ENTREVISTAS
En defensa del tequila: Hay batalla jurídica porque se respete la denominación de origen, alerta Ramón González, director del Consejo Regulador del Tequila
Por Raúl Cantú //
La batalla es porque se respete el patrimonio nacional y no nos quiten la identidad cultural que tenemos, es la respuesta de Ramón González, Director del Consejo Regulador del Tequila, ante la batalla legal que tienen con una cervecera holandesa por el uso no autorizado e indebido de la Denominación de Origen Tequila en uno de sus productos.
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 049, los productos con tequila deben contar con al menos una participación del 25 por ciento de tequila en su total de base alcohólica para poder ostentar la palabra en su etiquetado, sin embargo, esta cerveza usa menos del uno por ciento, lo cual considera un riesgo para el patrimonio de la industria.
“Es una de las batallas más fuertes que hemos dado en la defensa del patrimonio de México que es el tequila, la primera denominación de origen mexicana, que pertenece a todos los mexicanos desde 1974 que es cuando inicia la declaratoria de parte del gobierno federal. Esa denominación de origen es reconocida en 54 países, entre ellos los europeos, da sustento a más de 70 mil familias, con un enfoque en el sector agrícola, con 20 mil agaveros, esto nos preocupa mucho porque hay una empresa holandesa que tiene años utilizando la denominación de origen sin autorización alguna”.
Subraya: “Esta cerveza que están comercializando en 70 países, es una cerveza que el consumidor cuando la ve, la parte principal de exhibición tiene la palabra tequila, además tiene la imagen del agave, estuvo utilizando el diseño de una cerveza mexicana que también se metieron en problemas y tuvieron que cambiar el envase. Esta empresa está por la libre buscando convertir a la primera denominación de origen mexicana en un genérico, para que cualquier persona pueda utilizar un aroma y es totalmente inaceptable”.
En el contexto del mes patrio, Ramón González exhorta a las autoridades federales a cerrar filas y unirse a esta batalla legal para que se preserve la denominación de origen del que considera es el regalo de México para el mundo, el tequila.
“Sentimos que en el mes patrio, cuando más resalta la mexicanidad, con la identidad del mariachi, la charrería y el tequila, pues estos señores están con todo para apropiarse la cultura de México, esto no lo vamos a permitir, vamos a poner todo el talento, la pasión y las fuerzas que tengamos, el equipo que sea necesario, pero requerimos el respaldo del gobierno de la república, que el señor presidente tome en sus manos el tema y podamos dar la cara en Europa y México, que se cierren filas para tomar las acciones que se tengan que llevar a cabo para que se respete a esta denominación de origen”.
LA ENTREVISTA
El tequila que utilizan para aromatizar la cerveza, ¿ellos lo producen o lo compran?
“En la práctica, lo que hacen, es que una empresa local se ha prestado con esta empresa holandesa cervecera, para enviarle unos garrafones de tequila, en envases de 5 litros, lo envían a una empresa francesa, que lo revende en una empresa especialista en hacer aromas como perfumes, jarabes y no sabemos qué hagan con el tequila, pero lo que incorporan en distintas partes es un aroma, que huele y como que sabe, le están dando un trato de producto genérico, esto detectamos gracias a que hicimos una demanda y la autoridad evidenció lo que están haciendo con el tequila, por eso, hasta este año a la empresa exportadora le suspendimos los certificados, saben las reglas que deben cumplir”.
¿Qué diferencia hay entre que se utilice el tequila para hacerlo aroma a los dulces de tequila?
“Sí se puede hacer en una cerveza, el problema es que no lo ponen. Debe tener por lo mínimo el 25 por ciento. Esta cerveza tiene el 6 por ciento de alcohol en volumen, de esto, el 25 por ciento debe ser tequila, no se le pone nada. Si lo llevas a la práctica, eso ya no sería una cerveza, sería una bebida de tequila con cerveza. Los impactos, es que se pagan más impuestos, tienen lugares diferenciados de venta, podrían seguir haciendo cerveza con tequila, si cumplen con las normas, los señores vendieron el año pasado más de 400 millones de litros de cerveza, compraron una cantidad mínima de garrafones de tequila, con eso hacen su aroma y su sabor, imaginen que lo hiciéramos al revés”.
¿Qué es lo que piden?
“Nosotros pedimos que si esa cerveza va a estar en el mercado con la palabra tequila, que le pongan tequila. Si no tiene tequila, que le quiten la palabra tequila, porque eso está denigrando la denominación del tequila, están lucrando con el patrimonio de muchas familias jaliscienses, mexicanas, de crear una reputación y prestigio de la denominación de origen y al estado mexicano le hace un quebranto porque ni siquiera le pide permiso. Hoy estamos luchando porque se respete el patrimonio nacional, que no nos quiten esa identidad cultural que tenemos, esos años que ha sido de paciencia y no se vea mermado, es un tema delicado, porque en caso de obtener un fallo negativo ya no serán necesarios los millones de agaves del campo, se hará con puro aroma y sabor”.
Con la experiencia que tienen, ¿ha habido otros casos de bebidas de denominación de origen que se hayan utilizado con cerveza y haya algún fallo al respecto?
“Efectivamente, sí hay casos, esta empresa holandesa lo que ha hecho es echar mano de productos genéricos, por ejemplo aromatiza un ron, pero es un producto que no es denominación de origen, ha hecho algunas con whisky, pero se va por la vía de los genéricos, esta es la primera vez que dieron un paso a ver si pegaba de irse sobre la denominación de origen, porque hay una gran preocupación, en este caso la queja que se interpuso nos da mucho gusto ver la solidaridad de denominaciones de origen internacionales, que inmediatamente lanzaron comunicados y pidieron ser parte para que se respeten, porque hoy salen en defensa del tequila, pero ven que el día de mañana pudieran ser afectados por estas prácticas”.
¿Qué respuesta han tenido de parte del gobierno mexicano en esta lucha internacional?
“Quisimos aprovechar la visita del Presidente de la república en Guadalajara, pedimos apoyo del gobernador, nos comentaron que ya habían dado la nota que les preparamos, ya logramos a través de algunos conductos que llegara a su escritorio, ya tiene el tema, estamos esperando una respuesta más que positiva, enérgica, para que se instruya a la secretaría de economía y relaciones exteriores, lo que pedimos es defender a México, defender su denominación de origen, eso buscamos defender, el patrimonio de muchas familias, no puede venir una empresa holandesa a ponernos de rodillas y decirle a México que eres un genérico, no se vale”.
Otra lucha que han dado es el envasado de origen, que no se ha logrado, ¿cómo está este pendiente?
“La norma oficial mexicana tiene dos categorías y cinco clases, tiene tequila y tequila cien por ciento de agave, hoy el cien por ciento de agave debe ser envasado de origen por el productor, prácticamente el 70 por ciento de la producción ya es envasado de origen, esto se está dando de forma natural, el 30 por ciento sigue teniendo la posibilidad de enviarse a granel, pero solo en la categoría de tequila y con reglas estrictas, que tengan un certificado de aprobación de envasador, que tengas un convenio de corresponsabilidad donde se hacen responsables del cumplimiento de la norma y estar emitiendo controles trimestrales, para evitar la falsificación y adulteración. Esto ha llevado a que haya un nicho importante para productos cuyo ingrediente es tequila, en este caso la industria beneficia a toda la cadena productiva”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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