OPINIÓN
López Obrador unifica grupos y partidos en su contra: Del PRI y el PAN antagonistas al prianismo aliado
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Desde que México logró su independencia de España, las pugnas políticas ocuparon protagónico papel en la vida de la nación. En la cruenta guerra de independencia (1810-1821), los bandos se habían dividido con suma claridad: por un lado, los realistas, y en la otra parte, luchando contra ellos, los insurgentes.
Al lograse la independencia nacional, en 1821, los partidarios de la monarquía pugnaron por imponer un sistema imperial, surgiendo en 1822 el primer imperio mexicano, con Agustín de Iturbide como soberano. Ese gobierno fue efímero, terminando al año siguiente con la abdicación del ambicioso Iturbide.
Los realistas-monarquista, ahora ya denominados conservadores, se transformaron en centralistas, y sus adversarios políticos en liberales. En ambos bandos se abrazó la idea de pronunciarse republicanos, pero adoptando los conservadores la forma centralista, en tanto que los liberales fueron federalistas.
Finalmente se impusieron los federalistas y en 1824 se inició la vida de ese sistema, teniendo como primer presidente al antiguo insurgente Gral. Guadalupe Victoria, y como último presidente del Congreso Constituyente, al respetado maestro jalisciense de los federalistas de ese tiempo, Doctor José de Jesús Huerta Leal, oriundo de Santa Ana Acatlán, hoy de Juárez.
Esa etapa liberal fue breve, los conservadores volvieron a la carga y con su caudillo Antonio López de Santa Anna, derrumbaron la república federal y con sus intrigas establecieron el centralismo, sistema que en 1836 produjo la constitución centralista llamada de las Siete Leyes. Es de mencionar que en 1833 se había registrado el primer experimento de Reforma política, con el Dr. Valentín Gómez Farías como encargado de la presidencia del país, ensayo que bloquearon los conservadores, y por tanto quedó como precedente de la reforma juarista.
En la década de 1840-50, los liberales (donde destacó Mariano Otero) que sostuvieron los estandartes federalistas, no pudieron evitar las desgracias nacionales, como la pérdida de territorio y el arribo de la dictadura santanista, que con el aplauso de los conservadores, en el clímax del paroxismo de su caudillo, aceptaron llamarlo Alteza Serenísima.
La revolución de Ayutla (1854) vino a salvar nuestra República, teniendo como su líder a Juan Álvarez y como su primer mártir a Don Gordiano Guzmán, el de Tamazula. Sin embargo, los testarudos reaccionarios (conservadores) emponzoñaron el pensamiento y desataron la Guerra de Tres años (1857-1860), en la cual de nueva cuenta fueron derrotados, ahora por el abanderado de la Reforma, D. Benito Juárez.
Moral y militarmente vencidos, los conservadores buscaron apoyos en el extranjero y de esa manera volvieron a poner, como en la injusta guerra contra Estados Unidos, en predicamento a la nación mexicana, pues trajeron a un príncipe extranjero para dizque gobernar un quimérico imperio. Esta caricatura de monarquía se derrumbó en 1866-67, siendo fusilado Maximiliano y sus corifeos Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas.
Tal parecía que los conservadores ahora se encubrirían de plano. Acogotados verían las luchas entre liberales, hasta que se impuso el oaxaqueño Porfirio Díaz en 1876. El vencedor de Tecoac, se convirtió en árbitro nacional y con mano férrea dirigió a la república. Sus lineamientos fundamentales fueron tres: 1) Ese pollo quiere “máiz”, es decir, a todo ciudadano que proteste y destaque, hay que cooptarlo, otorgándole premios y prebendas. 2) Poca política y mucha administración, o sea, que la actividad política quedó reducida al accionar del presidente y sus portavoces, debiéndose dedicar toda la burocracia a sus tareas administrativas. 3) Mátenlos en caliente, extremo procedimiento para aplicar a quienes no se sujetasen a los dos anteriores principios.
Agazapados, adheridos y camuflajeados en el porfirismo, los conservadores pervivieron hasta la revolución de 1910. Sus zarpazos fulguraban de vez en vez: se levantaron contra Madero y lo asesinaron. Tras el constitucionalismo vencedor, procuraron enquistarse con algunos generales o ciertos intelectuales, pero no pudieron evitar la entrada en vigor de la Constitución de 1917, redactado su proyecto por el liberal jalisciense Luis Manuel Rojas, presidente además de la Asamblea de Querétaro. ¡Cuánto le debemos a este enorme mexicano, y ni en México ni en su tierra le hemos hecho justicia!
