Inseguridad y política

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

El Gobierno de la República y la comentocracia, han convertido el asunto de la inseguridad en un tema político. El presidente aduciendo que se trata de propaganda de sus adversarios, y sus críticos señalando el fracaso de la estrategia y oponiéndose a la militarización de la guardia nacional.

Ambas partes están mal, y no es de extrañar por la polarización que ha distinguido el discurso y la estrategia gubernamental, pero la sociedad no puede seguir siendo rehén de sus disputas estériles, ricas en críticas y carentes de soluciones.

Durante sexenios se ha experimentado con el incremento de las fuerzas del Estado, sean civiles o militares, cambiándolas de adscripción y dotándolas de facultades y recursos, sin continuidad en la estrategia. El éxito se ha pretendido medir en con el número de capos encarcelados o muertos, y las toneladas de droga destruidas o decomisadas.

Hoy erróneamente han decidido que el número de asesinatos dolosos sea el referente y la disminución de los delitos de bajo impacto, mientras niegan que la presencia del crimen esté generalizándose en aspectos como el cobro de piso y el control territorial.

Como Estado, están fallando en el diagnóstico y en la unidad de medida, pues el foco no son los delitos sino las amenazas a la gobernabilidad, a la estabilidad social, a la integridad territorial y la vigencia del estado de derecho. El gobierno parece no darse cuenta que estamos en el síndrome de la ventana rota y que se está generalizando la rotura de cristales.

La violencia de semanas anteriores, que niegan sean concertadas y aseveran que son reacciones aisladas, lo que debe demostrarles es que ya hay muchos rompiendo cristales y que lo hacen impunemente.

Como sociedad crítica, estamos fallando en la esencia del debate, pues no es la militarización el punto sino los límites, pues es un hecho que los cárteles han adquirido tal potencia de fuego y armamento, que no hay corporación civil que pueda enfrentarlos con éxito.

Tampoco es como el presidente dice, que hay que aprovechar los cientos de miles de soldados que se tienen, si su solución es el aumento de su presencia como ilusa presión disuasiva y la construcción de cuarteles, cuando debiera pensarse en dejar a los militares pensar en términos de guerra contra un enemigo que se tiene identificado y ubicado territorialmente.

En cada conferencia de prensa después de un hecho de alto impacto, se da el nombre del cartel implicado, de sus presuntos líderes y de las plazas en la que tienen presencia y las que se disputan, por lo que resulta inexplicable que sabiéndolo no vayan por ellos.

Esto da lugar a la natural sospecha cuya expresión el Poder Ejecutivo interpreta como ataque y politiza y encona el ambiente refugiándose en una estadística falaz y engañosa, mientras se ocultan los datos que hablan del fracaso.

En el informe anual que la Guardia Nacional envió al Senado a inicios de este año, según lo pública Alejandro Hope en El Universal, la guardia indica que en 2021 contó con 99 mil elementos operativos de un total de 113,833 efectivos y con ese personal logró la detención de 8,258 personas y derivado de sus trabajos de inteligencia detuvo a 14 personas más, poniendo otras 50 a disposición del MP por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y conexos; desarticuló 6 bandas dedicadas a cometer delitos del orden federal, liberó a 21 víctimas de secuestro y puso a disposición a 6 personas por homicidio doloso, así como realizó 11 operativos para liberación de víctimas. Con esos números, ridículos, se tiene que preguntar: ¿Qué hace la Guardia Nacional con tanto recurso y elementos? Y de qué sirve que se militarice oficialmente pues de hecho ya está.

La otra vertiente de la estrategia presidencial, tendiente a disminuir el reclutamiento de jóvenes por la delincuencia organizada, a través de becas, también el fracaso es evidente. Pese a la sangría que representa para las arcas nacionales, no existe un elemento de referencia que permita decir que ha funcionado; los mecanismos de evaluación son deficientes o no existen y fuera de este programa no existen políticas públicas que puedan prevenir o impedir el reclutamiento.

De hecho, ni siquiera está tipificado como delito pese a que “en 2019 el Estado se comprometió a la detección y prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes como parte del plan de acción 2019-2024 de México en Alianza Global, para poner fin a la violencia contra la niñez” (Milenio, agosto 16, Entre drogas y asesinatos).

El hecho es que la inseguridad y su combate se ha vuelto una lid política en la que la discusión no es sobre la militarización o no de una Guardia Nacional que es más forma que contenido, sino sobre si existe la real determinación de atacar frontalmente el problema de la inseguridad, que no radica en la cantidad de homicidios cometidos, sino en el crecimiento de organizaciones y grupos que le disputan al Estado su dominio en el territorio nacional.

Podrán decir que solo están apedreando ventanas, o incendiando OXXOs, pero no dicen lo mismo de comerciantes a los que cobran derecho de piso, mineros, productores agrícolas, pescadores, que tienen que pagar plaza para poder comercializar sus productos. ¿Y la Guardia Nacional? bien, gracias.