JALISCO
Que María Elena Limón se someta a la revocación de mandato: Hugo Villavicencio, presidente de Intepro Contigo
Por Mario Ávila //
Con el inicio del mes de mayo, los alcaldes de Jalisco llegan a la mitad de su trienio y con ello se abre la posibilidad de que los ciudadanos puedan exigir, que se les someta a un proceso de evaluación popular, a fin de determinar si siguen en el cargo o son removidos.
La primera que podría ser sentada en el “banquillo de los acusados”, aprovechando el contenido ya vigente de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, particularmente en lo que se refiere a la Revocación de Mandato, podría ser la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón.
Ello luego de que Hugo Villavicencio Gallardo, presidente de Intepro Contigo, A.C., encabezando a medio centenar de ciudadanos habitantes de Tlaquepaque, que se dicen líderes de igual número de colonias, considera que la presidenta ha fallado en brindarle a los habitantes de su municipio las condiciones mínimas para salir de la pobreza extrema, protegerlos de la inseguridad, superar el grave desempleo y brindarle los servicios de salud.
Para ello ya turnó una carta de intención con la firma de 50 personas a la autoridad electoral en la entidad, es decir el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, anunciando su intención de cumplir con los requisitos de recabar el 3% de las formas de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral del Municipio, es decir, para formalizar la petición tendría que conseguir el visto bueno de alrededor de 6 mil tlaquepaquenses.
Sin embargo, si todo el trámite administrativo prospera, la autoridad electoral organizaría la consulta en la que para que se pueda cumplir la exigencia de los ciudadanos convocantes, de que la alcaldesa sea separada del cargo, se debe alcanzar al menos un voto más de los que votaron por ella en la elección inmediata anterior.
Vale la pena recordar que en la elección 2018, en pro de María Elena Limón votaron 86 mil 370 ciudadanos, y por lo tanto esa sería la barrera que tendrían que superar los ciudadanos inconformes. A este número de votos llegó María Elena Limón, gracias a la alianza que realizó MC con el PAN y el PRD en este municipio, ya que si la alcaldesa hubiera representado solo a MC, solo habría superado con escasos 58 votos a Morena. En el cómputo final MC obtuvo 58 mil 697 sufragios, Morena 58 mil 639, PAN 21 mil 812 la alianza recibió 3 mil 657 y el PRD 2 mil 204 votos.
Hugo Villavicencio, activista y líder de los quejosos, ya le turnó incluso una carta la alcaldesa el pasado 27 de abril, para exhortarla a que sea ella quien ofrezca voluntariamente ser sometida a la herramienta democrática que ofrece la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, en su capítulo VIII, artículo 82, referente de la Revocación de Mandato.
Ello para que en los 120 días posteriores, una vez cumpliendo el requisito de juntar las firmas del 3% del Padrón Electoral en el municipio, tal como lo marca el ordenamiento legal, sea el IEyPC el que lleve a cabo este ejercicio democrática de participación ciudadana.
“Luego de que se formalice la petición, en los cuatro meses posteriores se habrá de efectuar un proceso de consulta a la ciudadanía, en el que para prosperar el rechazo a que la alcaldesa siga en el cargo, se debe obtener un voto más del total de los votos que conquistó en la elección inmediata anterior en la que resultó electa”, dice la misiva.
Y abunda: “Sin embargo en contra parte, si es el deseo de los ciudadanos de Tlaquepaque, el seguir gobernados bajo sus directrices, los ciudadanos promoventes de esta herramienta, habremos de reconocer su valor democrático, su profesionalismo, pero sobre todo su interés en mantener la credibilidad de su pueblo”.
EVALUAR A ALCALDES
Tal como se anticipó en Tlaquepaque, también ya se dieron muestras en Zapopan de iniciar con un procedimiento similar en contra del alcalde Pablo Lemus, particularmente iniciado por los trabajadores del DIF Zapopan (SideDIF) y apuntalado por los sindicatos adheridos a la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco (FEDETJAL), que lidera Martha Elia Naranjo Sánchez.
Por cierto ambos alcaldes se encuentran en su segundo período de gobierno, es decir triunfaron en la elección del 2015 y aprovechando las reformas a la ley electoral se reeligieron en el 2018, lo que significa que algo muy diferente hicieron en este segundo período, que no ha gustado a los gobernados que incluso es muy probable que hasta hayan votado por el munícipe en turno.
