadores del agua y apoyar políticas de sustitución de instalaciones hidrosanitarias para bajar el consumo diario de agua por persona, son algunas de las opciones que se han planteado sin que las autoridades hagan eco de las propuestas.
Al margen de estas propuestas, activistas como Manuel Villagómez han propuesto otras soluciones para evitar la puesta en operación de la presa El Zapotillo, como es cambiar el agua a León, Guanajuato, el agua del río Verde por el agua del río Lerma, que llegaría a la presa Solís, se trasladaría a la laguna de Yuriria y de ahí con un mínimo bombeo y ahorrando el 70% del gasto que se prevé desde el Zapotillo, llevar el agua a León, mediante un acueducto que se construyera exclusivamente en tierra guanajuatenses.
A cambio de los 120 millones de metros cúbicos por año del río Lerma para Guanajuato, toda el agua del río Verde sería de nuevo para Jalisco y se podría llevar a hasta la ZMG a través de una presa en Loma Larga II, mientras que para los municipios alteños, se dispondría del agua de la presa El Salto.
SON OTROS TIEMPOS: AMLO
En la rueda de prensa mañanera del pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una frase que puede ser un indicativo de la determinación que se tome en los próximos días, “ya nos son tiempos en donde deciden solo los gobernantes, hoy se escucha y se atiende también a los ciudadanos”, contestó a pregunta sobre las inconformidades contra la presa El Zapotillo.
“Ya se pusieron de acuerdo los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, porque ahí había discrepancia, ahora falta que se tome en cuenta a los pobladores. Hay una resolución de la Corte que habla que la cortina tiene que ser a 80 metros y si es así, los pueblos pueden no inundarse, pero hay quienes sostienen que sería poca agua y no sería suficiente”.
“Estamos hablando porque es una obra que se inició desde el gobierno de (Vicente) Fox y está inconclusa (La Presa). Tenemos que llegar a un acuerdo para escuchar a los pobladores; podríamos nosotros ponernos de acuerdo, pero ¿y luego?, ¿y la gente? Ahora se escucha a los ciudadanos en todo”.
Esto significa que la determinación que se tomará estará al margen de los acuerdos a los que pudieron haber llegado los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro Ramírez (PMC) y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (PAN).
López Obrador tiene bastante información sobre la presa El Zapotillo, la primera le llegó en la campaña a la presidencia en el 2012, cuando el propio Manuel Villagómez lo abordó en una gira por el municipio de Yahualica, le planteó el panorama y la respuesta del entonces candidato y hoy presidente de México, fue: “Yo no me veo inundando estas comunidades”.
Seis años más tarde, con los problemas de El Zapotillo en una mayor dimensión, Manuel Villagómez tuvo un acercamiento con su amigo, el empresario Alfonso Romo, a la vez coordinador del gabinete y brazo derecho de AMLO, a quien le planteó la gravedad que había adquirido el problema y a la vez le planteó las distintas alternativas de solución.
Una señal de que también la determinación final podría estar del lado de los opositores a El Zapotillo, la dio la directora de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, quien en reunión convocada en la Secretaría de Gobernación, por Lázaro Cárdenas Batel, dejó en claro que la dependencia federal a su cargo no avalaba el acuerdo que firmaron los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, “porque se hizo sin datos certeros”.
Blanca Jiménez Cisneros, comentó en particular en esta reunión efectuada el pasado 9 de julio en la capital del país, que los datos sobre los volúmenes de agua del “Acuerdo de Entendimiento” para la distribución del agua del Río Verde, firmados por los gobernadores de Guanajuato y Jalisco el 29 de junio, “no le cuadran”.
DE RAMÍREZ ACUÑA A ALFARO
Conocedor pleno del tema de El Zapotillo y defensor a ultranza del uso adecuado del agua, el empresario Manuel Villagómez ha resultado una pieza vital en la lucha en contra de las millonarias obras como la presa de Arcediano y la presa de San Nicolás, hizo algunas reflexiones para los lectores de Conciencia Pública.
“Tocamos la puerta de la Presidencia de la República en este gobierno, planteando que se tome el agua del Lerma, en lugar del Verde; luego se recibió el citatorio al Padre Gabriel para que se presentara en la Secretaría de Gobernación, a una reunión donde estuvo Lázaro Cárdenas Batel, el secretario de Semarnat, Víctor Manuel Tinoco y la directora de Conagua, Blanca Jiménez, ante quienes el padre planteó un decálogo de argumentos en contra de El Zapotillo.
