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JALISCO

Fuerte rechazo a nombramiento por parte del Congreso de Jalisco: Luz del Carmen Godínez entrará con calzador a la CEDHJ

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Por Diego Morales Heredia //

Por incumplir con la ley en el proceso de selección, organizaciones de la sociedad civil organizada rechazan la elección de Luz del Carmen Godínez González como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Su exigencia: que se reponga el procedimiento y se elija a un ombudsman a la altura de las demandas y el contexto de crisis de derechos humanos que se vive en la región.

En documento que se hizo público por redes sociales y que está firmado por más de 70 colectivos cuya autoría es del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C, (CEPAD), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C, (IMDEC) y el Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad Jalisco, señalan que los diputados fueron omisos a las recomendaciones y demandas realizadas por las víctimas que derivó en un proceso oscuro, ilegal y excluyente.

Particularmente destacan que la falta de criterios específicos y transparentes en la evaluación de los aspirantes llevó a que la comisión legislativa declarara 29 aspirantes, que es contrario a lo que se señala en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, que deben ser sujetos a no actuar como servidores públicos en los últimos dos años.

Por esta razón, subrayan en su comunicado que Luz del Carmen Godínez González, al ser activa en el Ayuntamiento de Guadalajara, fue elegida como titular de la CEDHJ en un proceso que a todas luces fue previamente acordado entre las autoridades en turno y los partidos políticos.

De acuerdo a su análisis, precisan que “la elección de Luz del Carmen Godínez viola los requisitos de elegibilidad establecidos en la convocatoria emitida por el Congreso de Jalisco, así como la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, toda vez que como se advierte de la versión pública de su currículum, desde el 1 de noviembre de 2021 a la fecha de su postulación, ocupaba el cargo de Jefa de Departamento en el Gobierno de Guadalajara”.

Además, las organizaciones de la sociedad civil, no solo rechazan el nombramiento por la irregularidad en los requisitos de elección, sino que Luz del Carmen Godínez González tiene el perfil en experiencia acotada en niños, niñas y adolescentes, contrario a las necesidades que tiene Jalisco en la crisis de violencia y desaparecidos que se vive en el estado.

LOS RECURSOS A EMPRENDER

Para que se reponga el proceso de selección de ombudsperson en Jalisco, se está trabajando en conjunto y se prevé que a pesar de que el proceso de nombramiento de parte del legislativo no se puede impugnar, se va a presentar un amparo y se acudirá a instancias internacionales, así lo señaló la codirectora de CEPAD, Ana Karolina Chimiak.

Entrevistada por Señal Informativa, la activista expresó que el proceso se llevó a cabo violando la ley, en un claro acuerdo entre políticos, dejando de lado la participación de la sociedad civil organizada que no debería ser considerado un lujo, sino que es un derecho por el cual se ha peleado por muchos años.

“Se desarrolló sin seguir los criterios internacionales en la materia, las peticiones de las organizaciones de la sociedad civil, no ha habido un proceso transparente y público al desconocer tanto los criterios de evaluación, como a tomar la decisión final de modo de votación secreta. No se garantizó la participación efectiva ciudadana, que es un derecho no un favor de parte del congreso. El proceso se llevó a cabo violando la propia ley de derechos humanos y violando la convocatoria. Preocupa que el Congreso del Estado sostiene que si bien el proceso no fue violatorio, porque se realiza en términos de representación de la ciudadanía tan violentada en el contexto de derechos humanos, con impunidad y prepotencia de que pueden violar la ley y no pasa nada”.

Agrega: “Hay pocos recursos que se pueden emprender, sin duda alguna es un acto sin consecuencias que pudiera determinarse como un acto de corrupción, al desviar los intereses públicos con una institución de tanta trascendencia con negociaciones pactadas previamente”.

Asumiendo su liderazgo en el tema, manifestó que ya han estado estudiando las acciones que pueden emprender y que serán anunciadas a la brevedad, en donde adelantó que presentarán un amparo y acudirán a instancias internacionales para revertir la decisión del legislativo jalisciense.

