JALISCO
La alternativa más firme que apoyan pobladores: El Zapotillo ni hoy ni mañana ni nunca, afirma Gabriel Espinoza, líder comunitario
Por Mario Ávila //
Que la presa El Zapotillo no operará ni hoy, ni mañana ni nunca, es lo que daría certeza a los habitantes de las comunidades afectadas y que se tumbe, que se cancele, que se demuela la obra, es una de las alternativas más firmes que se han presentado entre las deliberaciones que toman los pobladores de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, según lo hizo saber el padre, Gabriel Espinoza, líder comunitario en la región.
Hace un mes, el pasado 14 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo presente en el poblado de Temacapulín, para dar la cara a los habitantes que se inconforman con la construcción de la presa que se construye sobre el cauce del río Verde; ahí anunció la determinación que el agua es exclusivamente para Jalisco y puso a consideración de los vecinos, un proyecto de Conagua para que la altura de la cortina de la presa se quedara en 80 metros y se realizaran acciones para evitar la posibilidad de que se inundaran las tres comunidades.
Incluso dejó en manos de los pobladores la determinación final de aceptar o no la operación de la presa en esas condiciones y para tener elementos que les pudieran ayudar a tomar la determinación, una semana después se les presentó a detalle el proyecto de la obra por parte de Conagua.
HABLA EL LÍDER COMUNITARIO GABRIEL ESPINOZA
De ello habló el activista Gabriel Espinoza, en la entrevista múltiple realizada por el periodista Jorge Zul de la Cueva, a través de la plataforma informativa “Los Sótanos del Poder”, en la que además del ex sacerdote, tomaron parte también, María González Valencia, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el periodista Gabriel Ibarra Boujarc, director general del semanario Conciencia Pública.
El líder social más activo en la defensa de los tres pueblos de la región de Los Altos de Jalisco, que estaban destinados a inundarse con la construcción de la presa en territorio de Cañadas de Obregón, desde sus inicios en el 2006, aclaró su dicho, “aunque sabemos que el presidente ha dicho el 14 de agosto pasado, que no sería conveniente demoler y que podría operar con ciertas condiciones para que no se inunden las comunidades.
“Nosotros estamos en las comunidades justamente en ese proceso de análisis con quienes nos acompañan en el tema de derechos humanos, en el técnico, en el jurídico, para analizar la propuesta de la Conagua que el 21 de agosto pasado Germán Martínez nos hizo; la propuesta la hace Conagua y las comunidades deciden si aceptan que opere la presa a cierto nivel y se salven las comunidades o la otra opción es no estar de acuerdo y todo se queda como está y cada quien nos hacemos responsables de las decisiones”, planteó.
Hasta este momento -dijo-, estamos en las deliberaciones, no hemos asumido una postura final, de los dos lados hay riesgos. El presidente tiene buena voluntad y es muy inteligente, ha dejado a los pueblos la decisión final, pero a la vez eso te da la oportunidad de ganar o ponerte en riesgo, porque si la presa se queda como está y o se mete ningún peso para la seguridad de los pueblos, esto nos pondría en riesgo en próximas administraciones, porque siempre estaría la tentación de nuevos gobernantes que eventualmente revivirían el proyecto.
Es desgastante -abundó-, estar soportando todas las tensiones de un trabajo serio. En Temaca, Acacico y Palmarejo hemos descubierto que la lucha por el agua, no es tanto por defender tres ranchitos o tres pueblitos y sus intereses sociales, patrimoniales y culturales, sino que hemos logrado la visión de que la oposición a El Zapotillo, a la privatización del agua, es a favor de la sociedad en general, es descubrir que cualquier obras de infraestructura lleva en el corazón dobles intereses, un doble discurso, ya que se pone en la discusión pública la importancia del agua, pero en el fondo se están acuñando grandes negocios económicos.
