ENTREVISTAS
A pesar de todo «A toda máquina» es el programa más exitoso en la historia del campo en Jalisco: Alberto Esquer
Por Diego Morales //
A pesar de la polémica que generó por su licitación, “A toda máquina” es el programa más exitoso en el sector del campo en la historia de Jalisco, afirma Alberto Esquer Gutiérrez, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quien también manifiesta que cada una de las 550 máquinas están trabajando, con tecnología de punta que les permite saber en tiempo real su ubicación y lo que producen en cada una de las regiones.
“Parto de un tema importante para el campo jalisciense, mientras en la federación el campo tuvo una reducción de más del 30 por ciento este año, en Jalisco lo que jamás había pasado lo tuvimos en el primer año del gobernador Alfaro. El presupuesto más alto que tuvo el campo jalisciense en el gobierno de Ramírez Acuña fue de 900 millones, con Emilio fue de mil 100 millones, con Aristóteles fue de 700 millones de pesos; con el gobernador Alfaro, el campo tiene un presupuesto de más de 2 mil millones de pesos, de ahí echamos a andar el programa A Toda Máquina, donde tenemos más de 550 máquinas trabajando todos los días a lo largo y ancho del territorio jalisciense”.
Pregunta. Se ha criticado, incluso el dirigente estatal de MORENA en Jalisco, Hugo Rodríguez, afirmó que los presidentes municipales ni querían esas máquinas…
Respuesta. Es falso, es el programa más exitoso que tienen los alcaldes a lo largo de Jalisco, los alcaldes decidieron qué máquina querían para su municipio, fueron a la Secretaría, de acuerdo a la necesidad de su municipio se entregó. Las máquinas tienen un sistema de georreferenciación, todos los días reviso dónde están las máquinas, a qué hora se prendieron, todas las máquinas no dejan de funcionar todos los días. Es tan exitoso, que están pidiendo más máquinas los alcaldes por la demanda que hoy tienen. Jamás habían tenido equipos, lo digo como ex alcalde, ya hubiera querido yo tener un módulo de 7 máquinas como la tienen la mayoría de los municipios para hacer todo tipo de trabajos. Tienen una garantía amplia, es un programa exitoso del campo.
P. ¿Cómo saber que no hacen mal uso de ellas?
R. Justo por el sistema de georreferenciación, minuto a minuto sé dónde están las máquinas, a qué hora se prendieron y a qué hora se apagaron, además hemos creado consejos de desarrollo rural donde participan los delegados, los comisionados ejidales, en ese consejo es donde se decide la agenda de la maquinaría cada mes, esa agenda se la mandan a la secretaría. Ni siquiera es una agenda del presidente municipal, es una agenda que deciden productores y organizaciones, quienes deciden qué hacer, es la agenda que la secretaría supervisa todos los días.
P. Aceptando la nobleza del programa, ¿por qué algo tan noble haberlo hecho tan sucio, como fue la licitación que ha sido tan cuestionada?
R. En lo particular me toca la operación del programa, podría decir que el programa es todo un éxito en los municipios, yo a donde vaya las máquinas están trabajando, haciendo algo que jamás se había hecho en el campo jalisciense y más en los municipios. El proceso de licitación cae en otra dependencia y no está en mi área, yo solicité en la mesa del Congreso del Estado, ahí es donde se aprobó el presupuesto, puse en la mesa el programa para todos los municipios del estado de Jalisco, se les dio maquinaría, está trabajando, yo lo diseñé en la secretaría, a mí me tocó estar en el gobierno de Ramírez Acuña, el programa se hizo chiquito, peso a peso, aprendimos el gran potencial que tenía, hoy lo hicimos con todos los municipios, hoy se arrendaron más de 550 máquinas. En la Secretaría quitamos todos los subsidios, lo estamos focalizando en infraestructura, en bienes públicos.
