JALISCO
La lucha contra la impunidad en la UdeG: Alumnas de derecho del CUCSH ya no están dispuestas a callar
Por Diego Morales //
“Ya no cuentan con el privilegio de nuestro silencio, ya no estamos dispuestas a callar, a que esto se quede igual que siempre. Ya no es opción, que se vayan acostumbrando, porque esto es solamente el inicio”, es la denuncia que hacen las estudiantes de derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara.
El mensaje lo lanzan, porque llegaron al hartazgo. En los pasillos, en las aulas, incluso en redes sociales, se sienten violentadas por sus compañeros de carrera, profesores y algunos administrativos. Por esta misma razón, prefieren el anonimato, pues en el día a día en su centro universitario, ya comienzan a tener represalias.
“Muchas compañeras están recibiendo amenazas; son personales, nos detienen en los pasillos de parte de los mismos compañeros pero sabemos que hay maestros que dicen que nos van a demandar por difamación aunque ya no exista en el Código Penal. Somos un colectivo que no tiene nombre. Las compañeras se sienten acosadas y con temor a las represalias”, expresa una estudiante de octavo semestre de la carrera de Abogado, quien prefiere no dar su nombre.
En conjunto, diversas mujeres formaron un colectivo, el cual aún no tiene nombre, pero ya se ha manifestado en el plantel, con pancartas, con señalamientos, tratando de generar una mejor condición para llevar a cabo sus labores escolares.
“En el CUCSH lo que estamos viviendo es una apatía totalmente de parte de los administrativos con las quejas que hemos presentado. Desde denuncias, hasta comentarios en la red universitaria general. Tenemos un hartazgo que no se haga nada, incluso los mismos administrativos cuando te armas de valor te dicen que no es para tanto, llegamos a un punto que ya no estamos dispuestas a mantenernos calladas”.
Al presentar las denuncias, no han encontrado eco en las autoridades universitarias, quienes les recomiendan mejor desistir en el camino por lo tardado que puede resultar una investigación de esta magnitud.
“Te recomiendan que quites la denuncia, que lo pienses bien, que será un proceso muy largo, inclusive desde la primera instancia los administrativos te desaniman a que sigas con el proceso. Nos dificulta mucho poner una denuncia. En la División de Estudios Jurídicos es la representación de una sola corriente estudiantil que es Impulso, ellos son los príncipes intocables, sus líderes estudiantiles son gente que tienen bastantes denuncias, entonces no pasa nada, se sabe públicamente que ya hasta tienen un sistema para violentar a las mujeres”.
Además, en un grupo de Facebook, llamado “Abogansters”, los acusados se mofan constantemente de su movimiento, lo cual les genera más impotencia que las cosas no cambien su realidad.
“En el plantel hay un grupo de Facebook, donde está cerca del 90 por ciento del estudiantado, pareciera que es un club de comedia, donde se hacen chistes, memes, desprestigiar nuestro movimiento. En el movimiento de mujeres feministas se vivieron burlas, publicamos una lista de acosadores, que nos han agredido de alguna manera y dicen que es solamente para desprestigiar, pareciera que cualquier movimiento que surge el objetivo es desprestigiarnos”.
Subraya: “Nos dicen que por qué no hacemos denuncias, que dónde están nuestras denuncias. Tenemos un hartazgo generalizado. Para nosotras estamos a punto de enviarlo a la defensoría de derechos universitarios, ya se hizo lo correspondiente y estamos en el proceso en donde ellos pueden limpiar su nombre para defenderse que es lo que tanto quieren. Se está trabajando con los maestros de la universidad para llevar talleres de nuevas masculinidades, necesitamos que esto cambie. Nuestro plan es seguir incomodando, seguir educando”.
LA LUCHA ES DE TODAS LAS TRINCHERAS
Para la Secretaria General de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Fernanda Ábrica, esta lucha que han arrancado sus compañeras del CUCSH y de otros planteles de la red universitaria es la muestra que están en la misma sintonía de lucha para erradicar la violencia y el acoso en la Universidad de Guadalajara, reiterándoles el apoyo desde su trinchera como líder estudiantil.
“Las mujeres están en todo su derecho de hacer lo que están haciendo. Me siento feliz que las escuelas se manifiesten, es una manera de presionar a las autoridades. Nosotros presionamos desde la parte institucional, ellas desde su trinchera y hacemos un equipo que hace fuerza”.
Agrega: “Se han acercado conmigo varias estudiantes, las hemos acompañado en sus procesos de denuncia, llevarlas a sus escuelas, también se han acercado estudiantes para presionar un poco más y darles seguimiento de manera expedita”.
En días recientes, Fernanda Ábrica manifestó públicamente que en la Universidad de Guadalajara los espacios de toma de decisiones son exclusivamente de los hombres, lo cual al igual que el acoso y la violencia debe cambiar.