“Por parte de la organización hemos recibido presiones para actuar al respecto, hemos realizado análisis profundos, sobre todo nos preocupa mucho la improcedencia de presentar el acto de amparo, donde la ley de amparo establece que estos nombramientos de parte del legislativo no se pueden impugnar, sin embargo, hemos logrado consolidar esfuerzos con otros actores, iremos viendo las estrategias, pero presentaremos un amparo como unas acciones a nivel internacional junto con otros colectivos”.

Debido a la premura en los tiempos, es difícil que se tomen acciones antes de que Luz del Carmen Godínez asuma su función como titular de la CEDHJ, sin embargo, Ana Karolina Chimiak, espera sentar un precedente y que no se violen los procesos en la designación de cargos tan relevantes como el de ombudsman en el estado.

“Es una de las condiciones que nos preocupa, sobre todo en cuanto a la reposición del proceso, pero aún nos da un tiempo suficiente para poder impugnar la decisión. Esperamos que pueda proceder aunque tuviera unos resultados tardíos, estos procesos se extienden hasta por años, sin embargo, el motivo de generar estos recursos no solo es impugnar esta decisión en concreto, sino ver de qué manera generar los cambios estructurales en términos de cómo tener más rendición de cuentas, transparencias, participación y vigilancia para los cargos de tanta relevancia. Igual el objetivo no será a corto plazo, pero esperamos que sea de más impacto».

Subraya: “No contamos con la autocrítica del congreso, decir nos equivocamos, aunque la sociedad civil lo pide. Nos pronunciamos más de 70 colectivos, solicitando al congreso que se reponga el proceso, sociedad civil es quien da la fuerza moral para la comisión, sin eso no se podrá cumplir de forma adecuada”.

A la vez, la Codirectora de CEPAD externó su preocupación más allá de las irregularidades en el proceso de selección, pues el grueso de los colectivos y la sociedad civil organizada consideran que Luz del Carmen Godínez González no cumple con el perfil que se requiere para el cargo, además de no garantizar la independencia entre las autoridades omisas y las víctimas.

“Lo que nos preocupa es la misma convocatoria, esa misma trayectoria institucional de Luz del Carmen Godínez González, donde laboraba para el gobierno de Guadalajara con un cargo alto. En ese sentido, las garantías de independencia en cuanto a su labor llama la atención si no existen intereses, contactos o favores pendientes que pudieran reflejarse en un contrapeso en su trabajo en la administración pública. Nos ha preocupado el tema de su experiencia. Su primera declaración fue que el proceso fue de acuerdo a la ley, preocupa qué tan dependiente será su actuación frente a la omisión de las autoridades”, puntualizó.

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CULTURA

Edición 812: Comunidad Indígena de Mezquitán, muy cerca que gobierno de Sheinbaum les haga justicia

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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:

El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/el-reclamo-de-la-comunidad-indigena-de-mezquitan-confian-en-sheinbaum-para-saldar-deuda-historica-de-21-anos/

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JALISCO

El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años

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– Por Gabriel Ibarra Bourjac

Para la Comunidad Indígena de Mezquitán la luz al fondo del túnel parece vislumbrarse. La esperanza la cifran en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien la ven muy distinta a sus antecesores al frente del gobierno federal que trataron a la comunidad con apatía, indiferencia e irresponsabilidad.

Recientemente han tenido respuesta de parte de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) al buscar negociar para cubrir el incumplimiento de pago del adeudo contraído hace 21 años al ceder la comunidad 270 mil metros cuadrados de terreno para la construcción de la carretera Guadalajara-Saltillo.

En entrevista con Conciencia Pública, Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado Indígena, junto a Miguel Ángel Rivera, tesorero, y Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria General, exponen su frustración, esperanza y su exigencia de justicia, pero esperan que la situación cambie.

