ENTREVISTAS
Podrían llamar a declarar al Fiscal General: El Fiscal Anticorrupción Gerardo Ignacio de la Cruz promete investigación conforme a derecho
Por Diego Morales //
Ante la responsabilidad histórica que carga sobre sus hombros para indagar y sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas que sufrieron hombres y mujeres en Jalisco durante las manifestaciones por el caso de Giovanni, en su mayoría jóvenes, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, Fiscal Anticorrupción se faja y se compromete a que las investigaciones se llevarán conforme a derecho y llegarán a las últimas consecuencias sin generar en el caso chivos expiatorios.
Sobre las carpetas de investigación que ya se encuentran en el caso, de la Cruz manifestó que son el inicio del proceso y que aunque uno ya fue vinculado a proceso, al mando policiaco aún están en las investigaciones, ambos bajo los cargos de abuso de autoridad y robo.
“A uno de ellos, que ya fue vinculado, fue por abuso de autoridad, que es un elemento; al segundo, que es un mando policíaco, de abuso de autoridad y de robo. Lo que pasa es que como tal, no encontrarán un tipo penal que diga que se impondrá una pena de tanto a tanto al que ordene privar de la libertad a jóvenes y llevarlo a las afueras de la ciudad, existen tipos penales que mencionan figuras jurídicas en abstracto y la conducta típica que se adecúa es lo que tenemos que tipificar al respecto. Desde que esto inicia, se habló de una privación ilegal de la libertad, se habló de desaparición forzada de personas”.
Aunque la Fiscalía Anticorrupción no estuvo cerca del lugar, dieron cuenta de los hechos por las denuncias que hicieron los ciudadanos a través de las redes sociales, por lo cual en horas posteriores a los sucesos ocurridos en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado y en dónde aplicaban los delitos cometidos por los servidores públicos.
“Nosotros tenemos como encomienda investigar delitos cometidos por la autoridad, cuando se da en la tarde noche de ese viernes esta situación que se priva de la libertad a los jóvenes, nosotros no estamos cerca del lugar, no estamos viviéndolo porque no está en nuestras facultades checar las marchas. Sin embargo, durante la noche sí nos empezamos a dar cuenta de lo que estaba pasando por redes sociales donde se hablaba del tema, literalmente lo que la gente mencionaba, levantaron a tal y así”.
Agrega: “Durante la mañana dijimos, aquí hay delitos que tienen que ver con nuestra competencia, en particular uno, el tipo penal de abuso de autoridad, establece el artículo 146 que quien lo comete, todo servidor público, sea cual fuere su categoría, avienta un montón de casos, encontramos una conducta, que un servidor público en funciones haga violencia o deje a una persona, la segunda es cuando ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la constitución”.
Además: “En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece cuáles son los derechos fundamentales que tienen las personas, entre otros tenemos el derecho a la libertad, el derecho a no ser detenidos sin que medie un procedimiento que lo justifique. Esas dos fracciones le dan origen a la competencia de la Fiscalía Anticorrupción, de forma tal que ante esa situación, me puse en contacto con el director de los ministerios públicos, lo instruyo para que convoque al ministerio público de guardia y abra una carpeta de investigación por estas dos situaciones, por la violencia que se advierte que se ha ejercido y porque se ha autorizado, ejecutado o permitido actos violatorios de derechos fundamentales”.
LA ENTREVISTA
¿Está en sus facultades citar a declarar Gerardo Octavio Solís? Ha sido señalado de dar órdenes de los levantones…
“Tal como lo contempla la constitución, la Fiscalía Anticorrupción goza de autonomía técnica, operativa, respecto al otro fiscal dice la ley que no existe privilegio respecto de uno del otro. Estoy considerando que declaren todas las personas que tengan que declarar en relación a los hechos conforme se vayan generando las investigaciones, no quiero ser sensacionalista haciendo anuncios precipitados o desmedidos, sino que sea una investigación de manera seria y conforme vayan resultado se irá citando a quien se tenga que citar, de la jerarquía que resulte no importa”.
Aunque en los delitos que mencionó, no aparece que levanten gente, ¿la investigación llevará a dar con el responsable de dar la orden?
“Esas son las primeras que se advierten. Cuando tenemos comunicación con la Fiscalía del Estado nos enteramos que hay dos personas detenidas que son los que fueron presentados ante el juez, ahí asumimos la competencia, digo si tienes dos personas detenidas y carpetas abiertas, entonces entrégamelas. Obviamente hay una fiscalía especializada en desaparición forzada que depende de la Fiscalía del Estado. No se descarta la existencia de un delito, pero dentro de las 48 horas que es lo que tienes para resolver cuando tienes una persona detenida, la ley marca que lo más que puedes retenerlo son 48 horas antes de presentarlo al juez, es una investigación amplia, dentro de esas horas los delitos que se lograron acreditar son los que menciono, el abuso de autoridad y el robo”.
