La fractura de Movimiento Ciudadano: El caso Esquer; pasiones humanas, derecho y política

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

La chispa que encendió el polvorín fue, sin duda, la cancelación de la candidatura al Senado de Alberto Esquer, pero el fuego ya venía crepitando desde antes, alimentado por disputas y rencillas que hunden sus raíces en lo más profundo de la política interna del partido.

Los emecistas de Jalisco, en su fervor, no dudan en señalar a la dirigencia nacional, encabezada por Dante Delgado, como el gran villano de esta trama. ¿Acaso fue una negligencia o una venganza premeditada? La línea entre ambas se difumina en el teatro de la política donde las pasiones humanas son las principales en escena.

Esta saga política se torna más amarga cuando se revela que la omisión de la dirigencia no solo afectó a Esquer, sino que también dejó en claro el profundo desdén hacia la candidatura presidencial de Jorge Álvarez Máynez, quien, en su búsqueda de apoyo en Jalisco, se encontró con puertas cerradas y una indiferencia que raya en el desprecio. Lagos de Moreno y el ITESO fueron testigos del desaire, pero la cancelación de su evento en Puerto Vallarta es un mensaje claro: «Aquí no eres bien venido».

Este drama político, marcado por acusaciones de traición y deslealtad, no es sino el reflejo de un partido fracturado, donde los intereses personales y las viejas rencillas superan al proyecto colectivo. La relación rota entre Delgado y el gobernador Enrique Alfaro ya no es secreto para nadie, pero el conflicto trasciende las figuras y pone en jaque la unidad del partido.

Los emecistas jaliscienses, en su afán por defender a Esquer, se enfrentan a un dilema moral: señalar con el dedo acusador a la dirigencia nacional y arriesgar sus propias candidaturas, o guardar silencio y ser cómplices en la omisión. El miedo a las represalias pesa más que el valor de la verdad.

Clemente Castañeda, Mirza Flores, Manuel Romo, y el propio Esquer, todos saben quién es el verdadero culpable de esta situación, pero la lealtad, o más bien el temor, les impide alzar la voz. La dirección nacional, por su parte, parece vestir una armadura de indiferencia, ignorando las voces disidentes y culpando al INE por los errores propios.

En este escenario, la hipocresía se convierte en el traje de gala, y las redes sociales en el escenario perfecto para desviar la atención y esconder las verdaderas intenciones. Pero la verdad, esa verdad incómoda y punzante, se mantiene firme: la cancelación de la candidatura de Albero Esquer no es más que el resultado de una dirigencia que decidió jugar a la política en los términos más bajos, olvidando que, al final del día, son ellos los únicos responsables de las fracturas internas y el descontento que ahora sacude a Movimiento Ciudadano.

Y mientras tanto, Alberto Esquer se encuentra atrapado en el fuego cruzado, siendo víctima de una estrategia política que le ha costado no solo su candidatura, sino quizás su futuro político. La solidaridad de «mera saliva» no hace más que añadir insulto al daño, dejando en evidencia la cruel realidad de la política partidista, donde las ambiciones personales a menudo eclipsan el bien común.

DERECHO

En los laberintos del poder y la justicia, el caso de Movimiento Ciudadano se presenta como un drama electoral, en donde la ausencia de una impugnación se convierte en el nudo gordiano de una disputa legal sin precedentes.

En este enredo, la trama comienza con un error, o más bien, una omisión tan estratégica como peligrosa: la falta de un abogado electoral que dirigiera la batalla legal de Movimiento Ciudadano. Un descuido, ¿o acaso una jugada maestra disfrazada de negligencia? La respuesta se esconde en los pliegues de las leyes y los reglamentos que rigen las contiendas políticas en nuestro país.

Pero no todo está perdido, pues aún brilla una luz al final del túnel: la posibilidad de un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante la Sala Superior. Aquí, el principio pro persona se erige como el bastión último de esperanza, ofreciendo un escudo legal para aquellos cuyos derechos han sido inadvertidamente pisoteados por la maquinaria electoral. Pero, como en todo drama de alta tensión, existe un «pero» que amenaza con desvanecer esta esperanza.

La ley electoral, con su intrincada red de disposiciones y principios, no contempla la suspensión de derecho como una medida cautelar. Sin embargo, se abre la posibilidad de una restitución de derechos, una especie de segunda oportunidad para aquellos que se encuentran temporalmente marginados del escenario político. Pero esta restitución viene con su propio precio: la ausencia forzada de la campaña electoral, un limbo político que puede extenderse por semanas, erosionando las posibilidades de éxito en la contienda.

Y aquí es donde el drama se intensifica, transformándose en un thriller político-jurídico. La prolongada ausencia de la arena electoral no es solo un obstáculo; es una herida abierta que invita a un escenario aún más complejo y sombrío. Si la resolución de la Sala Superior tarda y, en el peor de los casos, la elección se pierde, se abriría la caja de Pandora: la demanda por la nulidad de la elección debido a la falta de equidad en la contienda.

Esta posible demanda no es un simple trámite jurídico; es la admisión de una batalla perdida que busca renacer de sus cenizas, apelando a la justicia para rectificar lo que se percibe como un agravio irreparable. La sentencia, en este caso, no sería simplemente un veredicto, sino un mandato para reponer la elección, una especie de deus ex machina jurídico que promete redimir las injusticias del proceso electoral.

En este escenario, los actores políticos y legales se convierten en gladiadores en una arena donde el derecho y la estrategia se entrelazan en un combate sin cuartel. La omisión de impugnar, lejos de ser un simple olvido, se revela como una jugada de alto riesgo que puede cambiar el curso de la historia electoral. En este juego de sombras, donde cada movimiento es calculado con precisión quirúrgica, el destino de Alberto Esquer pende de un hilo, balanceándose entre la posibilidad de un triunfo rescatado de las garras de la burocracia y el espectro de una derrota que podría reescribir las reglas del juego político en México.

POLÍTICA

En el entramado de la política mexicana, la figura de Alberto Esquer Gutiérrez emerge no solo como un candidato despojado, sino como un combatiente en la arena de los derechos político-electorales, desafiando las decisiones de una autoridad que parece haberse extraviado en su propio laberinto de reglas y procedimientos.

Por lo pronto, en el universo paralelo de la política mexicana, donde cada contratiempo es también una oportunidad, Esquer no se queda de brazos cruzados. Ante la adversidad, encuentra una vía alterna: la asignación como coordinador de la Plataforma Electoral de Jalisco por el Comité Estatal de MC. Un movimiento astuto que le permite seguir en la lucha, aunque sea desde la trinchera de la solidaridad y el apoyo a sus compañeros emecistas.

La esperanza de Esquer y su equipo se cifra en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la cual han presentado un juicio para la protección de los derechos político-electorales. Confían en que la justicia prevalecerá, que el Tribunal verá más allá de las marañas burocráticas y restaurará la candidatura a su estado original.

Sin embargo, el drama se intensifica con la incertidumbre del calendario. La próxima sesión del pleno cae en medio de las celebraciones de Semana Santa, un detalle que podría retrasar aún más la resolución del caso. Este detalle no es menor; en la política, como en la vida, el tiempo es oro, y cada día sin hacer campaña es un día perdido en la carrera hacia el Senado.

En X @DEPACHECOS