“Sin embargo, entre ellos destacan tres puntos específicos: 1.- La opción de que el trasvase de 120 mmts3 sea con agua del río Lerma, no del río Verde; 2.- Qué harán con los 10 amparos, entre ellos de ejidatarios y ganaderos para dejar pasar el acueducto que llevaría el agua a León, Guanajuato y 3.- El reciente acuerdo de gobernadores, hace referencia a la presa con cuentas alegres, es decir con una cortina de 105 metros, lo que en este momento está eliminado por la SCJN.
“Lázaro dice que el presidente está a favor de las comunidades y los funcionarios se comprometen a no avalar el acuerdo que hicieron los gobernadores de Jalisco y Guanajuato”, expuso el empresario del ramo de la maquinaria para la masa y la tortilla, que hoy impulsa en su lucha al Padre Gabriel, como ayer lo hizo con la señora Lupita Lara, en el caso de la defensa de Arcediano, a quien por cierto el gobierno de Aristóteles Sandoval terminó por pulverizar al despojarla con argucias legaloides orquestadas por el secretario Roberto López Lara, con más de 11 hectáreas que eran de su propiedad, según lo afirma Manuel Villagómez.
EL “FRAUDE FOXIANO”
Al hacer una reseña de lo que ha sido la historia de 14 años de lucha, Manuel Villagómez recuerda la travesía de lo que él llama “El fraude foxiano” y explica que nace oficialmente el 24 de mayo del 2005, cuando el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, le escribió una carta a Cristóbal Jaime Jáquez, en ese entonces director general de la CNA, en la que le informa que se cancela el proyecto de San Nicolás, porque existe gran oposición por inundar la iglesia de San Gaspar y le propuso un sitio en donde dijo, que no se inundará ninguna comunidad y tampoco tierra fértil… y plantea El Zapotillo.
“Situación nefasta, mentirosa y vil de parte de Ramírez Acuña -dice Villagómez-, ya que son 4 mil 500 hectáreas de tierras de cultivo y ganado y se inundarán las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, en los municipios de Cañadas de Obregón y Mexticacán”. Justo desde ese momento se conforma el primer comité en defensa de El Zapotillo y a los 92 días de aquel oficio de Ramírez Acuña hace un acuerdo con Semarnat, con la CNA y con el gobierno de Guanajuato, para hacer una presa con una cortina de 80 metros de altura, con lo que se inundan las tres comunidades.
“En ese acuerdo -abunda-, Ramírez Acuña omite dar una sola gota de agua para Guadalajara, ahí está el convenio y por eso se dio la gran oposición por la defensa de las comunidades y por la defensa del agua de Chapala que se le había cerrado la llave”.
Recuerda Villagómez Rodríguez que AMLO ha estado en las campañas del 2012 en tres ocasiones y en el 2018 visitó Yahualica, “ahí lo abordé y le presenté al padre Gabriel, que es el que ha dado la cara por la comunidad y ha presentado a título personal uno de los amparos; López Obrador dijo en ese entonces dijo que él en lo personal no se veía tomando una decisión para inundar Temacapulín”.
“Nosotros comentamos con él que desde que ese acuerdo se firmó entre Guanajuato y Jalisco, la presa no solo era inviable, sino que era imposible”, recalcó.
Relató Manuel Villagómez que quien convenció a Emilio González de una cortina de 105, después a Aristóteles y ahora a Enrique Alfaro, es el Consejo Consultivo del Agua, conformado por 33 empresarios a nivel nacional, entre ellos los grandes privatizadores del agua, los dueños de las grandes empresas refresqueras, también ricos como Carlos Slim, que ya le entró a temas de infraestructura hidráulica, al grado que compró acciones de una empresa española que está metida en el tema del Zapotillo.
En su versión Jalisco el Consejo Consultivo lo dirige Francisco Mayorga y está integrado por 51 empresarios, entre ellos varios de ellos tienen que ver de manera directa con la construcción de la presa El Zapotillo, como el arquitecto José Manuel Gómez Vázquez Aldana; fuera de esa lista en calidad de asesor, pero como una figura central, se encuentra Enrique Dau Flores, así como los tres colegios de ingenieros y arquitectos que hoy se autonombran colectivos.
Ellos -dice Manuel Villagómez-, se han reunido en dos ocasiones con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la segunda el mandatario les confirmó que antes de tomar una determinación, se reuniría con los habitantes de las comunidades y después con los ambientalistas opositores. Ante ello, Gómez Vázquez Aldana mostró su molestia en una columna que escribe para un medio local, recriminando el “cambio de postura del presidente” en las dos reuniones que sostuvo con los empresarios jaliscienses.
