NACIONALES
Plan B: La necedad de la destrucción
Opinión, por Iván Arrazola //
En su intento por transformar el INE la bancada de Morena elaboró una propuesta que pretende generar una democracia más barata, alegando que la oposición se niega a discutir su reforma constitucional porque no quiere perder sus privilegios, por lo que presentó un plan B que no requiere para su aprobación de una mayoría calificada, la propuesta pretende modificar leyes secundarias con lo que los votos de Morena y sus aliados serán suficientes para realizar los cambios.
La reforma tiene como objetivo fundamental rescatar las propuestas de la iniciativa presidencial y modificar las leyes General del Sistema de Medios de Impugnación, General de Partidos, General de Instituciones y Procedimientos Electorales e incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de distribución de competencias de los tribunales federales.
Una de las propuestas va en el sentido de hacer cambios en el ámbito procesal sobre las atribuciones del Tribunal Electoral, al oficialismo le parece un exceso que este organismo pueda retirar candidaturas a personajes como Félix Salgado, según su propuesta si no puedes poner al candidato que quieras, entonces hay que cambiar la regla para poder hacerlo.
La propuesta en general apuesta por una democracia más barata y al mismo tiempo pretende implementar las urnas electrónicas, primero para que la ciudadanía pueda emitir su voto en el extranjero y posteriormente comenzar a extender el uso gradual de estas urnas en el territorio nacional. La pregunta que en todo caso habría que hacerse es si el oficialismo pretende mantener su compromiso con la implementación con esta medida en el largo plazo, considerando que los recursos que se tendrán que invertir que serán considerables y al mismo tiempo se busca generar una democracia más barata.
Respecto a la revisión de la estructura orgánica del INE proponen evitar las duplicidades de las vocalías y direcciones del INE y de los OPLES, el oficialismo sin un diagnóstico preciso, con desconocimiento sobre las competencias de cada institución pretende recortar personal, a menos de dos años de que se lleve a cabo la elección más grande de la historia, el régimen pretende hacer cambios que podrían afectar significativamente el desarrollo de los procesos electorales en el país.
Si bien la Constitución establece que el INE podrá organizar los procesos locales esta es una función que realizan los OPLES porque es parte de sus competencias.
Mencionan que el modelo de comunicación no ha funcionado, los spots de 30 segundos no son suficientes para que los partidos expongan sus ideas, por eso pretender ampliarlos a un minuto. Un minuto para seguir escuchando ocurrencias, por ejemplo, del PRD que propone bajar el precio del kilo de tortillas a 10 pesos, o la propuesta del PT que propone bajar el IVA del 16 al 10 %, propuestas que no van a prosperar.
Con las propuestas que pretende implementar el oficialismo olvida que el INE es un órgano autónomo por lo que posee autonomía técnica y presupuestal, con las medidas que se pretenden imponer, entre las que destacan: reducción de gastos y de rentas de inmuebles o módulos, reducción de áreas administrativas y dependencias internas, el uso de inmuebles de dominio público, lo que se pone en riesgo es la operación del organismo y lo que en realidad se pretende con estas medidas, no es abaratar la democracia sino afectar la operación del organismo, en un momento en el que ya está muy cerca la elección presidencial en el 24.
Por otro lado, Morena insiste en generar los cambios con un ánimo de revancha política. En el actual sexenio el presidente ha convocado dos veces a la ciudadanía y en las dos ocasiones ha fracasado. Primero en la consulta para enjuiciar a expresidentes donde solo participó un 8 ciento de la población, en la revocación de mandato participó un 17 por ciento, números muy lejanos para un presidente que presume un nivel de aprobación por arriba del 50 por ciento. Ante estos fracasos lo más sencillo es culpar al INE por los bajos niveles de participación cuando en realidad el decreciente desempeño electoral del gobierno se explica por los resultados que ha dado.
El oficialismo se ha negado sistemáticamente a sentarse a negociar con la oposición, ha preferido cooptar o imponer su mayoría. Aunque señala que las bondades de su propuesta van en el sentido de generar una democracia más barata, en realidad busca imponer y pasar el costo de sus fracasos electorales al INE y a la oposición por negarse a aprobar una serie de reformas que en realidad solo benefician al partido en el poder. Con una institución electoral debilitada los riesgos de un retroceso democrático son mayores.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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