La Constitución inconstitucional

Opinión, por Salvador Romero Espinosa //

En estricto sentido, todas las normas constitucionales deberían de tener la misma valía, pues dentro de la Constitución no existe un valor asignado a cada norma o artículo, ni tampoco un parámetro pre-establecido que sirva para determinar cuál norma constitucional es más importante y cuál menos importante.

Lo anterior es así porque -teóricamente- a una Constitución únicamente se deben incorporar las normas que se consideran indispensables para blindar el pacto social que un pueblo decide fijarse a sí mismo y que, por regla general, son normas que se consideran inmutables, al menos en cuanto a su fondo.

Sin embargo, si llegare a existir un conflicto entre normas constitucionales, debe de ser el Poder Judicial de la Federación, a través de ejercicios de ponderación e interpretación jurídica (muy complejos de realizar, por cierto) quien determine cuál norma constitucional tiene mayor peso o preponderancia en cada caso concreto, tomando como parámetro los derechos humanos, los tratados internacionales y la congruencia e importancia de la norma que debe de prevalecer.

En ese contexto, cabe señalar que existen constituciones como la de los Estados Unidos de Norteamérica que, en sus casi 240 años de existencia, apenas ha tenido 27 enmiendas o reformas (en promedio una reforma casi cada 9 años) y, en otro extremo, existen constituciones como la mexicana, que ha sufrido alrededor de 600 reformas en poco más de 100 años (en promedio casi 6 reformas por año).

Así las cosas, es evidente que nuestra Carta Magna ha sido profundamente «manoseada» cada sexenio y cada vez es más difícil identificar cuáles de sus normas son realmente necesarias e inmutables, y cuáles obedecen a caprichos del momento o a cuestiones adjetivas cuya modificación o derogación sería irrelevante para nuestro pacto social.

En consecuencia, al menos en teoría, no nos debería de espantar tanto que se pretenda reformar nuevamente la Constitución por una coalición de partidos que parece haber logrado una artificial e ilegítima (pero «constitucional») mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Sin embargo, lo preocupante de estas reformas que se pretenden aprobar por la nueva Legislatura -todavía dentro del sexenio del presidente López Obrador-, es que están tocando fibras muy sensibles de nuestra Constitución que podrían modificar sustancialmente el principio de división de poderes, de contrapesos institucionales y de tutela de derechos fundamentales, que constituyen premisas vitales para que nuestra democracia pueda seguir siendo considerada como tal, de acuerdo a los parámetros internacionales a los cuales nos encontramos comprometidos como Nación, concretamente por los artículos 8 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Para entender mejor la gravedad de estas reformas propuestas vale la pena señalar que en la doctrina jurídica y constitucionalista existe la teoría de las «cláusulas pétreas», que han sido definidas como las normas constitucionales que no deberían ser modificadas tan fácilmente como otras, pues se consideran las piedras angulares de una Nación, fundamentales y difíciles de mover. 

Así las cosas, el objetivo de dichas «cláusulas pétreas» es proteger los derechos fundamentales, la forma de gobierno y otros principios básicos de un país, sin embargo, dado que dichas cláusulas no se encuentran identificadas expresamente o con claridad dentro de nuestra Constitución, actualmente es igual de «fácil» borrar una coma que desaparecer por completo al Poder Judicial, que es más o menos el riesgo que estamos enfrentando actualmente.

En otras palabras, de acuerdo a nuestra Constitución, las mayorías calificadas del Congreso pueden, si así lo desean, establecer que la persona que ocupe la presidencia de la República pueda reelegirse todas las veces que pueda; que el mandato presidencial pasara de durar 6 años a 50 años; que desapareciera la Federación y convertir las 32 entidades federativas  en simples cantones; o, incluso, reestablecer la pena de muerte a todas las personas que critiquen al gobierno en turno, por poner algunos ejemplos.

Esa es la gravedad de la situación actual, donde al parecer la coalición que tiene las mayorías calificadas no pretende reconocer  cláusulas pétreas dentro de nuestra Constitución y pretende, tan solo en su primer mes, acabar con el Poder Judicial independiente y destruir a los organismos constitucionales autónomos -como los institutos de transparencia-, a pesar de lo grave que ello sería para nuestro Estado de Derecho, nuestros derechos fundamentales, nuestras libertades individuales y nuestra democracia, lo cual, por supuesto, iría en contra de los tratados internacionales y de la esencia misma de la propia Constitución.