Desde el 2010 -expuso-, se habla de la revolución del agua, cómo logramos que no solo Temaca, sino que todos los pueblos, todas las familias, hombres y mujeres, de todas las edades, todos los ciudadanos, tengan agua y sean accesible de manera justa. Aquí, no son 30 años de proyectos sin solución para el abasto de agua, son 70 años, porque Temacapulín sabe de presas desde 1950 cuando Guadalajara apenas tenía 500 mil habitantes y se proyectó La Zurda para salvaguardar el lago de Chapala y después de un buen temporal que llenó la laguna, se abandonó La Zurda en 1955, hasta que Salinas de Gortari la resucitó en 1989 y quedó ahí abandonada.
Durante su intervención el padre Gabriel Espinoza, valoró en toda su dimensión, la participación de las mujeres en la historia que se está escribiendo en la región. “Las mujeres son las que se han encargado de las estrategias más importantes para que los pueblos sobrevivan. En el caso de Temacapulín, todos participamos, pero sí es de destacar la participación de las mujeres porque han sido las más afectadas en el tema psicosocial, son las mujeres las que más identificación tienen con el territorio, con la tierra, con la vida, con la salud, con la educación, porque estamos en territorio migrante en donde muchos hombres se han ido al extranjero y han sido las mujeres las que sacan adelante incluso el trabajo del campo, del hogar, de la iglesia y por ello la decisión de las mujeres pesa mucho más que la de los hombres.
VAN INVERTIDOS 35 MMDP Y FALTARÍA OTRA CIFRA SIMILAR
Por su parte, María González Valencia, representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), destacó la lucha de 16 años, en donde las tres comunidades de Los Altos han defendido su derecho al agua, a la tierra y su defensa a su río Verde y han demostrado que El Zapotillo no es la alternativa que podrá solucionar el abastecimiento de agua para las grandes ciudades como la Zona Metropolitana de Guadalajara y León, Guanajuato.
Destacó que en esta lucha social a través de campañas y movilizaciones y en los tribunales, han demostrado que los pueblos tienen la razón “y hoy entran a una nueva etapa de lucha con la determinación de AMLO”.
Las presas como tal -dijo-, son infraestructura ya obsoleta a nivel de tecnología, en muchos países del mundo las presas ya no son alternativa por sus impactos económicos ambientales y sociales. Al final está demostrado que destruyen los ríos, los cauces y cuando hablamos de los ríos hablamos de la sangre que corre por el planeta y que al ponerle un tapón, genera otra serie de impactos y más en estos tiempos de emergencia climática. Es un asunto de fondo, la hidráulica mexicana sigue basada en tecnología no funcional y eso lo podemos demostrar.
Estamos haciendo presas -planteó-, porque evidentemente la construcción de una presa genera corrupción y ganancias, al imponer una presa más allá de intentar solucionar un dilema, como generar electricidad o abastecer de agua a ciertas regiones; el primer interés es el negocio, es decir quién construye y en qué calidad se construye. El caso de El Zapotillo es un caso comprobado de ir hacia la mercantilización de agua y hacia su privatización porque la operación de la presa se le destinó por 25 años y eso la ley lo permite, quien construye puede operar.
La documentación que tenemos como organización -aseveró-, y que es documentación oficial, nos dice con datos de Hacienda, que a la fecha se han gastado alrededor de 35 mil millones de pesos en esta obra para construir El Zapotillo desde 2006 a la fecha y se necesitarían 35 mil millones de pesos más para que entrara en operación. Hoy los datos que está manejando la CNA, el presidente o el gobernador, no son los datos correctos, esto es lo que aparece en el presupuesto actual del 2022, pero todo lo que está documentado en la Presa El Zapotillo, el acueducto, la presa derivadora el Purgatorio, las indemnizaciones y la construcción de los centros a donde han querido desplazar a las comunidades, los estudios, lo que se han llevados las empresas, es una lista de recursos grandísima de presupuesto tirado a la basura, 35 mil millones de pesos es lo que nos ha costado hasta el momento El Zapotillo.
