OPINIÓN
La opacidad obstáculo para mejoramiento de la justicia: Vinculación y extensión para fomentar la cultura jurídica
Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva //
La opacidad en la que se ubica al Poder Judicial de Jalisco, encuentra su origen no solo en la ausencia de información respecto a sus formas de organización, administración de recursos y argumentos para la toma de decisiones, también es factor determinante que los tribunales que lo conforman poco o nada se interesen por acercar todo el contexto de la justicia a la ciudadanía desde sus muy diversos ángulos y menos aún muestran intención alguna por promover la cultura de la legalidad.
En efecto, basta adentrarse un poco en las estructuras organizacionales del Supremo Tribunal, el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Justicia Alternativa para darse cuenta que existen direcciones administrativas duplicadas y hasta cuadruplicadas como las encargadas de capacitación que superan las cinco entre los tres órganos, pasando por las de contraloría y administración y sus órganos de comunicación y difusión, solo por señalar algunas.
Es cierto que presupuestalmente cada uno de los tres componentes por disposición constitucional son autónomos, esto es, que por su propia cuenta pueden disponer del destino y monto de sus recursos tanto para asegurar su operación ordinaria como para crear en su caso las dependencias administrativas que estime necesarias, sin embargo, desde siempre se ha considerado adecuado que ante la escasés de recursos deban coordinarse los esfuerzos para dar cumplimiento tanto a sus obligaciones como a las actividades comunes con menores inversiones de tiempo y dinero.
No obstante, en el Poder Judicial no se han emprendido tareas para compartir recursos humanos, materiales y económicos en un propósito común en actividades tan básicas y trascendentales como los es por ejemplo la capacitación y actualización del personal jurisdiccional, al que se le han destinado suficientes plazas y estructuras y si bien tienen sus programas cada uno de los tribunales, es evidente que mediante los correspondientes convenios y acuerdos los resultados se multiplicarían en beneficio no solo institucional sino los operadores del derecho y la sociedad en general, más aún en esta nueva realidad que vivimos donde las tecnologías de la información permiten superar las barreras de la distancia y los topes en los cupos de los espacios físicos.
Ahora bien, si al interior del Poder Judicial no se ha dado una adecuada vinculación, menos aún puede hablarse de acercamientos con otras instituciones públicas relacionadas tanto de nivel federal, estatal o municipal, ni con otros poderes u órganos autónomos, universidades públicas o privadas, organizaciones empresariales o instituciones militares incluso, como una política estratégica del Poder Judicial, por el contrario hay escasas, tímidas y aisladas aproximaciones que solo exhiben la ausencia de interés y confianza en esa ruta de colaboración.
Los convenios del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco que publica en su página oficial son los siguientes: Convenio Específico de Colaboración, Interinstitucional en Materia Académica entre el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, todos del Estado de Jalisco; Convenio de colaboración con la Fiscalía, Instituto Jalisciense de las Mujeres y DIF Jalisco; Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional con el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y Tribunal Electoral; Convenio de colaboración con la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de las Mujeres, Instituto Jalisciense de las Mujeres y DIF Jalisco; Convenio de colaboración, por parte del Gobierno del Estado de Jalisco, el Poder Judicial del Estado de Jalisco, la Fiscalía Estatal, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y la Comisión Transitoria de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial; Convenio de Colaboración Académica con la Universidad Enrique Díaz de León; Convenio Específico en Materia de Prácticas Profesionales y Servicios Social con la Universidad Enrique Díaz de León.
Mientras que los convenios de colaboración del Consejo de la Judicatura consultables son para Prácticas profesionales con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y el Centro Universitario del Norte (Cu Norte) UDEG; específicos de colaboración con el Congreso del Estado de Jalisco LX; convenios Académicos, científicos y culturales con la Universidad Cuauhtémoc A.C. y el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco A.C.
Mención especial amerita el Instituto de Justicia Alternativa quien con más de 60 convenios en diversas y variadas materias como académicas, de colaboración científicas y culturales, lleva una considerable ventaja en relación a Supremo Tribunal y el Consejo de la Judicatura, sin embargo también es necesario precisar que esa es una función natural y fundamental en el objeto de su creación.
