La Consulta Popular: Grandes obstáculos a la demanda de justicia; se requieren 37 millones de votos

Opinión, por Cayetano Frías Frías //

Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros.

George Orwell

Si algo quedó claro con los resultados del ejercicio de la Consulta Popular del primero de agosto, es que a la clase política no le interesa empoderar a los ciudadanos, salvo cuando se trata de resguardar sus privilegios para repartirse los cargos de elección y con mayor énfasis, de la distribución de los presupuestos.

Los marrulleros que desde el poder, aprueban leyes y se despachan con la cuchara grande a la hora de gastar nuestros impuestos, concluyeron que los más de 6 millones 663 mil votos registrados en la pasada Consulta, solo equivalen a la voluntad del 7.11% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores.

En contraste, en la votación federal para diputados de junio pasado, con 100 mil votos menos, a Morena le acreditaron el 13.44%; al PAN que logró la mitad obtuvo el 7.83%; y al PRI con la tercera parte de sufragios, le asignaron el 5.5%, porque tomaron como base la Votación Total Válida y no la Lista Nominal de Electores.

En esta tabla se aprecia claramente que el voto emitido el primero de agosto durante la Consulta Popular, es muy superior en cantidad a la que recibieron los partidos políticos, pero la distorsión de las leyes conceden un premio mayor a los partidos, aunque a uno de los listados ni siquiera le alcanzaría para mantener el registro oficial como partido político y menos, si se hubiera tomado como base el listado nominal de electores, pues entonces el PRD solo tendría el 0.26% de los votantes totales.

Otra distorsión a la hora de contar los votos, se da cuando en lugar de asignar porcentajes a los partidos políticos con base a la lista nominal de electores, no se toma en cuenta la votación total, sino que eliminan los votos nulos y los correspondientes a candidatos sin registro, que en junio sumaron 1.7 millones, para inflar la preferencia a los partidos que se traduce en mayor cantidad de legisladores y en conservar el registro. Así lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por ejemplo, si la asignación de porcentajes para los procesos electorales se basara en la Lista Nominal y en el número de votos que en lo particular recibieron, en junio hubieran perdido el registro el PRI, PVEM y PT, en tanto que de panzazo lo hubieran conservado PAN y MC.

Para poner en concreto lo que significa la cantidad de votantes, basta resaltar que entre PRI y PAN sumaron en junio pasado, 119 mil 857 votos menos que los registrados en la Consulta Popular. Comparado con los votos que recibió Morena, éste partido sumó 92 mil 081 votos menos que los emitidos por los ciudadanos el primero de agosto.

Es decir, que la partidocracia y los diferentes grupos de poder que los financian, han establecido un esquema legaloide que atropella los derechos ciudadanos, en este caso particular, distorsionando el peso real que debe tener la voluntad popular en la democracia, a través del mecanismo de votación que tiene como objetivo minusvalorar las demandas mayoritarias.

Otro ejemplo de este esquema que deprime a los ciudadanos y favorece a los grupos económicos y políticos empoderados durante los últimos cien años, se refleja en la Ley General de Partidos Políticos. Para registrar un partido nacional, dicha norma solo requiere afiliar por lo menos el equivalente al 0.26% del padrón electoral de la elección anterior, que en este año serían 243 mil 783 ciudadanos en todo el país. El tamaño del desfiguro comparado con los resultados de la Consulta Popular es tal, que solo en Jalisco votaron 250 mil 608, más que los necesarios para constituir un partido político nacional.

Otra arista es el porcentaje que se pide a los ciudadanos para que la demanda plasmada en una Consulta sea vinculante y obligatoria de cumplir para las autoridades, es que se pide un porcentaje de votos equivalente al 40% de la Lista Nominal vigente, que en este caso era superior a los 37 millones de votos. ¿Por qué para una demanda por justicia se piden millones de sufragios y para constituir un partido político nacional menos de 250 mil firmas?

URGENCIA DE REFORMAR LAS LEYES

El neoliberalismo tejió una red de complicidades para perpetuar la impunidad y garantizar la operación de los monopolios en contubernio con las mafias políticas, posibilitando el saqueo de los recursos nacionales y desmantelando el sistema de economía mixta donde el Estado tenía margen para resguardar los mínimos derechos de las clases bajas.

La Consulta Popular fue un ejercicio que contribuyó al despertar ciudadano para crear conciencia de que el derecho a demandar acciones a las autoridades de todos los niveles, es permanente y no es privativo solo en las fechas de elección de representantes populares. Un primer resultado ya asoma con la iniciativa a nivel local para que sea sometido al ejercicio de Revocación de Mandato el gobernador de Jalisco.

Las leyes no son las mejores, pero son perfectibles y los legisladores tendrán que responder a la presión social, para que asuman su responsabilidad y adecuen las normas que permitan desarrollar mecanismos eficientes para la participación ciudadana en las acciones de gobierno, tanto a nivel orientador sobre las más urgentes, como en la dirección de castigar a quienes incurren en delitos durante el ejercicio de sus responsabilidades.

En principio, el voto ciudadano para definir políticas y acciones de gobierno, debe tener igual peso al que se le da en las fechas electorales, pues son mandatos que ningún funcionario o servidor público debe ignorar, cuando la mayoría determine una decisión. Una democracia castrada, donde se da privilegios a la creación de partidos políticos o de organismos descentralizados cuyos integrantes son elegidos por unos cuantos notables, se ha demostrado que solo dispersan la corrupción.

La democracia participativa tiene que ir más allá del discurso y de las leyes aprobadas que se prestan a confusión y en la práctica, a crear obstáculos al ciudadano común, en lugar de facilitar el desarrollo social. En el caso de la Consulta Popular, a los ciudadanos se les pide recabar firmas por el equivalente al 2% de la Lista Nominal de Electores; en cambio, para solicitar registro de un partido político nacional se les pide el equivalente al 0.26% de los inscritos en el padrón electoral.

Así la puerta es muy ancha para los vividores del erario, pero excesivamente estrecha para los ciudadanos que requieren un mecanismo para demandar un mejor gobierno en todos los órdenes. Cuando Orwell escribió Rebelión en la Granja, nunca imaginó que la descripción de los cerdos sería más acorde al sistema capitalista.