Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En Jalisco, el conflicto por el presupuesto universitario no es nuevo. Lo que sí ha cambiado es la escena, los personajes y, acaso, el tono. La guerra fría entre Casa Jalisco y la Universidad de Guadalajara vuelve a calentar motores, esta vez bajo la batuta del gobernador Pablo Lemus Navarro y la recién llegada rectora general Karla Planter Pérez, la primera mujer que asume el timón de la máxima casa de estudios jalisciense.

La historia, aunque adornada de discursos de buena voluntad, tiene más fondo que forma. Durante la ceremonia de toma de protesta de Planter, Lemus se desvivió en promesas de respeto, trabajo conjunto y coordinación institucional. Pero como bien sabemos quiénes hemos narrado los entretelones del poder: las palabras del político valen lo que el siguiente boletín.

Apenas semanas después de aquel acto solemne, Lemus propone —como quien sugiere pintar la fachada ajena— que parte del presupuesto de la Universidad se destine a iluminar banquetas, podar árboles, poner señalética y mejorar calles. ¿La razón? Blindar los “Senderos Seguros” para los estudiantes. Una propuesta tan cándida como impertinente. Porque más allá del ropaje técnico, lo que se plantea en el fondo es simple: que la Universidad financie tareas que le corresponden al Estado. Y eso, señoras y señores, tiene nombre y apellido: intervención indebida.

Pero la Universidad no se quedó callada, ni lo hará. No la de Guadalajara, con su vieja escuela forjada entre golpes presupuestales y roces ideológicos. La rectora Planter —con voz firme y pausada, pero con la precisión de quien ha leído la Ley Universitaria más de una vez— puso las cosas en su lugar: “La única instancia que decide y define el destino de los recursos de la Universidad de Guadalajara es el Consejo General Universitario, nadie más”. Punto.

A esa declaración se sumó un comunicado institucional -no sería la UdeG si sus liderazgos no desperdiciaran el presupuesto universitario en desplegados que nadie lee, pero que permiten a los abajo firmantes ver su nombre en el listado y sentirse destacados-, en el que se recuerda que la seguridad pública no es función de una casa de estudios.

Que no tiene facultades policiacas ni de mejoramiento urbano. Que su labor es publicar desplegados, educar, investigar y formar personas íntegras. Y que, aun así, ha invertido más de mil 089 millones de pesos en seguridad interna desde 2013, aunque no explican si eso incluye el pago de seguridad privada en instalaciones y eventos que, beneficia a un exfuncionario público.

En los hechos, lo que pretende Karla Planter es marcar límites, trazar una línea en la arena que dice: hasta aquí llega el Ejecutivo, y de aquí para adentro manda la autonomía universitaria. Y esa postura, tan necesaria para el grupo Universidad como incómoda para la rectora, parece haber irritado al gobernador, quien salió en medios a declarar que le “extraña” la molestia.

El desencuentro no es menor. Lo que se disputa no son solo luminarias o banquetas, sino el principio mismo de la autonomía universitaria frente al poder político. La historia nos ha mostrado —en Jalisco y fuera de él— que los gobernantes suelen querer rectores obedientes, no críticos; instituciones agradecidas, no independientes.

Pero los agravios se acumulan. En poco más de un mes de gestión, Planter ya ha enfrentado señalamientos sobre deudas con el SIAPA de las anteriores administraciones, tensiones por los nombramientos en los Hospitales Civiles por presentar candidatos inadecuados para los puestos y choques sobre la crisis de desapariciones, tema donde la Universidad ha sido más incisiva que el propio Ejecutivo, aunque la última manifestación frente al Palacio de Gobierno por parte de Zoé y la FEU hubiera sido una vacilada.

Hay que recordar que, con Enrique Alfaro, el pleito por el reetiquetado de recursos del Museo de Ciencias Ambientales fue el epítome de un sexenio de confrontación. Y aunque Lemus prometió no repetir esa historia, sus acciones recientes hacen pensar en lo contrario. Porque cuando un gobernador intenta dictar en qué debe gastar una universidad autónoma, está minando las bases de una convivencia democrática.

Ahora, no se trata de negar que las banquetas, luminarias o señalética sean necesarias. Pero pretender financiarlas con dinero destinado a publicar desplegados y la educación superior es torcer la ley.

El gobernador, por su parte, insiste en que no hay confrontación y que su propuesta fue malinterpretada. Invita al diálogo, mientras sus acciones indican otra cosa. Porque firmar convenios sin hablar, como ocurrió esta semana en Casa Jalisco, es el equivalente político a sonreír mientras se clava la daga.

¿Y qué sigue? A juzgar por los antecedentes, la tensión irá en aumento. Porque lo que está en juego no es sólo un presupuesto, sino un modelo de relación entre poderes. Y eso, en cualquier arena política, no puede resolverse con declaraciones suaves ni acuerdos firmados de prisa.

A los universitarios no les queda más que mantenerse firmes. Porque si algo ha demostrado la UdeG es que no se doblega fácil. Y al gobernador y sus asesores, les vendría bien recordar que la autonomía universitaria no es un favor, es un derecho. Uno que se ha ganado con décadas de lucha, no con oficios ni discursos.

Como decía el viejo refrán jurídico: “Lo que no está dentro de la ley, está fuera del presupuesto”. Y si el presupuesto universitario está en la ley, entonces su uso no debe estar en manos del capricho político.

En X @DEPACHECOS

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

La pregunta lleva lumbre pero no sorprendería si en un futuro el rumor se vuelve realidad.

Y es que en menos de dos semanas, en momentos distintos y en voz de personajes distantes entre ellos, me enteré que un buen número de emecistas han colocado sobre el escritorio el nombre de Juan José Frangie como una opción para proponerle que dirija su mirada hacia la capital.