En este contexto me parece importante recalcar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 740 convenios celebrados mientras que el Poder Judicial del Estado cuenta con 79 entre el Supremo Tribunal, el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Justicia Alternativa.
Es evidente entonces que el acercamiento institucional y la colaboración con otros entes no es una fortaleza de los órganos integrantes del Poder Judicial no obstante que ya en diversas ocasiones le han dejado beneficios en su operación de lo que se destaca el Convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León que desde hace más de diez años ha impartido Doctorados a jueces y magistrados, logrando que Jalisco sea uno de las entidades en cuyos órganos de gobierno judicial cuenten con integrantes de muy alto nivel académico; o los convenios que ha celebrado con los sistemas DIF municipales y estatales que en su momento le permitieron conceder el beneficio de guardería para hijos pequeños de empleadas judiciales; o los celebrados en su tiempo con los Poderes Judiciales de Oaxaca, Nuevo León y el Estado de México que permitieron anticipar sus experiencias en justicia oral y métodos alternos en los que eran pioneros antes de su vigencia en Jalisco, solo por mencionar algunos.
Es verdad que dadas las decisiones tomadas recientemente por el Ejecutivo Federal convalidadas por el legislativo en torno a la desaparición de fideicomisos y otros fondos de financiamiento institucional, dificultarán acceder a esos beneficios en favor de los órganos del Poder Judicial de Jalisco, pero también es certero que las distintas secretarías federales aún sostienen programas específicos por concurso a los que se pude acudir presentando sólidos y bien armados proyectos prioritarios, por tanto, sigue siendo necesario tener acercamientos con esas instancias así como con las correspondientes estatales como la Secretaría de Innovación que pudiera estar en posibilidad de facilitar sus redes y estructuras para comunicar los juzgados ubicados al interior de la entidad u otras secretarías con la implementación de la firma electrónica judicial aprovechando su experiencia y calidad.
Por otra parte, ni duda cabe que las instituciones pares del Poder Judicial en otros estados, deben ser la principal referencia para la firma de convenios de colaboración sea por conducto de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores del País o en acercamientos directos con los propios tribunales vecinos o de entidades que guarden similitudes con el tamaño, población o capacidades con Jalisco, especialmente en temas de infraestructura tecnológica con aquellos que ya van muy avanzados en digitalizar el servicio de justicia como Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Nuevo león, Puebla, Tamaulipas y Veracruz que son los que según el más reciente informe de Transparencia Mexicana permiten el seguimiento completo de los asuntos a través del juicio en línea.
Desde luego que las limitaciones presupuestales para el próximo año ya anunciadas por la federación y el ejecutivo jalisciense, obligan a buscar soluciones prácticas y viables, por lo que una ruta inmediata y probada sería celebrar convenios con los poderes judiciales antes descritos para que gradualmente compartan sus softwares y plataformas de registro y control en tramites digitales para la recepción y trámite de demandas; recepción de promociones no iniciales, consulta de acuerdos, notificaciones; desahogo de audiencias o tribunales electrónicos, por mencionar algunos.
También los empresarios organizados han manifestado interés en compartir sus capacidades instaladas para el desarrollo de aplicativos para la justicia que deben ser aprovechados y potencializados ante la escasés de recursos ya anunciada, firmando los correspondientes convenios para compartir conocimientos en aras de fortalecer la estructura judicial.
Es claro entonces que la vinculación de las instituciones judiciales con las organizaciones de la sociedad, es y será de vital importancia para su adecuado desarrollo.
Y es que por definición, la vinculación es la relación, asociación o la unión de dos personas o cosas que comparten algún tipo de nexo o un elemento en común (Merino, 2010).
Por lo que al hablar de vinculación y extensión dentro del Poder Judicial del Estado de Jalisco se debe hacer referencia al contacto que esta dependencia tiene con otros sectores de la sociedad e instituciones gubernamentales, para así no solo estar en posibilidad de recibir apoyos y compartir aplicativos sino también para difundir y complementar las actividades jurisdiccionales y no jurisdiccionales del Poder Judicial.