EL ZAPOTILLLO A 60 METROS
Producto de esa instrucción dada por el Presidente de la República, el titular de la Semarnat, Víctor Manuel Tinoco, realizó el pasado martes una visita a Temacapulín, se encontró con los opositores a la presa por más de 3 horas, escuchó más de 25 discursos y le concedió la palabra hasta en tres ocasiones a Manuel Villagómez.
Y fue ahí, caminando por Temacapulín, cuando el secretario de Semarnat dijo que a los 15 minutos de haber pisado ese suelo, confirmó su postura de que sería insensato inundarlo.
Al término de la reunión, Manuel Villagómez expuso: “Ahora al titular de la Semarnat se le ha pedido con todo comedimiento que le exprese al presidente lo que ha escuchado y confiamos en que el presidente le dé la instrucción de que debe hacer lo adecuado, y quizá para él lo adecuado sea demoler la presa”.
“Pero la presa ya está construida y está en tierras de Jalisco, déjenla, pero para beneficio de Jalisco, operando solo a 60 metros; se debe hacer otra presa en Temara o en Loma Larga II para quedarnos con toda el agua del río Verde como debe de ser y que Guanajuato o acepte ese convenio o que busque su propia agua por otras vías.
“Incluso el acueducto para distribuirles agua a los 14 municipios de Los Altos ya está diseñado y se puede partir de la presa de El Salto que tiene 80 millones de metros cúbicos abandonados disponibles anualmente, la mejor ubicada y la que está a mejor altura, de ahí se llevaría el agua con un costo mínimo de bombeo.
“El Zapotillo serviría como una presa para sanear naturalmente el agua, ya que acumularía basura, tierra y otros sólidos, mientras que la otra presa que se deba construir para enviar el agua a Guadalajara, habrá de tener el mínimo mantenimiento, solo de servicio”, planteó el activista Manuel Villagómez.
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
JALISCO
Reforma Judicial en Jalisco, alertan de riesgo con proceso acelerado: Plantea Pablo Lemus un parlamento público
– Por Francisco Junco
La reciente sesión extraordinaria del Congreso del Estado para abordar la Reforma Judicial en Jalisco ha puesto bajo la lupa a los legisladores, donde universidades, organismos académicos y actores sociales y los propios representantes legislativos coinciden en la necesidad de un debate abierto, transparente y técnicamente sólido.
Académicos, periodistas e instituciones coinciden en que cualquier cambio al Poder Judicial en Jalisco debe construirse con participación amplia y con respeto al pluralismo que define al estado.
Las universidades han subrayado que la reforma judicial no puede limitarse a una maniobra legislativa, por ejemplo la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) expresó su preocupación por la falta de un debate público y amplio, y exhortó a que los legisladores escuchen a la sociedad civil y a expertos académicos antes de aprobar cambios transcendentes.
Por su parte, académicos de la Universidad Panamericana (UP) señalaron que varias recomendaciones técnicas quedaron fuera del dictamen, y enfatizaron que los procesos de selección de jueces deben incluir criterios de transparencia, profesionalización y participación ciudadana.
Para profundizar en estas apreciaciones, el periodista y académico Gabriel Torres aseguró que lo ocurrido en el Congreso del Estado, no es sólo un episodio legislativo, sino un reflejo de un modo de gobernar que ha renunciado a la política como arte de la negociación.
Desde su visión, el Ejecutivo ha asumido que “el Congreso es un accesorio irrelevante, un espacio al que basta con convocar para solamente levantar la mano y convalidar lo ya decidido”.
Gabriel Torres subrayó que la reforma “retrata la ausencia de interlocutores políticos capaces de leer el contexto de pluralismo expresado en las pasadas elecciones, y construir los puentes de diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso”.
El periodista observó que, paradójicamente, la falta de operación política del oficialismo propició la convergencia de rivales históricos. “Cuando al fin voltearon a buscar a la oposición, descubrieron que no llegaba… porque ya estaba ahí, hecho bloque, aguardando en silencio su turno en la reforma”, señaló, describiendo la estrategia pasiva de la oposición como respuesta al desdén del partido en el poder.
Para él, la torpeza en la operación política fue “el pegamento de esa alianza inédita” entre PAN, PRI y Morena, además sostuvo que el resultado de la sesión fue contrario a lo esperado por el oficialismo.
“Frente a la imposición, la oposición decidió ejercer lo que la Constitución les confiere, retomar su condición de legisladores de Jalisco, su función de contrapeso constitucional del poder”.
En su análisis, la reforma judicial no solo es un asunto técnico, sino una prueba de la salud de la democracia local y de la capacidad de diálogo entre poderes.