¿La razón?

Porque consideran que Verónica Delgadillo y su equipo cercano están más preocupados en producir estallidos mediáticos de poca duración, que en hacer un gobierno eficiente y de largo aliento.

Me dicen que en el primer cerco montado alrededor de Pablo Lemus hay quienes proyectan que de seguir viajando en demasía al extranjero y continuar cediendo el mando a su gente de confianza, el escenario electoral intermedio pinta en extremo complicado.

Sobre el particular, tuve a la vista una encuesta en la que Morena ya rebasa en Guadalajara con seis puntos porcentuales a Movimiento Ciudadano.

Dicho de otro modo, de acuerdo a las mediciones que tienen en mano los estrategas del poder naranja, si la cuatro té elije un perfil verdaderamente competitivo –ya sea Mary Gómez o Claudia Delgadillo, por ejemplo- el triunfo emecista se vería tremendamente comprometido.

En este sentido, y aunque en lo personal creo que Frangie, al término de su gestión, se integrará al gabinete de Lemus como jefe de gabinete, lo cierto es que hay dos variables que podríamos contemplar.

La primera es que el actual alcalde zapopano –que para mi gusto ha sido mucho mejor presidente municipal de lo que fue el gobernador- aparece con buen posicionamiento en el ánimo metropolitano, lo que supone que daría una batalla digna, con amplias posibilidades de refrendar el gane para emecé.

La segunda, es que indudablemente Pablo se sentiría más cómodo teniendo como candidato a Juan José que a Verónica.

¿Por qué?

Porque el manual dice que presidir el ayuntamiento tapatío es la vía corta que conduce a Casa Jalisco, y por lo que se sabe, a Lemus nada le provocaría más alegría que su gran amigo y maestro le sucediera en el cargo.

En este espacio he sostenido que Juan José Frangie es uno de esos casos de excepción en el que un empresario logra sortear con éxito una alta responsabilidad en el ámbito público.

Al margen del afecto y profundo respeto que le tengo, estoy convencido de que nadie con un mínimo de sensatez, puede negar que su trabajo es muy aceptable.

Así pues, recordemos que en política no hay sorpresas, de manera que si comienza a cobrar fuerza la versión que aquí expongo, no habría cabida para los sorprendidos.

@DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista social, escritor y analista político.

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

La importancia de darle continuidad a la transparencia en Jalisco será relevante para determinar el mejor modelo de quien sustituirá al órgano garante en el Estado. Habrá que establecer, entre lo pasado y lo presente del derecho al acceso a la información pública, qué se puede construir que no interfiera con la legislación, pero que definitivamente permita de manera certera que el ciudadano tenga acceso a la información pública y se garantice el derecho a saber.

Un reto sin duda importante en nuestra entidad federativa, pero que debe marcar la pauta en materia de transparencia gubernamental.

A menos de un mes para que sucumba el antiguo modelo de órganos garantes y transitemos a la transformación de la transparencia en México, Jalisco deberá aprovechar todo su bagaje histórico de más de dos décadas en los temas de transparencia para consolidar un nuevo modelo que permita el acceso y la garantía de acceso a la información pública.

Tendrá también que demostrar a sus ciudadanos que es un asunto de suma importancia para los poderes Legislativo y Ejecutivo participar propositivamente en mantener la transparencia accesible a todo ciudadano, cuidando de todas las formas posibles que en Jalisco se tenga acceso a la información gubernamental para cotejar las acciones de gobierno con la realidad de los discursos politiqueros.

En este sentido, cabe ser conscientes de que, ante la oportunidad de consolidar un modelo adecuado para abonar a la continuidad del acceso a la información pública, generando las condiciones que reúnan sin falta la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, se conserven y, mediante capacidades institucionales de responsabilidad gubernamental, la transparencia en Jalisco no disminuya los estándares de acceso a la información pública con los que durante dos décadas se ha cimentado.

La nueva reforma que nos deja un modelo distinto deberá marcar la diferencia entre las entidades federativas, como lo ha hecho Jalisco, en calidad de puntero en el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Es importante resaltar que esta construcción de un nuevo modelo estatal que garantice la transparencia debe ir de la mano de la participación ciudadana. Jalisco cuenta con una considerable cantidad de sociedad civil, instituciones y organizaciones de expertos transparentólogos que, sin duda, son parte importantísima de casi más de veinte años de aportar y construir la transparencia jalisciense, de los que se puede percibir la preocupación que generó el nuevo modelo de la federación en materia de transparencia, y que tiende a la opacidad y debilitó un sistema construido bajo el derecho humano a la información. Sin embargo, toca a todos en Jalisco ser proactivos en este corto espacio para generar el nuevo modelo de transparencia en Jalisco.

En este contexto y ante la oportunidad que tenemos en Jalisco, ahora que se discute la Nueva Ley de Transparencia del estado, se vuelve fundamental dar continuidad a la transparencia. Esta es la obligación de las autoridades y organismos públicos de poner a disposición de los ciudadanos la información relativa a sus acciones, decisiones, el uso de recursos públicos y cualquier otra actividad que realicen. Es un derecho esencial para la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la democracia.

Jalisco deberá tener la capacidad de enfrentar la regresión que implica el nuevo modelo de transparencia de esta administración federal y buscar las oportunidades para conseguir que se dé a la transparencia en nuestra entidad federativa un enfoque de absoluta garantía al acceso a la información pública, accesible y sobre todo útil.

Esperemos que el nuevo modelo de transparencia en Jalisco sea un acierto, producto de la unidad para abonar a la democracia y mantener las garantías constitucionales; dejando la política de lado para ver por la sociedad y la transparencia.