Porque uno de los aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta en los órganos impartidores de justicia, es la necesidad práctica de generar cultura jurídica en la ciudadanía, de forma tal que la cultura de la legalidad se vuelva una realidad, no solo para que pueden saber y reclamar sus derechos sino para que se propicie el respeto de los derechos de los demás y se pondere la trascendencia de la justicia en una sociedad como la nuestra, por ello es deber obligado de quienes están al frente de las instituciones, buscar vincularse con los entes nacionales, locales e internacionales, con la finalidad de generar espacios de inclusión para toda la sociedad mexicana.
Es prioritario entonces generar una cultura jurídica en la sociedad, toda vez que actualmente no se cuenta con una estructura de vinculación amplia que permita la difusión correcta de las actividades que se realizan en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, lo que conlleva a una percepción de opacidad justificada pero más grave aún es que propicia que los gobernados no tengan confianza en sus instituciones judiciales.
La vinculación y extensión determinarán el nivel y los alcances que en la administración e impartición de justicia podrán o no tener debido a la amplitud y solidez que logren alcanzar las redes institucionales que el Poder Judicial de Jalisco logre establecer, fortalecer y en su caso consolidar con las autoridades que en los tres órdenes de gobierno sean responsables de las funciones legislativa, administrativa y jurisdiccional, en territorio nacional, así como en el extranjero.
En la agenda de vinculación y extensión será fundamental el número y la calidad de los programas conjuntos que los tribunales de Jalisco desarrollen con el sector empresarial, las instituciones académicas, los organismos no gubernamentales y demás actores involucrados en la implementación del Modelo de Gobernanza Judicial que se propone en cada uno de sus ejes rectores.
Por lo anterior será de vital importancia instrumentar coordinadamente la asignación a una dependencia específica ya creada, las tareas de realizar profesional y sistemáticamente la vinculación y extensión del Poder Judicial, así como alimentar los diagnósticos, las estadísticas y las estrategias de difusión institucional que permitan generar una cultura jurídica para la participación ciudadana ante la nueva realidad que los retos de la sociedad global demandan a jueces, magistrados y mediadores, mediante una ruta de estrategia para la celebración de nuevos convenios que ayuden al fortalecimiento del Poder Judicial y su imagen pública.
– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya
Los números presentados por el INEGI, supliendo ya las funciones del extinto CONEVAL, mostraron una reducción de la pobreza de 17.7% respecto a 2024. Es un gran logro que no debe ser regateado por nadie y si, en cambio, celebrado.
El origen de estos números positivos es el crecimiento del ingreso. Hay 13.3 millones de mexicanos que reciben más dinero, ya sea por los incrementos salariales, las remesas, las pensiones y los programas sociales. Sin dudarlo, han sido los incrementos salariales los que más contribuyeron, y los tres restantes contribuyeron también, aunque con menores porcentajes, a mejorar el ingreso familiar.
Aprovechando estos números positivos, el gobierno y sus voceros oficiosos y oficiales, se han dado a la tarea de exhibirlos como resultado de la política social del régimen, sin hacer caso de los otros datos que arroja la muestra censal aplicada por el INEGI. En efecto, creció el ingreso, pero la pobreza multidimensional dista mucho de ser abatida. En efecto, 13.3 millones de mexicanos ganan más dinero, pero no dejarán de ser pobres debido a las carencias asistenciales que aún les afectan.
Es innegable que mucho del ingreso adicional se ha tenido que ir a satisfacer necesidades de salud, así como también la inflación en productos alimentarios medra el nuevo ingreso, sin embargo, hay que reconocer que al menos tienen recursos para suplir las deficiencias institucionales.
No obstante, lo positivo que es el que haya mejorado el ingreso, no podemos ignorar otras señales que deberían restar al optimismo oficial. El primer semestre de 2025 mostró un crecimiento privado moderado. Los usuarios de tarjetas de crédito las están manejando con más prudencia, pues persiste la incertidumbre en el ámbito económico. Hay un menor dinamismo en el crecimiento del empleo formal y ambas cosas se reflejan en el consumo.
