NACIONALES
García Luna, el juicio del siglo y la Caja de Pandora: ¿Declarará el ex presidente Felipe Calderón?
Por Pedro Vargas Ávalos //
Cuando se enjuició en los Estados Unidos al tristemente célebre narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, (a) El Chapo, la sensación de su captura, precedida de dos fugas de cárceles dizque de alta seguridad (una de ellas la de Puente Grande, Jalisco) indujo a una periodista que cubrió ese proceso, Alejandra Ibarra Chaouel, denominarlo “El Juicio del Siglo” y bajo ese título, publicó en 2019 un libro, que obtuvo cierto éxito.
La fama de ese líder del cártel sinaloense, venía de tiempo atrás, pues además de su papel como capo, se asegura que incluso participó en la balacera del 24 de mayo de 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, cuando sucedió la muerte del arzobispo tapatío, originario de Salvatierra, Guanajuato, cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo (1926-1993). El Chapo escapó rumbo a Guatemala, donde tenía protectores, pero al cruzar la frontera fue aprehendido, el 11 de junio del año mencionado. Estando interno en el Penal de Puente Grande, Jalisco, se escapó el 19 de enero de 2001, siendo primer mandatario mexicano Vicente Fox. La fuga fue novelesca, pues los reportes internacionales y versión oficial confirmada por las autoridades, dicen que Guzmán se ocultó en un vehículo usado para la ropa sucia, al que varios custodios condujeron rumbo a la aduana de la prisión, recorriendo varios puntos de vigilancia y llegar hasta el estacionamiento, para desde aquí huir en otro carro.
El Chapo ya era uno de los narcotraficantes más buscados por parte de nuestros vecinos del norte, por segunda ocasión se le arrestó el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa: al parecer participaba en una celebración. Ahora fue recluido en la prisión de máxima seguridad de El Altiplano (Estado de México) de la cual se escaparía, tras 17 meses, de la siguiente forma: “El Chapo” se dirigió al área de regaderas donde se duchaba y luego desapareció, a través de un túnel que especialmente fue excavado, con altura de 1 metro 70 centímetros y anchura de 70 cmts, con más de kilómetro y medio de longitud. ¡Toda una hazaña! Sin embargo, el gusto le duró poco, pues fue recapturado el 8 de enero de 2016, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa; sorpresivamente se le extraditó el 20 de enero de 2017, día en que asumió la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.
El Chapo fue juzgado y declarado culpable en la Corte de Brooklyn, el 12 de febrero del 2019; el juez Brian Cogan, lo condenó, de manera caprichosa jurídicamente, a cadena perpetua, más 30 años de prisión, con fecha 17 de julio de ese mismo año. «Es lo más inhumano que he pasado en mi vida», dijo Joaquín «El Chapo» Guzmán al oír la sentencia. Una apelación que interpuso, la perdió y se confirmó la sentencia en 2022.
Por lo anterior, es que la autora del libro que citamos, discurrió que ese proceso, el cual cubrió periodísticamente de forma total, debería titularse el Juicio del Siglo.
Sin embargo, ahora que acaba de iniciarse en la corte de Brooklyn, Nueva York, con el mismo juez que conoció del asunto del Chapo Guzmán, el procedimiento judicial contra Genaro García Luna, (calificado tanto por Vicente Fox como por Felipe Calderón Hinojosa, como “super policía”) por las implicaciones que contiene y los personajes del mundo político que enlaza, -que pareciera es la Caja de Pandora- muchos comentaristas, estiman que este realmente será el Juicio del Siglo.
Recordemos que la aludida arca del personaje mitológico griego (Pandora, una mujer creada por Zeus, el dios máximo del Olimpo helénico), es una caja o vasija en la que los dioses habían escondido todas las desgracias. Pandora, a quien se había obsequiado la caja, no la debería aperturar, pero llevada por la curiosidad, la abrió, con lo cual los males que contenía, se diseminaron en la tierra. Así es como surgieron las enfermedades y demás calamidades que aquejan a la humanidad, aunque en el fondo del arca quedó la esperanza. Por ello, la frase » abrir la caja de Pandora» nos indica un hecho del que resultarán consecuencias sensacionales o insólitas.
