Terna del Ejecutivo, en revisión: Jalisco define su nuevo fiscal anticorrupción en el Legislativo en carrera contrarreloj

Por Francisco Junco

En Jalisco, el arranque de 2026 está marcado por una de las decisiones institucionales más trascendentes: la designación del nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), un proceso que combina rigor técnico, escrutinio público y delicados equilibrios políticos en el Congreso local.

El relevo es inevitable tras la conclusión del periodo de siete años del actual fiscal, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, el próximo 14 de febrero, lo que impulsó al Poder Legislativo a lanzar una convocatoria pública en diciembre de 2025 para elegir a su sucesor antes del 20 de enero de 2026.

El proceso atrajo alrededor de 30 aspirantes de diversos ámbitos del derecho y la administración pública, quienes cumplieron estrictos requisitos: experiencia profesional mínima, independencia partidista y evaluaciones de control y confianza, conforme a los lineamientos de la Comisión de Seguridad y Justicia.

El 8 de enero, el gobierno estatal entregó una terna al Congreso integrada por Ricardo Sánchez Beruben (excoordinador de Seguridad estatal, mejor evaluado por el Comité de Participación Social con 34 puntos), Tatiana Esther Anaya Zúñiga (actual consejera jurídica del Gobierno de Jalisco, con 31 puntos) y Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez (director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud).

Estos nombres han concentrado la atención mediática y legislativa desde entonces.

El 16 de enero, la Comisión de Seguridad y Justicia —presidida por la diputada Adriana Medina Ortiz— llevó a cabo entrevistas públicas en el Salón “Legisladoras Jaliscienses”, un ejercicio de transparencia que incluyó no solo a la terna, sino a 24 de los 30 aspirantes registrados.

Cada compareciente presentó su trayectoria, experiencia en materia anticorrupción y su plan de trabajo para fortalecer la institución. Los cuestionamientos de diputados y miembros del Comité de Participación Social se centraron en temas clave: impunidad, judicialización efectiva de casos, mecanismos de transparencia y, sobre todo, la garantía de independencia frente al Ejecutivo y cualquier fuerza política.

Destacó la participación de Tatiana Anaya Zúñiga, quien negó cualquier ventaja indebida por su cargo actual y defendió su capacidad para mantener autonomía plena en caso de resultar designada.

Ricardo Sánchez Beruben enfatizó una visión operativa orientada a resultados, mayor efectividad en carpetas de investigación y cierre de brechas de impunidad. Aseguró que no existen impedimentos legales para su designación, pese a una carpeta de investigación por el caso Yox Holding y omisiones patrimoniales. Defendió que las operaciones fueron legales, trazables y de carácter administrativo, no penal, y propuso fortalecer la Fiscalía con mayor autonomía presupuestal y administrativa.

La decisión de entrevistar a la mayoría de los aspirantes, más allá de la terna, amplió la legitimidad del proceso y evitó limitarlo al Ejecutivo.

El plazo apremia: el Congreso debe resolver el nombramiento a más tardar el 20 de enero, con al menos 26 votos de los 38 diputados. Si ningún perfil alcanza el umbral, la ley obliga a una segunda terna del gobernador Pablo Lemus Navarro.

El cargo, de siete años a partir del 15 de febrero de 2026, exige un perfil con autonomía real, imparcialidad y resultados verificables.

La urgencia se comprende en un contexto nacional adverso. La diputada priista Cuquis Camarena resaltó cifras alarmantes: según el INEGI, la corrupción genera costos superiores a 11 mil 910 millones de pesos anuales en México.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 ubicó al país en el lugar 140 de 180 naciones, con solo 26 de 100 puntos posibles —su peor calificación histórica—, evidenciando un deterioro sostenido en siete años y un problema estructural que afecta seguridad, empleo, actividad empresarial, servicios públicos y salud. Jalisco no es ajeno.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI indica que 82.5% de los ciudadanos percibe la corrupción como frecuente o muy frecuente. El Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara reporta 99.12% de impunidad —segundo lugar nacional—, con pérdidas económicas promedio de 3 mil 485 pesos diarios por víctima y décimo puesto en afectaciones por corrupción.

En 2025, la FECC abrió más de mil 200 carpetas de investigación (incremento del 23%), unas 26 por semana, lo que revela la magnitud del desafío más que una mayor confianza ciudadana.

Todas las fracciones parlamentarias —PT, PRI, PAN, Hagamos, Morena y Movimiento Ciudadano— coinciden en que el nuevo fiscal debe garantizar independencia, autonomía e imparcialidad, con trayectoria probada, ética y capacidad técnica.

Hay consenso en la obligatoriedad de aprobar exámenes de control y confianza; sin ellos, ningún aspirante es elegible. También en revisar seriamente la terna y, de ser necesario, abrir una segunda.

Las divergencias surgen en la lectura política: PAN y MC priorizan la ruta institucional y la terna como base sólida, mientras PT, PRI y Hagamos expresan reservas sobre el origen de los perfiles, el rol central del Ejecutivo —calificado por algunos como “juez y parte”— y el diseño legal, que podría mejorarse para una mayor separación de poderes.

En síntesis, Jalisco requiere un fiscal anticorrupción sólido e independiente para reducir la impunidad y cerrar el paso a la corrupción que erosiona la vida pública. El desenlace dependerá de si un perfil logra disipar dudas y alcanzar los 26 votos necesarios.

La decisión no solo definirá la estrategia anticorrupción por siete años, sino que enviará una señal clara sobre la seriedad del combate a este mal estructural en el estado y en el país.