Las ventas que reporta la Asociación de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) desaceleraron en julio y desde mayo la tendencia en ventas va en declive. Se percibe una atonía en la economía como resultante de la baja inversión, la constante incertidumbre por la incierta política económica de los EUA y la desconfianza de inversionistas por las tendencias estatizadoras del régimen.
Con estas señales valdría la pena moderar el optimismo y la jactancia por el “éxito” de la política social del régimen. Si bien es cierto que el ingreso mejoró y que hubo una aparente distribución más equitativa de la riqueza que provocó también la disminución de la brecha de la desigualdad, habrá que reflexionar sobre el costo y el cómo se logró reducir la pobreza en tan amplio margen.
El sexenio anterior extinguió todas las reservas de ahorro para contingencias, redujo el gasto gubernamental, no solo el corriente, sino también en inversión pública, concentrando el gasto en obras no prioritarias y en apoyar a Pemex; con la pretendida austeridad se fondearon los programas sociales y se mejoraron las pensiones menores y estos, junto con las remesas de los paisanos y el incremento de los salarios mínimos, lograron el salto en el ingreso que ahora se publicita. La súbita inyección de efectivo a la economía provocó un salto en la inflación que ha logrado ser controlada; sin embargo, persiste y, no obstante, gravitó en contra del ingreso apenas mejorado.
Habiendo sido el aumento a los salarios mínimos el impulsor de este avance en el ingreso de las familias, pensar en un incremento igual será insostenible en el corto plazo, en especial con una economía contenida. El menor dinamismo del empleo formal y el estancamiento de la inversión pública, sumada a la retracción de la inversión privada, seguirán limitando el crecimiento y, con ello, provocando una menor recaudación, necesaria por el momento para superar el ejercicio presupuestal deficitario y el sostenimiento de los programas sociales.
En conclusión, aun aplaudiendo que haya crecido el ingreso, no podemos ignorar que esta tendencia no tiene sustentabilidad a mediano plazo, porque el salario no puede seguir creciendo por decreto en los términos en que lo hizo y mantener las pensiones y programas sociales, que tienen crecimiento geométrico por la tabla poblacional, requerirá no solo de austeridad sino de una profunda revisión de la política económica y la repercusión de las pulsiones autoritarias y hegemónicas del régimen.
Las campanas que hoy echan al vuelo nos alegran el momento, pero al mirar el horizonte no se ve que puedan seguir sonando tan alegremente. El producto interno bruto no habrá de crecer por decreto y hoy, inflación, población, gasto y deuda crecen más y más velozmente que los salarios y las transferencias de efectivo.
Mejorar el ingreso no garantiza movilidad social porque no modifica los factores estructurales que la permiten, como el sistema educativo, el mercado laboral, el crecimiento económico, la cultura y los valores sociales.
Justifico que el gobierno capitalice el éxito momentáneo, pero no veo justificación para el optimismo.
– Opinión, por Iván Arrazola
La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad enfrenta un dilema central que puede resumirse en la idea “Seguridad sí, DEA no”. Con esta fórmula no se busca negar la necesidad de cooperación, sino subrayar que la asistencia en la lucha contra el crimen organizado no debe implicar subordinación frente a una agencia extranjera.
El reto para el gobierno mexicano, y particularmente para la presidenta Claudia Sheinbaum, es mantener una coordinación eficaz con Washington sin dar la impresión de entregar autonomía ni de actuar bajo órdenes externas.
Ahora bien, el reto no es menor: en Estados Unidos, Donald Trump busca enviar a su electorado la señal de que está enfrentando el problema del tráfico de fentanilo y, en ese propósito, no mostrará sutileza alguna al remarcar quién ejerce el control y quién toma las decisiones para atender la crisis.
Por otra parte, el propio gobierno mexicano envía señales contradictorias. El reciente traslado de 26 reos a Estados Unidos revela que, pese a estar encarcelados, estos seguían operando desde prisiones mexicanas y dirigiendo las actividades de sus cárteles.
Esta decisión, aunque pragmática, pone en entredicho el discurso de soberanía que la presidenta Sheinbaum defiende con frecuencia y, en cambio, exhibe las serias debilidades del sistema de seguridad y control penitenciario en el país.
