Por Diego Morales Heredia

En el Congreso de Jalisco, Diego Monraz llegó a comparecer como quien entra a un lugar que conoce de memoria. El titular de la Secretaría de Transporte recordó que era la décimo tercera ocasión en que participaba en una glosa de informe. Es un funcionario que ha trascendido administraciones estatales y domina los pasillos donde los diputados preguntan, la ciudadanía escucha y él responde… prácticamente nada.

La sesión avanzó entre quejas, cifras, reclamos y una constante que terminó siendo el verdadero hilo conductor: para los diputados de oposición, al secretario de Transporte “no le toca nada”, pese a que el transporte público en Jalisco y en particular en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) es deficiente, insuficiente y un dolor cotidiano para los usuarios.

El primero en abrir fuego fue el diputado independiente Alejandro Puerto, quien soltó la frase que muchos ciudadanos repiten en redes sociales: “Hay una percepción generalizada de que usted encabeza la secretaría con mayor corrupción a nivel estatal”. Puerto enumeró lo ya conocido: los famosos 50 centavos, las alcancías que tragan lo que no regresan y las grúas piratas que operan a la vista de todos. Cerró con una pregunta directa: “¿Usted sabía de esto?”. Monraz respondió con una coreografía conocida: apelar a la norma técnica, a los procesos “bien cuidados” y a que la operación de grúas “no corresponde” a la Secretaría.

“Ya tenemos las atribuciones, tenemos la norma técnica; se habla de un plazo de tres años para cambiar las unidades vencidas o antiguas. Ahí está la respuesta. Todas las modificaciones cumplen con los requisitos. Siempre encontramos áreas de mejora, no somos infalibles. El proceso de regularización de grúas que rompió el monopolio se hizo bien cuidado”, dijo el funcionario.

El diputado Leonardo Almaguer, del Partido del Trabajo, insistió en lo que irrita a millones de usuarios: el dinero acumulado sin retorno y subsidios que no se ven reflejados en el servicio. Monraz insistió en que las alcancías “no devuelven cambios en ninguna parte del mundo” y remarcó que ese dinero “no lo administra la Secretaría”. Siempre hay otro responsable, otro actor, otra entidad. La dependencia, en su versión oficial, es más espectadora que reguladora. “Entonces, baje la tarifa a 9 pesos”, replicó el legislador.

“Las alcancías tienen un tamaño que no permite el retorno de los 50 centavos; así es en todo el mundo. Ese dinero se va a las cuentas de los transportistas. Existe un fondo para retribuir a los ciudadanos y lo pueden solicitar. Sobre los subsidios, la ley nos obliga a tener el fondo de usuarios al transporte; eso se legisló en este mismo espacio”, respondió Monraz.

Desde Futuro, Tonantzin Cárdenas reprochó la falta de autocrítica: “Es una vergüenza que felicite a los diputados por hacer su trabajo”. Monraz contestó que las paradas de transporte son atribución de los ayuntamientos, que la tarifa está contenida y que todos buscan lo mismo: mejorar el servicio. Para la diputada, la crisis era evidente; para el secretario, la responsabilidad, difusa.

“Los recursos han sido auditados por la Contraloría. Cada partida se entrega para que el usuario no pague la tarifa real, sino la tarifa social. Estamos abiertos a medidas de participación; estamos del mismo lado, queremos mejores condiciones de infraestructura”, respondió.

Desde el Partido Verde, Yussara Canales llevó la discusión al terreno de la vida diaria: en Puerto Vallarta, la gente espera horas el camión y, cuando llega, va repleto. Monraz respondió con fechas, promesas y afecto: nuevas unidades el 8 de diciembre y el interés especial del gobernador Lemus en los trabajadores vallartenses. La logística del afecto como política pública.

“Las próximas 87 nuevas unidades, con aire acondicionado, accesibilidad universal, algunas eléctricas, otras a gas natural y diésel, comenzarán a operar el 8 de diciembre. Del diagnóstico: 230 unidades operan en 23 rutas; la demanda en Vallarta es de 180 mil viajes al día. Con la nueva flota daremos mejor servicio a 50 mil usuarios adicionales. El gobernador tiene especial interés en Puerto Vallarta”, detalló Monraz Villaseñor.

Valeria Ávila, de Hagamos, recordó el episodio de Tlajomulco donde usuarios durmieron en un camión durante una inundación. Enumeró, punto por punto, las obligaciones legales del secretario. Monraz volvió al terreno conocido: entrega de protocolos y próximas estaciones en el oriente del Macro Periférico. La diputada habló de responsabilidades; el secretario, de procesos.

“Sobre lo de Adolf Horn, entregamos el protocolo de atención a los operadores para que sepan actuar si algo similar ocurre. Lo elaboramos junto con Protección Civil y Bomberos del Estado”.

Alondra Fausto, del PRI, soltó un diagnóstico lapidario: “Tenemos una crisis de movilidad que no se puede disfrazar con discursos técnicos”. Mencionó saturación, ineficiencia, accidentes, rutas que no funcionan. Y la respuesta fue una encuesta: 8.10 de calificación general y 8.14 al costo. La estadística como muro contra la experiencia.

