JALISCO
Organismos internacionales y nacionales censuran actitud en procuración de justicia: Los 10 errores del fiscal en el caso de Luz Raquel Padilla

Por Mario Ávila //
Tras censurar la manera en la que el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, reveló información que dio un vuelco en el caso de la muerte de Luz Raquel, con una nueva línea de investigación que sugería un «autoataque», organizaciones internacionales y nacionales de la sociedad civil como Amnistía Internacional, CLADEM y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), alzaron la voz para advertir que el funcionario público ha actuado indebidamente y sus declaraciones podría derivar en diversas violaciones a los derechos humanos.
Con ello, el caso se complica y se podría tener que recurrir, como en el fatal suceso de Debanhi Escobar, en Monterrey, Nuevo León, a la opción de que sea la Fiscalía General de la República (FGR), la instancia que atraiga las investigaciones y que sea la que finalmente imparta justicia en el caso, como ya lo sugieren voces de expertos en seguridad pública.
Concretamente, Amnistía Internacional en su capítulo México, emitió un comunicado lamentando las declaraciones del fiscal estatal ante la muerte de la activista por los derechos de las personas con discapacidad y madre de un niño con autismo, Luz Raquel Padilla, “que podrían derivar en diversas violaciones a los derechos humanos; por lo que hacemos un llamado a no divulgar información sobre las investigaciones”.
Asegura Amnistía Internacional que sin tener pruebas concluyentes, “hizo pública información contenida en la carpeta de investigación, vulnerando principios como la objetividad y la imparcialidad con que deben actuar las autoridades.
“La información difundida da cuenta de que la investigación carece de perspectiva de género y otros enfoques diferenciados, como el de la niñez y discapacidad, desvirtuando otras hipótesis que apuntan a que pudo tratarse de un feminicidio y/o un crimen de odio”.
“La difusión de información tendenciosa es revictimizante y tiene un impacto psicosocial en la familia y en las personas cercanas”, advierte el comunicado hecho público por Amnistía Internacional México.
De ahí que Amnistía Internacional haga un llamado a la Fiscalía del Estado para investigar con perspectiva de género y otros enfoques diferenciados como el de la discapacidad y que agote todas las líneas de investigación, incluyendo aquellas que apuntan a que pudo y tratarse de un feminicidio y/o que su asesinato fue motivado por las labores de cuidados y/o su labor de defensa de los derechos humanos.
CASTIGO A COBERTURAS PERIODÍSTICAS AMARILLISTAS, PIDE CLADEM
En el caso del pronunciamiento al respecto del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM Jalisco), los señalamientos fueron no solamente contra la Fiscalía del Estado, sino que también en contra de los medios de comunicación.
Exigimos -plantean-, coberturas periodísticas del caso de Luz Raquel con perspectiva de género y derechos humanos, con la finalidad de salvaguardar su dignidad y evitar su revictimización, así como el castigo a quienes induzcan a la violencia mediante coberturas amarillistas y polarizantes. Exigimos no difundir material sensible que revictimiza y atenta contra la dignidad de Luz Raquel y de sus familias, sobre todo su menor hijo.
En el mensaje dirigido específicamente a la Fiscalía del Estado de Jalisco, al Gobierno del Estado, a los medios de comunicación, y a todos los órdenes de gobierno, CLADEM y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), externaron su preocupación e indignación por las declaraciones del fiscal, con las que en su opinión violenta el debido proceso y obstaculiza el acceso a la justicia conforme a derecho, para Luz Raquel y para su hijo.
De ahí que su reclamo va para que se investigue y sancione la filtración de los videos de Luz Raquel expuestos en la rueda de prensa, “mismos que promueven el interés centrado en el morbo, la revictimización y la brutalidad del crimen y exigimos se adopten de manera urgente las medidas necesarias para garantizar que se investiguen y se resuelvan con debida diligencia y exhaustividad, así como la investigación y sanción al funcionariado público, las estructuras sistemáticas e institucionales que solapan y normalizan la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en Jalisco”.
«Exigimos además se esclarezcan los hechos denunciados relacionados al feminicidio de Luz, mediante un debido proceso con perspectiva de género, investigaciones científicas y en su caso, se declare la existencia del delito, se castigue al culpable, se realice la reparación del daño y se proteja de manera vitalicia al su menor hijo con autismo», abunda el comunicado.
