Opinión, por Salvador Romero Espinosa //

El pastor alemán Martin Niemöller (1892-1984) respaldó al movimiento Nazi en sus orígenes; incluyendo la condena al comunismo por su supuesta responsabilidad en la quema del Reichstag (Parlamento); sus políticas nacionalistas, y la destrucción de las instituciones y de los contrapesos políticos, supuestamente a favor de una Alemania más fuerte y consolidada.

Sin embargo, cuando los nazis buscaron el sometimiento también de las diversas iglesias, el propio Niemöller se opuso a Hitler, formando una asociación de clérigos alemanes dispuestos a defender la autonomía de las instituciones religiosas, por lo cual fue eventualmente arrestado y enviado a un campo de concentración, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Durante su reclusión escribió un poema, bautizado tradicionalmente como “Primero vinieron…”, cuyo texto actualmente se encuentra plasmado sobre piedra en el Museo Memorial del Holocausto, para recordarnos como humanidad la obligación que tenemos de defender los derechos de aquellos grupos a los que no pertenecemos o con quienes no comulgamos, pues de lo contrario, llegará el día en que no quede nadie para defender nuestros propios derechos.

Durante el sexenio que está por concluir, se han lanzado desde el Ejecutivo Federal discursos de descalificación en contra de diversas personas y grupos, e incluso se han presentado iniciativas para debilitar o desparecer diversas instituciones de contrapeso gubernamental, que han logrado resistir dichos embates gracias, en buena parte, a la función constitucional que han desempeñado el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

Sin embargo, en este nuevo sexenio que está por comenzar, se está planteando reformar la Constitución Política Federal, para reconfigurar o acabar -de una vez por todas- con muchas instituciones, empezando por el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, y siguiendo con los organismos constitucionales autónomos, al amparo de la legitimidad política obtenida en las urnas, que en ningún caso puede interpretarse como un “cheque en blanco” para retroceder en materia de derechos humanos, especialmente en un país como México, donde dichas violaciones suceden de manera recurrente.

Hay que recordar que los triunfos electorales y las mayorías calificadas no justificarán nunca la violación de derechos fundamentales, ni la ruptura de tratados y pactos internacionales de los que México sea parte, lo cual es lo que se pretende con la propuesta de reforma constitucional aprobada recientemente por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la cual es una aberración legislativa, que carece de un esquema alterno que garantice la debida tutela de los derechos humanos una vez se concrete la destrucción de los organismos constitucionales en materia de transparencia y de protección de datos personales, siendo especialmente preocupante el que no se hayan tomado en cuenta los miles de cuestionamientos y observaciones que se realizaron a la propuesta presidencial dictaminada durante estos meses.

Aunado a lo anterior, la reforma planteada violenta profundamente el esquema federalista mexicano previsto en nuestra Constitución, toda vez que obliga a las 32 entidades federativas a destruir a sus institutos locales de transparencia y protección de datos personales, a pesar de que pudieran existir estados en los cuales -sus gobiernos y su gente- quisieran dar la espalda a esta propuesta despótica, y seguir apostando localmente por una debida tutela de estos dos derechos fundamentales.

A pesar de todo ello, percibimos que no existen actualmente suficientes personas en México dispuestas a luchar por la preservación de estas instituciones, ya sea porque no pertenecen a ellas, porque no les interesa su existencia o, simplemente, porque se han comprado el discurso oficial de que no sirven para nada; sin embargo, no se dan cuenta que de concretarse la propuesta en ciernes, se estaría abriendo la puerta a un autoritarismo que tarde o temprano nos podría alcanzar a todas y todos, sin importar en qué ámbito público o privado nos desempeñemos.

Así que -parafraseando a Niemöller- esperemos que este poema nunca tenga que adornar en el lejano futuro algún museo mexicano: “cuando el gobierno vino por el Poder Judicial, guardé silencio porque no era juzgador. Cuando vinieron por los Organismos Constitucionales Autónomos, guardé silencio, porque no formaba parte de ellos. Cuando vinieron por el Federalismo, no protesté, ya que no me consideraba federalista. Cuando vinieron por los medios de comunicación, no protesté, ya que no era periodista. Cuando vinieron por los neoliberales y aspiracionistas, tampoco protesté porque no era uno de ellos. Cuando vinieron a buscarme, ya no quedaba nadie más que pudiera protestar.”