Abierta violación a la ley en el Colegio de Bachilleres de Jalisco: Dobles suelos, una práctica normalizada ante el silencio oficial

Por Francisco Junco

Al cobijo de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), encabezada por José Guadalupe Madera Godoy, se ha tejido una red de funcionarios que cobran dos —y en algunos casos hasta tres— salarios públicos de manera simultánea, en abierta violación a la Ley de Incompatibilidades para los Servidores Públicos del Estado.

No se trata de casos aislados ni de errores administrativos menores. La revisión de nóminas oficiales, plataformas de transparencia y documentos internos, en poder de Conciencia Pública, revela un patrón sistemático de servidores públicos que ocupan dos cargos al mismo tiempo, algunos incluso dentro del mismo plantel, con funciones incompatibles y, en varios casos, con doble número de nómina.

En el argot interno del Colegio de Bachilleres ya tienen nombre: los dobleteros. Funcionarios que cobran como administrativos y como docentes, o que perciben ingresos de dos dependencias distintas, mientras la autoridad responsable mantiene una actitud de silencio y omisión.

Un elemento no menor atraviesa esta red de irregularidades: la mayoría de los “dobleteros” del COBAEJ pertenecen al sindicato SITCOBAEJ, encabezado por Moisés Natanael Jiménez, el mismo gremio que respalda abiertamente al director general José Guadalupe Madera Godoy.

De acuerdo con información disponible en el Centro de Transparencia, esta coincidencia sindical no es casual. La protección gremial ha funcionado como un escudo político y administrativo que ha permitido que las irregularidades se normalicen y permanezcan sin sanción.

Uno de los casos más ilustrativos es el de Martha Rosa Araiza Soltero, ex candidata en 2018 a la gubernatura de Jalisco por Nueva Alianza y actual directora de Servicios Educativos del COBAEJ, con un sueldo quincenal de 24 mil 898.20 pesos. De manera simultánea, Araiza Soltero aparece en la nómina del Hospital Regional de Autlán como enfermera jefa de Servicios, donde percibe 23 mil 915.53 pesos mensuales adicionales.

Al interior del COBAEJ se da testimonio de que su jornada laboral se cumple de lunes a viernes en horario administrativo completo. No obstante, su responsabilidad en el Hospital de Autlán se justifica con asistencia los sábados y domingos, lo que implica que su salario mensual de casi 24 mil pesos se cubre con una jornada de apenas ocho días al mes, una condición privilegiada que no cuenta con documentación ni autorización formal conocida.

Otro caso relevante es el de Silverio Méndez Ruvalcaba, quien aparece en la nómina del COBAEJ como Subdirector de Plantel C, con un sueldo mensual de 44 mil 667 pesos. Sin embargo, en diciembre de 2024 y enero de 2025 también cobró en la Secretaría de Educación como director de Primaria Foráneo y maestro de grupo, percibiendo 11 mil 432.77 pesos y 13 mil 423.32 pesos, respectivamente.

Aunque en febrero solicitó su baja temporal de ambos cargos educativos, en los meses de mayo y agosto cobró gratificaciones magisteriales que ya no le correspondían, por 16 mil 293.47 pesos y 6 mil 979.75 pesos, sin encontrarse activo en esos puestos.

Las irregularidades no terminan ahí. Méndez Ruvalcaba figura oficialmente como subdirector de plantel, pero firma documentos como “Titular de la Unidad de Transparencia y Archivos” del COBAEJ, cargo para el cual no cuenta con nombramiento oficial.

Además, entre febrero y noviembre su nombre desapareció de la nómina pública del COBAEJ, aunque en la Plataforma Nacional de Transparencia sí aparece reportado en enero como subdirector, una omisión que difícilmente puede considerarse accidental.

Otro nombre dentro de este entramado es el de Atanacio Valdez Morán, quien cobra como director del Plantel 04 Teuchitlán, a pesar de que dentro del propio Colegio se reconoce que no asiste al plantel y que en realidad desempeña funciones en oficinas centrales.

