Inconformidad, politización y falta de acuerdos

Opinión, por Gerardo Rico

“Todo lo que nos tocó vivir para llegar hasta este día es parte de la lucha por generar espacios de participación ciudadana auténticos. Ha sido muy larga y muy compleja; por supuesto, encabezada por la sociedad civil, por ciudadanos, mujeres y hombres libres que han defendido la idea de que las decisiones públicas se tienen que generar en un ejercicio de diálogo y de construcción de acuerdos. Son ciudadanos que han luchado porque las voces de todos sean escuchadas”, afirmó entonces el exgobernador Enrique Alfaro durante el acto de instalación del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. Era marzo de 2021.

Dicho consejo fue creado a partir de la aprobación de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, la cual fue aprobada el 5 de abril de 2019 por el Congreso del Estado y publicada en el Periódico Oficial el 9 de abril de 2019, entrando en vigor el 10 de abril de 2019.

Todo esto viene a colación porque, en el transcurso de esta semana, se reunieron más de ocho mil firmas para impulsar un referéndum estatal que someta a consulta el aumento a la tarifa del transporte urbano a 14 pesos, anunciado el 26 de diciembre y que se hará efectivo a partir del 1 de abril. El tema lo iniciaron dos diputadas locales del partido Futuro; de manera independiente, fue aprobado por el Congreso del Estado.

Es muy visible la polarización entre diferentes grupos sociales por el incremento a dicha tarifa, a pesar del anuncio de subsidios a través de la Tarjeta Única al estilo Jalisco para que se paguen 11 pesos y no 14. Sin embargo, existe un margen de interpretación y el riesgo de que se judicialice el caso, debido a la postura de grupos ajenos al círculo de Movimiento Ciudadano.

La discusión se ha centrado en la famosa tarjeta naranja y en cómo las autoridades estatales desembolsarán hasta 196 millones 200 mil pesos anuales solo por el manejo administrativo de la Tarjeta Única al estilo Jalisco, un costo que se suma al subsidio directo al transporte estudiantil y que ha originado críticas por el monto total del compromiso público.

Datos del INEGI precisan que en nuestro estado hay aproximadamente 597 mil estudiantes de nivel medio superior y superior. El costo diario del subsidio superaría los 17 millones de pesos al día.

Aunado a esta polarización, se realizó una manifestación contra el aumento a la tarifa del transporte urbano el pasado sábado 17 de enero, y se esperan más.

Para aderezar aún más el tema mediático, en el Congreso del Estado la oposición aprobó realizar un referéndum y se planteó un acuerdo para que el Legislativo solicitara someter a consulta pública el aumento a la tarifa del transporte urbano.

Sin embargo, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría General de Gobierno, consideró que el Congreso del Estado no está facultado para solicitar este mecanismo en el caso de reglamentos y decretos emitidos por el Ejecutivo.

En un comunicado emitido posterior a la determinación del Legislativo, precisó que “en términos jurídicos, las disposiciones de carácter contributivo son aquellas relativas a impuestos, derechos, cuotas o cualquier carga tributaria impuesta a la ciudadanía”.

“En este sentido, las tarifas del transporte público tienen naturaleza contributiva, al constituir una contraprestación por un servicio público que se ofrece bajo regulación del Estado, por lo que expresamente se encuentran fuera de la materia susceptible de referéndum”.

Es evidente la politización y los intereses que están en juego en la agenda estatal: por un lado, el gobierno del estado, y por otro, los partidos políticos de oposición que tienen representación en el Congreso local, mismos que solicitaron al gobernador Pablo Lemus vetar el incremento al pasaje, además de investigar a la empresa Broxel, encargada de la emisión de la Tarjeta Única al estilo Jalisco.

Ante todo este embrollo, me llamó la atención una propuesta del PAN en Jalisco: propone la supervisión y seguimiento al funcionamiento del transporte urbano durante un año, con la condición de echar para atrás el aumento si el servicio es ineficiente.

Para los panistas, debe haber más unidades de transporte a fin de regularizar el flujo de circulación para un mejor servicio; que las unidades estén en buenas condiciones; evitar las carreras y la competencia por más pasaje entre los choferes; evitar un mal trato a los usuarios; y una serie de requisitos que vendrían a beneficiar a más de un millón de personas que a diario utilizan el transporte urbano en el área conurbada de Guadalajara.

Hasta el momento, la atención mediática se ha centrado exclusivamente en el aumento a 14 pesos y el uso de la Tarjeta Única al estilo Jalisco, pero ni en el Congreso local ni en otras instancias se habla de la calidad del servicio que ofrecen a diario aproximadamente cuatro mil 500 unidades en nuestra ciudad. La tensión continuará en los próximos días y es necesario abrir un espacio para el diálogo.