-Opinión, por Luis Manuel Robles Naya

No es fácil entender qué es lo que está pasando en la economía estadounidense. La impredecibilidad de la conducta del presidente Trump manda señales que causan incertidumbre en el escenario económico mundial.

Desconcierta que, a pesar de que los números recientes muestran una caída en el consumo y alzas moderadas en la inflación, las operaciones bursátiles reflejan una actividad inusualmente positiva ante estas circunstancias.

Hasta ahora, las postergaciones de los plazos para la fijación de aranceles y las negociaciones en curso han mantenido a la actividad bursátil en una relativa normalidad, pues hay inversionistas convencidos de que Donald Trump no cumplirá sus amenazas arancelarias. En el sector ha trascendido el concepto “TACO” (Trump Always Chicken Out) y al parecer confían en que eso sucederá.

También influye para esta relativa calma bursátil que la inflación, aunque ha subido, no ha tenido un impacto significativo; sin embargo, el factor de incertidumbre ha llevado a la acumulación de inventarios que habrán de salir cuando haya mayor claridad; mientras tanto, muchas empresas han revisado y reducido sus previsiones de ganancias.

Aún no se sabe cómo afectará la política arancelaria a la industria tecnológica que depende de cadenas de aprovisionamiento con productos fabricados en China y otros países afectados por los aranceles y, al conocerse, podría terminar esta indiferencia aparente del mercado de acciones.

Por otra parte, las disposiciones presupuestarias de Trump no atacan de fondo el déficit presupuestario y a decir de algunos congresistas y comentaristas, por el contrario, lo aumenta. La economía pierde impulso, no crece; el mercado laboral se enfría y el gasto del consumidor desciende.

Ante eso, la lógica y el sentido común aconsejarían echar para atrás la actitud radical proteccionista, pero Trump ha demostrado que la lógica no aplica en su caso empeñado también, como está, en incrementar el poder y autoridad del presidente por sobre jueces y órganos autónomos.

Lo que se advierte, desde mi punto de vista, es que los inversionistas están manteniendo artificialmente la calma en el sector bursátil porque este está fuertemente concentrado y los activos familiares invertidos en acciones están en niveles históricos, según lo señala el Financial Times.

La apuesta a que Donald Trump reculará es arriesgada, porque de no hacerlo los factores económicos hoy contenidos se manifestarán con toda su fiereza. Hasta ahorita el sector corporativo estadounidense ha mostrado resiliencia, pero estar condicionados a la veleidosa conducta del mandatario obliga también a extremar precauciones, particularmente en el área bursátil, porque una rectificación desde los niveles que hoy se observan de acumulación de activos familiares puede ser catastrófica.

El otro tema es el impacto que la estrategia económica tiene en la corrección de las finanzas públicas. Muchos piensan que la “Gran y Hermosa” ley propuesta, que contiene disposiciones fiscales, traerá altos costos sociales. Junto con los aranceles, pretende componer las desbalanceadas cuentas nacionales, reducir su déficit en el gasto público, aumentar sus ingresos, disminuir la deuda y reordenar el gasto gubernamental. Los objetivos son razonables, pero las formas y las decisiones no parecen serlo.

Los economistas han advertido el alto costo a pagar si se materializa el paquete completo de medidas proteccionistas, pues juzgan que con ello podrá salvar al gobierno, pero la economía tendrá que absorber el costo y eso puede doler. Se espera que los incrementos de precios resultantes de los aranceles afecten los márgenes de ganancias, reduzcan el consumo y afecten al crecimiento económico.

La falta de certidumbre repercute en el aspecto político porque las percepciones ciudadanas ya se mueven en las mediciones de opinión. Big Data Poll, la encuestadora más favorable al presidente, ya registra una aprobación negativa y otras agencias como Reuters/Ipsos registran la misma tendencia. La percepción sobre el rumbo del gobierno también es negativa y es presumible que esto afecte y mueva el panorama político para la próxima elección.

El apoyo en el segmento MAGA, el bastión de duros del régimen, también está disminuyendo, lo que supone pérdida de fortaleza incluso para las negociaciones con sus socios comerciales y aliados en la geopolítica internacional.

La fortaleza militar y el poderío económico que aún conserva el país vecino le permiten a su presidente presionar al mundo para demostrar fuerza, que muchos ya consideran menguante; sin embargo, la desconfianza resultante de sus aliados y socios con su política proteccionista lo aíslan cuando más consciente debiera estar de la necesidad de unificar al hemisferio occidental.

