Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Inician las campañas para la primera elección popular del Poder Judicial. Se elegirán el 2 de junio de 2025 los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; magistradas y magistrados de las salas superiores y regionales del Tribunal Electoral; magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; y magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación.

A escasos 49 días de que los mexicanos asistan por primera vez a las urnas para elegir a quienes impartirán justicia federal, dicha elección tiene un gran nivel de dificultad para todos los ciudadanos.

En este sentido, debemos entender que para los ciudadanos mexicanos diferenciar entre un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de salas superiores y regionales, jueces o juezas de circuito o de distrito, en este caso en especialidades, será una tarea difícil.

Son cargos que los especialistas en derecho y quienes tienen una carrera profesional en materia judicial conocemos y sabemos sus funciones dentro del poder judicial; sin embargo, y aunque se lea un poco discriminatorio, el grueso de la población desconoce las diferencias y las funciones de los cargos, lo que hará de esta elección una cuestión de suerte y favorecimiento.

La importancia de esta elección radica esencialmente en una renovación de nuestro sistema de justicia, quizás necesaria, quizás no. El ciudadano debe saber que elegir a otro ciudadano para que imparta justicia es una gran responsabilidad. Habrá de analizar, en el momento de emitir su voto, quién lo postuló: el Ejecutivo Federal (PE), el Legislativo Federal (PL) o el Poder Judicial de la Federación (PJ).

Por lo que en la boleta aparecerán, a un lado del número designado, las iniciales del poder que postuló al candidato. Además, aparecerán otras iniciales (EF) que indican si la persona se encontraba en funciones y tuvo un pase automático. Lo ideal en este primer proceso es votar por personas que tienen esas iniciales, para asegurar la experiencia en el cargo y su posible carrera judicial.

Por lo pronto y durante más de un mes, veremos en redes sociales o medios, a través de entrevistas y publicidad a modo de campaña, a los candidatos a los cargos que se votarán el dos de junio. Pero lo importante de esta elección es concientizar a nuestro círculo cercano del riesgo de que los cargos judiciales no sean valorados y votados a conciencia. La impartición de justicia debe recaer en profesionales del derecho, con una carrera judicial evidenciable y comprobable, personas de valores y ética.

En este particular caso, el vecino, amigo o líder de lo que sea no es precisamente la persona ideal para la importantísima tarea de impartir y procurar justicia. La justicia es conocimiento, y también un concepto complejo y multidisciplinario, que se refiere a ser una persona juzgadora con equidad, imparcialidad y respeto de los derechos de cada individuo dentro de una sociedad; no se trata de poder público.

En resumen, deberemos informarnos para auto concientizarnos, por medio de los canales de comunicación especializados, sobre la complejidad de esta jornada electoral del Poder Judicial. Por lo tanto, cada ciudadano deberá ingresar a la página oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), en la cual se encuentran los perfiles de los candidatos, toda la información de sus trayectorias y propuestas. Lo anterior es necesario para saber por quién sí y por quién no votar. Esto se debe a que se requieren personas de amplia experiencia que avalen una carrera judicial.

Para elegir un juzgador, magistrado o ministro, deberán ser personas justas y cuya reputación les preceda en todo momento. No se trata de partidos políticos que amplíen su círculo de poder, teniendo al Poder Judicial en sus manos y de su lado; eso ya no es ético y no obtendríamos justicia de juzgadores que están para servir a un color partidista y no a la sociedad.

Hagamos nuestra parte y seamos responsables con esta elección del Poder Judicial. Busque informarse, valore qué país quiere y asuma que elegir, en cualquier circunstancia, es una responsabilidad. Entendamos que «dar a cada quien lo que corresponde» debe estar en manos de personas honorables, no políticas y con gran capacidad de justicia. Servir a un líder o a un partido político no es precisamente ético para ocupar un cargo judicial, donde lo importante es combatir la injusticia, la impunidad y la opacidad.

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

En elecciones los tiempos son, o debieran, ser justos, tanto en temporalidad como en sujeción a términos, reglamentaciones y leyes. Es un principio básico para que los procesos electorales tengan equidad y sus resultados sean aceptados, precisamente por su legalidad. En política, que parece lo mismo, pero no es igual, los tiempos se marcan por la oportunidad que cada político tiene para posicionarse en la imaginaria pública, para resaltar su trayectoria y sus resultados. Nuestra legislación electoral es precisa en los tiempos y en las formas en que pueden hacerse ambas cosas, participar en la elección y promocionarse para estar en la boleta.

