Al rescate de un «estado de derecho»

Opinión de Isabel Venegas Salazar //

Tratados sobre la socialización de la violencia en las escuelas como un proceso funcional determinante para la descomposición social, ponen de manifiesto un estado de derecho débil, es decir, si no están claras las reglas del juego o no hay quién las haga respetar, cada quien apela a sus propias fuerzas y trata de imponerse; es una forma equivocada de entender la resiliencia, porque en el deterioro de su propia autoestima, el niño se queda sin elementos para posteriormente enfrentar los retos de la vida con éxito.

Esta semana, un buen amigo me hizo la referencia al ensayo de Mario Vargas Llosa, “La civilización del espectáculo”, respecto de mi opinión ante el informe de la CNDH en el que hablaba sobre los linchamientos en nuestro país y su relación con la formación de ciudadanía en las escuelas.

Coincido en que el abaratamiento de la cultura ha tenido mucho que ver con el mercantilismo en casi todos los aspectos de la vida moderna; la mayoría de los cuerpos académicos en el área de investigación sienten un tipo de presión para producir como “a destajo”, provocando una falta de credibilidad a su labor, lo que se ha tratado de resolver empleando mecanismos burocráticos, que tal vez hayan empeorado la situación.

Mi postura no va tanto en el sentido de la producción cultural, ya sea vista como una elaboración social intencionada, o como un evento espontáneo relativo a cualquier interacción en la comunidad. En esta ocasión trato de abordar el tema desde la institucionalidad.

Quiero insistir en este tema porque la trascendencia va en dos sentidos: tanto hace la escuela un ejercicio de entrenamiento para la vida, con la idea de practicar el cumplimiento de normas sencillas para lograr una relación ordenada, como hace evidente en el niño-ciudadano el valor de una institución que representa protección y cobijo.

Si los niños aprenden que “no pasa nada” al violar una regla, por ejemplo, la de respetar a sus compañeros, no solo está haciendo el entrenamiento en el sentido más perjudicial por ser desde los primeros años de vida con conductas repetitivas, sino que además, tarde o temprano él mismo se verá violentado, sin encontrar el amparo que la Institución debería brindar.

En una escuela de la zona metropolitana, un estudiante de secundaria ingresó al plantel con armas blancas. Previamente había hecho amenazas contra su maestra de inglés a través de dibujos, reportes y expresiones verbales. En una ocasión, la profesora le pidió a su grupo de segundo grado que hicieran una actividad en equipo, pero él se negó a participar de ese modo, decidió más bien que lo haría solo. El ejercicio se trataba de llevar a una puesta en escena experiencias de su entorno, obviamente con diálogos en el idioma extranjero.

Pues bien, el chico llegó a exponer una obra con marionetas; en su historia los personajes atacaban a su maestra de inglés hasta matarla; graciosamente para sus compañeros, la muñeca que tenía el papel de la víctima, era una réplica exacta de su maestra, en la vida real.

Las quejas que se presentaron en contra del estudiante que violentaba no solo a su profesora, sino a la mayoría de los compañeros, hicieron que se llamara a los padres de familia, y que se tuviera una breve intervención del gabinete psico-pedagógico para llevar un registro de notas que dieran cuenta del “apoyo” que estaba recibiendo el chico, a fin de que no se diera de baja del plantel. Es decir, un protocolo más reactivo, que preventivo.

Quizá en otros tiempos, o en otras circunstancias político-educativas, la decisión habría sido la expulsión inmediata al ser considerado el hecho como una “falta grave”, pero al igual que el caso de estudiantes que agredieron física o sexualmente a sus compañeros, o que se tiene evidencia de que son responsables en la difusión de imágenes eróticas de sus compañeros, a través de redes sociales; fueron considerados más bien casos que ameritaron de un reporte o de algún citatorio a padres de familia.

Este es un claro dilema: Por un lado, aplicar un reglamento de manera tajante, pone de relieve el cumplimiento de la normatividad para la población estudiantil, pero implica que muchos de los jóvenes que actúan de manera incorrecta se queden sin ser arropados por una institución; contrario a eso, tenemos la oportunidad de albergarlos en las escuelas, restando el valor a la misma, puesto que pierde la valía de ser quien brinda un estímulo y ejemplo para el buen comportamiento social. Ya vemos ahora que en los reglamentos escolares (si es que se tiene la noción de su existencia), casi ha quedado prohibida la palabra “No”.

El INEGI en 2016, reportó a Jalisco como la segunda entidad a nivel nacional con mayor incidencia en violencia escolar, llegando a un índice de 32% de la población encuestada. Para el 2018, el entonces Secretario de Educación, Alfonso Gómez, reportaba una baja en las denuncias de los hechos, y hacía mención de programas que, de la mano con la comisión de Derechos Humanos en el estado, habrían de encaminarse a los temas de suma por la paz, convivencia social y sana relación, en toda la comunidad educativa.

Queda claro que, además de la complejidad por la cantidad de factores que intervienen, también está la complicación de atender a las concepciones y percepciones de la ciudadanía. En muchas comunidades educativas la violencia ha cobrado una figura de normalidad, al punto que las denuncias no se hacen, no solo por la falta de credibilidad en las instituciones de impartición de justicia o por el miedo a represalias, sino porque ni siquiera se consideran actitudes violentas y mucho menos graves. Los chicos tienen frases que aparentan inocencia como “manden -nudes-” o “compartan el pack”, en referencia a enviar imágenes íntimas de algún compañero, acciones que por cierto, ya están tipificadas en el Código Penal.

A fin de cuentas, dos posibilidades están probadas:

1. Expulsar al niño que viola las reglas, en cumplimiento de una norma restrictiva, obliga también a considerar que en muchos casos lo tomará como premio (ya no se tiene que levantar temprano, ni obedecer órdenes), además de que no enfrenta su carencia en la interacción con el prójimo

2. Procurar su permanencia en el plantel, implica atender protocolos reactivos que en la mayoría de los casos solo sirven para documentar, generando una carga administrativa más para los docentes, y que van apuntando a la instalación de conductas anti-sociales, como “normales”

La sugerencia es que se integre a los niños a tareas de participación más activa, labores que le lleven a la reflexión de su importancia y trascendencia en el entorno social, así como las consecuencias de sus acciones, aunque también habría qué involucrar a los padres de familia con el mismo rigor de compromiso, instaurando simultáneamente en los colegios, mecanismos formales de detección temprana de situaciones de riesgo, para que sean atendidas con programas de diseño desde un pensamiento sistémico.

En su mayoría, los que estamos frente a grupo, docentes, directivos y prefectos, formamos parte de esa última generación de niños que fueron regañados por sus padres, y que ahora son regañados por sus hijos, pero tanto en la casa como en la escuela la situación parece ser la misma, a la hora de enfrentar situaciones de esta magnitud, los padres le reclaman a los maestros y los maestros a los padres, la falta de formación en valores.

¡No, es NO! Discute tu reglamento escolar, el del coto de tu fraccionamiento, el de vialidad; pero una vez instituido, aprobado por la mayoría (porque seguramente por unanimidad, nunca lo será), ¡A cumplirlo señores!, a asumir la legalidad cueste lo que cueste, sabiendo que en el orden y en el respeto a la norma se vive mucho mejor que en la “rebeldía sin causa”, para eso están las películas y son solo diversión de un rato, para la vida está la escuela.

Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar

E-mail: isa_venegas@hotmail.com