LOS 10 SEÑALAMIENTOS DE CLADEM Y OCNF:
I. Enfatizamos que la información presentada en la rueda de prensa no se desprende de una investigación científica de los delitos en torno al feminicidio de Luz, demostrando la falta de un marco de respeto a los derechos humanos y perspectiva de género en la investigación y manejo del caso. La falta de atención, investigación y sanción en torno al feminicidio de Luz Raquel revela las graves deficiencias sistemáticas por parte de las instituciones de procuración de justicia y el aparato gubernamental en el estado de Jalisco y el país.
II. Denunciamos que la línea del tiempo de la investigación presentada por Fiscalía está enfocada en desacreditar, criminalizar y revictimizar Luz Raquel Padilla y su familia al exponer y difundir videos de los que no se tiene conocimiento de ser fidedignos y no alterados, violando así el debido proceso de la víctima y afectando gravemente la imparcialidad de la investigación.
III. La conferencia demostró la ausencia de personal profesional, especializado y sensible en fiscalía, así como la falta de capacidades adecuadas para satisfacer las investigaciones y la procuración de justicia con perspectiva en derechos humanos de las mujeres, sensibilización respecto violencia contra ellas, incluyendo ataques de odio.
IV. La criminalización de la víctima, al no solo desacreditar el ataque de odio que culminó en feminicidio, sino al presentar “evidencia” que apuntala a la víctima como su propia agresora.
V. El no reconocimiento del delito al referirse a la investigación como “la muerte de una mujer” y no como la investigación feminicidio, invisibilizando así los ataques de odio y el aumento de la violencia contra las mujeres, negando a las víctimas indirectas el derecho a la verdad y la justicia.
VI. Al desacreditar el feminicidio de Luz Raquel y tratar de criminilizarla, condona la violencia contra las mujeres y envía un mensaje de impunidad que deja la puerta abierta a más agresores para seguir perpetuando conductas violentas contra las mujeres.
VII. La insensibilidad y exposición a más ataques de odio hacia la familia de Luz, incluyendo al pequeño hijo con autismo, quien fue víctima directa en diversas ocasiones de sus agresores, y quienes todavía se encuentran en etapa de duelo e intentando obtener justicia.
VIII. La clara negación del aumento a los feminicidios y la violencia contra las mujeres en el estado, bajo la misma premisa “la culpa la tienen ellas”, mismo patrón que observamos en distintas fiscalías del país.
IX. La impunidad en Jalisco en cuanto a la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres. Es más sencillo desacreditar el delito, revictimizar a la víctima y su familia, que esforzarse en proveer una investigación que llegue al enjuiciamiento del imputado, a quien ya se tienen consignado y se está tratando de dejar impune.
X. Por último, la violencia clara y directa por parte de la Fiscalía hacia las mujeres víctimas de feminicidios, quienes no obtienen justicia, ni sus familiares la verdad.
JALISCO
Jalisco en riesgo: el acueducto Solís–León podría arrebatar agua al Lago de Chapala

-Por Redacción Conciencia Pública
El nuevo Plan Nacional Hídrico 2024‑2030 de Claudia Sheinbaum trae una bomba para Jalisco: la construcción de un acueducto que llevará agua de la Presa Solís, en Guanajuato, hacia León y el corredor industrial. La obra, con capacidad para desviar hasta 3,800 litros por segundo, amenaza con reducir los aportes al Lago de Chapala, del que depende buena parte del abasto de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
Con una inversión de 15 mil millones de pesos, los trabajos iniciaron en julio de este año con los primeros 10 kilómetros de tubería. El proyecto total contempla entre 140 y 200 kilómetros de extensión, además de estaciones de bombeo y plantas potabilizadoras. Aunque el gobierno federal lo presenta como solución para atender la crisis hídrica en Guanajuato, en Jalisco preocupa la ausencia de consulta y estudios públicos de impacto.
La alarma radica en que la Presa Solís forma parte de la cuenca Lerma‑Chapala, y sus excedentes alimentan históricamente al lago. Desviar volúmenes significativos a León podría romper el delicado equilibrio hídrico y comprometer el suministro para millones de jaliscienses, especialmente en épocas de sequía.