Y es que el pasado 7 de octubre los legisladores fueron convocados para la sesión extraordinaria, convocada para la primera lectura del dictamen previamente aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales.
El Pleno recibió las siete iniciativas relacionadas con la reforma, entre ellas la presentada por el gobernador, los grupos parlamentarios y el propio Poder Judicial. La sesión permitió que todos los legisladores conocieran el contenido del dictamen y remitieran sus comentarios a la Comisión de Seguridad y Justicia.
Durante la sesión, Movimiento Ciudadano denunció un “madruguete”, cuestionando la rapidez del trámite y la supuesta falta de parlamento abierto.
Por su parte, las fracciones de Morena, PAN, PRI, PT, Hagamos y Futuro defendieron que el procedimiento cumplía con la normativa interna, y destacaron que Jalisco llevaba un retraso significativo en la armonización de su reforma judicial respecto a otras entidades federativas.
El bloque opositor hizo notar la importancia de la negociación y la construcción de consensos, recordando que la mayoría relativa no garantiza hegemonía política.
Las fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de fortalecer el Poder Judicial, pero marcaron distancia respecto al modo en que se había gestionado la convocatoria y el debate.
Un elemento destacado fue el documento conjunto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dirigido al gobernador Pablo Lemus Navarro, donde los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias, subrayaron la necesidad de diálogo directo y respetuoso con todas las fuerzas políticas.
En el texto, se precisa que los presidentes de los Grupos Parlamentarios suscribientes “manifestamos nuestra plena coincidencia con la necesidad de que Jalisco cuente con un Poder Judicial que dé respuesta a las legítimas demandas sociales de justicia y aplicación del Estado de derecho”.
El documento recuerda que el Congreso recibió siete iniciativas y que el dictamen se encuentra en la etapa final del proceso legislativo, por lo que cualquier discusión sobre su contenido debe canalizarse entre la primera y segunda lectura, respetando la división de poderes y el conducto formal de la Jucopo.
Durante los días posteriores, los partidos mantuvieron posiciones diferenciadas. Movimiento Ciudadano insistió en que la reforma no podía aprobarse sin un parlamento abierto y sin consultas técnicas adicionales. PAN, PRI, PT, Morena, Hagamos y Futuro defendieron que el dictamen es resultado de consensos previos en comisiones y que el procedimiento cumple con los plazos legales, aunque admitieron que la discusión pública sigue siendo relevante para legitimar el proceso.
Las universidades continuaron con sus llamados. La UP enfatizó que ciertos mecanismos como la “3 de 3” para jueces no estaban contemplados, mientras que la UNIVA reiteró la importancia de foros académicos que permitan debatir las reformas en términos de transparencia y participación ciudadana.
La UdeG aportó análisis comparativos con buenas prácticas nacionales e internacionales, insistiendo en la profesionalización y evaluación de quienes imparten justicia.
Por su parte, el gobernador Pablo Lemus respondió formalmente a los coordinadores de Jucopo, señalando que el Congreso es el conducto del diálogo y que cualquier propuesta será analizada entre la primera y segunda lectura.
En su comunicación, subrayó que Jalisco debe contar con un Poder Judicial que atienda demandas sociales y refuerce el Estado de derecho, y se muestra dispuesto a acudir al Palacio Legislativo para continuar las conversaciones.
“Quiero lanzar un mensaje muy claro a todas las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado. Abrir una mesa de diálogo con su servidor…e iniciar una especie de parlamento público de discusión en torno al Poder Judicial…que no solamente estén incluidos el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo, sino también la sociedad en general, las universidades y los colegios de abogados”, señaló el mandatario.
Y agregó que una de sus propuestas es que “las universidades públicas y privadas de nuestro estado puedan evaluar y aplicar el examen a las y los candidatos, y que obtengan una calificación mínima de ocho”.
Organismos como Coparmex Jalisco y Jalisco Cómo Vamos han insistido en que el debate debe ser transparente, técnico y participativo. Han señalado que la reforma debe fortalecer la independencia judicial y la profesionalización, evitando tintes políticos que puedan minar la confianza ciudadana.
Lo cierto es que la reforma judicial en Jalisco enfrenta una encrucijada, avanzar con rapidez en un escenario político plural, o retrasar el trámite para garantizar la legitimidad y la participación de todos los actores. La convergencia inédita de partidos históricos refleja que la política de oposición puede emerger como contrapeso cuando la operación política oficial falla.