La economía ha traído de vuelta la Guerra Fría y el presidente estadounidense le está agregando algidez. Creo que le convendría revisar la historia, pues en el siglo XX el vecino país del norte nunca pudo ganar una guerra solo; siempre tuvo que hacerlo con aliados. Como en el pronóstico del tiempo, lo probable puede suceder o no, pero de que los tiempos son nublados, lo son, especialmente para México, sumamente dependiente de la economía de Estados Unidos.

-Opinión, por Violeta Moreno 

Como mexicana, me duele profundamente la persecución que enfrentan en Estados Unidos las personas por su “apariencia mexicana”.

Esta actitud, que evoca el racismo de épocas oscuras como la Segunda Guerra Mundial, se ha intensificado con discursos que generalizan a los mexicanos como “enemigos públicos” o responsables de las dificultades de aquel país.

Este terrorismo racial no solo es injusto, sino que siembra miedo, polarización y tensiones sociales en comunidades donde la diversidad debería ser un pilar de fortaleza. Los Ángeles, una ciudad con raíces hispánicas profundas, fundada por españoles y con una vibrante comunidad latina, es un claro ejemplo de cómo estas políticas hieren el corazón de una ciudad que lleva la cultura mexicana en su esencia.

La reacción del gobierno estadounidense, especialmente bajo la administración del presidente Trump, ha sido desproporcionada. Arrestar a personas por su apariencia en lugares cotidianos como Home Depot, o deportar a ciudadanos estadounidenses de origen latino, constituye un atropello a los derechos humanos.

Estas acciones no solo afectan a indocumentados, sino también a inmigrantes legales y a personas nacidas en Estados Unidos, separándolas de sus familias y comunidades. Casos documentados de deportaciones injustas, donde ciudadanos estadounidenses o residentes legales han sido expulsados, han generado terror e incertidumbre.

Este enfoque no solo es cruel, sino que alimenta una narrativa peligrosa que estigmatiza a toda una comunidad, ignorando su contribución histórica y cultural.

Los Ángeles no es una ciudad “invadida” por extranjeros, como algunos sectores quieren hacer creer. Su identidad hispánica es intrínseca, tejida desde su fundación por colonos españoles y enriquecida por generaciones de mexicanos, muchos de ellos nacidos en EE.UU.

Esta presencia no es una ocupación, sino una expresión natural de su herencia cultural. La comunidad latina, con su carácter binacional, aporta una riqueza única que fortalece el tejido social y económico de la ciudad.

Lo que algunos en EE.UU. perciben como “desorden”, otros lo reconocen como una lucha pacífica por los derechos humanos en un país construido por inmigrantes de todos los rincones del mundo. La felicidad y resiliencia del pueblo mexicano, capaz de encontrar lo bueno en medio de lo malo, parece generar envidia en quienes no comprenden que la alegría es una elección interna, no un privilegio externo.

El discurso de Trump, buscando complacer a sus seguidores más radicales, ha profundizado la polarización. Al priorizar la “firmeza” y el “control”, ha legitimado actitudes xenófobas que dividen a la sociedad estadounidense.

Sin embargo, también hay voces en el país vecino del norte que valoran la diversidad y ven en las protestas pacíficas de Los Ángeles un esfuerzo legítimo por defender los derechos de todos, independientemente de su origen.

Esta dicotomía refleja la complejidad de un país que, aunque fundado por inmigrantes, a veces lucha por aceptar su propia diversidad. Desde México, vemos con tristeza cómo se criminaliza a nuestra gente. Ser mexicano es más que una nacionalidad; es una actitud de resistencia, esperanza y comunidad. Acoger a los deportados no es solo un acto de solidaridad, sino un reconocimiento de que este es su hogar, un país que nunca les cerrará las puertas.

Muchos de los mexicanos en territorio estadounidense, legales o no, contribuyen significativamente al crecimiento de ese país. Son trabajadores, estudiantes, empresarios y ciudadanos que fortalecen a ambas naciones. Incluso aquellos que, por necesidad o desconocimiento, cruzaron la frontera sin documentos, no son delincuentes; son personas que buscan una vida mejor, como lo han hecho inmigrantes de todas las épocas.

Espero de corazón que cese el miedo y las consecuencias económicas y sociales de estas políticas. Los Ángeles merece recuperar la paz, una ciudad que no solo es un crisol de culturas, sino un símbolo de la conexión histórica entre México y Estados Unidos.