A ello se suma la presencia de drones estadounidenses en territorio mexicano —revelada primero por la prensa norteamericana y después reconocida únicamente en el caso del Estado de México—, lo que pone en evidencia la dependencia tecnológica del gobierno para monitorear y analizar las operaciones de los grupos criminales.
Este tipo de acciones parecían anticipar la firma de un acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos; no obstante, ante el rechazo de la presidenta Sheinbaum a colaborar directamente con la DEA, ese entendimiento parece quedar en suspenso.
En este escenario, se observan dos posibles rutas. La primera es que el gobierno estadounidense incremente la presión para que México adopte acciones alineadas a sus intereses —como frenar el tráfico de fentanilo— y que el gobierno mexicano, sin margen de maniobra, termine aceptando. La segunda posibilidad es que el gobierno mexicano busque resistirse, consciente de que aceptar sin condiciones lo exhibiría ante la ciudadanía como un gobierno entreguista.
La ambigüedad de la postura oficial se refleja en la idea de “coordinación sin subordinación”. Aunque Sheinbaum la reitera, no queda claro cómo se traducirá en la práctica. El antecedente de tensiones con la DEA —desde la detención del general Salvador Cienfuegos hasta las restricciones impuestas por López Obrador— refuerza la desconfianza mutua y hace más evidente la necesidad de definir los límites de la cooperación.
El problema de fondo radica en que las instituciones de seguridad mexicanas —Ejército, Marina y Guardia Nacional— no cuentan aún con la fortaleza necesaria para enfrentar al crimen organizado por sí solas. A pesar de reformas legales y esfuerzos de centralización, persisten dudas sobre el tiempo que tomará ver resultados tangibles y si existen recursos suficientes para sostenerlos.
La debilidad es aún mayor en inteligencia: México carece de capacidad plena para desmantelar redes de protección criminal, lo que coloca en el centro la relevancia del llamado “Proyecto Portero”, enfocado en rastrear tanto el ingreso de fentanilo a Estados Unidos como el flujo de armas hacia México.
Ante esta evidente asimetría, México difícilmente puede reclamar un trato en condiciones de igualdad. De ahí que el verdadero malestar de la presidencia parezca estar más en la exposición pública de la dependencia que en la cooperación misma. Casos como el uso de drones —negado oficialmente pero imposible de ocultar tras lo ocurrido en el Estado de México— revelan la dificultad de mantener discreción en un terreno donde Estados Unidos busca mostrar control y capacidad de acción.
A ello se suman las acusaciones lanzadas de manera abierta por Donald Trump sobre una alianza intolerable del gobierno con el crimen organizado. Aunque la presidenta ha respondido a través de redes sociales y en sus conferencias matutinas, no ha logrado disipar las dudas. La presunta alianza entre el crimen organizado y el gobierno mexicano constituye una de las imputaciones más graves planteadas desde Estados Unidos.
La fórmula “Seguridad sí, DEA no” sintetiza la paradoja de la política mexicana: el gobierno necesita la cooperación estadounidense para enfrentar al crimen organizado, pero busca evitar que esa relación lo convierta en un actor subordinado. Es probable que lo que se pretenda sea mantener la cooperación operativa mientras se controla la narrativa interna para no perder legitimidad política.
Sin embargo, en Estados Unidos la presión para exhibir resultados es mayor, lo que inevitablemente pondrá en evidencia quién detenta el control de la estrategia binacional. El desafío, entonces, no es decidir si habrá o no cooperación, sino cómo lograr que esta se ejerza sin erosionar la soberanía mexicana.
– Opinión, por Gerardo Rico
“Llegaba a recorrer los municipios del sur de Jalisco y tocábamos puerta por puerta. En ocasiones nos cerraban la puerta en la nariz y en otras, medio escuchaban. Repartíamos volantes en el centro de Ciudad Guzmán y en municipios cercanos; era cuando nadie creía en él”, así recordaba hace años la maestra Clara Cárdenas Galván el recorrido del entonces eterno candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador por todo el país.
