JALISCO
Mensaje del gobernador: Desaparecidos y homicidios, tarea del gobierno federal
Por Diego Morales //
A través de las redes el pasado el pasado viernes 10 de enero el gobernador Enrique Alfaro subió el siguiente mensaje a propósito del tema de inseguridad y violencia que golpea a Jalisco, argumentando que su gobierno está haciendo su tarea con resultados positivos, conforme a estadísticas que dio a conocer.
Tenemos el mensaje completo del gobernador donde le responde al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que las estadísticas proporcionadas por la autoridad federal únicamente consideran información de 12 estados y que por lo tanto no puede tratarse de un informe nacional sobre desaparecidos.
De la misma forma el gobernador Alfaro Ramírez anuncia que se reunirá este martes 14 de enero con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y le pedirá respeto para Jalisco.
Liga al video de su mensaje en YouTube: https://youtu.be/hFOuAzRhehU
Texto de la misiva:
“Quiero decirles cuáles fueron los resultados en materia de seguridad en este primer año de gobierno. Porque es muy curioso cómo lo que vemos permanentemente es una descalificación sistemática al trabajo del gobierno, como si nada hiciéramos. Trabajamos todo el año, todos los días, estamos atendiendo la agenda de seguridad y para mí es motivo de orgullo poder decir que en el primer año de gobierno, en los promedios mensuales que teníamos en enero y a los que tuvimos en diciembre, la reducción de la incidencia total de los delitos fue del 28 por ciento. Más de una cuarta parte de los delitos en el primer año de gobierno, y sigue haciendo quien piensa que no se está haciendo nada”.
“Particularmente, en los delitos que definimos como prioritarios en la acción local del gobierno del estado y de los gobiernos municipales, los delitos patrimoniales que afectan el patrimonio de las personas, porque fue una estrategia definida y valga el espacio para recordarlo, con el gobierno de la república, por eso hoy extraña la actitud que algunos toman. Quedamos con toda claridad que estos iban a ser los delitos, los que voy a mencionar, en los que íbamos a responsabilizarnos como gobierno del estado y los gobiernos municipales en el trabajo de este año. Los robos a persona, los robos a negocio, los robos a casa habitación, a bancos, a transporte de carga. Estos delitos fueron los que asumimos como responsabilidad directa el estado con los municipios”.
“En el comportamiento mensual, la reducción en este grupo de delitos, de enero a diciembre es del 37 por ciento, y son las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, no son las cifras de Jalisco, son las cifras oficiales, que además por cierto están revisadas, evaluadas y con un seguimiento puntual por parte de organismos ciudadanos y por universidades muy prestigiadas de Jalisco. 37 por ciento de reducción debería ser motivo para que todos entendiéramos que aunque no hay soluciones mágicas se está trabajando en el camino correcto, y sin embargo, pareciera que hay quienes lo que quieren es generar otra percepción. Basta solamente darles algunos datos específicos de lo que bajó en total para que no sea nada más comparar, porque hay que buscar varios frentes, porque si no luego dicen que presentamos los datos como nos conviene.
Otra cifra, si comparamos 2018, todo el 2018 con 2019, la reducción en robo a vehículos es del 19 por ciento, la de robo a negocio es del 11.68 por ciento, la de casa habitación es del 18.7 por ciento, la de robo a persona 4 por ciento, robo a bancos con 34 por ciento menos, vehículo de carga con 54 por ciento menos, robo a cuentahabiente 25 por ciento menos”.
¿Y LOS HOMICIDIOS?
“No podemos cantar victoria ni levantar los brazos en señal de triunfo, pero tenemos la obligación moral de informarle a los jaliscienses la realidad en la que estamos, y los medios de comunicación tendrían que tener también esa obligación moral. Creo que el reto es entender en dónde está la otra parte del problema, porque luego la respuesta a lo que decimos es, ¿Y los homicidios?, Nada más que pequeño problema, en este acuerdo que tuvimos con el gobierno de la república, la agenda del crimen organizado recae como una responsabilidad directa del gobierno federal.
“Nosotros estamos dispuestos y comprometidos a cooperar con el gobierno de la república en este tarea, pero no hay que olvidar la naturaleza de este tipo de fenómenos delictivos. Y detrás del número de homicidios, detrás del número de desaparecidos, está el crimen organizado. La pregunta es, ¿Y el gobierno de la república dónde está?, aparte de echando culpas y quitándole dinero y quitándole dinero a Jalisco. Porque déjenme decir, que se acaban de publicar los números del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP, y se confirmó que Jalisco hubo una reducción de 15 millones de pesos menos que el año pasado. En un estado que el gobierno de la república dice que es prioritario en materia de seguridad”.