“Ha sido una lucha difícil y agotadora”, expresa Saúl Rodríguez Barajas, líder de la comunidad. Miguel Ángel Rivera, tesorero, con la tristeza reflejada en el rostro, recuerda que en lo que va de este año han perdido a cuatro personas, y en años anteriores, muchas más.

“La gente está desesperada. Han sido 21 años esperando”, señala Rivera, destacando cómo la cesión de tierras afectó los cultivos y obligó a familias a reubicar sus hogares, trastocando su forma de vida.

Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria de la comunidad, alza la voz por estas mujeres: “Algunas han tenido que abandonar tratamientos médicos por falta de recursos. Otras han fallecido, dejando hijos menores”. Su mensaje a la presidenta es claro: “Sabemos que ha recibido nuestros documentos. Esperamos que responda conforme a la ley y haga justicia”.

Desde hace más de dos décadas, la Comunidad Indígena de Mezquitán libra una incansable batalla contra el incumplimiento del gobierno federal. En 2001, cedieron 27 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la arretera Guadalajara-Saltillo, un proyecto que prometía desarrollo, pero que los dejó en una espera interminable.

A pesar de un convenio firmado con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy SICT, el pago justo nunca llegó, convirtiéndose en un calvario de promesas incumplidas y un tortuoso litigio judicial.

Saúl Rodríguez subraya la apatía e irresponsabilidad de las autoridades, a pesar de que la comunidad ha ganado en todas las instancias judiciales, incluida una sentencia firme del Tribunal de Justicia Agraria Superior.

“Muchos compañeros que esperaban este recurso han fallecido”, lamenta. La comunidad, con 333 comuneros y sus familias, ha enfrentado no solo el retraso, sino también pérdidas humanas que agravan su dolor.

En 2004, se otorgó un anticipo inicial y otro posterior de unos 5 millones de pesos (de un acuerdo de 40 millones que sería en total y que se incumplió), pero la oferta reciente de la SICT, presentada el 24 de septiembre, no refleja el valor actualizado de la deuda, como lo ordenan las sentencias.

“Esa cantidad no tiene nada que ver con lo que debería ser hoy”, afirma Rodríguez Barajas. La comunidad propuso aceptar el pago como un anticipo y negociar el resto tras una valuación justa, pero aún no hay respuesta, generando desencanto ante la contradicción entre el discurso oficial de apoyo a los pueblos indígenas y la realidad.

El gobierno federal ha declarado 2025 como el año de la mujer indígena, un reconocimiento significativo para Mezquitán, donde más del 50% de los comuneros son mujeres, muchas adultas mayores, madres solteras o con problemas de salud.

Eulalia Dolores enfatiza la difícil situación de estas mujeres, quienes enfrentan carencias económicas que les impiden acceder a tratamientos médicos o sostener a sus familias.

La comunidad ha buscado contacto directo con la presidenta Sheinbaum, enviándole peticiones y entregando escritos en persona. “Hemos recibido respuestas que indican una orden para atender el caso, lo que nos da esperanza”, señala Saúl Rodríguez.

Sin embargo, insiste: “Queremos que no se tarde más”. La comunidad ve en este compromiso una oportunidad para que el gobierno demuestre que su apoyo a los pueblos indígenas es genuino, en contraste con gobiernos anteriores que, según Sheinbaum, usaron a estas comunidades con fines políticos sin garantizar justicia.

El caso de Mezquitán trasciende lo económico; es una lucha por la dignidad y los derechos indígenas. Cada año de espera ha sido un golpe, con pérdidas de tierras, esperanza y vidas. “Queremos que esto termine este año”, enfatiza Rodríguez.

Aunque abiertos a negociar, exigen un pago justo: “No pedimos nada regalado, solo lo que nos corresponde”. La sentencia judicial es clara, y el gobierno no tiene pretextos para evadir su responsabilidad. “Ya no tienen margen para alargar esto”, sentencia Rodríguez.

