Fiscalía sin complacencia

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

El Congreso de Jalisco se encuentra en la recta final para elegir a la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción. Con un total de treinta aspirantes inscritos y una terna propuesta por el Ejecutivo estatal, el Sistema Anticorrupción del Estado debe ser fortalecido mediante las mejores decisiones legislativas. Ello exige atender la relevancia que debe tener una fiscalía cuyo mayor compromiso sea —y deba ser— con la sociedad, y no con los gobiernos en turno ni con los grupos de poder.

La intervención decidida y eficaz de una Fiscalía Anticorrupción que no guarde silencio y cuya presencia se sienta de manera contundente ante la ciudadanía es, sin duda, la mejor herramienta para la lucha anticorrupción que Jalisco merece.

Es importante resaltar que, hoy en día, los procesos para elegir cargos públicos son mucho más transparentes. Resulta más sencillo identificar si una persona no cuenta con el perfil idóneo o si arrastra una mancha incompatible con las aspiraciones a un cargo público. La información —y particularmente el acceso a ella— ha consolidado una memoria social más racional, que evita que se postulen personas inelegibles con la desfachatez y soberbia de décadas pasadas.

Hoy la ciudadanía está mejor informada y muestra mayor interés en estos procesos, ya que las nuevas generaciones son más abiertas a conocer y opinar. Sin embargo, la relevancia de una Fiscalía Anticorrupción es de la mayor trascendencia, pues sobre ella recae la responsabilidad de combatir la corrupción de manera efectiva y fehaciente a través de la justicia. No admite ligereza alguna: implica la obligación de enfrentar la corrupción con resultados reales, justicia efectiva y una presencia visible ante la ciudadanía.

Es por ello que debe considerarse la trascendencia de este nombramiento, el cual no debe convertirse en un brazo aliado de quienes hoy ostentan el poder, sino en un verdadero contrapeso que obligue a los servidores públicos del estado y a la clase política a conducirse con ética y apego al servicio de carrera, sin margen para conductas que evidencien corrupción.

Aunque la palabra resulte dura, es una realidad ineludible: vivimos en un país donde los actos de corrupción se han normalizado. Se dice que para que exista un acto de corrupción deben participar dos partes, y sabemos que nuestra idiosincrasia, formada durante décadas bajo estándares mínimos de ética y responsabilidad, nos ha llevado, como sociedad, a ser en muchos casos tolerantes e incluso participativos frente a la corrupción.

Sin embargo, la lucha por cambiar esta realidad y erradicarla no debe debilitarse, sino sostenerse con firmeza. Una Fiscalía Anticorrupción debe inspirar a la sociedad a creer que la corrupción sí puede combatirse y generar, en el servicio público y en la política estatal, una vocación genuina de servicio.

Es necesario destacar que el Sistema Estatal Anticorrupción cuenta con un componente social que representa los intereses de la ciudadanía a través del Comité de Participación Social (CPS). Desde este espacio, y en el proceso de elección de la nueva persona titular de la Fiscalía Anticorrupción, el CPS ha sido una pieza fundamental para llevar la voz ciudadana, mediante la intervención de ciudadanas y ciudadanos expertos en materia anticorrupción, a una evaluación rigurosa de perfiles, tanto por su formación como por su trayectoria en el servicio público.

Este ejercicio otorga certeza de que los treinta aspirantes al cargo fueron sometidos a un proceso de escrutinio bajo una representación social efectiva. Se trata, sin duda, del filtro más relevante en los procesos actuales, pues permite que la sociedad, a través del CPS, participe activamente y funcione como un contrapeso real frente a posibles imposiciones. El nombramiento de la persona que encabece esta Fiscalía deberá, además, fortalecer al Sistema Estatal Anticorrupción con una presencia firme, visible y verdaderamente participativa.

La conclusión de este proceso debe traducirse en una Fiscalía Anticorrupción que actúe, que incomode y que dé resultados. No se necesita una figura decorativa ni un instrumento de protección política, sino una institución que combata la corrupción de forma frontal, visible y constante. Jalisco requiere una Fiscalía Anticorrupción integrada plenamente al Sistema Estatal Anticorrupción, que rinda cuentas a la sociedad y no al poder. Los nombramientos pasan; las consecuencias permanecen.

Quien encabece esta Fiscalía será recordado por su actuación o por su omisión. La exigencia social es clara e innegociable: una Fiscalía que opere, que incomode y que funcione. Todo lo demás es simulación o será repetir el error de instituciones que existen solo en el papel, presentes sin estar.