El costo de la omisión legislativa: Sin ITEI, la transparencia en Jalisco queda en el limbo

Por Mario Ávila

La transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, que son considerados como derechos humanos, se encuentran en el “limbo” en Jalisco, toda vez que está vigente un nuevo modelo de Ley de Transparencia, pero el órgano garante (ITEI) ya no existe desde el 30 de noviembre de 2025, por lo que no hay autoridad a quien se le pueda reclamar cualquier violación en la materia.

Hoy día no hay a quién se le reclame cuando un sujeto obligado no publica información fundamental y, por ejemplo, muchos de los gobiernos municipales han dejado de actualizar su página de internet; por lo tanto, se oculta la información que, de manera obligada, deben hacer del conocimiento público.

Ante ello, el colectivo “Compromiso Jalisco”, al observar que el Congreso del Estado no cumplió con el plazo de 90 días que estableció él mismo en la reforma constitucional que se publicó el 16 de octubre del año pasado, donde se armonizó la Constitución local con la Constitución federal en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, decidió recurrir a solicitar la protección del Poder Judicial de la Federación mediante un recurso denominado “Amparo por Omisión Legislativa”.

La presentación de la querella en la Oficialía de Partes de la Ciudad Judicial Federal la hizo el maestro Rubén Alonso González, toda vez que el plazo de 90 días venció desde el pasado 14 de enero de 2026 y, “después del plazo establecido y queriendo abonar para que se legisle en esta materia, como ellos mismos se comprometieron, hemos decidido recurrir a un amparo por omisión legislativa, que lo único que implica es recordarles a los diputados, a través del Poder Judicial de la Federación, que nos tienen que legislar lo más pronto posible, para no afectar a los jaliscienses en el ejercicio de sus derechos fundamentales, como la protección de datos personales”, dijo el también académico de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA).

“Pensemos —dijo a manera de ejemplo— cómo se está garantizando, además de un simple aviso de privacidad, toda la información de quienes acaban de sacar su ‘tarjeta naranja’; cómo alguien puede reclamar el mal uso de datos personales de lo que tenemos en la licencia de conducir, en nuestra tarjeta de circulación, no digamos también en materia de salud; pero sobre todo el ejercicio de acceder a información veraz, completa y oportuna. Hoy sí se pueden hacer solicitudes de información; sin embargo, las nuevas autoridades garantes no tienen la herramienta jurídica para poder ejercer esa facultad que ya les da la Constitución”.

Sobre la posibilidad de que exista una sanción para los legisladores por ese retraso en el cumplimiento de sus funciones, Rubén Alonso González expuso que, desgraciadamente, no hay en la ley una sanción expresa, por lo que se ha recurrido al llamado social por distintos medios de comunicación, “y ahora recurrimos a la instancia judicial, que es otra manera de demostrar que han incumplido”, sentenció.

Precisó además que, por lo que ha conocido de los diálogos que tienen con algunos legisladores, el retraso en la aprobación del dictamen es un asunto de fuerzas políticas dentro del Congreso. “Tengo entendido que, por parte del Poder Ejecutivo, a través de la Contraloría del Estado y, sobre todo, la Comisión de Transición, ha habido llamados; incluso se realizó recientemente una sesión extraordinaria de esta comisión especial que encabeza la Secretaría de Administración y está presente la Contraloría, e hicieron ver que hay una serie de ‘lagunas jurídicas’ que no les permiten avanzar a los sujetos obligados; incluso se manifestó un llamado al Congreso para que lo más pronto posible cumpla con su responsabilidad”.

En el colectivo “Compromiso Jalisco” hay alrededor de 30 personas, entre ellos Rubén Alonso González, José Elías García Parra, Marcela Rubí Aguilar Arévalo, Fabiola Garibaldi, César Omar Mora, Jorge de la Torre y Miguel Ángel Hernández Velázquez, entre otros expertos en el tema de la transparencia, académicos, periodistas e incluso miembros del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción.

Rubén Alonso González, a la vez representante del Observatorio para la Transparencia e Integridad Social de la UNIVA, advirtió que, como se trata de derechos humanos —que son derechos fundamentales, como el acceso a la información y la protección de datos— y de ellos se derivan temas como la participación ciudadana, quien debe velar por ellos es el Poder Judicial. “Por ello acudimos, ejerciendo un derecho, pidiendo el amparo, porque consideramos que vemos elementos de que este derecho no lo podemos ejercer de manera plena y no hay elementos para que las autoridades garantes ejerzan sus funciones”, planteó.

Sin embargo —expuso—, hay que esperar que el juzgado respectivo admita la demanda de amparo y, una vez admitida, entrarán a analizarla para instruir al Poder Legislativo para que actúe de una forma u otra; y no solo a ellos, también le pedirán al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para que den sus argumentos de si este amparo les afecta o no, o qué tienen que decir al respecto.

Y, de manera particular —abundó—, la Contraloría del Estado será cuestionada, ya que en el nuevo modelo de acceso a la información la Contraloría no solo ve la garantía del Poder Ejecutivo y sus dependencias, sino de los 125 ayuntamientos; y las solicitudes o los recursos que se han presentado históricamente por no entregar información o no publicar información actualizada en los sitios de internet —como lo establece la ley—, quienes los concentran son los ayuntamientos en un 80% de los casos. Imaginemos cómo está la Contraloría sin la herramienta jurídica que le dé certeza de su actuar, tanto a ella misma como a los ciudadanos.

No obstante, Rubén Alonso reconoció que en el Congreso del Estado la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, que preside el diputado Alejandro Barragán, ha hecho su trabajo y desde diciembre de 2025 ya tenía el proyecto de dictamen que circuló a la Junta de Coordinación Política y a sus integrantes.

“Hay que reconocer el trabajo constante del diputado Alejandro Barragán, pero no depende de un solo legislador; el Congreso es un órgano colegiado y tiene que haber diálogo y acuerdo sobre ello”, estableció el demandante.

Finalmente, Rubén Alonso González planteó que en el paquete de leyes secundarias que falta por aprobar “se encuentran la Ley Secundaria en Materia de Transparencia y Acceso a la Información; la armonización de la Ley de Protección de Datos Personales; adecuar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, porque ahora ellos van a ver sus propios asuntos como autoridad garante; el Código Electoral para lo que tiene que ver con partidos locales en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que requiere también armonizar, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la propia Ley del Poder Ejecutivo”.

Agregó: “Y luego cada ayuntamiento también debe armonizar sus propios reglamentos para poder ahora estar vinculados a su autoridad garante, que será la Contraloría del Estado a través de una Agencia de Transparencia que se habrá de crear para ello”, puntualizó.