Para Mezquitán, el cumplimiento de esta deuda significaría no solo justicia económica, sino la reivindicación de mas de 21 años pidiendo Justicia.

En este año de la mujer indígena, la comunidad confía en que Sheinbaum cumpla su compromiso. “Queremos que nos vea”, insiste Eulalia Dolores. Con una lucha de mas de dos décadas, los comuneros buscan el reconocimiento de su derecho a una vida digna.

Mientras tanto, alzan la voz, recordando que la justicia no puede seguir esperando.

Mezquitán no solo espera un pago, sino un acto de reparación histórica. La luz al fondo del túnel, que hoy parece más cercana, depende de la voluntad política de un gobierno que ha prometido ser diferente.

La comunidad, unida y resiliente, mantiene la esperanza de que 2025 marque el fin de su calvario y el inicio de una nueva etapa de dignidad y justicia.

URGE ACCIÓN CONCRETA: ESPERANZA EN LA RESPUESTA DE SHEINBAUM EN LA MAÑANERA

– Por Raúl Cantú

La Comunidad Indígena de Mezquitán, tras 21 años luchando por la justicia trasr ceder 27 hectáreas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo, encuentra esperanza en la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a una pregunta de la periodista Susana Carreño en La Mañanera.

El 13 de octubre, la periodista Susana Carreño cuestionó la deuda pendiente desde 2001 con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Sheinbaum, con antecedentes del caso, tras recibir un escrito y un libro de la comunidad el 9 de agosto en Tlajomulco, prometió atenderlo y dio instrucciones a su equipo.

Sin embargo, los asesores jurídicos de la comunidad, consideran la respuesta insuficiente. En entrevista con Conciencia Pública, urgen al gobierno federal a actuar antes del 31 de diciembre de 2025, especialmente para las mujeres, que representan más de la mitad de los 333 comuneros, quienes enfrentan necesidades urgentes.

Cuatro días después, el 17 de octubre, llegó una respuesta escrita, un avance frente a los tres meses que tardó la administración anterior. “Eso da esperanza de que esta administración sea diferente”, aunque “Solo menciona atender a la brevedad, sin comprometerse a cumplir la sentencia del Tribunal Agrario”.

Dicha sentencia, firme desde diciembre de 2024, ordena a la SICT realizar un avalúo vía INDAABIN para determinar la indemnización actualizada, pero el proceso está detenido por tácticas dilatorias. La comunidad, agotada por promesas incumplidas de cuatro gobiernos previos, otorga el beneficio de la duda hasta fin de año.

La comunidad propone aceptar un anticipo ofrecido por la SICT el 24 de septiembre, siempre que se respete la actualización de valores. “Hay mucha necesidad. Un anticipo aliviaría a las familias, especialmente a las mujeres” .

La SICT, que ya dio anticipos en 2004 y 2007, condicionó el pago a renunciar a la actualización, lo cual fue rechazado. “Tienen una cantidad disponible; que la entreguen como anticipo y luego definan el monto final”.

En el año de la mujer indígena, Mezquitán espera que Sheinbaum demuestre su compromiso. “Si no hay anticipo antes del 31 de diciembre, pensarán que son iguales a los anteriores gobiernos”, advierten los representantes de la Comunidad Indígena. La comunidad no pide favores, sino justicia. La respuesta presidencial es un paso, pero solo acciones concretas honrarán la sentencia y la dignidad de Mezquitán.

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JALISCO

Requisitos para darse de alta ante el IMSS: Los desempleados pueden pensionarse con 9,400 pesos

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– Consejos para tu jubilación, por Arturo Pérez Díaz

En México, una parte significativa de la población ocupada trabaja por cuenta propia, para ellos se creó la modalidad de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Modalidad 10 y 40, para que puedan jubilarse aún sin empleo. Hablamos de casi 25 millones de personas que carecen de empleo formal, pero que si no actúan hoy, mañana se quedarán sin jubilación.

