Acusan diputados que no hay respuesta de la secretaria de Búsqueda

Por Francisco Junco

La comparecencia de la secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya Sánchez, dejó sin respuestas claras a los diputados, quienes coincidieron en que las explicaciones ofrecidas no resolvieron las dudas sobre resultados, coordinación institucional ni eficacia en la localización de personas desaparecidas.

Legisladores y legisladoras de distintas bancadas señalaron que, pese al nuevo formato de glosa y a la creación de una dependencia inédita en el país, persisten las omisiones, la falta de datos precisos y la ausencia de indicadores que permitan evaluar el impacto real de su trabajo en el tema de las y los desaparecidos, una de las crisis más graves que enfrenta Jalisco en los últimos años.

En el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, la comparecencia de Edna Montoya Sánchez, generó un intenso debate en el Congreso del Estado, donde los diputados de distintas bancadas confrontaron los resultados y números entregados.  Señalaron omisiones y plantearon rutas distintas para atender la crisis de desapariciones en Jalisco.

El diputado independiente Alejandro Puerto Covarrubias, como conclusión de la comparecencia, cuestionó que las acciones presentadas, como reuniones interinstitucionales, campañas de prevención y actividades de socialización, no se traduzcan en soluciones efectivas frente a la magnitud del problema.

Señaló que la propia secretaría reconoce que la mayor parte de su labor es preventiva y no directamente de búsqueda, lo que calificó como insuficiente frente a una crisis que exige respuestas inmediatas.

Añadió que existe una brecha entre las acciones administrativas y los resultados sustantivos, pues no hay claridad sobre cuántas personas fueron localizadas con vida ni cuántas identificaciones o acciones penales derivan de los trabajos de la Secretaría.

También expresó preocupación por las condiciones laborales del personal, al advertir que varias dependencias dedicadas a la búsqueda de personas operan con contrataciones precarias.

Cuestionó además si la creación de la nueva secretaría fortaleció o fragmentó las funciones de otras áreas, y criticó la falta de eficacia en la tecnología empleada para localizar personas.

La diputada Mariana Casillas Guerrero, de Futuro, sostuvo que la dependencia nació con la promesa de transformar los métodos de búsqueda de más de 15 mil 900 personas desaparecidas, aunque en la realidad la gente se encuentra con un Estado ausente.

Afirmó que mientras la Secretaría presume “algoritmos y modelos predictivos”, las madres continúan buscando con palas y recursos propios.

Criticó que, pese a destinarse 2 mil 111 millones de pesos a la agenda de desapariciones, el gasto se concentra en infraestructura como el C5 y cámaras, en lugar de peritos, antropólogos o personal de campo.

Casillas denunció que la dependencia opera con solo 32 empleados, uno por cada 496 familias buscadoras, mientras que la Comisión Estatal de Búsqueda, que sí realiza las labores operativas, cuenta con 177 trabajadores, pero sin los recursos equivalentes.

Señaló duplicidades, retrasos y burocracia que afectan la búsqueda directa, además de una narrativa oficial que presume localizaciones “administrativas” mientras persiste la operación de sitios de exterminio.

Concluyó que en Jalisco no falta una narrativa, sino la “verdad, presencia y búsqueda”, y advirtió que lo que sí sobra es simulación.

Desde el Partido Verde, la diputada Brenda Carrera reconoció los esfuerzos emprendidos por la administración estatal para fortalecer la inteligencia y la coordinación institucional.

Destacó los convenios con la Secretaría de Seguridad, Fiscalía y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la creación de un sistema integral de datos y los dispositivos de atención inmediata para familiares de personas desaparecidas.

Reconoció las más de 200 atenciones directas y la presencia constante en mesas regionales. Sin embargo, subrayó que los avances siguen siendo insuficientes y llamó a no bajar la guardia ni perder comunicación con colectivos y familias.

La diputada Valeria Ávila Gutiérrez, de Hagamos, alertó sobre la gravedad del fenómeno en regiones específicas del estado, pues Juanacatlán, Teocaltiche y San Miguel el Alto figuran entre los municipios con mayor incidencia nacional.

Reconoció la inversión histórica destinada a la nueva dependencia estatal, pero afirmó que persiste la ausencia de una estrategia integral que incorpore la crisis forense y el reclutamiento forzado.

Recordó que en octubre se registraron 234 nuevas desapariciones y que más de 14 mil personas siguen sin ser localizadas, con diferencias entre cifras estatales y federales que generan vacíos de información.

Ávila Gutiérrez advirtió que las mesas de trabajo no muestran resultados tangibles y que corren el riesgo de convertirse en burocracia que revictimiza a las familias.

Señaló deficiencias en la atención psicosocial y la falta de prevención con enfoque territorial. Reiteró que el Legislativo está dispuesto a colaborar, aunque subrayó que sólo una coordinación real entre instituciones y colectivos permitirá corregir la desarticulación histórica en Jalisco.

La diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del PRI, reconoció el trabajo cercano de su compañera diputada Tonantzin Cárdenas con las familias buscadoras y pidió que su sensibilidad se replique en las instituciones.

Criticó la ausencia de respuestas claras durante la comparecencia y llamó a la secretaria Montoya a “dejarse ayudar”. Recordó que uno de los propósitos de la glosa es identificar avances y errores para construir soluciones desde lo legislativo.

Desde el PAN, el diputado Julio César Hurtado Luna reconoció la dureza del debate, aunque señaló que exigir resultados es parte de la función legislativa.

Subrayó que la creación de la secretaría no fue un acto político, sino una política pública destinada a mejorar la coordinación del sistema de búsqueda.

Afirmó que el Congreso está dispuesto a fortalecer las capacidades de la dependencia desde lo institucional y presupuestal, con el objetivo de que cumpla su misión fundamental: buscar y encontrar personas.

La diputada Itzul Barrera Rodríguez, de Morena, lamentó que la comparecencia no ofreciera respuestas a problemáticas esenciales y recordó que su bancada ha cuestionado por años la política estatal en desapariciones.

Criticó la falta de tecnología funcional, los comentarios que consideró revictimizantes y la ausencia de resultados tangibles tras un año de operación.

Señaló que Jalisco no debe presumirse como pionero por crear una Secretaría de Búsqueda cuando la decisión responde a ser el estado con más desaparecidos. Exigió sensibilidad y trabajo de campo, y reiteró que el Legislativo no permitirá discursos que responsabilicen a las víctimas.

Cerró la ronda de intervenciones la diputada Montserrat Pérez Cisneros, de Movimiento Ciudadano, quien destacó la relevancia que ha asumido la Secretaría en la articulación de la política estatal.

Enfatizó que es la primera institución en el país diseñada para generar inteligencia aplicada a la búsqueda, alineada con la estrategia nacional de seguridad 2024-2030.

Reconoció que en un año la dependencia dejó de ser un proyecto emergente y hoy integra datos, genera productos estratégicos y coordina trabajos con varias dependencias.

Afirmó que el Congreso será un aliado para fortalecer los marcos normativos y atender los desafíos pendientes, con la convicción de enfrentar de manera conjunta una crisis que exige capacidad técnica, sensibilidad y coordinación institucional.