Académicos y especialistas en agua han pedido reinstalar el Consejo de Cuenca Lerma‑Chapala para evaluar los impactos del acueducto. La Asociación Mexicana de Hidráulica advierte que, sin acuerdos claros, el ingreso de León al reparto generará un conflicto hídrico de gran escala en la región.
El Gobierno de Jalisco enfrenta ahora el reto de exigir transparencia y participación en las decisiones federales. El acueducto Solís–León podría convertirse en la obra que defina el futuro del agua en la entidad: un desafío que no admite pasividad ni silencio.
LO QUE DICEN LAS AUTORIDADES DE GUANAJUATO
Las autoridades de Guanajuato anunciaron que la obra contará con estaciones de rebombeo, especialmente entre León y Silao, y planes para que cada tramo funcione de forma independiente; esperan iniciar el suministro este año conforme se concluyan fases progresivas de construcción.
La gobernadora Libia Dennise García ha señalado que aproximadamente la mitad de la inversión (7 mil 500 millones de pesos de los 15 mil millones totales) provendrá de la federación, mientras que el resto correspondería a créditos estatales y aportaciones municipales.
El déficit hídrico en la cuenca Lerma‑Chapala es preocupante: se estima un desbalance anual cercano a 700 millones de metros cúbicos, cantidad equivalente a cinco veces lo que León pretende extraer vía el acueducto, lo cual intensifica el riesgo para los aportes hacia el Lago de Chapala, actualmente en un 44 por ciento de su capacidad. Este desequilibrio se agrava ante proyecciones que prevén que Jalisco, Guanajuato y otros siete estados enfrentarán agotamiento hídrico entre el 40% y el 80% para 2030.
Cabe destacar que el Lago de Chapala, con una capacidad cercana a 8,000 millones de metros cúbicos aporta aproximadamente el 60% del agua potable de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), y ha sido reconocido internacionalmente como sitio Ramsar por su importancia ecológica.
Al tratarse de la principal fuente de abastecimiento regional, cualquier reducción significativa de los excedentes que recibe de la Presa Solís afectaría directamente al abastecimiento de millones de personas en Jalisco durante temporadas críticas.
📌 Datos clave del Acueducto Solís–León:
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Ubicación: De la Presa Solís (Acámbaro, Guanajuato) a León y municipios del corredor industrial.
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Extensión: Entre 140 y 200 kilómetros.
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Caudal estimado: 3,800 litros por segundo (≈120 millones m³/año).
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Municipios beneficiados: León, Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao y Acámbaro.
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Inversión total: 15 mil millones de pesos (financiamiento federal y estatal).
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Preocupación en Jalisco: Posible reducción de aportes al Lago de Chapala, afectando el suministro de agua al Área Metropolitana de Guadalajara.
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Petición de expertos: Reinstalar el Consejo de Cuenca Lerma‑Chapala para garantizar reparto equitativo y sustentable.
JALISCO
Edición 800: Temor fundado de que Jalisco oculte a desaparecidos por el Mundial 2026, Víctor Manuel González Romero
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JALISCO
Lemus ante el desafío histórico del SIAPA

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La política, en su versión más superficial, se ha convertido en un escenario de promesas vacías durante las campañas, donde los candidatos abordan los grandes problemas de la ciudad con discursos grandilocuentes que, una vez en el poder, se diluyen en selfies y mensajes huecos en redes sociales.
Este “empobrecimiento de la política” se refleja en la gestión del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), organismo responsable de abastecer de agua a cerca de seis millones de habitantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Sin embargo, lo que alguna vez fue un modelo eficiente de gestión intermunicipal ha sido desvirtuado por prácticas políticas irresponsables que lo han llevado al borde del colapso, dejando a la ciudad en una crisis hídrica que exige soluciones urgentes.
El declive del SIAPA comenzó hace años, cuando políticos voraces lo convirtieron en un botín político. Durante el gobierno de Emilio González Márquez, el organismo se transformó en una “agencia de colocaciones” para aliados del PAN. Junto con el entonces dirigente estatal del partido, González Márquez repartió gerencias y direcciones entre alcaldes y líderes políticos, priorizando lealtades sobre la competencia técnica.