El conflicto viene cuando los actores de los procesos electorales, generalmente políticos, deciden salirse del marco legal y obtener ventajas que evidentemente rompen con el principio de equidad. Algo así vimos el sexenio anterior, cuando el expresidente López Obrador decidió saltarse todos los tiempos y normas para asegurar el proceso sucesorio a favor de su partido y su candidato. El proceso sucesorio se adelantó tres años, y desde la tribuna presidencial se violaron todas las normas que garantizaban la equidad y la no participación del gobierno en procesos electorales.

La gran beneficiada por esta actitud presidencial, secundada y formalizada por su partido, fue la actual presidenta de la república, que participó alegremente en ese proceso adelantado por el cual rebasó no solo gastos, sino también a cualquier esfuerzo de los opositores para posicionarse en los tiempos que la ley señala.

Ahora, que corresponde a ella el control político del país y de su partido, necesita tener el control de los instrumentos necesarios y está batallando para obtenerlo. No es solo que se piense que el presidente anterior sigue actuando políticamente desde la sombra lo que impide que se le reconozca autoridad y fuerza, sino también la actitud de algunos de los protagonistas del sexenio pasado que soterradamente trabajan para construir un proyecto personal de cara al 2030.

El caso de la senadora por Chihuahua Andrea Chávez, ha venido a exhibir que ya se mueven grupos en la búsqueda de posiciones. Nadie cree que la senadora vaya sola y se dice que recibe apoyos de un conocido empresario ligado a un prominente precandidato en el proceso anterior, y como ella, ya hay movimientos adelantados en las sucesiones municipales en varios estados y la misma Senadora está dos años adelantada en el proceso de sucesión a la gubernatura estatal.

Ante ello, la presidenta anuncia que enviará una carta a la dirigencia de su partido para establecer reglas claras para los aspirantes a cargos públicos de elección popular; para que se fomente una vida política acorde con los valores del partido y para erradicar el nepotismo en la designación de candidaturas.

Con ello intenta evitar que se diga que en Morena las decisiones son verticales, salen de la punta de la pirámide aunque se disfracen de democracia participativa, pero a la vez evidencia que no tiene el control político, la fuerza para imponer sus convicciones y decisiones a su partido y sus militantes. Tiene poco tiempo en el poder y eso pudiera explicarlo, pero la dilación provoca vacío y con ello la anarquía, el desbocamiento de los intereses particulares o de grupo para disputar y asaltar el poder.

No ayuda que en el Congreso sus iniciativas sean modificadas, como tampoco abona el que los coordinadores parlamentarios alardeen con su independencia y los legisladores sigan entonando consignas del presidente anterior. Tampoco que en la administración permanezcan figuras comprometidas con el líder del movimiento y no con ella y que sus propuestas sean rechazadas en las cámaras. Con esos signos, no debiera sorprender que se adelanten los adelantados, pues las reglas no son claras y menos las líneas de autoridad.

El sexenio apenas empieza, pero después de la elección de 2027, pueden desatarse las ambiciones y enrarecer demasiado el clima político nacional. Las cabezas que tiene el partido oficial no tienen el suficiente peso para detener a quienes desde hoy ya están en campaña y la actitud presidencial, que administra bien y gobierna, pero no manda, augura un agitado e incierto proceso de sucesión en 2030.

Poco puede hacer también con autoridades electorales que pierden credibilidad y confianza cada día. Con este escenario, la presidenta adelantada pide que no se adelanten, porque los órganos formales no los pueden ni quieren contener y su partido dice que si pero tarda y mientras, otros hacen su juego dibujando un escenario que se antoja caótico para el 2030.

El esquema autoritario diseñado por su antecesor debiera bastarle para designar sucesor, pero su circunstancia es diferente. Entre los que no se han ido, los que no se quieren ir y se adelantan y un marco legal tan flexible como inobservado, la sucesión será de pronóstico reservado.