Recapitulemos que este expolicía,-García Luna- es el funcionario más elevado del mundo político mexicano, que se sujeta a juicio en Estados Unidos. Él se vio involucrado en polémicas investigaciones, desde el caso Florence Cassez hasta la Guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, con quien se desempeñó como Secretario de Seguridad. Para entonces, ya había sido jefe de la Agencia Federal de Investigación en la administración del locuaz Vicente Fox (2000-2006), y dirigido áreas de inteligencia y contraterrorismo con el antecesor de éste, es decir en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Sirvió pues, al PRIAN.
El lunes 23 reciente, declaró el primer testigo que los fiscales gringos presentaron en ese proceso contra el fallido gran policía, García Luna. Es nada más ni nada menos, que Sergio Villarreal Barragán, conocido como El Grande, -por su enorme estatura de dos metros- quien trabajó como policía, y acabó coludido con el cartel de Juárez, a las órdenes del notable narco Amado Carrillo Fuentes, identificado como el Señor de los Cielos. Y sus revelaciones han sido impresionantes: manifestó que el ‘súper policía’ de Felipe Calderón recibió sobornos millonarios (en dólares) del Cártel de Sinaloa, además de que en más de una ocasión se reunió con el capo Arturo Beltrán Leyva. Al final, este Cártel creció y triunfó gracias al apoyo que recibía del Secretario de Seguridad calderoniano, y se supone, que el mismo mandatario estaba al tanto.
Hace tiempo, en noviembre de 2018, Jesús “El Rey” Zambada, exmiembro del Cartel de Sinaloa, testificó en torno a la red de corrupción en las pasadas administraciones del gobierno de México, en la que se incluyeron pagos millonarios a funcionarios y autoridades. Zambada refrendó que él, en persona, entregó unos 6 millones de dólares a García Luna cuando era el titular de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón. El dinero en efectivo lo entregó en dos encuentros en un restaurante en Ciudad de México entre 2005 y 2007 o sea, tanto con Vicente Fox como Calderón . En total, el Cartel de Sinaloa habría prometido una entrega de 50 millones de billetes verdes, para comprar la protección de García Luna.
Otro testigo, Tirso Martínez, mejor conocido como ‘El Futbolista’, reveló que en una ocasión Vicente Carrillo, líder del Cártel de Juárez, le afirmó que Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cabecilla del Cártel de Sinaloa, tenía “todo arreglado con los altos mandos de la (Policía) Federal, el Ejército, la (Policía) Judicial”, que en su momento comandó García Luna. (Datos de Forbes).
Álvaro Delgado, periodista por muchos años Proceso, y actualmente de Sin Embargo, oriundo de Lagos de Moreno, asevera que en este juicio, a Felipe Calderón “también a él lo compromete en conductas criminales”, pues García Luna fue su brazo derecho en la guerra que emprendieron contra el narcotráfico. Por cierto, el ex presidente de la república (muy conocido por su locución de “haiga sido como haiga sido), salió de México rumbo a España, desde octubre de 2022, y según han consignado algunos medios de comunicación, fue con motivo de que ya se iniciaría el juicio contra Genaro García Luna.
Por la importancia de este asunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó en una mañanera de la semana, “que el Gobierno de México garantizará el derecho del pueblo a la información en el caso del juicio de Genaro García Luna. Se dará un reporte diario de los acontecimientos.”
Debemos estar muy atentos en las siguientes semanas, sobre todo lo que acontezca en este caso judicial, que por lo visto, podría desbancar al del Chapo Guzmán, y hacer ver pálidos los procedimientos que se llevan contra Emilio Lozoya y otros especímenes de su calaña. De ser así, no cabe duda de que se le reconocerá como el Juicio del Siglo, y a lo que se diga, se le comparará con la apertura de la Caja de Pandora.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