De ahí que no debe resultar extraño que entre los meses de mayo y agosto se sumen los habitantes de otros municipios, solicitando que su alcalde sea sometido al escrutinio social, para determinar si continúa su gobierno de 3 años o es separado del cargo.
Vale la pena mencionar que en los casos de María Elena Limón y Pablo Lemus, ambos ya fueron sometidos a un procedimiento similar a la mitad de su primer período de gobierno, solo que con las grandes diferencias de que en aquellos casos se llamada “Ratificación de Mandato” y el escrutinio y cómputo era organizado por la propia autoridad municipal, no por el órgano electoral del Estado, por lo que los resultados fueron ampliamente satisfactorios para los munícipes cuyo desempeño hoy es puesto en tela de duda.
“Hoy lo que no queremos –dijo Hugo Villavicencio Gallardo, presidente de INTEPRO Contigo, A.C.-, es que el procedimiento lo hagan ellos mismos, en donde ellos lo organizan, ellos lo ejecutan, ellos lo coordinan, ellos cuentan los votos y salen abiertamente victoriosos. Hoy queremos que sea la autoridad electoral la que haga el procedimiento”.
“Tenemos que juntar las formas del 3% del padrón electoral en el municipio –abundó-, que calculamos nosotros que es de cerca de 6 mil firmas. Lo primero que presentamos al IEyPC un documento con la firma de 50 líderes de diferentes colonias del municipio y estamos preparando ya en la siguiente semana una reunión con 100 líderes para empezar a poner módulos para que la gente, obviamente tomando las precauciones necesarias para evitar riesgos de contagio, pueda asistir a firmar. Y ya con los 100 líderes, será muy fácil llegar a estas 100 colonias de donde creo que fácilmente saldrán las 6 mil firmas, para que el Instituto nos pueda avalar el primer documento de Revocación de Mandato. Ya tenemos la luz verde de la autoridad electoral”.
A la pregunta de si el primer periodo de gobierno de María Elena Limón fue bueno, o a qué adjudicaba que haya logrado su reelección, planteó: “No, fue un mal gobierno pero tuvo a su favor dos cosas, primero que aprovechó muy bien el presupuesto y la nómina para controlar a un gran equipo, movilizar gente y operar con lo que sea necesario. Esa posibilidad ya no la tendrá ahora porque ya no puede intentar este mismo procedimiento. Y la segunda opción que tuvo a su favor fue que no había grandes opciones compitiendo por la alcaldía y la gente por supuesto tenía pánico de que existiera la posibilidad de que regresaran los Barba”.
A sabiendas de que la aduana seria no son las 6 mil firmas, sino conseguir después 86 mil 370 más 1, Hugo Villavicencio Gallardo planteó: “Sé que es complejo, sé que está complicado, pero queremos jugárnosla, queremos ver hasta dónde llega el nivel de hartazgo de la gente y lo tenemos claro, sabemos que con los 6 mil firmas, nos dará el impulso para conseguir los votos que se necesiten, uno más de con los que ganó en la elección inmediata anterior. No es fácil, pero tampoco queremos que esto se quede aquí, a lo que tengamos que apostarle, creo que sí podemos lograrlo”, expuso.
LA SALUD, TEMA QUE DOMINA VILLAVICENCIO
Uno de los principales motivos es porque Villavicencio Gallardo ha estado recorriendo las calles de Tlaquepaque, desde hace tiempo, es porque tiene una asociación civil que está apoyando a la gente. “Intepro Contigo, A.C., con ella me dedico al tema de salud, apoyamos con atención médica a la gente más necesitada, principalmente ambulatoria, nada de hospitalización, por ejemplo hemodiálisis, rehabilitación física, medicamentos, aplicación de medicamentos, somos un centro oncológico, trabajamos mucho para aseguradoras y para algunas instituciones de gobierno que subrogan el servicio privado a empresas como la nuestra, como el IPEJAL, Banrural e inclusive tenemos un contrato con la Fiscalía del Estado para tener una unidad de hemodiálisis dentro del penal de Puente Grande. Aquí está el único penal del país y de Latinoamérica, que tiene dentro de sus instalaciones una unidad médica para brindar el tratamiento a los reos.