La verdadera paz llegará cuando el pueblo y el gobierno estadounidenses acepten que la historia española e indígena es parte fundamental de su identidad. Reconocer esta herencia compartida no debilita a EE.UU., sino que lo enriquece.

Los mexicanos, ya sean indocumentados, legales o ciudadanos binacionales, son parte del alma de Los Ángeles. Su presencia no es una amenaza, sino un recordatorio de la historia compartida que une a ambos países. Desde mi perspectiva, la solución no está en muros o deportaciones, sino en el diálogo, el respeto y la colaboración.

México y EE.UU. son vecinos inseparables, aliados en innumerables sentidos, y nuestra cercanía trasciende fronteras. Que Los Ángeles vuelva a ser un faro de esperanza, donde la diversidad sea celebrada y donde mexicanos y estadounidenses podamos seguir construyendo un futuro juntos, como pueblos hermanos que, a pesar de las dificultades, se quieren y se respetan.

-Actualidad, por Alberto Gómez R.

(Parte 2) En los años ochenta, la corporatocracia parecía invencible. Grupos como la Trilateral Commission o el Business Roundtable redactaban tratados en oscuros despachos, y el Consenso de Washington convirtió crisis económicas en oportunidades para el saqueo.

Naomi Klein lo documentó con escalofriante detalle en La Doctrina del Shock: gobiernos del Sur Global, ahogados por deudas impagables, fueron forzados a desmantelar industrias nacionales y abrir sus mercados como frutas maduras.

México vivió su punto de inflexión en 1994 con el TLCAN, tratado que el exembajador Jorge Castañeda describió como «un documento redactado por cabilderos corporativos en pasillos del Capitolio»; mineras canadienses adquirieron derechos sobre territorios sagrados de los wixárikas sin consulta previa, mientras Walmart desplazaba a 28,000 pequeños comerciantes en cinco años. Era el triunfo del capital sobre el Estado: las corporaciones escribían las reglas, los gobiernos las rubricaban. El libre comercio reveló su verdadero rostro: libertad para los capitales, servidumbre para los pueblos.

Pero este poder palidece ante la metamorfosis actual. Como explica Yanis Varoufakis, mientras el mundo discutía crisis financieras o calentamiento global, “el capital mutó en una forma tóxica: el capital de nube”. Este no produce bienes, sino que extrae rentas digitales.

Jeff Bezos, señor de Amazon, no fabrica productos; su algoritmo actúa como un aduanero invisible que cobra el 40% del valor de cada transacción en su feudo digital. Si la corporatocracia explotaba mano de obra, el tecnofeudalismo cosecha comportamientos humanos: cada like, cada búsqueda, cada paso geolocalizado alimenta su stock de capital.

Silicon Valley completó la trifecta del dominio con una revolución digital que la socióloga de Harvard, Shoshana Zuboff, disecciona en El Capitalismo de la Vigilancia. Lo que comenzó como utopías libertarias en garajes californianos se transformó en el más sofisticado sistema de extracción de experiencia humana jamás concebido.

Para 2025, el 60% del PIB de Latinoamérica depende de infraestructura digital controlada por cinco corporaciones estadounidenses, cuyos servidores devoran datos como Moloch modernos.

En las calles de Yakarta, Indonesia, un conductor llamado Budi Santoso maneja catorce horas diarias para la plataforma Grab.  La aplicación le cobra el 30% de cada viaje, controla sus bonificaciones mediante algoritmos opacos y acumula datos de sus rutas que vende a urbanistas en Singapur. «Soy un siervo con smartphone”, confiesa mientras revisa su saldo diario que apenas alcanza para el arroz y el combustible.

Este modelo de vasallaje digital se replica en geografías distantes, pero con patrones idénticos. En las montañas de Colombia, repartidores de Rappi pagan «alquiler digital» por usar sus propias motocicletas. En las llanuras kenianas, agricultores ven fluctuar sus ingresos según los algoritmos de precios de commodities que Cargill ajusta desde Minneapolis. En hospitales mexicanos, médicos utilizan diagnósticos de IA (Inteligencia Artificial) de IBM Watson que privatizan su conocimiento clínico acumulado en décadas de práctica.

La aristocracia financiera opera desde torres de cristal donde analistas de BlackRock, gestores de más de 12.5 billones de dólares en activos, envían emails a presidentes exigiendo «reformas promercado». El Nobel Joseph Stiglitz reveló que una comunicación de Larry Fink al presidente mexicano en 2020 López Obrador contenía demandas específicas sobre política energética que aparecieron literalmente en decretos oficiales tres meses después.