¿Con cuánto me puedo jubilar aún sin empleo?

Las Personas Trabajadoras Independientes (PTI), mediante las modalidades voluntarias permite que quienes no tienen un patrón puedan cotizar al Seguro Social y acceder a prestaciones, incluyendo una jubilación mínima garantizada en este año 2025, por 9 mil 400 pesos.

La Ley del Seguro Social (LSS) reconoce que el Instituto tiene la atribución de inscribir a los trabajadores independientes al régimen obligatorio a su solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 251, fracción X, de la LSS. 

Este esquema aparece ya en el portal del IMSS bajo “Personas Trabajadoras Independientes (PTI)” como una modalidad de aseguramiento voluntario al régimen obligatorio; mediante ese mecanismo, el IMSS presta servicios médicos, prestaciones en dinero y cotización para pensión. 

El mecanismo voluntario, puede ser estratégico para quienes fueron despedidos a los 50 años, ya cerca de una edad de jubilación, dado que permite mantener continuidad para efectos de pensión y completar en ley 73, al menos 500 semanas de cotización, que dan derecho a una pensión desde los 60 años de edad.

REQUISITOS PARA DARSE DE ALTA ANTE EL IMSS

Para que una persona trabajadora independiente pueda incorporarse al IMSS bajo este régimen, debe cumplir ciertos requisitos y pasos:

1. Solicitud de incorporación voluntaria: la persona debe pedir su afiliación al Seguro Social bajo la modalidad de PTI o incorporación voluntaria al régimen obligatorio.

2. Identificación oficial y CURP: presentar documento de identidad reconocido.

3. Determinación del salario base de cotización (SBC): seleccionar un salario base de cotización sobre el cual hará sus aportaciones.

4. Pago de las cuotas correspondientes: pagar todos los conceptos asegurados (enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro/cesantía/vejez) con cargo al asegurado, pues no hay patrón que haga aportaciones.

Además, para personas mexicanas en el extranjero, existe la posibilidad de afiliarse como trabajador independiente. 

Una vez que la persona trabajadora independiente se encuentra afiliada bajo este esquema, puede acceder a muchos de los derechos del régimen obligatorio, similares a los de los trabajadores asalariados:

Atención médica, hospitalaria, farmacéutica y atención obstétrica para el asegurado y sus beneficiarios. 

Incapacidades y subsidios por enfermedad o maternidad. 

Seguro de riesgos de trabajo (accidentes laborales) si aplica.

Pensión por invalidez y de vida para sus beneficiarios. 

Cotización para el fondo de retiro (el seguro de retiro/cesantía/vejez).

Conservación de derechos para efectos de pensión.

Continuidad en la historia laboral formal, lo cual es relevante para acceso a créditos, prestaciones y financiamientos.

Uno de los propósitos centrales de afiliarse al IMSS, es que la persona pueda aspirar en el futuro a una pensión. En el régimen del IMSS, las pensiones conocidas como “Cesantía en Edad Avanzada” y “Vejez” aplican según la edad del solicitante al momento de la petición y las semanas cotizadas. 

Acorde a la ley 73, si la persona está entre 60 y 64 años, y ya causó baja del régimen obligatorio, puede solicitar pensión por cesantía en edad avanzada. Si tiene 65 años o más, la pensión solicitada será por vejez. 

El importe de la pensión de cesantía en edad avanzada se calcula con un porcentaje que depende de la edad al momento de pensionarse:

  – 60 años → 75 %

  – 61 años → 80 %

  – 62 años → 85 %

  – 63 años → 90 %

  – 64 años → 95 %

  – Si la persona cumple los 65 años (o 64 años y 6 meses con un día) → 100 %. 

MERCADO LABORAL: TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

Para dimensionar el segmento de personas que podrían beneficiarse de este esquema, revisemos datos del INEGI. Según los más recientes boletines de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), las personas trabajadoras por cuenta propia representaron 41.9 % de la población ocupada en México, con una caída anual de 3.0 puntos porcentuales. 