P. ¿Cuántas máquinas están utilizando y tienen localizadas?
R. Todas las máquinas, el cien por ciento están georreferenciadas, trabajando en el campo todos los días. En tiempo real no es cuando no tengo señal de internet, inmediatamente cuando tiene señal la máquina vemos dónde está. Tenemos una unidad de inteligencia en la Secretaría en el área de infraestructura rural, tenemos 3 personas permanentemente monitoreando las máquinas, no solo por el cuidado, sino también por la señal que nos puede marcar errores, consumo de combustibles, o más allá, le podemos informar a los alcaldes si un operador la tiene prendida, pero no está trabajando, nos puede reportar a ese nivel y generar un reporte.
P. ¿De dónde se paga A Toda Máquina?
R. De una autorización que da el Congreso del Estado con el presupuesto, aprobado en el presupuesto de egresos 2019. Son pagos anuales por 5 años, tengo la autorización del congreso del estado de 570 millones de pesos.
A TODO TRACTOR
P. ¿Y ahora viene A Todo Tractor?
R. Es un tema con los productores, estaremos arrancando un proyecto piloto para cosechar la caña en verde y no quemarla, arrancaremos con 13 máquinas muy grandes, le entrarán peso a peso los productores, ellos decidirán con qué empresa lo hacen. Son los productores, ellos le entran con cerca de 40 millones de pesos, ellos decidirán qué equipo, qué maquinaría, nosotros apoyaremos a las organizaciones basado en un programa de cosecha de caña, lo que nunca se ha hecho en México. El trabajo se hará con las organizaciones y los ingenios, vamos a explorar este programa para evitar la quema.
P. ¿Sin arrendamiento financiero?
R. Es un apoyo tripartito, le entra la federación, el estado y los productores, se le da el apoyo a los productores, eligen la maquinaria, porque depende el terreno, los productores estarán determinando. Es una inversión de 80 millones de pesos, 40 millones pone el estado y 40 millones los productores.
MIL 500 HECTÁREAS DE AGUACATE IRREGULAR
P. ¿Qué está sucediendo con las denuncias del cultivo de aguacate? Señalan a ex funcionarios, incluso a ti, de ser parte de esta situación…
R. El crecimiento en Jalisco del sector agro cada vez es más, en todos los sentidos, no puede estar a costa de la deforestación o la tala clandestina. Nos dimos a la tarea por instrucción del gobernador de identificar dónde hay plantíos de aguacate en áreas forestales, identificamos más de mil 500 hectáreas de uso de tierra forestal que están en uso de tierra agrícola, independientemente del cultivo, lo mayor son temas de aguacate, identificamos 14 municipios con mil 500 hectáreas, por ello acudimos a la PROFEPA. Es totalmente ilícito.
P. ¿A quién le corresponde la vigilancia?
R. A la SEMARNAT a través de la PROFEPA, la vigilancia, y la autorización de cambios de uso de suelo, por eso el secretario general de gobierno, el secretario Graf y su servidor acudimos a la PROFEPA a decir aquí hay mil 500 hectáreas de uso forestal que tienen uso agrícola, tienes que ir a supervisar para las sanciones correspondientes.
P. ¿Se puede revertir?
R. Sí claro, definitivamente, justo por eso lo hicimos, para volver al uso forestal, no podemos crecer a costa de la deforestación o la tala clandestina, es claro lo que hacemos, sí al crecimiento productivo, que Jalisco siga siendo líder del sector agroalimentario, pero no a costa de la deforestación y la tala clandestina.
P. La cuestión del aguacate está generando riqueza, empleos. ¿Cuál será la política de ustedes en ese sentido?
R. Regulación, sembrar donde es tierra agrícola, donde es propicio para sembrar, no solo el aguacate, sino los berries, el limón, del agave que cada vez con la exportación de tequila requiere más plantaciones en el estado, sí generan gran derrama económica, riqueza, pero no a costa de la deforestación, las áreas agrícolas son eso, por eso le entramos fuerte a la regularización, no solo para el tema agrícola, sino para el tema regulatorio, hasta dónde puedes tener vivienda, agroindustria, hay que entrarle fuerte al tema de la regularización.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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