Cuando la autoridad muere: el costo invisible de los funcionarios asesinados en México

Opinión, por Violeta Moreno

Hay un silencio muy particular cuando matan a un presidente municipal o a algún funcionario público. No es el de la muerte privada ni el del crimen urbano; es un silencio político, económico y cívico que se extiende como una niebla. Las calles siguen, la vida continúa, pero algo esencial se fractura: la idea misma de que el poder local puede servir al bien común sin miedo.

En México, ese silencio se repite con una frecuencia que debería escandalizarnos. Desde el año 2000, más de 90 alcaldes en funciones o electos han sido asesinados. Detrás de cada caso hay una historia de abandono institucional, de amenazas ignoradas, de municipios olvidados por la federación y devorados por la violencia. Pero lo más doloroso —y menos discutido— es el costo que esos asesinatos imponen sobre la economía y el desarrollo local.

El vacío que deja, por ejemplo, un alcalde muerto

Cuando un presidente municipal es asesinado, no muere solo una persona: muere un engranaje del Estado, el más cercano al ciudadano común. El municipio se convierte, de pronto, en un cuerpo sin cabeza. Los trámites se detienen, los contratos se suspenden, las obras quedan a medias. El tesorero no sabe a quién rendirle cuentas; el proveedor duda si firmar; los policías locales esperan órdenes que no llegan.

El crimen no solo interrumpe un mandato: interrumpe el flujo económico de la comunidad. En municipios rurales —donde el ayuntamiento es la principal fuente de empleo formal— la muerte del alcalde puede paralizar la economía por semanas o meses. Los pagos a proveedores se retrasan, los programas sociales se congelan y las pequeñas obras públicas —que suelen dar vida al comercio local— se abandonan o se interrumpen.

El costo económico del miedo

México pierde cada año alrededor del 18% de su PIB por la violencia, según el Instituto para la Economía y la Paz. Esa cifra incluye asesinatos, extorsiones y secuestros… pero rara vez se desglosa cuánto cuesta perder a un servidor público.

En los municipios donde mueren alcaldes, las consecuencias son tangibles:

• Se detiene la inversión pública y privada.
• Los empresarios locales se retraen.
• Aumentan los costos operativos.
• Se fuga el talento.

El resultado es una espiral: la violencia política ahuyenta la inversión, la falta de inversión agrava la pobreza y la pobreza, a su vez, alimenta la violencia. Una trampa circular en la que mueren los alcaldes… y también las oportunidades.

Municipios bajo captura

El asesinato de un edil rara vez es un acto aislado. Detrás hay estructuras que buscan capturar el poder municipal para controlar licitaciones, obras, permisos o, simplemente, el territorio. Estudios recientes muestran que los grupos criminales asesinan o cooptan autoridades locales para apropiarse de los recursos del municipio.

Y con eso llega un segundo costo económico: el de la corrupción institucionalizada. El dinero público deja de ser palanca de desarrollo y se convierte en botín.

Cuando el miedo gobierna, el mercado se retira

En comunidades pequeñas de Michoacán, Guerrero u Oaxaca, la violencia política genera un efecto inmediato de desinversión. Los proveedores locales pierden contratos, los comercios cierran más temprano, los bancos restringen créditos. El simple hecho de que un alcalde haya sido asesinado eleva el “riesgo municipal” a niveles que ningún inversionista —por pequeño que sea— está dispuesto a asumir.

Y hay algo más sutil pero igual de grave: el miedo colectivo. Cuando la ciudadanía percibe que el crimen manda más que la autoridad, deja de participar. Se debilita la recaudación, se erosiona la confianza y el ciclo de productividad se detiene. La economía local, al igual que la política, entra en modo supervivencia.

El costo invisible de la desesperanza

En los informes contables no aparece. No se calcula en millones de pesos ni en porcentaje del PIB. Pero el costo más alto es el de la desesperanza colectiva: esa sensación de que la violencia ha ganado, de que la política se ha rendido, de que los pueblos no importan.

Ahí es donde se mide el verdadero impacto económico de los alcaldes muertos: en la renuncia a creer que las instituciones pueden protegernos. Y sin esa confianza, ningún mercado, ningún gobierno, ningún país puede prosperar.

Porque cuando la autoridad muere, no solo muere una persona. Muere la posibilidad de que México funcione.