En el segundo trimestre de 2025, la población ocupada fue de 59.4 millones de personas. Si 41.9 % de esa población está en trabajo por cuenta propia, eso implicaría aproximadamente 24.9 millones de personas que laboran sin subordinación.

Estos números son consistentes con las estimaciones que vinculan el alto nivel de informalidad en México: el 54.8 % de la población ocupada se considera informal, muchas de ellas precisamente trabajadores por cuenta propia sin seguridad social. 

Este universo es el mercado potencial para la afiliación voluntaria como PTI, pues son personas que hoy laboran sin cobertura formal.

En 2025 se reportaron pérdidas de empleo formal en varios meses; por ejemplo, en junio de 2025 se eliminaron 46,378 puestos formales en un solo mes, la mayor caída para un mes similar en más de una década (excluyendo pandemia). 

Durante el segundo trimestre de 2025 también se reportó una pérdida neta de plazas formales. Eso aumenta la población sin seguridad social y en consecuencia sin futuro de jubilación.

Muchas personas que pierden su empleo alrededor de los 55 años enfrentan un dilema crítico: ya han acumulado tiempo de cotización, pero están demasiado cerca del final de su vida laboral para “empezar de cero”. Si no consiguen un empleo formal inmediato, corren el riesgo de no completar las semanas requeridas para pensión. En esos casos, afiliarse como PTI puede ser una estrategia de salvaguarda.

PENSIÓN SIN EMPLEO

Si eres parte de esos 25 millones de mexicanos que siguen siendo productivos, pero está sin IMSS, debes asesorarte y asegurarte por cuenta propia, no dejar tu pensión en la incertidumbre, cada vez más personas se acercan a preguntarme por esta opción, es una gran satisfacción que ya estén cotizando en modalidad voluntaria , asegurando su futuro.

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Arturo Pérez Díaz, es periodista independiente, ha sido docente de Política, Opinión Pública y Mercadotecnia Política, así como asesor profesional de Comunicación Pública.

E-mail: amper61@hotmail.com

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JALISCO

Suspenso en el Legislativo: Reforma Judicial en Jalisco, diálogo abierto pero sin consensos

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– Por Francisco Junco

La reforma al Poder Judicial, largamente agendada, emergió con fuerza en la mesa legislativa, pero más que avanzar, desnudó una fractura entre los poderes y los partidos. La propuesta, que busca armonizar la Constitución local con la reforma federal en materia judicial, y que millares de ciudadanos miran como una clave para la transparencia y el acceso a la justicia, quedó esta semana más cerca de la parálisis que del acuerdo.

El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, se reunió en el Congreso local con los ocho coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Este encuentro se dio en respuesta al llamado del gobernador Pablo Lemus para dialogar sobre la Reforma al Poder Judicial local, la cual busca instaurar por primera vez elecciones de jueces y magistrados en junio de 2027.

Actualmente, la iniciativa enfrenta dificultades para alcanzar los 26 votos necesarios para su aprobación, ya que ni la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) con el apoyo del Partido Verde, ni el bloque opositor conformado por seis grupos parlamentarios, cuentan con la mayoría requerida.

Durante la reunión, Salvador Zamora destacó que su visita tenía como objetivo abrir un canal de diálogo con los diputados en representación del gobernador. Indicó que se está preparando un encuentro entre la Jucopo y Pablo Lemus para profundizar en la discusión de la reforma. El secretario enfatizó que el Ejecutivo ha mostrado respeto hacia los legisladores y ha mantenido una postura abierta al diálogo, respondiendo así a las críticas de líderes de Morena, PAN, PRI, Hagamos, PT y Futuro, quienes habían señalado una falta de oficio político por parte del gobierno estatal.

También reiteró que la Reforma al Poder Judicial es una iniciativa que recoge las propuestas de diversos sectores de la sociedad, incluyendo ciudadanos, especialistas y universidades, y que el gobierno está comprometido en defenderla para lograr una reforma judicial de calidad.