“El mensaje es no dejar de luchar desde el espacio que nos encontremos. Esto es una revolución de conciencias, los espacios son ocupados por hombres, los pasillos están ocupados por hombres, la postura es clara, seguir luchando y empujando la agenda feminista hasta donde sea necesario, porque las mujeres estamos listas, hacer visible que estamos para ocupar los espacios donde se toman decisiones. Es una manera de presionar y no vamos a parar”.
Añade: “Es difícil ver cómo hay hombres que no apoyan la causa, estarles explicando. Es valiosa la participación de las mujeres, con esta cuarta ola que está sucediendo en todo el mundo, la FEU está empezando apenas a tomar los temas, tenemos una deuda histórica, hemos estado realizando trabajos respecto al tema. Gracias a las manifestaciones es menos difícil lograrlo”.
Y aunque sus compañeras de lucha consideran que pudiera haber un doble discurso por la falta de acciones de las autoridades universitarias, Fernanda Ábrica manifiesta que las entiende, pero a la vez, ya se empiezan a generar las condiciones para tener una Universidad de Guadalajara libre de estas prácticas machistas de antaño.
“Con todo respeto creo que la Universidad está rebasada en muchos temas, se lo comenté al rector. No saben las acciones por tomar, creo que apenas se están empezando a cuestionar, apenas se están poniendo alertas, porque están viendo la situación actual y empiezan a tomar cartas en el asunto. Esto pareciera ser un doble discurso, nos dicen que sí habrá protocolos y harán un modelo integral, pero mientras eso sucede siguen sucediendo casos de acoso y violencia porque no hay un mecanismo de procedimiento funcional. Como no hay esa parte, se traduce así en un doble discurso, aunque reconozco los esfuerzos que se están haciendo desde la rectoría”.
Además: “Se instalará una línea de atención en la FEU manejada por expertas en la materia, que estarán acompañando los casos. Se planea poner módulos para dar información, los mecanismos de denuncia y acompañar a las estudiantes. Hay que seguir luchando, presionando, para que sea un modelo de actuación y no se quede en un protocolo. En mi parte seguiré acompañando a las mujeres en todos los espacios, yo les hago un llamado a que de manera pacífica hagamos todo tipo de manifestaciones, acumulemos esfuerzos para canalizar esas denuncias y presionar hasta que sean resueltas”, puntualizó.
ENTREVISTAS
Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo
-Por Mario Ávila
En un gesto de unidad histórica, los diputados de las ocho fracciones políticas de la LIV Legislatura local aprobaron por unanimidad la iniciativa del diputado César Madrigal, del Partido Acción Nacional (PAN), para exhortar al gobernador de Jalisco a incluir el diseño e implementación de un drenaje profundo en el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.
Esta propuesta busca abordar el grave problema de inundaciones y socavones en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), un desafío que se agudizó tras el torrencial aguacero del 24 de junio, Día de San Juan, que paralizó la movilidad regional.
Presentada el 23 de junio y aprobada el jueves 10 de julio, la iniciativa marca un paso significativo hacia una solución estructural, inspirada en proyectos exitosos como el túnel emisor de la Ciudad de México.
UN PROYECTO CON RAÍCES Y VISIÓN
César Octavio Madrigal Díaz destacó que el drenaje profundo, con túneles de 80 a 100 metros de profundidad y un diámetro de 7 metros, no interferiría con el tráfico ni las redes hidrosanitarias, a diferencia de los actuales drenajes de 2.5 metros que colapsan, como se vio en los recientes socavones del Bethel.
“Es como la tuneladora de la Línea 3 del Tren Ligero: obras subterráneas que resuelven sin afectar la vialidad”, explicó.
A diferencia del sistema de la Ciudad de México, que mezcla aguas pluviales y residuales y las desvía a Hidalgo, la propuesta para la ZMG sería innovadora al enfocarse exclusivamente en captar agua de lluvia. Esto permitiría almacenarla la zona de El Dean o San Rafael, desviarla a plantas potabilizadoras, recargar mantos freáticos o incluso dirigirla al río Santiago y la Barranca de Huentitán, contribuyendo al ciclo hidrológico.
Madrigal subrayó el potencial hídrico de la obra: la ZMG consume alrededor de 13 metros cúbicos por segundo (m³/s), y el sistema podría captar hasta 5 m³/s de agua más limpia que la del lago de Chapala, contaminada por químicos industriales, agropecuarios y descargas residuales.
Esta agua reutilizable representaría un avance nacional, transformando un problema de inundaciones en una oportunidad de sostenibilidad.