La soberbia del partido en el gobierno, señaló Gabriel Torres, de los operadores que no le ayudan en absoluto al gobernador, “terminó por revitalizar a sus adversarios. Y que, al final, un Congreso tratado como accesorio decidió, saludablemente, recordarle al Ejecutivo que sigue siendo un poder constitucional independiente y con la facultad de resolver, sin tutelas externas, una reforma que ya acusa atraso importante en Jalisco”.
Las universidades, los organismos civiles y los partidos esperan que la discusión no se limite a maniobras políticas, sino que sea un ejercicio de construcción colectiva de justicia.
MUNDO
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez
– Por Raúl Cantú
Oaxaca, Oaxaca. Octubre 12. En el marco del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial Hacia Ciudades más Seguras, Alma Chávez Guth, presidenta de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI) y de Víctimas de Violencia Vial AC, lanzó un emotivo llamado a la acción contra lo que describió como una «pandemia» silenciosa que azota a miles de familias en México y la región.
Fundadora de varias organizaciones clave en movilidad segura, Chávez Guth enfatizó el costo humano de los siniestros viales, recordando que detrás de las cifras hay vidas irreparables y un dolor que une a víctimas de todo el continente.
Alma Chávez Guth, quien asumió la presidencia de FICVI en mayo de 2023, es una figura central en el activismo vial mexicano. Miembro fundador de los Observatorios Ciudadanos de Movilidad y Transporte de Jalisco, presidenta de Reacción por la Vida y parte de la Coalición Movilidad Segura –que impulsó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial–, ha dedicado su labor a visibilizar a las víctimas.
«La violencia vial representa un escalofriante drama que sufren cada año miles de familias en nuestro país y en este estado. Es una pandemia que todavía no ha encontrado la solidaridad y el apoyo de las instituciones», afirmó ante autoridades, especialistas y familias afectadas reunidas en Oaxaca.
Fundada en Medellín, Colombia, en febrero de 2010, FICVI agrupa a organizaciones de toda Iberoamérica unidas por el dolor compartido. Chávez Guth destacó la presencia virtual y presencial de aliados como PIDO Urgente (Brasil), Fundación de Miles (Chile), A Convivir (Costa Rica), ESTOS Accidentes (España), Pacífico Guatemala, Fundación Mónica Nicola y Reconocer (Panamá), RED de Unión (Uruguay), Mano Vive (Perú), Gabi Bici Blanca (Oaxaca), Víctimas de Violencia Vial (Jalisco), y nuevas incorporaciones como Gabi (Paraguay), Ángel Río (Colombia), Karina Winfield y Alejandro (Argentina), entre otros.
«En distancia estamos unidos, pero estos eventos son importantísimos», expresó, rindiendo homenaje a Jean Picard, fundadora española que, tras perder a su hijo Santiago, «quiso abrazarnos hace 15 años y formarnos esa guía de esperanza: si bien nuestros seres queridos no regresan, sí podemos evitar el sufrimiento en otras familias».
El impacto de los siniestros viales es devastador, según datos citados por la presidenta: más de 110,000 muertes anuales en América Latina y el Caribe, cinco millones de lesionados –muchos con discapacidades permanentes–, primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años y segunda en jóvenes adultos. En México, representa el 2.6% del PIB.
«Cada número en la estadística representa una vida, una historia, un ser humano querido. Detrás de la cifra están las personas, nuestra memoria. Las familias quedan rotas y con los brazos vacíos; no podemos abrazar más a nuestros hijos, padres o hermanos», lamentó, reconociendo la labor de colaboradores como Héctor de Agostina (consultor y padre víctima) y su equipo técnico.
«En medio de la adversidad hay una fuerza inquebrantable que nos impulsa a buscar soluciones y luchar por un cambio real», concluyó Chávez Guth, invitando a convivir en el dolor y el amor colectivo. «Nadie sufre en paz lo que hemos vivido.
Los abrazamos desde el FICVI del corazón». Su mensaje resuena como un urgente recordatorio para instituciones y gobiernos: la movilidad segura no es opcional, sino un derecho humano que exige solidaridad inmediata para prevenir más tragedias.
En el mismo evento, Esther Soto, vicepresidenta de FICVI y coordinadora del Colectivo Gabi Bici Blanca –víctima directa tras perder a su hermana Gabriela en 2020–, agradeció el apoyo de Fundación Mapfre, Semovi Oaxaca y la Fiscalía local, enfatizando la invisibilización histórica de las víctimas y el compromiso cívico para redesignar ciudades más humanas.
El foro, organizado por Gabi Bici Blanca, busca propuestas concretas hacia una «Visión Cero» en muertes viales, alineada con agendas globales de sostenibilidad.