Sin embargo, aclaró que en la reunión no se abordó el tema de la ratificación de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Consuelo del Rosario González y Daniel Espinosa Licona.

Después de más de dos horas de diálogo con los diputados locales de Movimiento Ciudadano sobre la Reforma Judicial estatal, Salvador Zamora, anunció que al día siguiente se reunirá con todos los grupos parlamentarios junto con el gobernador Pablo Lemus.

La reunión, explicó el funcionario estatal, se realizará en un lugar neutral para dialogar y buscar puntos de encuentro que permitan aprobar la reforma en los próximos días, atendiendo las inquietudes surgidas tras la aprobación del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales y su entrada a primera lectura.

Los coordinadores parlamentarios dialogaron con el gobernador Pablo Lemus para abordar la reforma al Poder Judicial. Lemus destacó la apertura al diálogo, proponiendo reuniones continuas, sin abordar detalles específicos, confiando en alcanzar consensos para Jalisco.

El gobernador apuntó que “los legisladores fueron muy abiertos y perceptivos a los planteamientos que se hicieron… confío en lograr consensos en temas indispensables para el estado” y añadió que “no entramos en los detalles de la reforma al Poder Judicial… Yo voy a ser muy respetuoso de lo que ellos decidan en los procesos internos del Poder Legislativo”.

Diputados de MC y la oposición buscan consensos para la reforma judicial, proponiendo modificaciones. Morena y PAN destacan la apertura y autocrítica del gobernador Lemus, pero la fecha para la votación en segunda lectura sigue indefinida.

El coordinador de los diputados de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, declaró que “Movimiento Ciudadano se comprometió a presentar una lista de propuestas de modificación al dictamen y con base en esa lista, vamos a reinstalar una mesa de diálogo político para ver si podemos conciliar y sacar una reforma consensuada por todas las fuerzas políticas”.

La diputada Claudia Murguía Torres comentó que “en Acción Nacional hemos impulsado un diálogo firme entre las fuerzas políticas para fortalecer el Poder Judicial en Jalisco”.

La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco votó a favor de adherirse al dictamen sobre la Reforma al Poder Judicial, turnado previamente por la Comisión de Puntos Constitucionales.

Con esta adhesión, el dictamen ya puede presentarse a votación en segunda lectura ante el pleno del Congreso; sin embargo, ninguno de los bloques legislativos cuenta aún con los votos necesarios de las dos terceras partes de los 38 diputados para garantizar su aprobación.

La adhesión al dictamen presentada por el bloque opositor recibió el respaldo de cinco diputados de Morena, PAN, PRI, Hagamos y del legislador sin partido Alejandro Puerto.

Por su parte, las diputadas de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina y Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, votaron en contra, argumentando la necesidad de abrir un nuevo periodo de consulta de 30 días, lo que deja en claro que aún existen diferencias significativas entre las bancadas.

Miguel de la Rosa (Morena) destacó que MC presentará modificaciones al dictamen para consensuar la Reforma Judicial. José Luis Tostado (MC) confía en que el diálogo con Lemus y las bancadas logrará una reforma que beneficie a Jalisco.

La coordinadora de la bancada del PAN, Claudia Murguía, destacó que el gobernador asumió una postura de autocrítica durante el encuentro, lo que abre la posibilidad de acuerdos en torno a la reforma y otros temas.

Pese al avance en el diálogo y las señales positivas, todavía no se ha definido una fecha para la votación en segunda lectura, la cual permitirá, por primera vez en Jalisco, la realización de elecciones de jueces y magistrados.

La Jucopo espera fijar el lunes la fecha para votar la reforma judicial en el pleno, pero sin nuevos acuerdos, podría estancarse. Analistas advierten que debe aprobarse antes de 2027 para elecciones de jueces. El Ejecutivo y bancadas dialogan, pero los votos aún son inciertos.

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