MENSAJE A ALEJANDRO ENCINAS
“Hace unos días salió el subsecretario Encinas a según él presentar un informe nacional de desaparecidos, hay algunos datos curiosos. Resulta que el informe nacional omitió decir que 20 fiscalías estatales, o sea 20 estados, no mandaron información o mandaron información parcial. Entonces presentan un informe, dizque nacional, con información de solo 12 estados.
Hay joyas en ese informe, como por ejemplo, que en el Estado de México en todo el año hubo 28 desaparecidos, es decir, el .5 de los desaparecidos del país, cuando históricamente el Estado de México tiene el 12 por ciento de los desaparecidos del país. O por ejemplo, un estado como Veracruz, que tiene el 12 por ciento de las fosas del país, resulta que tuvieron 13 desaparecidos. Dicen, que en Sonora que había históricamente 2 mil 264, ahora hubo 6, que en Sinaloa que había 3 mil 103, ahora hay 34.
“Entonces la realidad y lo que quiero decir, porque Alejandro Encinas sabe que tiene mi respeto y aprecio personal, pero le mando un mensaje claro y sencillo, con el tema de los desaparecidos no se juega a la política, si alguien lo mando atacar al Gobierno de Jalisco, con sus cifras, se está equivocando, porque Jalisco está haciendo su trabajo, porque nos duele el tema de desaparecidos, porque lo he atendido personalmente, he dado la cara, he estado con los familiares de las víctimas, porque estamos dando cifras, no necesitamos un informe nacional para decir cuál es la realidad, y por supuesto, que para nosotros es igual de importante que explicar el tamaño del fenómeno y visibilizarlo, el decir que es algo que debería estar presente en el debate público el hecho que en Jalisco se hayan reportado 2 mil 100 desaparecidos, pareciera olvidar que hemos encontrado a 2 mil 318, encontramos a más personas de las que desaparecen al año, eso es un trabajo que vamos a sostener”.
LAS DESAPARICIONES
“No estamos diciendo que sea un tema menor la cuestión de las desapariciones, pero alguien necesita que le expliquemos que detrás de estas desapariciones, en muchísimos casos está la delincuencia organizada. Yo creo que todos lo entendemos, se necesita simplemente sentido común. No están desapareciendo personas para robarles dinero, ni para extorsionarlas, están desapareciendo personas para matarlas. Esa es la realidad y la pregunta es, y el gobierno de la república aparte de dedicarse a atacar políticamente a gobernadores, ¿cuándo le va a entrar en serio contra el crimen organizado?, ¿cuándo nos vamos a dejar de los mensajes que no llevan a ningún lado?, ¿cuándo vamos a lograr entender que este es un trabajo que nos necesita a todos? Lamento profundamente lo que hizo Alejandro Encinas, veré al presidente de la república y le pediré con respeto, como siempre hemos hablado, que se entienda que esta no es la ruta”.
JALISCO CUMPLE
“Jalisco está cumpliendo con su trabajo, está dando resultados, lo está haciendo de la mano y gracias a la coordinación que hemos tenido con el Ejército Mexicano, con la Marina, con la Guardia Nacional, con las fuerzas federales que se la están jugando con nosotros, pero mientras eso sucede, desde un escritorio en la Ciudad de México creen que tienen el derecho de quitarnos dinero para la seguridad y seguir emitiendo juicios a la ligera con informes parciales, Jalisco no acepta esa dinámica, Jalisco le dice a la federación, aquí nos la estamos jugando todos los días y no vamos a dejar de hacerlo, es nuestro compromiso moral, nuestro compromiso básico, no le vamos a fallar al pueblo de Jalisco, estamos dando resultados y lo vamos a seguir haciendo a pesar de aquellos que quieren descarrilar a nuestro estado, porque mientras unos se dedican a hablar todos los días mal de Jalisco, a decir y querer pintar un panorama negro y terrible, la realidad contrasta con esa visión, la realidad es la de un estado pilar de la economía nacional, la de un estado que sigue siendo orgullo nacional, que está recuperando su grandeza, que está trabajando todos los días, en eso nos vamos a concentrar”.
“Por eso, para mí, el trabajo que se está haciendo en nuestro Sistema de Reinserción Social es muy importante, por eso, la decisión que ha tomado el Gobierno de Jalisco es que ante esta circunstancia, la realidad en la que vivimos, la política de seguridad del gobierno se basa en un principio fundamental, hablar con la verdad, aquí no escondemos cifras, pero sí vamos a decirle al pueblo de Jalisco en dónde estamos parados y cómo estamos trabajando”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.
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