Aun así, su sueldo como director de plantel se mantiene intacto, sin que exista evidencia pública de una comisión formal que justifique el cambio de adscripción ni la ausencia permanente.

Pero el problema no se limita a estos tres casos de alto perfil. La revisión interna revela que casi una veintena de funcionarios del COBAEJ cobran simultáneamente como administrativos y como docentes en el mismo plantel, una práctica expresamente prohibida por la Ley de Incompatibilidades.

En el Plantel 01 Basilio Vadillo, Perla Mercedes Amante Madera cobra como técnico y docente; María Elizabeth Frausto Meza, como secretaria del subdirector y docente; y Cristofer Eduardo García Magaña, como taquimecanógrafa y docente.

En el Plantel 02 Miramar, Efrén Rodrigo Atilano Hernández figura como técnico y docente, mientras que María del Carmen Vargas de la Rosa cobra como secretaria del subdirector y docente.

En el Plantel 06 Pihuamo, Juan Manuel Cruz López percibe sueldo como técnico especializado y docente, y Joel Ceballos Hinojosa como técnico y docente.

En el Plantel 07 Puerto Vallarta, Julio César Barbosa Villalvazo cobra como bibliotecario y docente; mientras que en el Plantel 12 Arroyo Hondo, Marco Antonio Morales Gaeta aparece como técnico y docente, y Xóchitl Alejandra Ramírez Carranza como jefa de oficina y docente.

Los casos continúan en el Plantel 13 Jalisco, donde Rocío Alejandra Vallejo Valderrama cobra como secretaria del director de plantel y docente; y en el Plantel 14 Zapotlanejo, Diana Berenice Chávez López como responsable de laboratorio técnico y docente.

En el Plantel 03 Guachinango, Moisés de Jesús Maldonado Hernández aparece como encargado de la Sala de Cómputo C y docente; mientras que en el Plantel 10 San Sebastián el Grande, Ricardo Navarro Hernández figura como subdirector de Plantel B y docente.

A la lista se suman Julio Ramón Guzmán Corona, en el Plantel 48 Los Dolores, y Mario Alberto Moreno Martínez, en el Plantel 54 El Chipinique de Arriba, ambos como encargados de Sala de Cómputo C y docentes.

Para evadir los controles, denuncian trabajadores del propio sistema, muchos de estos funcionarios cobran con diferente número de nómina, simulando legalidad administrativa y apostando a que nadie cruce la información.

Sin embargo, la Ley de Incompatibilidades es clara. El artículo 11 establece que existe incompatibilidad cuando un servidor público desempeña dos o más cargos remunerados que no puede desarrollar imparcialmente, porque la atención de uno implica conflicto con el otro, supuesto que se actualiza cuando un mismo trabajador cumple funciones administrativas y docentes en horarios coincidentes.

A ello se suma el artículo 9, que define la incompatibilidad horaria cuando dos cargos coinciden en el tiempo, y el artículo 5, que prohíbe ocupar dos cargos administrativos o directivos remunerados incompatibles, sin excepción si no existe autorización previa.

La ley también advierte que los nombramientos que contravengan estas disposiciones son nulos y que los servidores públicos que continúen percibiendo sueldos incompatibles deberán reintegrar las percepciones indebidas, responsabilidad que alcanza también a quienes autorizaron los pagos.

Pese a ello, en el COBAEJ no existe registro público de investigaciones internas, procedimientos administrativos ni resoluciones emitidas por la Secretaría de Administración del Estado para revisar estos casos, lo que refuerza la percepción de una protección institucional desde la cúpula.

Mientras tanto, la red de “dobleteros” sigue operando en silencio, drenando recursos públicos y minando la legalidad administrativa, bajo una pregunta que permanece sin respuesta: ¿hasta dónde llega la responsabilidad del director general José Guadalupe Madera Godoy en un sistema que permite —y oculta— los dobles sueldos dentro del Colegio de Bachilleres?