NACIONALES
Seguridad: Entre el montaje y la realidad
Opinión, por Iván Arrazola //
Si se trata de hablar de resultados en materia de seguridad en la gestión de la 4T es posible que los resultados no varíen significativamente de lo que hicieron sus antecesores, lo que sí muestra este gobierno es un cambio significativo es la narrativa, el gobierno sistemáticamente trata de negar una realidad y hasta en los hechos más obvios prefiere transformarla y hablar de “montajes” o de algo “extraño”.
El retén en el que fue detenida la candidata del oficialismo Claudia Sheinbaum en Mazapa de Madero, Chiapas, fue tomado por el gobierno como un asunto para seguir polarizando al país, como otra estrategia de los adversarios de la 4T por tratar de desvirtuar su movimiento. El mensaje del grupo armado a la candidata fue claro, “Que se acuerde cuando esté en el poder, acuérdese de la Sierra, acuérdese de la gente pobre, nada más eso le queremos decir, no estamos en contra del Gobierno”.
El gobierno que tanto presume “primero los pobres”, revela una realidad en el mensaje de los encapuchados, el gobierno ha creado clientelas electorales en las ciudades porque son los sitios que más votos aportan, pero la pobreza persiste en los lugares más alejados, donde los votos no abundan, a eso se le suma el clima de inseguridad, plagado de territorios en los que quien gobierna realmente es el crimen organizado.
Como anillo al dedo le cayó al presidente y a su candidata que un reportero de uno de los medios más críticos con la 4T estuviera presente en el momento en que el grupo de encapuchados interceptaba a la candidata, se trató del medio Latinus, de Carlos Loret, López Obrador señaló que probablemente se trataba de un montaje porque en ese medio de comunicación “son capaces de eso y más”.
Ni al presidente ni a su candidata les conviene hablar del clima de inseguridad que priva en el país, una solicitud de transparencia del medio Reporte Índigo daba a conocer que la Guardia Nacional reportaba que entre 2019 y 2023 identificó 119 retenes clandestinos, en Michoacán la Secretaría de Seguridad estatal tenia un registro de 169 retenes en el estado.
La práctica de los retenes se ha hecho común en el país, pero el presidente dice que no ocurre. “Pero ahora no, ahora no, no he constatado eso, no me he enfrentado a ningún retén así y tampoco tengo información y todos los días nos informamos de lo que pasa en el país y no tenemos información”, lo mismo señala el presidente sobre los Servidores de la Nación que hasta los narcos los respetan, “pero como usan chaleco ya los identifican y los respetan”.
Lamentablemente el resto de la ciudadanía no corre la misma suerte que los Servidores de la Nación, la desaparición de personas en los caminos y carreteras del país se ha vuelto algo cotidiano, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Zacatecas, Sinaloa, son puntos en los que la ciudadanía se encuentra en riesgo, en muchos de estos lugares las personas saben que es mejor no circular por esas carreteras al anochecer ya que la posibilidad de regresar seguro a casa puede ser una cuestión de suerte, de tal forma que es complicado determinar la cantidad de retenes que hay en el país, pero los robos en carreteras y la desaparición de personas permite hablar de cientos de puntos distribuidos a lo largo y ancho del territorio en el que el control lo ejerce el crimen organizado.
López Obrador podrá pasar a la historia como el presidente más popular y más querido del país de los últimos tiempos, pero no como el mandatario más eficaz en el combate a la inseguridad, su principal legado en materia de seguridad será un país más centralizado, pero con una estructura de seguridad débil en lo local, con un experimento como la Guardia Nacional que no se enfoca primordialmente en el tema de seguridad porque se usa como un instrumento político y que ha sido incapaz de detener la violencia. Con un modelo de rendición de cuentas opaco en el que la obsesión del presidente se encuentra en que la seguridad se concentre en la SEDENA.