Los tribunales corporativos del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) constituyen la maquinaria legal de este nuevo feudalismo. En salas blindadas de Washington, árbitros privados deciden casos como el de Pacific Rim contra El Salvador, donde la minera canadiense demandó 300 millones de dólares porque el gobierno se atrevió a proteger sus fuentes hídricas.

O el escandaloso caso Vattenfall contra Alemania, donde la empresa energética exigió 6,100 millones de euros por compensación cuando Berlín decidió abandonar la energía nuclear tras el desastre de Fukushima. «Son juicios donde las corporaciones son juez y parte”, denuncia el analista geopolítico Pepe Escobar desde su refugio en Estambul. «Los Estados han sido reducidos a administradores de feudos corporativos».

EL MECANISMO DE LA TRANSICIÓN

El rescate bancario con 35 billones de dólares impresos por los bancos centrales —mientras se imponía austeridad a los Estados— creó un vacío donde solo las tecnológicas invirtieron. Google, Amazon y Meta absorbieron capital barato para construir infraestructuras de vigilancia masiva. Como señala Varoufakis, «fue el parto financiado del tecnofeudalismo”.

La captura de los Estados vasallos: Costa Rica intentó en 2022 regular plataformas digitales. La respuesta fue una llamada de ejecutivos de Amazon advirtiendo de «consecuencias». Horas después, la Oficina de Comercio de EE.UU. la incluyó en la lista «301» de países piratas.

Mientras, tribunales de arbitraje como el CIADI permiten a corporaciones demandar Estados: El Salvador fue condenado a pagar $300 millones por proteger sus fuentes hídricas de una minera canadiense. Los parlamentos, reducidos a notarios de sentencias corporativas.

La sustitución de los mercados por feudos digitales: Uber no compite en un mercado libre: impone su feudo mediante capital especulativo. Sus algoritmos fijan precios, salarios y rutas, mientras los conductores de plataforma -como Budi Santoso- trabajan 14 horas diarias, entregando el 30% de sus ingresos como diezmo digital. Pequeñas empresas sobreviven solo si pagan tributo a Amazon por aparecer en resultados de búsqueda.

SIERVOS CON SMARTPHONES

Bajo la corporatocracia, la explotación era claramente visible: fábricas contaminantes, salarios de hambre. El tecnofeudalismo opera mediante una ilusión de libertad:

Trabajamos gratis para los señores de la nube: Subir fotos a Instagram o videos a TikTok es producir «capital de nube» sin remuneración. Varoufakis lo define: «Somos siervos de la nube que reproducimos voluntariamente su riqueza”.

Nuestros deseos son manufacturados: Los algoritmos de TikTok o Netflix no reflejan preferencias, las crean. Shoshana Zuboff revela cómo el «capitalismo de vigilancia» convierte emociones en materia prima para moldear conductas. Un agricultor keniano cree elegir libremente semillas, pero su “decisión” fue programada por la app de Cargill que analiza sus datos.

La identidad digital es un feudo: Como alerta Varoufakis, «para identificarte en internet, necesitas que tu banco avale quién eres. No posees tu identidad digital».

REBELION EN LOS BURGOS DIGITALES

Frente a este poder, emergen contranarrativas: Argentina desafió a Meta en 2024 con un «impuesto al capital de nube» del 3% sobre ingresos digitales. Tras ciberataques, la AFIP confiscó cuentas locales de la empresa.

Comunidades zapatistas en Chiapas crearon Tequio Digital, redes autónomas que proveen internet por $1 dólar mensual, usando radiofrecuencias libres. «Recuperamos el espectro como nuestros abuelos recuperaron la tierra», explica su fundador.

Kenya desarrolló auditorías blockchain para rastrear evasión fiscal digital, recuperando $480 millones de Netflix y Spotify.

¿FIN DE HISTORIA O NUEVO CONTRATO SOCIAL?

El tecnofeudalismo no es un destino inevitable, sino una fase histórica. Como escribió Eduardo Galeano, «la utopía está en el horizonte: caminamos dos pasos, ella se aleja dos pasos». Hoy, la batalla redefine la soberanía: o los pueblos controlan los algoritmos, o los algoritmos controlarán a los pueblos.

La pregunta que late en cada grieta del sistema —desde un repartidor de Rappi en Bogotá hasta un programador en Bangalore— es si seremos ciudadanos del siglo XXI o siervos digitales con derechos de usuario revocables.

(continuará…)