El panista César Madrigal no profundizó por tiempo en el tema del transporte, pero pidió claridad sobre el segundo piso de López Mateos. Monraz decidió no responder. Literalmente. Habló de otra cosa. La evasión ya no era sutil: era estrategia.

Itzul Barrera, de Morena, fue frontal: “La gente pregunta quién se queda con los cincuenta centavos… se llama Diego Monraz”. Acusó clasismo, opacidad, performance y una planeación que privilegia zonas acomodadas. Puso sobre la mesa una cifra contundente: 219 millones de pesos anuales provenientes del cambio no devuelto. Exigió documentos. Monraz no dijo nada nuevo; siguió orbitando alrededor del “no nos toca”.

Barrera también llevó a tribuna señalamientos por robo de combustible: “La FGR aseguró 30 mil litros en marzo de 2024 y 300 mil litros este año, vinculados a patios de Mi Macro Periférico. ¿Sí o no Mi Macro operó con huachicol?”.

Cuestionó la falta de responsabilidad administrativa ante posibles irregularidades: “No le tocó comparecer ante la Fiscalía. Entonces, ¿qué sí le toca, secretario?”. Para cerrar, dejó sobre el escritorio del funcionario una bolsa llena de monedas de cincuenta centavos, provocando tensión en el recinto.

Monraz reiteró: “Si la tarifa va a subir o no, le corresponde al Comité Técnico Tarifario. La tarifa tiene una fórmula. Yo no voto. No sé si subirá. Sobre las unidades en el oriente, la seguridad municipal es compartida. En cuanto al huachicol, la investigación la llevó la FGR; los resultados los tienen ellos. La Secretaría no fiscaliza combustible”.

Diego Monraz, secretario de Transporte, expresó: “Al primero que le interesa que funcione bien el transporte público es a mí. Queremos que todos lleguen sanos, salvos y al menor costo”. En la encuesta Imeplan, usuarios califican el costo con 8.14 y el servicio general con 8.10. “Aun así, no estamos satisfechos”

Al final apareció Mónica Magaña, de Movimiento Ciudadano, con un discurso diseñado para cerrar filas: Jalisco como “referente nacional”, tarifa estable, viajes al alza e inversión histórica sin apoyo federal. Una clase magistral de contraste: los demás estados —sobre todo los gobernados por Morena— aumentan tarifas; Jalisco no. Los hechos, dijo, “hablan”.

“En Jalisco se debe mejorar, desde luego, pero somos un ejemplo nacional, con la tarifa más baja. Ojalá el transporte costara cero pesos. Somos el único estado con flota moderna. Este año no recibimos ni un solo peso de la Federación para transporte público”, remató.

En realidad, en esta comparecencia se habló de todo: colas interminables, camiones saturados, los 50 centavos perdidos en el limbo, rutas insuficientes, prioridades presupuestales, evasiones del secretario y el blindaje político de una bancada que terminó afirmando que todo está bien, o al menos, mejor que en otros lados.

De lo que casi no se habló, paradójicamente, fue del sistema de transporte público que usan millones de personas que no tienen alternativa. Entre diputados enfurecidos y un secretario inmune, la ciudadanía volvió a ser la gran ausente, o quizá el invitado obligado a escuchar que, cuando algo falla, no le toca a nadie.

Diego Monraz abandonó el Congreso pasado el mediodía. Lo hizo por la puerta trasera, sin atender a los medios, esquivando micrófonos con la misma precisión con la que esquivó las preguntas de fondo. Su salida fue el gesto final de una comparecencia donde la norma no fue aclarar, sino deslindar; no asumir, sino desplazar.

DIEGO MONRAZ VE UN TRANSPORTE DISTINTO AL DE LOS DIPUTADOS

La visión de Diego Monraz y la de los legisladores de oposición pertenecen a dos mundos distintos. Para el secretario, prácticamente el transporte funciona bien y los problemas son mínimos. Aquí, una síntesis de lo que informó:

• El sistema de movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha crecido 296 % en infraestructura masiva en seis años y está por estrenarse la Línea 4 del Tren Ligero.
• La Línea 4 generará 106 mil viajes diarios en su etapa inicial.
• Avanza la Línea 5, que conectará a Guadalajara con el Aeropuerto Internacional, Tlajomulco y El Salto
• SITEUR vive su mayor transformación: 203 unidades nuevas, 60 de ellas eléctricas.
• Mi Macro Periférico moviliza 330 mil usuarios diarios y sumará dos estaciones en Tonalá.
• De dos líneas de tren y un Macrobús en 2018 se pasó a Línea 3, 48 km de Periférico, Línea 4 y pronto Línea 5: 165 km de transporte masivo.
• Mi Bici tendrá 100 estaciones nuevas.
• Seguridad vial: 17 % menos muertes vinculadas al transporte público en un año y 79 % menos peatones y ciclistas fallecidos en una década.
• Pago electrónico: subió del 5 % al 60 %, con 1.8 millones de viajes diarios y 400 puntos de recarga.
• Nuevo ingreso de 106 unidades en rutas alimentadoras y municipios como Lagos de Moreno.
• Ruptura del monopolio de grúas: “La competencia beneficia al usuario”, afirmó.