Mientras el presidente y su candidata siguen jugando a la política de amigo-enemigo, el país trata de hacer frente a los temas de inseguridad normalizando la presencia del crimen organizado en su vida cotidiana así como lo ha hecho el discurso oficialista, con las extorsiones, el cobro de piso y una presencia de la delincuencia organizada que se ha hecho costumbre en muchas partes del país, incluida la de los retenes, lo que relatarán los libros de historia sobre este sexenio es que las palabras trataron de evadir una realidad, pero los hechos mostraron que los montajes fueron solo un pretexto para no cumplir con las obligaciones en materia gubernamental, mostrando que para este gobierno la seguridad no fue un tema primordial.
– Por Francisco Junco
Habitantes de Tepoztlán salieron a las calles este viernes para protestar afuera de la vivienda del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña.
La casa, valuada en casi 12 millones de pesos, fue señalada por los vecinos como un ejemplo de cómo las tierras comunales han sido vulneradas por intereses políticos y económicos.
Los inconformes recordaron que la zona donde se ubica la propiedad es considerada terreno comunal y, por tanto, no puede ser vendida ni traspasada sin el aval de la asamblea de comuneros.
“Aquí no se puede vender ni se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros”, expresó uno de los manifestantes en un video que circuló en redes sociales.
El predio, de aproximadamente mil 200 metros cuadrados, generó controversia desde finales de agosto, cuando se reveló que Fernández Noroña lo adquirió a crédito. Aunque el legislador buscó minimizar el tema, sus confrontaciones con periodistas que difundieron la información alimentaron aún más la polémica.
Durante la protesta, los colonos colocaron carteles en los alrededores de la vivienda y advirtieron que no permitirán que se pasen por alto los derechos agrarios de Tepoztlán.
También exigieron revisar el procedimiento mediante el cual se realizó la transacción, señalando que cualquier compra sin autorización de la asamblea resulta ilegal.
El reclamo coincidió con el cierre del periodo de Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado, cargo que en esa misma semana fue asumido por Laura Itzel Castillo.
Para los manifestantes, el hecho de que un representante popular esté involucrado en una operación cuestionada representa una contradicción con su papel como legislador.
Hasta el momento de la manifestación, Fernández Noroña no había ofrecido una postura oficial frente a las demandas de los colonos.
Los habitantes, por su parte, anunciaron que continuarán con acciones de presión y aseguraron que la defensa de sus tierras comunales no está sujeta a partidos ni coyunturas políticas, sino al respeto
NACIONALES
Sugiere la diputada Dolores Padierna al PRI, relevar con suplentes, a «Alito» y agresores
– Por Mario Ávila
En un intento de bajar el nivel de hostilidad que se respira en la Comisión Permanente del Poder Legislativo, la diputada de Morena, Dolores Padierna, sugirió a los militantes del PRI, que sean los diputados y senadores suplentes, sustituyan en el cargo al presidente Alejandro Moreno «Alito» y a los cuatro legisladores del tricolor que agredieron el miércoles al presidente, Gerardo Fernández Noroña.
La legisladora, que fue el personaje más cercano a Fernández Noroña en el momento de la agresión, ya que desempeña el papel de secretaria de la Mesa Directiva, relató en tribuna el odio que se veía en el rostro y en el puño de Alejandro Moreno, cuando embestía al presidente del Senado, por lo que nunca dudó en intervenir y se mantuvo en medio de ambos.
Decidí meterme -dijo-, para tratar de evitar que el presidente del Senado y presidente de la Comisión Permanente del Congreso de La Unión, no sufriera un golpe artero que hubiera tenido consecuencias mayores.
Y es que desde que comenzó la sesión el día de ayer -abundó- había una intentona de parte de las bancadas de la derecha, de agredir, de irrumpir como lo han estado haciendo, pero ese día con mayor razón, vi el odio, el intento de agredir con fuerza y cuando volteé a ver la cara del senador con el puño directo a la cara del presidente del Congreso de La Unión y decidí interponerme para que no pasara a mayores.
Desde la tribuna, en lo que fue la última sesión de la Comisión Permanente, Dolores Padierna, lanzó un exhorto a la PGR para que haga la investigación pertinente y cumpla con su responsabilidad.
Pero a la vez anticipó que en la Cámara de Diputados, a través de su grupo parlamentario harán un llamado al Comité de Ética y ante la Comisión de Decanos, para que analice el caso «porque no puede permitirse que diputados anden con esas ínfulas de porros en el Congreso».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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