Hay versiones de las familias de los imputados que ni siquiera salieron de Fiscalía, ¿ustedes tienen otra información?
“Hay muchas versiones que hemos escuchado, no me puedo referir de manera puntual a ellas. Pero hay una, cuando llegamos ya estaban detenidos, con unas actuaciones y con un señalamiento concreto, nosotros nos trajimos esas constancias levantadas por la Fiscalía del Estado y en función de esto discutimos una legal detención. No obstante, en la investigación complementaria, en el segundo de ellos, nos dieron dos meses para investigación, vamos a recabar los videos de C5, vamos a revisar las grabaciones de cabina de la policía investigadora entonces veremos órdenes. Lo que había hasta ese momento, las pruebas nos decían que sí estaban en la calle, si en la investigación complementaria suscita que no, su situación cambiará”.
¿Habrá más acusaciones?
“Necesariamente, no fueron dos personas los que llevaron a cabo este operativo, debe haber más. Por estas acusaciones nos acercamos a Derechos Humanos, me acerqué a las víctimas para generar la confianza, que se acerquen con nosotros a declarar, ya recibimos una persona en la oficina, esa es la labor. Estamos generando un ambiente para decirles, nosotros somos la Fiscalía Anticorrupción, podemos investigar pero son su apoyo. El personal estará tratando de comunicarse con ellos, acompañados de Derechos Humanos, tratando de lograr los señalamientos directos”.
LA RESPONSABILIDAD DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN
¿Está consciente de la responsabilidad histórica que tiene ante este suceso trágico que cimbra a las estructuras del poder en Jalisco? Se le llama el halconazo tapatío…
“Tengo conciencia de lo que significa ser el primer fiscal anticorrupción en la historia de Jalisco. Cuando llegamos, muchos me dijeron, te sacaste la rifa del tigre, yo les contestaba que yo compré el boleto, yo lo busqué, estaba detrás del micrófono criticando y decidí tratar de aportar. Segundo, el fabricar chivos expiatorios, tiene como origen cuando se acostumbraba sacrificar un animal para que un noble no pagara sus culpas, entonces hablamos de inocentes, en este caso, gozan de la presunción de inocentes, sí, pero lo que ellos han mencionado y lo que se dice en los pasillos es que fueron órdenes superiores, puede ser que un mando superior les de una instrucción, pero eso no los hace chivos expiatorios”, señala De la Cruz Tovar.
¿Aunque los amenacen?
“Claro, si te dan una orden ilegal no la debes cumplir. El decir son muchas cosas, hay que acreditarlo. El tema de que si están con dos o tres meses de contrato, algunos, no todos, es una lógica que tiene la ley de seguridad pública como la de servidores públicos”.
CREAN AGENCIA DE MINISTERIO PÚBLICO EXCLUSIVA
En la búsqueda de agilizar la investigación de los hechos ocurridos el pasado 5 de junio y garantizando la reserva de datos personales de las víctimas por su seguridad, Gerardo de la Cruz anunció que se abrió una Agencia del Ministerio Público de manera exclusiva para el tema, en donde trabajarán en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco.
“Nosotros encabezamos esto porque somos nosotros quienes nos toca investigar. Tenemos Que compartir información, hay cosas que llegan a la Comisión de Derechos Humanos y no han llegado conmigo, porque mucha gente escucha Fiscalía y piensa que somos los mismos, ahorita la sociedad no tiene confianza en la autoridad, en consecuencia muchas víctimas no se han acercado a la Fiscalía Anticorrupción, pero sí a Derechos Humanos. Entonces, mi primer contacto fue decir, necesito información de las víctimas para aportar datos a mis carpetas”.
Uno de los puntos clave para la generación de esta agencia, es que las víctimas al escuchar Fiscalía lo relacionan con la institución por la cual fueron violentados lo cual les cerraba las puertas. A la vez, el compromiso es investigar lo ocurrido ese día, pero también que se abra una investigación desde el origen de las marchas, lo ocurrido con Giovanni en Ixtlahuacán.
“Ordenamos que se abriera una investigación no únicamente el viernes en la tarde, sino lo que pasó en Ixtlahuacán desde la detención de Giovanni, porque si bien es cierto la investigación le toca a la Fiscalía, la detención previa con violación a los derechos fundamentales es competencia nuestra. En este caso, dadas las condiciones, decidimos investigarlo todo nosotros desde atrás, estamos desde esta detención y volveremos a entrevistar a los policías, al director que está detenido, posiblemente al presidente, a quien sea. Si en el camino se logra acreditar una privación ilegal de libertad es una situación que se descarta porque es entre particulares, pero si se llega a acreditar una desaparición forzada habrá responsabilidades que se finquen”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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