“Hemos ayudado, soy de Tlaquepaque, he conocido algunas colonias y he visto un rezago importantísimo en el 70% de las colonias. Fuera del primer cuadro, que es lo que todo mundo conoce como la parte bonita de Tlaquepaque, hay un rezago impresionante, no hay calles, no hay alumbrado público, la inseguridad es el pan de cada día, balaceras por todos lados, lo mismo en el primer cuadro de la ciudad y en la colonia Las Huertas.
“Ahora con la contingencia por el COVID-19 implementamos un programa que se llama ‘Apoyo a mil familias’ y consiste en entregar alimentos; estamos a punto de terminar la entrega de las primeras mil despensas, y digo las primeras mil porque no podemos dejar el apoyo en una sola despensa, tendremos que repetirlo porque empezamos cuando estaba la fase dos, pero obviamente esto va a tardar aún más”, planteó el líder social que ahora se ha echado a cuestas una tarea política, que tiene que ver con la intención de sacar a María Elena Limón de la Presidencia de Tlaquepaque”.
Y conocedor del tema de salud, Hugo Villavicencio advierte con pleno conocimiento de causa, que en Tlaquepaque “no tienes una población sana porque no tienen unidades de salud que sean efectivas, tienes una Cruz Verde ‘Marcos Montero’, que está rebasada y que es solo para atenciones de primer nivel, no hay un hospital en el municipio”.
“Por ejemplo, es más eficiente la Cruz Ámbar, que no depende del municipio, está apoyada y subsidiada, a mí me tocó regalarle a través de la asociación civil, un carrito rojo, un equipo de choque y una ambulancia; este equipo se lo había estado pidiendo al municipio durante 8 años y nunca pudieron apoyarla y hoy la Cruz Ámbar atiende a casi 15 mil pacientes por año de diferentes colonias, está en Parques de la Victoria, las consultas les cuentan entre 30 y 40 pesos”, comentó con orgullo el líder social.
LAS CUATRO DEFICIENCIAS DEL GOBIERNO DE LIMÓN
Y finalmente, al enunciar los cuatro pecados principales que ha cometido la alcaldesa de Tlaquepaque y que han sido el motivo suficiente para pedir que se someta a la Revocación de Mandato, Hugo Villavicencio enlistó: Pobreza, inseguridad, marginación y salud.
“Si ya de por sí había pobreza –dijo-, inseguridad y marginación en Tlaquepaque, hoy con este tema se ha complicado aún más, la gente no puede salir a la calle, hay muchos despedidos de sus trabajos, no tienen manera de salir a buscar empleo o a ganarse la vida día a día, la situación se ha vuelto más compleja”.
“Los apoyos económicos que se prometieron desde el ayuntamiento para mil familias y por 4 mil pesos, no llegan, no hay una sola persona que pudiera constatar que haya recibido el apoyo, la mayoría de la gente dice que en los teléfonos que dieron, nunca contestaron y a la gente que iba personalmente al ayuntamiento, se les decía que ya se habían entregado”.
En esta tarea asistencial –abundó-, he visitado dos colonias por día, en donde celebro reuniones con entre 50 y 100 personas y al día de hoy no he podido constatar un solo apoyo. María Elena Limón desde 2015 ha cometido miles de anomalías, temas de corrupción se documentan día a día. Eliminó el sistema anticorrupción en el municipio porque no le conviene que le estén vigilando el uso que le da al de recursos públicos. Sabemos que arregló su casa con personal y presupuesto público.
Las colonias no tienen cercanía con ninguna autoridad -sentenció-, no los visitan y cuando los colonos van a buscar a sus gobernantes a sus oficinas, no los atienden, prefieren hacer obra solo en el centro, en el Pueblo Mágico, removieron las banquetas del primer cuadro dizque para meter una tubería o no sé qué diablos inventaron y a qué precio pagaron las obras. Hacen obra solo en la parte del municipio que la gente más ve, pero el centro no es todo Tlaquepaque, el municipio son las 240 colonias que están en la marginación total.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS CINCO PRINCIPALES:
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LAE ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.
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Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
