OPINIÓN
Opinión Invitada: Y nos creemos mejores
Por Camila Vallarta de la Peña //
La ruta ilegal migratoria es un universo paralelo regido por su propia lógica y sus propias leyes donde todo se puede esperar. Afortunados los que no deben enfrentarla y digo “deben” porque los que se van no lo deciden, ¿quien optaría por vivir huyendo?, aquellos que parten son obligados a hacerlo, empujados por la falta de oportunidades, forzados por la violencia, presionados por el hambre.
Lo peor es que el camino que recorren no es uno lineal, donde se parte de un lugar y se llega a la meta de manera sencilla, es mas bien un nudo de destinos, en su mayoría violentos, de manera que la urgente necesidad de salir huyendo resulta contradictoria, pasando de una situación deplorable a otra donde en muchos casos no hay salida.
Es increíble cómo, además de que los migrantes son sometidos a monstruosas experiencias, se les considere delincuentes por el único hecho de buscar una vida mejor a la resultante de la mala administración de su madre tierra.
Observamos como acontecimiento actual a La Caravana Madre que se dirige de Honduras a México con el objetivo de llegar a Estados Unidos, la cual estima poder llegar a tener 20 mil personas, una cifra enorme de obligados a migrar.
A lo largo de su camino es posible que atraviesen obstáculos como condiciones climáticas desfavorables, las autoridades migratorias, policiacas y militares, bandas delictivas, los Maras, secuestros, asaltos, redes de prostitución y trata de personas, los Zetas, y un conjunto interminable de infamias que deben sortear para cumplir un sueño incierto.
Sin embargo, a pesar de todo el peligro al que pueden enfrentarse, la sangría poblacional de Centroamérica lejos de disminuir aumenta día con día, migran tras las remesas que dan de comer a sus vulnerables familias, remesas que hoy en día son el 18% del producto interno bruto de Honduras.
Por lo menos desde hace 20 años México ha sido el equivalente a un muro de contención para frenar la migración centroamericana a los Estados Unidos, lo que ha ocasionado que miles de migrantes se internen en nuestro país. La Caravana Madre es un claro ejemplo de esto, lo cual ha desencadenado que personalidades de altos cargos expresen cómo se planea actuar al respecto. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard expuso lo siguiente:
“Estamos trabajando con las autoridades de EU para avanzar en la coexistencia de nuestras posturas distintas sobre migración. México actuará responsablemente en el tema a partir de su propia visión, expresada en el Pacto de Marrakech para una migración ordenada y segura.”
El Pacto de Marrakech según la ONU se creó para gestionar mejor la migración a nivel local, nacional, regional y global. Tiene como objetivo mitigar los factores adversos y los factores estructurales que impiden que las personas construyan y mantengan medios de vida sostenibles en sus países de origen; tiene la intención de reducir los riesgos y las vulnerabilidades que enfrentan los migrantes en las diferentes etapas de la migración al respetar, proteger y cumplir sus derechos humanos y brindarles atención y asistencia. Pero el pacto entró en vigor el 30 de septiembre del 2016, y no se perciben cambios, la migración incrementa y la violencia persiste, ¿qué tan legítimo será el argumento del Canciller mexicano?
Para muchos migrantes centroamericanos el sueño termina en México, por el denigrante trato que nuestro país les brinda, atrapados en la pesadilla mexicana, donde las autoridades son una banda mas de criminales que se aprovecha de ellos por su vulnerable situación; debido a su condición de “indocumentados” no se denuncia la violencia ni el maltrato por temor a ser deportados.
La sociedad mexicana no ayuda mucho tampoco, se les discrimina por su claro aspecto migrante y se les lanza miradas afiladas de sentimientos de superioridad y disgusto por su simple existencia; se hacen comentarios como “no hay lugar para tantos”, “no hay trabajo para esa cantidad”, “todos son delincuentes”, y resulta un poco hipócrita hablar de esta manera y a la vez envolverse en bandera nacionalista cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump llama a los migrantes mexicanos delincuentes, negándolos como ciudadanos de la misma manera, ¿por qué somos entonces mejores que ellos?
Somos uno de los países con las tazas de migración más altas en el mundo, es necesario difundir un sentimiento de comprensión a nuestros hermanos centroamericanos y no uno con raíces discriminantes. México se caracteriza por su calor humano, es hora de demostrarlo, acoger al que lo necesita, y adecuarnos para que sea menor el número de personas que sufren en búsqueda de una vida digna.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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