La activista, María González Valencia, lamentó que “definitivamente la gestión del agua en la ciudad (ZMG) es fallida, tenemos alrededor de 400 mil personas que no tienen agua en sus hogares y se encuentran en los lugares más marginados de la ciudad y son curiosamente las zonas que están inundadas, porque hay una gestión obsoleta del agua, ya que se ha hecho una serie de obras hidráulicas o el crecimiento salvaje y desordenado de la ciudad que hace que por ejemplo, La Huizachera en El Salto, esté bajo el agua en estos momentos por la presa que tienen muy cerquita entre Tlaquepaque y el Salto.
“Estamos hablando de una política de desigualdad en el acceso al agua que atenta contra la vida de las personas, porque el derecho humano al agua y al saneamiento es un derecho en nuestro país y en esos momentos tienen agua segura las zonas más ricas o en realidad el agua del Zapotillo es en realidad para las empresas inmobiliarias, las constructoras y eso está documentado. Esa agua no es para los habitantes de las colonias que quedaron cuatro meses sin agua en la ZMG y eso es algo que mencionó el presidente López Obrador en su visita a Temacapulín.
“Incluso lo que pasó ahí hace un mes fue muy relevante a nivel nacional, no es una decisión solo del presidente, es una victoria de la lucha de estos pueblos campesinos que por 16 años no solo se han opuesto, sino que han propuesto una nueva política de gestión integral del agua. Lo que sucede ahí es que el presidente decide que el agua del río Verde se queda en Jalisco, ya no irá a Guanajuato y eso significa que el acueducto queda cancelado y esa es una gran noticia. Y sobre la propuesta, habrá que revisar que tan segura es la propuesta de la Conagua de que los pueblos no corran ningún riesgo y que el presidente no le meta dinero bueno a un proyecto plagado de corrupción, que debe de ir inmediatamente a una auditoría porque no es un dinero tirado a la basura, sino dinero tirado a los bolsillos de empresarios y de políticos y eso se tiene que esclarecer, se tiene que recuperar esa inversión, para que realmente se invierta en una política eficiente y no en una política nociva.
AUDITORÍA, SANCIÓN A CORRUPTOS Y REPARACIÓN DEL DAÑO, GRADES PENDIENTES
Al plantear cuál a su juicio sería el resultado más satisfactorio. Expuso: “El desenlace ideal sería, que independientemente de la decisión que tomen las comunidades sobre El Zapotillo, que se haga una auditoría técnica y financiera, porque necesitamos saber en dónde está toda esa fuga de dinero y que se castigue a los responsables; también a estos pueblos se les tienen que reparar integralmente los daños materiales e inmateriales, los impactos psicosociales y psicoemocionales que han vivido con esta amenaza por 16 años”.
Dijo que “no se vale que un presidente, que aun reconociendo la voluntad política histórica, solamente plantee dos alternativas, se tienen que reparar los daños y se tiene que auditar, decidan una cosa o la otra, son 16 años de violaciones comprobadas a los derechos humanos, más de 20 derechos humanos han sido violados en el caso de El Zapotillo, eso está documentado”, sentenció.
El tema de la gestión del agua en las grandes ciudades, particularmente en el caso de la ZMG, dejó en claro: “Estamos hablando de una política de desigualdad sobre quienes abren la llave y tienen agua de manera permanente y segura; pero también hay una política ya muy instalada de las pipas y los tandeos, parece normal y legal que no tengan agua, cuando es un derecho”.
“También hay una política de derroche del agua, pero no hablamos de derroche del que lava el coche o el que riega su jardín, hablamos del derroche de las tuberías, del agua subterránea del tren ligero, del agua de lluvia y hablamos del acaparamiento del agua, en realidad en esta ZMG quienes más tienen acaparada el agua son las empresas constructoras, las cerveceras, las refresqueras y las empresas que están en los grandes corredores industriales, ahí están los grandes volúmenes”.
“Tampoco se vale que los gobiernos responsabilicen a los ciudadanos por disponer de 200 litros de agua en promedio por día, ahí no está el problema, tenemos que entrar a una nueva cultura del agua, de su cuidado, de su prevención de un recurso que es finito, pero no es un asunto de responsabilidad personal, sino políticas que favorecen a grandes acaparadores”, apuntó.
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– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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