Opinión, por Gerardo Rico //

Al inicio de la semana que acaba de pasar, llamó la atención una contundente declaración del Cardenal Francisco Robles Ortega: “El jefe de la plaza es el que le dice al párroco: ‘Señor cura, ¿a qué hora quiere que quememos la pólvora, el castillo, el día de la fiesta? ¿A qué hora quiere que toque la banda musical? “Ellos controlan, incluso, la colocación de puestos de bebidas alcohólicas y música estridente frente al atrio de la iglesia. Lo manejan como un negocio y nadie se puede oponer sin exponerse”

Todo lo anterior lo señaló en la rueda de prensa que regularmente ofrece a medios locales de comunicación los domingos. “La situación, aseguró el Cardenal, se repite en múltiples localidades de la entidad, donde los párrocos perciben que ya no es el presidente municipal quien gobierna, sino los líderes de los grupos criminales.

Enseguida vino la respuesta del gobernador Pablo Lemus Navarro: «Le pedimos a cualquier persona que utilicen la denuncia anónima. Sabemos que hay muchas personas que tienen miedo a denunciar formalmente, pero para ello, ponemos a disposición de clérigos, señores curas, de quien sea, la denuncia anónima para que nos puedan decir quién los ha extorsionado, quién les está pidiendo algún derecho de piso para poderlo solucionar».

Hay que descatacar el cambio de actitud mostrado por el actual mandatario jalisciense hacia estos temas. Primero por la apertura para reunirse con familiares de desaparecidos y la creación de instancias gubernamentales para atender este desafortunado fenómeno social de manera directa. Segundo la disposición mostrada para colaborar con diferentes áreas de seguridad del gobierno federal, sobre todo después del descubrimiento del rancho Izaguirre de Teuchitlán.

Investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) como el maestro Marco Antonio Cortés Guardado han escrito sobre el estado de derecho fallido en México, en un artículo titulado “Moral judicativa, cultura de la legalidad y estado de derecho fallido en México”.

También el doctor Rubén Ortega Montes, catedrático e investigador del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UdeG, en entrevista exclusiva con un diario local, indicó que México, y Jalisco concretamente, han llegado ya a una escalada de violencia abrumadora, a un estado fallido que se debe principalmente al terror que siembra el narcotráfico que ha superado a las instituciones de gobier­no.

“Un Estado fallido es un Estado que ha perdido su capacidad para cumplir funciones fundamentales de seguridad y desarrollo, careciendo de un control efectivo sobre su territorio y fronteras. Entre las características comunes de un Estado fallido se incluyen un gobierno incapaz de recaudar impuestos, hacer cumplir la ley, garantizar la seguridad, controlar el territorio, dotar de personal a los cargos políticos o civiles y mantener la infraestructura.

Cuando leí esta definición vinó a mi memoria las noticias originadas en el municipio de Teocaltiche, donde miembros del crimen organizado tenían una red de monitoreo similar al C-5 y por ende mantenían el control en este municipio colindante entre Jalisco y Aguascalientes. En un enfrentamiento entre cárteles.

También el municipio de Jilotlán de los Dolores: Cinco de las 15 casillas electorales que debían instalarse el domingo próximo en el municipio de Jilotlán de los Dolores, en los límites de Jalisco con Michoacán, no podrán abrir a la ciudadanía luego que grupos delincuenciales impidieron el paso del material electoral hacia las poblaciones de Rancho Nuevo, Tazumbos y La Loma.

Jilotlán, en 2021, no pudo realizar su elección debido a que las amenazas del crimen organizado hicieron que los candidatos renunciaran a su participación. Por esa causa, gobierna desde entonces un concejo municipal integrado por 11 ciudadanos, luego que se llamó a elecciones extraordinarias en 2022 y tampoco se realizaron por la misma razón, consignó el corresponsal de la Jornada en nuestro Estado, Juan Carlos García Partida en una nota informativa fechada el 31 de mayo del 2024.

El domingo 26 de junio del 2022, el propio Cardenal Robles Ortega denunció que durante una visita al norte de Jalisco, en los límites con Zacatecas, fue interceptado por un retén del crimen organizado: «Fui esta semana pasada, fui allá al norte del estado, precisamente y también fui detenido por dos retenes», declaró el cardenal de Guadalajara, de acuerdo el semanario El Occidental.

Hasta la saciedad, la administración estatal encabezada por el ex mandatario Enrique Alfaro Ramírez, se cansó de negar esta situación en nuestro Estado y se iba directo contra cualquier comunicador que le preguntara sobre estos temas. Lo cierto es que en Jalisco hay bastantes regiones donde mandan los grupos de la delincuencia organizada, incluidos municipios y colonias de la zona metropolitana de Guadalajara.

Un reto muy difícil para las autoridades actuales, con el chiquero que les heredaron.