Posteriormente, participaría en el plantón que inició el 30 de julio del 2006 en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, que duró 47 días, y fue convocado por López Obrador, luego de que el candidato del PAN, Felipe Calderón, fue ganador de la elección presidencial de ese año con apenas 0.5% de diferencia: Acciones como esa la marcarían en su vida política.
“Por eso decirles que, más allá del cansancio y el desgaste de tantos viajes, para mí, quien en el 2004 creyó en un hombre al que intentaban desaforar injustamente y que muchas veces veíamos casi imposible que triunfara algún día, ha sido un año de hacer realidades que jamás imaginé, aquello que fundamos junto con tantos compañeros y compañeras entrañables y familia, algunos que ya se nos adelantaron y otros presentes aquí, hoy lo puedo defender desde la Cámara de Diputados”, precisó.
Actual diputada federal de Morena por el Distrito 19 con cabecera en Ciudad Guzmán y por cierto con una de las votaciones más importantes en Jalisco en la elección de junio del 2024, con aproximadamente 60 mil votos, rindió su informe de actividades este fin de semana en un evento que lo mismo convocó a gran cantidad de presidentes municipales de la región y diferentes rumbos del Estado, diputados federales procedentes de diferentes entidades de la República, diputados locales, empresarios, representantes de la comunidad indígena nahua del sur de nuestro Estado y de la Universidad de Guadalajara, entre otros.
Integrante de las Comisiones de Defensa Nacional, Puntos Constitucionales y Zonas Metropolitanas, precisó que al momento ha presentado 13 iniciativas y dos puntos de acuerdo de las cuales ocho fueron como promovente, seis como adherente y una como grupo parlamentario.
En lo que concierne a Jalisco presentó un exhorto a la Fiscalía del Estado para que haga públicas las medidas cautelares para garantizar la seguridad, justicia, paz social para las y los jaliscienses y con ello fortalecer el Estado de derecho y por consiguiente, propiciar un ambiente donde la población se sienta segura y libre de riesgos y amenazas.
El otro exhorto fue a las autoridades de Sayula con el objetivo que en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas se comience y garantice la restauración y mantenimiento de los portales en dicho municipio.
Maestra de primaria durante más de 28 años con especialidad en matemáticas y directora regional de los Programas Sociales de Desarrollo de la Secretaría del Bienestar en Zapotlán El Grande y la Región Sur de Jalisco, sorprendió a propios y extraños cuando en septiembre del 2023 fue la precandidata a la gubernatura más votada durante una sesión del Consejo Estatal de Morena con 77 votos.
“En redes sociales muchos preguntan por Clara Cárdenas Galván, la aspirante más votada en la elección interna del Partido Morena, en la que se definió a 4 finalistas para la encuesta rumbo a la gubernatura de Jalisco. Ha sido leal al movimiento y como fundadora de Morena ha participado formando estructuras, sobre todo en la región Sur, pues radica en Zapotlán el Grande. En aquella localidad, es conocida porque su familia trabaja en la organización, desde hace muchos años, de las actividades de las fiestas patronales de San José”, escribió el periodista Julio Ríos en el portal RumboMX en esa ocasión.
Al momento no conozco a algún morenista en el Estado que más allá de las selfies y de la mediates de las redes sociales y los medios de comunicación hayan recorrido 94 municipios de Jalisco, llevando el mensaje de la 4T trabajando día y noche, días festivos y a deshoras de cualquier día como la Maestra Cárdenas Galván, por lo que efectivamente no fue casual ese triunfo interno en Morena.
“Al tiempo que me toca rendirles cuentas por este primer año legislativo, les puedo decir que le estamos cumpliendo al pueblo y en tan solo un año hemos aprobado casí todo el Plan C, porque para eso nos puso el pueblo”, señaló la legisladora jalisciense. Habló de la aprobación de medidas como elevar a rango constitucional los apoyos y pensiones del bienestar, las pensiones para el adulto mayor, las becas para estudiantes, la prohibición de la siembra de maíz transgénico, el control del Estado sobre vías férreas y la ampliación de facultades del INFONAVIT para construcción de vivienda y de este modo ofrezca esquemas de arrendamiento a los trabajadores, entre otras.