Los conservadores volvieron a la carga en la década de los veintes, estremeciendo a todo México con la rebelión cristera. Apagado ese incendio, se unificó a la supuesta familia “revolucionaria”, la cual se aglutinó en el PNR (Partido Nacional Revolucionario) en marzo 4 de 1929. Quien lo impulsó, el Gral. Plutarco Elías Calles, se proclamó “Jefe Máximo” hasta que fue expulsado por Lázaro Cárdenas, quien trocó el partido callista en el PRM o Partido de la Revolución Mexicana en 1938. Al año siguiente en septiembre se fundó el PAN, por Manuel Gómez Morín y el jalisciense Efraín González Luna, entre otros, y desde ese momento fue enconado el forcejeo ideológico político entre ambos institutos. El PRM se “modernizó” en 1946, con Ávila Camacho, y se transformó en PRI (Partido Revolucionario Institucional): los encontronazos entre ambos partidos crecían a cada momento, si bien su común denominador fue siempre civilizado, a diferencias de otros grupos de derecha, que propiciaron la violencia.
Entre esas agrupaciones de ultraderecha, se encontraron los sinarquistas, los pedemistas, el Yunque, el MURO y contemporáneamente, el FRENAAA, etc. Sin embargo, de una manera u otra, todos concuerdan en el panismo.
Los enfrentamientos entre priistas y blanquiazules, fueron colosales. No había semana en que no se lanzaran puyas y embestidas. Sus posiciones parecían irreconciliables.
Sin embargo, tras el gobierno de López Portillo se observó un giro gubernamental, que vale decir priista: De La Madrid, el presidente de una falsa “renovación moral” dio un golpe de timón y encausó a la república rumbo a la derecha, pues privatizó muchas empresas estatales, y lo peor, entregó el timón al peor exponente del neoliberalismo: Carlos Salinas de Gortari. Este dio una vuelta al reloj de la historia, devolviendo derechos políticos y civiles a la iglesia y clero, acelerando la privatización de organismos del Estado y casi acabando con la propiedad social. El colmo fueron los asesinatos políticos.
Con Zedillo y su “Sana Distancia” del priismo, la crecida derecha se preparó para el asalto al poder, lo cual realizó el año 2000, al asumir el poder ejecutivo federal un locuaz cuanto frívolo sujeto: Vicente Fox. Éste le falló a los mexicanos que esperaban mucho de la transición democrática. La administración replicó el sistema priista, endeudó al país no obstante el boom petrolero que hubo entonces y a la democracia la apuñaló al auspiciar el desafuero del jefe de gobierno del DF y conspirar contra la democracia electoral, entregando el poder a Felipe Calderón, quien aceptó haber ganado “haiga sido como haiga sido”.
El PRIAN, o sea, la unión del PRI con el PAN, algo que parecía contranatural unos años antes, ahora se volvía un hecho. Y el colmo llegó con Enrique Peña Nieto, el tricolor que hundió al país en la corrupción y la impunidad, a tal grado que daba la impresión podría haber un desquiciamiento social.
Los comicios de 2018 demostraron que cuando el pueblo se decide, él manda. Y cansado de tanto gatopardismo de panistas y priistas, dio la oportunidad a una tercera vía: la de una izquierda nacionalista con cimiento popular. De acuerdo a ese mandato, se implementó una serie de cambios que se dio en denominar la cuarta transformación, o Cuatro T.
Ante este panorama, en el afán de bloquear el sendero del lopezobradorismo, que en esencia es la Cuatro T, sus adversarios acordaron lo que si bien en los hechos se había registrado, formalmente se estaba muy lejos de documentar: y se firmó una especie de alianza para luchar contra el partido en el poder y, en las vecinas elecciones de junio, quitarle la mayoría de la Cámara de Diputados Federal, con lo cual creen maniatarían al presidente y el avance de la Cuatro T. por si fuera poco esa unión pragmática, se les agregó lo que resta de un partido que erró su senda y ahora es una especie de cascajo, el PRD. Y con ellos, grupos empresariales de la derecha furibunda.
Afirma el investigador Hervey Rivera, de la universidad de Puebla, que esa alianza electoral, es sin ideología y solo busca objetivos pragmáticos, iniciando con ganar los comicios de junio. El historiador Enrique Semo, agrega que de darse ese hecho, estaríamos ante la antesala de una especie de golpe de estado blando.
Como quiera que sea, lo cierto es que el pacto entre PAN y PRI, confirma que los tiempos cambian y que ahora el prianismo existe y amaga con volver por sus fueros, que no son otros que gobernar al estilo de Calderón y Peña Nieto. La ciudadanía tiene la última palabra: ojalá acredite que como se dice, son un pueblo sabio y así lo demuestre el 6 de junio.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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