PATRICIA MERCADO
En su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, recordó que en los últimos siete años le ha tocado trabajar con organizaciones de la sociedad civil por la movilidad segura, y como parte de ellas, con víctimas de siniestros viales.
“Con un modelo de diálogo permanente con autoridades, grupos parlamentarios, organismos expertos, logramos la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Ahora ese modelo ayuda a ir por nuevos objetivos, como quedó claro en el 8vo Foro iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial, realizado en Oaxaca”, publicó Patricia Mercado en sus redes.
UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN
En la apertura del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial hacia Ciudades mas Seguras y Humanas organizado por el colectivo Gabi Bici Blanca, miembro de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, se abrió el foro internacional con un llamado a reflexionar sobre seguridad vial, movilidad sostenible y justicia para víctimas de siniestros.
Autoridades, especialistas y familias se reunieron para proponer acciones que salven vidas y humanicen las calles.
EL COMPROMISO DE FUNDACIÓN MAPFRE EN MÉXICO
La moderadora presentó a Mónica Aguirre, representante de Fundación Mapfre en México –licenciada en administración de empresas, con 13 años en la institución y experta en iniciativas sociales– quien enfatizó el compromiso compartido.
En su mensaje destacado, Mónica Aguirre expresó: «Es un honor representar a Fundación Mapfre, donde compartimos el objetivo de una movilidad más segura, justa y sostenible. Hemos trabajado con firme compromiso social para prevenir siniestros viales mediante programas educativos, campañas de concienciación y herramientas innovadoras”.
“Nuestro labor se centra en formación, comunicación, cooperación e innovación. Creemos que la educación vial debe iniciar en la infancia con propuestas didácticas sencillas que simulen situaciones reales, formando ciudadanos seguros y responsables desde temprana edad. Gracias por incluirnos en este foro.»
LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD EN OAXACA
Jesenia Nolasco Ramírez, titular de Semovi Oaxaca, saludó en el foro a aliados como Patricia Mercado y Fundación Gabi Bici Blanca, agradeciendo la invitación y reconociendo el espacio para reflexionar sobre movilidad sustentable y ciudades seguras.
Desde el gobierno de Salomón Jara Cruz, enfatizó la movilidad multimodal como sistema integrador (peatonal, ciclista, público y motorizado) seguro y accesible. En Oaxaca, impulsan el Sistema Integrado de Transporte BinniBus (7 rutas operativas de 35, beneficiando 24,000 usuarios, culminando en enero); Senderos de Paz (manual para 570 municipios); Oaxaca Camina (calles peatonales en centro histórico); y Calles para la Paz, fomentando vialidades humanas.
«Que este encuentro promueva diálogo iberoamericano y provecho para todos; disfruten Oaxaca», puntualizó.
MENSAJE DE ESTHER SOTO: “LA VIOLENCIA VIAL ES EVITABLE, NO ES UN ACCIDENTE”
Esther Soto, creadora del Colectivo Gabi Bici Blanca, presentó un mensaje muy emotivo al iniciar los trabajos del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial Hacia Ciudades más Seguras.
“En la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial y en Gabi Bici Blanca, trabajamos desde la experiencia más dura: la pérdida. Yo estoy segura que cada persona que hoy nos acompaña de alguna manera ha conocido de cerca el dolor de ver una vida apagada en segundos, y sé también de la lucha diaria para que esa historia no se repita.
Hoy estamos aquí porque compartimos una certeza: la violencia vial es evitable. No es un “accidente”, no es una casualidad. Es el resultado de decisiones —o de la falta de ellas— que se toman cada día en nuestros gobiernos, en nuestros congresos, en las oficinas donde se diseñan las calles… y también en nuestras manos, como sociedad.
Este foro nace inspirado en la 8ª Semana Mundial de la Seguridad Vial de la ONU, que este año se celebró del 12 al 18 de mayo de 2025 bajo el lema «#CaminaSeguramente #CiclismoSeguro», centrándose en la creación de calles seguras para peatones y ciclistas.
Hoy damos continuidad a esa semana, no solo con un nombre, sino con un compromiso: que nuestras calles sean más seguras, más justas y más humanas.
Y antes de comenzar con la jornada de trabajo, quiero que nos detengamos un momento para recordar por qué estamos aquí: Estamos aquí por cada hijo, hija, hermana, madre, padre, amigo o amiga que salió de su casa y nunca regresó a causa de la violencia vial. Sus vidas importaron, y siguen importando. Su alegría, sus sueños, sus luchas, hoy son también nuestras.
