La respuesta al tarifazo

Opinión, por Iván Arrazola

Los problemas públicos suelen magnificarse en contextos donde la información circula de manera casi instantánea y las redes sociales convierten cualquier decisión gubernamental en tema de debate permanente. En el caso del aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco, la reacción social ha evidenciado que el gobierno no tiene totalmente controlada la situación.

Lo que debía ser una medida técnica de ajuste terminó transformándose en un conflicto político que revela debilidades en el diseño y la comunicación de las políticas públicas estatales.

Desde el inicio, la decisión pareció responder a las viejas fórmulas de siempre: anunciar el incremento a finales de año, cuando la atención ciudadana se encuentra dispersa por las festividades, con la expectativa de que la discusión no alcanzara mayor escala. Sin embargo, la estrategia no logró contener el malestar.

El aumento de la tarifa, que pasó de 9.50 a 14 pesos, representa un golpe directo al bolsillo de miles de familias que dependen del transporte público para sus actividades cotidianas. Para mitigar el impacto, el gobierno anunció un subsidio de tres pesos, de modo que el costo final para los usuarios quedaría en 11 pesos. No obstante, esta medida compensatoria abrió un nuevo frente de críticas.

El subsidio está condicionado a la tramitación de una tarjeta personalizada, lo que implica que el gobierno tendrá acceso a los datos de las personas usuarias. Diversos sectores han advertido que este mecanismo podría convertirse en un instrumento de control o clientelismo político. El hecho de que la tarjeta sea de color naranja envía un mensaje partidista poco sutil, lo cual refuerza la percepción de que la política tarifaria responde más a cálculos electorales que a un verdadero enfoque de movilidad sostenible.

Un segundo frente de conflicto fue el posicionamiento de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), históricamente combativa ante este tipo de medidas. El gobernador logró desactivar parcialmente la inconformidad al anunciar una tarifa preferencial de cinco pesos para estudiantes. La escena en la que Lemus aparece en un video junto con la dirigente estudiantil para comunicar el acuerdo fue presentada como un triunfo político. Sin embargo, también evidenció que la negociación se dio bajo presión y no como parte de una estrategia integral previamente diseñada.

Para el gobierno estatal era fundamental evitar una movilización de la Universidad de Guadalajara que pudiera escalar el descontento social. La contención del movimiento estudiantil mostró habilidad política, pero no sustituyó la ausencia de una narrativa sólida que explicara las razones técnicas del incremento. La política pública quedó reducida a un ejercicio de control de daños.

Frente a las protestas ciudadanas, la administración estatal adoptó una postura defensiva. En una manifestación reciente, un grupo de jóvenes fue detenido por realizar pintas en la vía pública. El gobernador ordenó su liberación y acusó a partidos opositores de manipular a los manifestantes. Con ello intentó desplazar la discusión del aumento tarifario hacia el terreno de la confrontación política, evitando el debate de fondo sobre la calidad del servicio y el modelo de financiamiento del transporte.

La oposición, por su parte, buscó capitalizar el descontento. El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la convocatoria a un referéndum que permita a la ciudadanía ratificar o rechazar el aumento. También se aprobó un exhorto para que el gobernador vete la medida. La bancada oficialista abandonó la sesión, negándose a discutir los planteamientos, lo que profundizó la percepción de cerrazón.

No obstante, someter el tarifazo a referéndum implica obstáculos legales. El gobierno sostiene que las medidas de carácter contributivo no pueden ser objeto de este mecanismo y que los acuerdos administrativos quedan fuera de su alcance, pues solo aplicaría para leyes y disposiciones generales.

Serán las autoridades electorales quienes determinen la procedencia del ejercicio en un momento particularmente delicado, justo cuando a nivel nacional se discute la permanencia de los organismos públicos locales electorales. Autorizar la consulta podría fortalecer su legitimidad; negarla, los colocaría del lado del gobierno y del descrédito social.

El principal problema de la actuación gubernamental es su carácter reactivo. Hasta ahora no se ha construido una política pública integral que justifique el alza con base en diagnósticos claros sobre costos operativos, calidad del servicio, renovación de unidades o mejora de rutas. El discurso oficial se ha limitado a señalar que “todo se ha encarecido” y que el subsidio amortiguará el golpe.

En ningún momento el gobierno se ha colocado del lado de la ciudadanía con compromisos verificables para obligar a los transportistas a mejorar frecuencias, seguridad, accesibilidad y trato al usuario.

Mientras la administración estatal continúe actuando a la defensiva, el costo político del tarifazo seguirá creciendo. Se requiere una auténtica política pública que coloque en el centro el derecho a una movilidad digna y accesible para todas y todos.