Hagamos denuncia uso faccioso de expedientes en el caso del diputado Leonardo Almaguer

Por Francisco Junco

Ante la información difundida por diversos medios de comunicación sobre presuntos antecedentes del diputado Leonardo Almaguer Castañeda, el Grupo Parlamentario de Hagamos fijó su postura y expresó su preocupación por el uso, difusión y filtración de documentos oficiales.

“El Grupo Parlamentario de Hagamos expresa lo siguiente: resulta preocupante el uso faccioso de instituciones y documentos oficiales. Dichos expedientes, por su naturaleza jurídica, deben estar únicamente en posesión de la Fiscalía y del inculpado o de sus defensores”, señalaron mediante un comunicado de prensa.

En un posicionamiento público, la bancada señaló que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dichos registros tienen un carácter estrictamente reservado.

El grupo legislativo advirtió que la filtración de esta información vulnera principios constitucionales y la confidencialidad que debe prevalecer incluso en procesos ya concluidos, lo que, afirmó, representa una irregularidad grave en el manejo de documentos oficiales.

Asimismo, sostuvo que la divulgación de estos expedientes solo puede provenir de instancias con facultades para disponer de ellos, lo que, a su juicio, configura una embestida política contra el diputado, similar a otros casos registrados en Jalisco cuando actores públicos resultan incómodos para determinados intereses.

Hagamos recordó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) ha informado que no existen irregularidades electorales en el registro ni en la elección de Leonardo Almaguer, por lo que, señalaron, no hay elementos que cuestionen su acceso al cargo desde el ámbito electoral.

También subrayaron que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad que ninguna persona puede ser juzgada o sancionada dos veces por el mismo delito, por lo que consideraron que el uso de información de hace más de dos décadas para ejercer presión política contraviene este principio.

En el comunicado, el grupo parlamentario planteó que la Contraloría del Estado, en su calidad de autoridad garante, debe investigar la disposición y divulgación ilegal de documentos pertenecientes tanto a la Fiscalía del Estado como a juzgados del Poder Judicial y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

Hagamos rechazó cualquier intento de involucrar al Poder Ejecutivo para presionar al Legislativo y llamó a restablecer el diálogo entre las distintas fuerzas políticas, al tiempo que refrendó su compromiso con el Estado de derecho y la defensa de las garantías constitucionales.