Quién desaparece institucionalmente a los desaparecidos, cuestiona la diputada Yussara Canales

Por Francisco Junco

La diputada Yussara Canales González detonó uno de los momentos más tensos de la glosa al cuestionar las cifras oficiales sobre personas desaparecidas en Jalisco y evidenciar contradicciones que, dijo, revelan una grave falta de coordinación institucional.

“El Registro Estatal de Personas Desaparecidas señala que con corte al 31 de octubre contamos con 15,983 personas desaparecidas, mientras que el Registro Nacional indica que Jalisco tiene 14,124. Es una diferencia de 1,859 personas”. Y la discrepancia no se limita al acumulado, ya que “mientras Jalisco reporta 2,309 casos de enero a octubre, la Federación solamente tiene registro de 482. Es una discrepancia brutal”.

Ante ese escenario, Canales lanzó la pregunta que marcó la sesión y que quedó sin respuesta: “Díganos con claridad si existe un subregistro. Díganos si Jalisco ha fallado al momento de reportar las cifras a la Federación y, de ser así, que nos diga por qué no envían los datos completos… que nos explique quién está desapareciendo institucionalmente a los desaparecidos”.

La diputada recordó que la función central de la nueva dependencia estatal es coordinar inteligencia y análisis criminal entre instituciones estatales y federales, por lo que la falta de coincidencia en algo tan básico como el número de personas desaparecidas “evidencia que no existe ninguna inteligencia, ningún análisis y ninguna coordinación”.

La legisladora también recuperó críticas históricas que colectivos ya habían advertido desde la creación de la dependencia. “CEPAF y colectivos como Por Amor a Ellos señalaron que su Secretaría podía generar mayores riesgos de abusos y violaciones al disminuir la inmediatez, priorización y operatividad en los procesos de búsqueda”, dijo.

Por ello preguntó de forma directa, se “¿ha realizado una autocrítica ante tales cuestionamientos y sobre todo, usted coincide con ellos?”, e insistió en que, con apenas 11 meses de operación, la Secretaría debe explicar “qué le hace falta para tener mejores resultados”.

Otro de los puntos que la diputada calificó como alarmantes es la ausencia de una estrategia de prevención en zonas críticas para el reclutamiento forzado, particularmente las tres centrales camioneras de la metrópoli, como son la Nueva, la Vieja y la de Zapopan.

«Vivimos una crisis terrible, donde los jóvenes de entre 14 y 19 años son los más susceptibles de vivir desapariciones por el crimen organizado. Por eso es importante saber qué acciones de prevención están en la Central Camionera Nueva, en la de Zapopan y en la Central Vieja, zonas donde también ha habido desapariciones de jóvenes”, exigió.

La diputada también pidió claridad sobre el programa de dispositivos de atención inmediata para personas buscadoras, un mecanismo anunciado este año por la secretaría.

«Usted señaló que habían gestionado la entrega de 55 dispositivos y que había 21 más en proceso. Estaríamos hablando de 76 dispositivos para un estado que vive en una crisis de desaparecidos. Quisiera preguntarle cuántos dispositivos se han entregado durante este año, cuál es la meta proyectada para el siguiente y a qué se debe la baja dispersión”, cuestionó.

Ante los señalamientos, la titular Edna Montoya respondió únicamente sobre la diferencia en cifras y la atribuyó a una “falta de intercomunicación” entre plataformas estatales y federales.

Negó cualquier ocultamiento de datos, ya que “de ninguna manera se están ocultando datos… es un tema de comunicación entre plataformas”.

Sin embargo, sus respuestas no tocaron los señalamientos de fondo, la prevención, la coordinación real, la autocrítica, la duplicidad de funciones y la eficacia en las búsquedas.

La intervención de Yussara Canales dejó expuesto que la crisis de desapariciones en Jalisco no solo es una crisis de seguridad, sino también, y quizá sobre todo, una crisis de transparencia.