La iniciativa tiene antecedentes en Jalisco. En los primeros años del siglo XXI, el gobierno de Guadalajara diseñó un plan de drenaje profundo para la ciudad, mientras que en 2008 el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) propuso el Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales, que incluye desazolves y pozos de captación, pero también sugiere a largo plazo dos túneles emisores por Gobernador Curiel y Calzada Independencia, destinando el agua a la Barranca de Huentitán.
En 2017, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA) elaboró un proyecto conceptual para toda la ZMG, retomado en 2023 por el Colegio de Ingenieros de Jalisco. Su entonces presidente, Luis Barbosa Niño, estimó una inversión de 30 mil millones de pesos en 12 años, con una erogación anual de 2,500 millones de pesos.
Además, particulares han propuesto un sistema en el sur de la ZMG que llevaría agua a la presa Atotonilquillo en Villa Corona para su potabilización y retorno al Acuaférico, enriqueciendo el debate.
SALVAGUARDAR VIDAS
Para Madrigal, el objetivo principal es salvar vidas. Hasta ahora, el temporal de lluvias de 2025 ha cobrado seis vidas, un recordatorio doloroso de la urgencia del proyecto. “No podemos postergarlo más”, insistió, lamentando que obras como esta, al ser “dinero enterrado”, a menudo se descartan por falta de rédito político.
Sin embargo, como legislador responsable, enfatizó la necesidad de infraestructura básica en una metrópoli que alberga a casi 5 millones de habitantes, una de las más pobladas de América Latina.
“Es una inversión esencial, no un lujo”, afirmó, subrayando que los socavones y las inundaciones no solo dañan la economía, sino que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.
La aprobación unánime refleja un consenso raro en un Congreso a menudo dividido. Madrigal recordó el ejemplo de la Ciudad de México, donde el túnel emisor central se inauguró en 1975, seguido por el poniente en 2000 y el oriente en 2021, demostrando que un enfoque por etapas es viable.
En la ZMG, el proyecto podría dividirse en fases, priorizando las zonas más vulnerables como el oriente y el centro, donde las redes actuales colapsan con lluvias moderadas.
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Aunque el respaldo político es un avance, la ejecución enfrenta retos. El costo de 30 mil millones de pesos requiere financiamiento mixto, posiblemente con aportaciones federales, estatales y privadas, además de un estudio detallado de impacto ambiental y geológico.
El SIAPA, criticado por su manejo ineficiente, deberá desempeñar un rol clave, pero su historial de retrasos plantea dudas. Madrigal sugirió involucrar a expertos del IMTA y el Colegio de Ingenieros para garantizar transparencia y eficiencia.
La propuesta también abre oportunidades. El agua captada podría aliviar la dependencia de Chapala, cuya calidad ha decaído, y apoyar la recarga de acuíferos, un tema crítico en una región afectada por sequías.
Además, la obra generaría empleos y fortalecería la resiliencia urbana frente al cambio climático, cuyos efectos, como lluvias más intensas, ya son evidentes.
El diputado César Madrigal cerró, señalando que “la mesa está servida. Este es un tema grave, agravado por socavones causados por inundaciones y tuberías de drenaje insuficientes. Es hora de actuar, tras años de olvido, para resolver este problema crítico en la zona metropolitana.”
VISTO BUENO DEL SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
Durante la segunda reunión de trabajo en la que los funcionarios del Poder Ejecutivo presentaron al legislativo el resultado del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030, el ingeniero Ernesto Marroquín, secretario de Gestión Integral del Agua, dio su visto bueno a la propuesta del diputado César Madrigal sobre el drenaje profundo.
“Diputado, César Madrigal, en el tema de las inundaciones, coincido completamente con usted lo mismo que en el tema del drenaje profundo, y en este año también estamos trabajando en la actualización para el registro en cartera, que ya tenía un registro en cartera, pero se perdió, y vamos a trabajar en la actualización de este registro en cartera para retomar todos estos proyectos contra las inundaciones, y yo en lo personal, y creo que el equipo técnico, estamos de acuerdo en que una buena solución es el drenaje profundo”.
“Obviamente, eso tiene que ir de la mano de otras acciones que se tienen que tomar como usted ya bien mencionó, el Promiat que habla del control en el origen de las aguas pluviales, que esto significa que cada desarrollo debe tener una descarga cero, esto quiere decir que se haga un tanque de retención que permita almacenar el agua mientras ocurre la lluvia y después, cuando los colectores ya estén menos saturados, permitan desalojar esta agua porque en realidad en la ciudad no contamos con colectores pluviales, eran colectores que estaban hechos para aguas residuales; sin embargo, al no contar con colectores pluviales se hicieron combinados y no tienen la capacidad necesaria para atender el problema del exceso de agua en tiempos de lluvias”.
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
Chelsea, el orgullo de Londres
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara
Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán
