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OPINIÓN

¿Hasta cuándo?

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Por Modesto Barros González //

Gobernantes van y gobernantes llegan, pero todo sigue igual sin que exista interés para hacer cumplir leyes y reglamentos vigentes, con todo y que algunos funcionarios llegaron de nueva cuenta al poder.

Tal es el caso que por muchos años se aprecia y sucede en varias avenidas de la zona metropolitana de Guadalajara, como es en avenida Washington de la colonia Moderna.

Los viernes y sábados por la noche se reúnen varios conductores de poderosas motocicletas los cuales realizan los tradicionales “arrancones” sin que ninguna autoridad, ni policía municipal y mucho menos los elementos responsables de vialidad intervengan.

Hasta entrada la madrugada los audaces conductores compiten para ver quién hace más ruido con su smáquinas o cuál es más veloz y por situación muy sospechosa ninguna autoridad los molesta o siquiera les llama la atención.

Las intrépidas maniobras de los motociclistas “fifís” por tener alto cilindraje y la gran mayoría propiedad de personas acaudaladas económicamente, posiblemente por eso ni los voltean a ver para que no se molesten, mientras que a los motociclistas trabajadores que diariamente cumplen su jornada repartiendo mercancía son constantemente perseguidos y obligados a usar chalecos reflejantes con los datos de la placa de circulación y muchas unidades son remitidas al corralón por “infringir las leyes y reglamento de tránsito vigente”.

El que se hagan “pato” los elementos de la policía vial no es nuevo y vale la pena recordar que desde que era flamante Secretario de Vialidad y Transporte el controvertido Diego Monraz Villaseñor, ocurrían los “arrancones” en la avenida Washington y ahora todo sigue igual.

Ojalá y no ocurra nunca una tragedia por esas competencias lo que parece que poco le interesa a las autoridades correspondientes y quién sabe hasta cuándo se obligará el cumplimiento de los ordenamientos legales de la materia.

CAMPAÑA CONTRA JUECES Y MAGISTRADOS

Ahora sí se pusieron de acuerdo el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez y el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para meter controles de impartidores de justicia en la entidad y así presuntamente se desatará una cacería contra jueces y magistrados locales.

Si bien es cierto que algunos malos funcionarios del poder judicial han sido señalados por presuntos malas decisiones en la impartición de justicia, son pocos los casos comprobados y casi ninguno castigado por sus malas acciones.

Si usted acude a los juzgados en materia penal y pregunta a familiares de personas sujetas a los tribunales, su opinión sobre el desempeño de los juzgadores o del personal a su cargo, seguramente la mitad de los cuestionados dirán que para todo les piden dinero y entre más complicado el asunto será mayor la aportación que supuestamente les exigen.

Esto puede ser cierto en algunos casos, pero quienes resultan favorecidos en sus trámites ante los juzgadores, se quedarán callados y no cuestionarán la actuación, claro porque les favoreció la sentencia y si el abogado litigante o los familiares reciben sentencia en contra señalarán con acusaciones fuertes a los presuntos malos funcionarios.

Lo malo del asunto es que como ya se ha hecho costumbre por el primer mandatario AMLO y algunos de sus Secretarios, primero señalan y acusan de irregularidades, hasta se dan el lujo de dar nombre y apellido de los todavía presuntos responsables, pero luego se deben de disculpar por no tener las pruebas para acusar.

Se espera que ahora en la persecución de jueces y magistrados se manejen apegados a la ley y que turnen sus investigaciones a quién o quiénes deben sancionar a los malos elementos y no lincharlos ante la opinión pública sin mostrar su culpabilidad.

Por cierto en Jalisco el diputado local Salvador Caro Cabrera, “mandó” un buscapiés para medir reacciones con la intención que el gobernador del estado en turno pueda designar directamente a los venideros magistrados del Supremo Tribunal de Justicia local, lo cual ha recibido críticas de abogados litigantes y de colegios y barras de abogados, así que ya veremos que pasará.

Lo mismo se está fraguando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el titular del ejecutivo federal pretende imponer que se designen cinco nuevos ministros para que opera una tercera sala y los cuales serán, presuntamente designados por el propio AMLO.

Por lo visto la pretensión es que los gobiernos se manejen con el poder ejecutivo y el legislativo, mientras que el judicial estará acotado por los dos anteriores, pero no pasará mucho tiempo para conocer lo que ocurra.

E-mail: mobago1948@gmail.com

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