Y porque la memoria no debe ser silencio, sino fuerza y energía, les invito a que honremos a todas las víctimas con lo que ellas mismas nos dieron en vida: alegría, amor y esperanza.
Les pido ponernos de pie y regalarles un fuerte aplauso, para que el eco de sus nombres siga vivo en este foro, y para que nunca olvidemos que su ausencia es nuestro mayor motivo de acción.
(— Minuto de aplausos —)
Gracias.
Comencemos la jornada de trabajo que nos convoca a todas y todos: víctimas, familiares, activistas, académicos, autoridades y ciudadanía. Aquí no hay jerarquías más importantes que la vida misma. Aquí, lo que nos une es una sola convicción: ninguna muerte vial es aceptable, ninguna familia debería pasar por este dolor. Por eso este foro es un llamado urgente a la acción. Queremos calles que no sean trampas mortales, queremos gobiernos que pongan la vida en el centro de cada decisión, queremos una sociedad que entienda que la movilidad no es un privilegio, sino un derecho humano.
Con esa fuerza, con esa esperanza y con esa memoria que se hace acción, queda inaugurado el 8º Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial.
NACIONALES
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto
– Por Raúl Cantú
Ciudad de México- La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para vehículos y la suspensión de licencias por conducir bajo los efectos del alcohol son medidas constitucionales, resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al fallar sobre la Acción de Inconstitucionalidad 1/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
Este fallo histórico fortalece los derechos de las víctimas de siniestros viales y marca un precedente para la seguridad vial en México.
La ministra Loretta Ortiz destacó durante la discusión que el seguro obligatorio, aunque no está directamente vinculado a la seguridad vial en un sentido estricto, garantiza la reparación del daño a quienes sufren accidentes de tránsito. “El seguro de responsabilidad civil asegura que las víctimas tengan acceso a una compensación justa por daños, lesiones o pérdidas, protegiendo sus derechos fundamentales”, afirmó Ortiz.
Este mecanismo, respaldado por el legislador local, reconoce a las víctimas como sujetos de derechos, no como daños colaterales.
El proyecto de sentencia, presentado por la ministra Lenia Batres y aprobado por mayoría, validó disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla. Entre ellas, la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y la suspensión de la licencia de conducir hasta por un año para quienes manejen en estado de ebriedad.
La resolución, discutida en presencia de familiares de víctimas y organizaciones de la Coalición Movilidad Segura, da luz verde a las entidades federativas para implementar estas medidas a nivel local, consolidando un marco de protección para conductores y víctimas.
UN RESPALDO A LA JUSTICIA SOCIAL
La Coalición Movilidad Segura, integrada por organizaciones de la sociedad civil, celebró la decisión de la SCJN. En noviembre de 2024, esta coalición presentó un amicus curiae ante la Corte, aportando argumentos jurídicos y técnicos que sustentaron la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
“Este fallo es un paso crucial para garantizar el derecho a la movilidad segura y para visibilizar a las víctimas de siniestros viales, que durante años han sido ignoradas”, señaló Alejandra Leal, codirectora de Céntrico e integrante de la coalición.
El impacto de esta resolución trasciende Puebla. Ramón Vara Pizzini, padre de Emmanuel Vara Zenteno, activista fallecido en un atropellamiento en 2018, expresó: “Este es un precedente positivo para el país. La lucha que comenzó en Puebla fortalecerá los derechos de todas las personas afectadas por siniestros viales”.
Su testimonio refleja el dolor de miles de familias que han perdido seres queridos o enfrentado las consecuencias de accidentes sin justicia ni reparación.
Elsa Guzmán, madre de Jacinto León, víctima mortal de un siniestro en Mérida, subrayó la importancia del seguro obligatorio: “Combate prácticas como la fuga de los responsables o la falta de aseguramiento, que dejan a las familias desprotegidas”.
En México, el bajo nivel de aseguramiento vehicular agrava la situación de las víctimas, quienes a menudo enfrentan gastos médicos, rehabilitación o pérdidas económicas sin apoyo.
UN CAMBIO DE PARADIGMA
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), base de estas disposiciones, representa un avance en justicia social al reconocer a las víctimas de siniestros como sujetos de derechos. “Ya no son un daño colateral, sino personas con derecho a una reparación integral”, afirmó Alejandra Leal.
El seguro obligatorio asegura una fuente confiable para cubrir gastos médicos, rehabilitación, daño moral e indemnizaciones, reduciendo la incertidumbre para las víctimas.