Este modelo de “cuotas y cuates” se consolidó con los gobiernos posteriores, que continuaron usando al SIAPA como un espacio para colocar a allegados, sin importar su preparación. Un caso emblemático es el de la famosa publirrelacionista, quien, tras manejar relaciones públicas en el Instituto Jalisciense de Reinserción Social (INJANRESO) y firmar convenios para la venta de productos de reclusos, fue nombrada en una plaza directiva del SIAPA por decisión arbitraria de un aliado político.
Este tipo de prácticas refleja la frivolidad que ha caracterizado la gestión del organismo en las últimas décadas.
Como resultado, el SIAPA enfrenta una crisis multidimensional: administrativa, financiera y técnica. Está prácticamente en bancarrota, con un déficit estructural que lo ha dejado al borde de la quiebra.
Mientras tanto, la infraestructura hidráulica de la ZMG, con tuberías y colectores obsoletos, es incapaz de satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. Esta situación se agrava en temporadas de lluvias, cuando las inundaciones exponen el colapso de los sistemas de drenaje, poniendo en riesgo vidas y propiedades.
La irresponsabilidad de los políticos que han manejado al SIAPA con fines clientelares ha llevado al organismo a un punto crítico, donde la inacción ya no es una opción. Este escenario ha estallado en el mandato del gobernador Pablo Lemus, quien enfrenta una bomba de tiempo heredada por décadas de negligencia.
Inicialmente, la reestructuración del SIAPA no parecía estar en su agenda prioritaria. La reciente aprobación de un aumento tarifario, impulsada con el peso político del gobierno estatal y los votos de los alcaldes metropolitanos, se llevó a cabo sin un diagnóstico claro ni un plan concreto de reingeniería. Sin embargo, el caso de la publirrelacionista, que destapó las “miserias” del organismo, junto con las crecientes quejas de la ciudadanía y actores políticos por el deficiente servicio de agua, ha obligado a Lemus a actuar.
“Estamos trabajando en una reingeniería absoluta del SIAPA, que abarca desde recursos humanos, áreas administrativas, atención al cliente, hasta la mejora en el suministro de agua potable”, afirmó el gobernador el 27 de julio de 2025.
Subrayó que, tras el incremento de tarifas, el SIAPA está obligado a mejorar: “Lo dije desde el día que se aprobaron las tarifas: el SIAPA debe dar un mejor servicio”.
Lemus ha anunciado una inversión inicial de 9,000 millones de pesos para modernizar la red hidráulica de la ZMG, un esfuerzo crucial para reemplazar tuberías y colectores obsoletos. Este proyecto requiere la colaboración de los alcaldes metropolitanos, quienes forman parte del consejo de administración del SIAPA.
El gobernador ha prometido convocar a sectores clave —técnicos, académicos, empresarios, organizaciones civiles y medios de comunicación— para presentar un plan integral que aborde no solo la gestión del organismo, sino también la infraestructura subterránea de la ciudad.
Entre las soluciones propuestas está el drenaje profundo, una medida necesaria para mitigar el caos que las lluvias provocan en una metrópoli colapsada, donde las inundaciones representan un peligro constante.
La decisión de Lemus es una de las más trascendentes en Jalisco en las últimas cuatro décadas. Rescatar al SIAPA implica no solo sanear un organismo en crisis, sino también realizar una “cirugía mayor” a las entrañas de la ciudad.
Este desafío pone a prueba la capacidad del gobernador para superar las inercias de la frivolidad política que han marcado a la entidad. Si logra ejecutar un plan transparente y efectivo, demostrará el valor de una “buena política” que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses de grupo.
Sin embargo, el éxito dependerá de la coordinación con los municipios, la participación de la sociedad y la rendición de cuentas. La ciudadanía, cansada de promesas vacías y selfies, exige resultados concretos: un SIAPA eficiente y una ciudad que funcione, incluso en los días de temporal.
Este momento histórico puede ser un punto de inflexión para Jalisco, donde la gestión responsable del agua marque la diferencia entre el empobrecimiento de la política y un gobierno que cumpla con su mandato.