Armando Pliego Ishikawa, coordinador nacional de la Coalición Movilidad Segura, explicó: “El seguro de responsabilidad civil hace operable el estándar de justa reparación. Garantiza recursos oportunos para las víctimas y evita que queden desamparadas”.
Esta medida, combinada con la suspensión de licencias por conducir en estado de ebriedad, refuerza la prevención y la responsabilidad en las carreteras.
HACIA UN FUTURO MÁS SEGURO
La resolución de la SCJN no solo valida la constitucionalidad de estas medidas, sino que envía un mensaje claro: la seguridad vial y la protección de las víctimas son prioridades. Al permitir que las entidades federativas adopten el seguro obligatorio, se sientan las bases para un sistema más equitativo y humano.
Organizaciones como la Coalición Movilidad Segura instan a los gobiernos locales a implementar estas disposiciones con celeridad, asegurando que los derechos de las víctimas sean efectivos.
Este fallo histórico es un reconocimiento al esfuerzo de familias, activistas y organizaciones que han luchado por visibilizar el impacto de los siniestros viales.
Como expresó Vara Pizzini, “es un paso hacia un México donde la movilidad sea segura y las víctimas no queden en el olvido”.
La obligatoriedad del seguro y las sanciones a conductores irresponsables son herramientas clave para construir ese futuro.
MENSAJE DE LA RED REACCIONA POR LA VIDA: “HAY BUENAS NOTICIAS DE LA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”
La Suprema Corte resolvió a favor del proyecto de sentencia que valida los artículos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla sobre el seguro de responsabilidad civil obligatorio y la suspensión por un año de la licencia a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.
Por primera vez, en la SCJN se habló de seguridad vial y de víctimas desde la perspectiva por la que hemos trabajado: derechos de las víctimas, derecho a la movilidad, justicia y prevención de siniestros.
Gracias al invaluable e incansable el trabajo de las familias de víctimas de siniestros de tránsito.
A Ramón Vara y Luz del Carmen Zenteno (Manu Vive AC), quienes dieron seguimiento puntual al tema, a Elsa Guzmán (Familiares y Amigos de Jacinto León), Dinorah Alcaraz (J.A.I.M.E. Jamás Apoyaré ir Manejando Ebrio), Esther Soto (Colectivo Gabi Bici Blanca) y Alma Chávez (Víctimas de la Violencia Vial/Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial) por todos estos años de colaboración, por trabajar y darle voz a esta causa.
A las organizaciones sociales y personas que se sumaron también al amicus curiae: Andrea Ortiz de Manu Vive, Stephan Brodziak, Blanca Rodríguez, Norberto Sánchez. A Lizeth Mejorada de Manu Vive por el enlace con el equipo del ministro Arístides. A Ana Paula Muñoz y Olalla Ávila por el apoyo.
Gracias a GHAI y GRSP por su confianza y apoyo constante. Gracias a Patricia Sosa, Jake Palley, Valentina Ochoa, por creer e impulsar desde el inicio esta agenda de litigio estratégico. Gracias a Gianella Severini, Kate Konopka, Aura Guerrero, Corina Álvarez de GHAI por fortalecer la estrategia. A Álvaro Guzmán por el impulso constante.
Gracias a la Coalición Movilidad Segura, por seguir, difundir y llevar este mensaje a todo el país.
Gracias por la confianza que tuvieron en Céntrico para implementar esta estrategia
A Paola Lara, por diseñar y liderar la estrategia jurídica, siempre poniendo los derechos de las víctimas al centro, y coordinarla con el despacho Enosi, con quien elaboramos el amicus curiae.
A Alejandra Leal por coordinar la implementación de la estrategia.
A Armando Pliego, por dar seguimiento puntual y la coordinación con organizaciones de víctimas y la vinculación con la CDH Puebla.
A Xavier Treviño por elaborar el mejor sustento técnico para fundamentar los argumentos.
A Cecilia Yáñez, por su asesoría jurídica en esta etapa de discusión en el pleno.
A Agustín Martínez por su creatividad y corazón en los materiales de comunicación, a Areli por su apoyo en la difusión, y a Jorge Matalí por el desarrollo de mensajes. Junto con este equipo lanzamos la campaña #MovilidadSeguraEsMiDerecho
A Jenny Zapata por su edición y distribución de los boletines de prensa.
Este resultado muestre la fuerza de una estrategia colectiva que combina litigio, comunicación y trabajo con organizaciones, y también reafirma nuestro compromiso por seguir empujando la agenda y explorando oportunidades como el litigio estratégico para seguir avanzando en el objetivo de la garantía del derecho a la movilidad y protección de derechos de víctimas.
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